La charola no paga la cuenta

En video que circula en redes sociales desde el 10 de mayo de 2026. Se observa a un hombre detenido forcejeando con policías de seguridad municipal, en un momento del video se puede observar el contorno de su rostro cuando es empujado por los oficiales en la puerta de la camioneta de la patrulla, para luego j por la caja de la patrulla. En otro plano del mismo video se observa a una mujer que se puede identificar como Martha Elba Dávila Pérez, en la nota del video publicado en Facebook en la página de INFOLINEA JLM y Sonia A Pérez.

El hombre que aparece siendo sometido por los elementos de seguridad en el video por el contexto se puede presumir que es Alejandro Jorge García Gómez, quien se desempeña actualmente dentro de la Coordinación General Ejecutivo de Gabinete del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Según el comentario de Facebook que acompaña el video, se confirma que la mujer es la magistrada Martha Elba Dávila Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado.

El motivo según la nota publicada por INFOLINEA JLM y Sonia A Pérez, tal como fue reportado fue por la negativa a cubrir la cuenta del lugar. Por lo que la respuesta del establecimiento al demandar el pago y existir una negativa del mismo, convido del asunto a los representantes públicos de la ley.

Conviene ser preciso sobre lo que se sabe y lo que no. No existe, al momento de escribir esta columna, una versión pública de ninguno de los dos. Tampoco hay una investigación abierta conocida ni pronunciamiento institucional del Tribunal de Disciplina ni del Ejecutivo Estatal o de la Coordinación General Ejecutivo de Gabinete del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Lo que existe por el momento es el video referido, como una denuncia ciudadana, y la circulación del episodio en redes sociales. Eso no es poco, pero tampoco es todo.

Hay un dato que el contexto obliga a mencionar: en la Feria Nacional de San Marcos es sabido y documentado que cada año, existen denuncias de cobros abusivos por parte de diferentes comerciantes instalados en la feria y que ante los ríos de gente y el consumo de alcohol, más de uno de estos locatarios es acusado de inflar cuentas, mientras que los clientes, por la intoxicación de la feria muchas vece poco pueden hacer para defender su caso. No es especulación ni defensa anticipada de nadie; es un patrón conocido y denunciado que la autoridad municipal ha atendido con resultados desiguales. Si la cuenta fue inflada, si hubo un abuso previo en el establecimiento, ese dato puede cambiar parte del cuadro factual. No cambia, en cambio, la forma en que el conflicto fue manejado.

Porque ese es el núcleo del asunto. Ante una disputa sobre una cuenta, cualquiera que sea su monto, la respuesta que trascendió fue que los personajes antes mencionados se encargaron de exhibir las investiduras como argumento. Y aquí el episodio adquiere una dimensión adicional: no se trata de un funcionario, sino de dos. García Gómez colaborador de la coordinación de Gabinete del Ejecutivo Estatal; Dávila Pérez es parte del órgano que existe para disciplinar a los jueces que abusan de su cargo. En la teoría de Bourdieu, el capital institucional movilizado para fines ajenos a su función es exactamente esto: el cargo que existe para impartir justicia o coordinar gobierno, usado para facilitar la vida personal de quien lo ocupa.

Lo que hace especialmente significativo el episodio, independientemente de cómo concluya su verificación, es el perfil de la magistrada. Martha Elba Dávila Pérez que cuenta con doctorado en Derechos Humanos, maestría en Derecho Fiscal, una trayectoria académica construida alrededor de los estándares del Sistema Interamericano de Protección. Ha escrito sobre el derecho como un recurso efectivo, sobre el papel de las instituciones ante la arbitrariedad. Integra, exactamente, el órgano que existe para disciplinar a quienes abusan de su cargo en el Poder Judicial.

Eso no es un juicio de culpabilidad. Es una observación sobre la brecha que con frecuencia existe entre el discurso institucional y la conducta cotidiana de quienes lo encarnan. Robert Michels la llamó la tendencia oligárquica de las organizaciones: las élites que administran el poder tienden a reproducir los privilegios que dicen combatir. En versión menor y doméstica, eso puede verse en un establecimiento de feria, ante una cuenta en disputa, protagonizada por dos funcionarios cuyas responsabilidades formales apuntan exactamente en sentido contrario.

El Tribunal de Disciplina Judicial nació de la reforma de 2024 con una promesa puntual: que la función jurisdiccional quedaría sujeta a rendición de cuentas real, no simbólica. Que los juzgadores serían juzgados. Que el cargo no sería escudo. Si esa promesa tiene algún peso, corresponde al propio Tribunal pronunciarse sobre lo ocurrido, no esperar a que el ruido en redes sociales se disipe solo.

La magistrada tiene derecho a dar su versión. García Gómez también. Ambos en diferentes momentos han contactado este medio para expresar diferentes puntos de vista y otros para compartirlos, por lo que queda abierta la puerta de esta casa editorial para que ambos o alguno de ellos si lo desean, nos puedan dar su versión de los hechos y con ello tratar de reconstruir lo ocurrido.

Por parte de los comerciantes de la feria ellos tienen derecho a cobrar lo que corresponde.

El ciudadano que ve el video tiene derecho a saber qué pasó.

Ninguno de esos derechos se resuelve con silencio institucional, y menos cuando el silencio viene de dos dependencias a la vez.

Antes de sacar la charola, dice el sentido común, hay que poner el ejemplo. El ejemplo no es el cargo. Es la conducta.