La feria no inventó el abuso
El episodio de la magistrada Dávila Pérez y su esposo García Gómez como ventana al patrón sistemático de violaciones en la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes
EL INCIDENTE QUE ABRIÓ LA VENTANA
La madrugada del domingo 10 de mayo de 2026, en un establecimiento de la Feria Nacional de San Marcos, un conflicto sobre una cuenta derivó en la detención una pareja de funcionarios públicos, uno trabajando para el poder ejecutivo y la otra en el Tribunal de Disciplina Judicial, esta última fue canalizada a Fiscalía sin pasar por el procedimiento ordinario de Justicia Cívica. El acompañante pagó 700 pesos de multa y quedó libre. La magistrada fue derivada a mediación en Fiscalía.
El episodio generó dos columnas en este espacio: la primera sobre la forma en que se manejó el conflicto, la investidura como argumento, la segunda sobre la bifurcación de tratos y sus implicaciones jurídicas. Pero hay una tercera lectura que las dos anteriores dejan incompleta, y es la que corresponde ahora: el incidente no ocurrió en el vacío. Ocurrió dentro de una institución, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, que acumula años de denuncias por exactamente las mismas conductas que esa noche se aplicaron de forma diferenciada.
Cuando la charola resuelve lo que el procedimiento no debería alterar, no es una excepción. Es una confirmación de que el procedimiento ya estaba roto para todos los demás.
LO QUE MIDE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) publica informes anuales de actividades. Los datos de los últimos tres periodos cuentan una historia que no requiere interpretación especulativa: la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes es, año con año, la institución con más quejas ciudadanas por presuntas violaciones a derechos humanos en el estado.
No son cifras menores. En el primer semestre de 2023, la propia ombudsperson Yessica Pérez Carreón declaró que más del 70% de todas las quejas recibidas eran contra policías municipales del Estado. En el cierre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio acumuló 219 quejas en un solo año, frente a 88 de la Fiscalía General. La tendencia no es un pico aislado: es un patrón que se repite sin corrección visible desde al menos 2022.
LAS CONDUCTAS DOCUMENTADAS
Las quejas ante la CDHEA no son anónimas ni vagas. Se formalizan en expedientes, se documentan con testimonios y pruebas, y cuando se acredita la violación, derivan en recomendaciones formales dirigidas a los mandos responsables. Los patrones que se repiten, según describió la propia ombudsperson, son tres: la legalidad de la detención, el nivel de fuerza empleado, y el trato durante el traslado.
La Recomendación 01/25 expediente 485/2022, documenta el caso de un ciudadano interceptado por elementos de la Policía Municipal mientras caminaba hacia su vehículo. La CDHEA determinó que la detención fue injustificada y emitió recomendación. No es un caso aislado en los registros del organismo: los expedientes históricos de la Comisión incluyen detenciones arbitrarias en parques públicos, lesiones por uso excesivo de esposas durante traslados, y casos donde el propio mando policial reconoció ante medios que «hay elementos que incurren en excesos«.
«La mayoría cuestiona la legalidad de la detención: ‘yo no estaba haciendo nada y llegó el policía y me detuvo’. También está el nivel de fuerza y el trato durante el traslado.» — Yessica Pérez Carreón, ombudsperson CDHEA, 2023.
Ese es el contexto en que opera la Dirección de Justicia Cívica, que es la instancia terminal del ciclo: los policías detienen, los juzgados cívicos procesan, los ciudadanos pagan la multa o cumplen el arresto. El problema no es solo lo que ocurre en la calle. Es lo que ocurre después, dentro del Centro de Justicia Cívica, donde hasta marzo de 2026 no existía supervisión permanente de derechos humanos.
LA VIGILANCIA QUE NO SE VIGILA A SÍ MISMA
El Municipio de Aguascalientes opera un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial: 40 cámaras distribuidas en 20 puntos estratégicos de la ciudad, con un costo de 53 millones de pesos, tecnología Hikvision de fabricación estatal china, administrado por el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. El sistema tiene capacidad para identificar rostros en tiempo real.
La Ley de Videovigilancia del Estado de Aguascalientes establece un Comité de supervisión donde la CDHEA tiene representación con voz y voto. La ley también precisa que el personal autorizado, ante la posible comisión de un hecho punible, debe dar aviso inmediato a su superior jerárquico y al Ministerio Público. Lo que la ley no resuelve es la pregunta más elemental: ¿quién supervisa que el sistema no se use para otros fines? ¿Quién audita qué grabaciones se resguardan, cuáles se borran, y con qué criterio?
