Agua, cárcel y apellidos: el despotismo administrativo en Aguascalientes

Hay gobiernos que se descomponen por corrupción. Generalmente envilecidos por la ambición de privatizar mediante apropiaciones indebidas el dinero público. Otros por torpeza. Su actuar inepto o impericia los coloca lejos de la eficacia y eficiencia que requiere solventar la problemática pública. Otros por soberbia. Esos donde los zalameros y los aplaudidores tienen un lugar reservado para el deleite auricular permanente de los funcionarios. En el caso de Aguascalientes estamos experimentando una combinación más peligrosa que esas. Un gobierno que, ante la incomodidad pública, responde con amenaza, burla, expediente, castigo selectivo y propaganda de lavado moral. Esa es la imagen de cuerpo completo del panismo gobernante en la entidad.

Es posible afirmarlo porque no estamos frente a un episodio aislado. Tampoco ante una simple acumulación de errores de comunicación. Mucho menos ante casualidades o hipotéticas fantasías del poder. Lo que se empieza a dibujar es un patrón de conducta política de quienes detentan la responsabilidad pública, cuando la protesta incomoda al poder, aparece la cárcel; cuando una regidora denuncia, aparece la ridiculización el insulto y la violencia; cuando una causa ambiental puede servir de coartada, aparece la compra acelerada y todos a celebrar; cuando el problema involucra apellidos o cercanías políticas, aparece la administración fina del daño.

Eso visto desde la consecución de un patrón permanente e invariable, se le llama despotismo administrativo.

No es la dictadura clásica de uniforme, decreto y censura abierta. Esa que se erige monolítica y aplastante. En realidad, es algo más doméstico, más territorial, más disfrazado de gestión pública. Es, en suma, la utilización de los instrumentos ordinarios del gobierno —policía, cabildo, fiscalía, reglamentos, comunicación social, amenazas penales, sanciones administrativas y campañas mediáticas— para disciplinar a quien incomoda y, al mismo tiempo, proteger a quien pertenece al círculo correcto. Es más que sólo propaganda blindada. Ésa es sólo su faz en el espectro político. Porque éste uso del poder no depende de la selectiva interiorización individual. Esta manera de gobernar tiene efectos reductivos en los derechos y su “adelgazamiento” limita, moldea y castiga a las personas de manera determinante, pero, sobre todo selectiva.

El mensaje es crudo y transparente. Si protestas, te judicializan; si denuncias, te ridiculizan y te violentan; si exiges agua, te amenazan; si eres cercano al poder, te procesan distinto; si el escándalo crece o no hay escenarios favorables, te sacan una nota verde para lavarse la cara.

Sin ser reiterativos del episodio, la visita de Isabel Díaz Ayuso fue el primer espejo nítido de esa forma de gobernar y nos ofreció una justa y detallada dimensión de sus implicaciones. No fue una visita inocente, cultural, ni protocolaria. Fue una ceremonia ideológica de la derecha local, un ritual de reafirmación de poder que tuvo que inventar premios para producir una puesta en escena donde Aguascalientes fue utilizado como salón de honor para la derecha internacional. Mientras se condecoraba a una figura política extranjera, una regidora levantó una cartulina con una frase histórica, profundamente local, reveladora, mucho más urgente y significativa de la función y del deber ser del estado y, desde luego, profundamente incómoda para la supremacía gubernamental: No tenemos agua.

Ahí se quebró la postal. Allí, una lente sin filtros, sólo pudo registrar el fuego colérico en la mirada de quien se asume representante popular del resto, para, según la constitución, procurar su bienestar.

Mientras el grupúsculo de complacientes se vanagloriaba y esperaba aplausos, recibió una protesta. Seguramente esperaban esa solemnidad colonial incapaz de cuestionar, pero recibieron reclamo ciudadano. Esperaban que la ceremonia impusiera su narrativa triunfalista sobre la realidad, pero la realidad encontró la forma de desenmascarar sus pretensiones con una simple cartulina.

Desde entonces, la reacción oficial y paraoficial ha sido la misma. No discutir o impedir que se discuta el fondo, castigar la forma; no responder al tema del agua o los problemas, sino exhibir o amedrentar a quien reclama; no explicar el gasto, sino ridiculizar el gesto; no atender la inconformidad, sino fabricar la imagen de una oposición concebida como vulgar, irracional o inválida de ser escuchada. Todo se puede, menos explicar o transparentar los propios actos. Como si los ciudadanos al expresar su inconformidad fueran indignos del aire que respiran.

El caso de Carlos Darío profundizó esa línea. Un joven que participó en las protestas contra Ayuso terminó convertido en un expediente penal. Su familia y organizaciones denunciaron detención arbitraria, incomunicación y criminalización de la protesta. Más allá de que exista algo que deba resolverse en tribunales, el mensaje político fue brutal. Protestar contra el símbolo internacional del poder local puede tener consecuencias.

Ese es el punto que por sí mismo define al absolutismo administrativo. No hace falta que el gobierno declare abiertamente una política de persecución. Basta con que el aparato penal aparezca justo donde aparece la incomodidad política. Con que el miedo circule le resulta suficiente. Con que otros jóvenes, otros activistas, otras familias se cuestionen antes si vale la pena salir a manifestarse, cuando la respuesta puede ser cárcel, imputación o desaparición momentánea dentro del laberinto institucional.

Luego se hizo público el contraste. El caso de la magistrada Martha Elba Dávila Pérez, titular del Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí la discordancia fue imposible de ocultar. Cuando una persona con investidura, apellido institucionalizado y redes de poder se ve involucrada en un altercado público, parece que el conflicto se administra con pinzas. Pero cuando se trata de jóvenes, manifestantes o ciudadanos sin blindaje, linaje o respaldo político, el sistema muestra otra velocidad, particularmente acelerada, otro rostro, otra rudeza, otras formas.

No estamos procurando un escarnio infundado ni se trata de pedir linchamientos. Se trata exactamente de lo contrario. Exigir esa igualdad que, dicen los que saben, aterriza en la procuración de justicia. Lo preocupante no es que a una magistrada se le respeten derechos o que no le sea suficiente su ética o su comportamiento frente a los ciudadanos como para dejar el cargo. Lo grave es que la prudencia con la que la autoridad procesa su caso no aparezca con la misma determinación cuando el detenido es un joven incómodo, un manifestante, una persona pobre, una madre buscando a su hijo o una ciudadanía harta de no tener agua.

La justicia selectiva no siempre se mide por lo que hace de más, infringe o no hace. También se mide por lo que deja de hacer cuando el involucrado pertenece al círculo correcto.

En ese modus operandi no importa la edad. Nadie se salva. Por eso el caso de dos adolescentes