Esa opacidad no es exclusiva de Aguascalientes. Un estudio del consorcio Al Sur documentó que el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial del municipio no cuenta con mecanismos públicos para conocer cómo se conforman las listas de identificación, ni cómo se garantiza que las bases de datos biométricas no sean vulneradas o usadas fuera de protocolo. La vigilancia tecnológica acumula más poder sobre el ciudadano ordinario exactamente en la medida en que el ciudadano ordinario tiene menos herramientas para auditarla.
Un sistema de 40 cámaras con reconocimiento facial operado por la misma institución que acumula más de 200 quejas anuales por abuso de autoridad no es una paradoja. Es un riesgo institucional documentado.
EL PUNTO CIEGO DE JUSTICIA CÍVICA
La Dirección de Justicia Cívica del Municipio es el espacio donde el ciclo policial se cierra o se corrige. Es el lugar donde una persona detenida puede impugnar la legalidad de su detención, donde un juez cívico tiene la obligación de verificar que el procedimiento fue apegado a derecho. En teoría. En la práctica, hasta hace apenas dos meses, esa dirección no contaba con presencia permanente de la CDHEA dentro de sus instalaciones.
En marzo de 2026, el propio director Moisés de Luna Martínez, el mismo funcionario que tomó las decisiones en el episodio de la magistrada, anunció que buscaba instalar un módulo de Derechos Humanos en el Centro de Justicia Cívica. La justificación implícita de esa propuesta confirma el vacío: si el módulo se necesita, es porque antes no había supervisión inmediata de los derechos de los detenidos dentro de ese espacio. La persona que paga 700 pesos y sale libre no tiene garantía de que ese proceso fue legal. Solo tiene la palabra del mismo sistema que lo detuvo.
Eso es lo que el episodio de la magistrada ilumina desde otro ángulo. García Gómez pasó por el procedimiento ordinario: fue detenido, ingresó a los juzgados cívicos, pagó su multa. La magistrada no. La pregunta que planteamos en la columna anterior, ¿por qué dos tratos distintos para el mismo incidente? tiene una respuesta implícita incómoda: porque el sistema tiene salidas laterales que el ciudadano ordinario no conoce ni puede activar.
EL PATRÓN Y SUS CONSECUENCIAS
Una institución que acumula más de 200 quejas anuales por detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que opera un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial sin auditoría pública, y cuyo espacio de procesamiento de detenidos funcionó durante años sin supervisión permanente de derechos humanos, no es una institución con elementos problemáticos. Es una institución con un problema estructural.
La diferencia importa. Los elementos problemáticos se resuelven con sanciones individuales y capacitación. Los problemas estructurales requieren cambios en los protocolos, en la supervisión, en los mecanismos de rendición de cuentas. La CDHEA ha emitido recomendaciones durante años. Los mandos policiales han reconocido los excesos. Los números siguen subiendo.
En 2022–23, 199 quejas contra la SSP Municipal. En 2025, 219 sólo en los primeros diez meses. La institución no está corrigiendo el patrón. Lo está normalizando.
El episodio de la Feria Nacional de San Marcos tiene el valor de lo concreto: dos nombres, un video, una noche, una institución que respondió distinto según quién era cada persona. Para los funcionarios involucrados, eso es un problema de imagen y de proceso. Para los cientos de ciudadanos que cada año presentan quejas ante la CDHEA por las mismas conductas, es la regla, no la excepción. La charola no los saca del procedimiento. No tienen una.
Esa asimetría, la que existe entre quien puede invocar el cargo y quien no puede hacer nada más que esperar, es el problema de fondo que el incidente de la feria puso en primer plano, aunque no lo creó. Estaba ahí, documentado, contado en expedientes, resuelto en recomendaciones que nadie garantiza que se cumplan.
Antes de que el ruido mediático se disipe y el caso quede archivado como anécdota de temporada ferial, vale la pena hacer la pregunta que no tiene respuesta cómoda: si la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes opera con este nivel de quejas año tras año, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento para corregirlo? ¿Cuántas de las recomendaciones emitidas por la CDHEA fueron efectivamente cumplidas? ¿Cuántos de los elementos señalados en expedientes siguen en funciones?
La pareja volverá a sus cargos. Los expedientes en la CDHEA seguirán acumulándose. Y la Base Volcán seguirá siendo, para la mayoría, la única puerta disponible.
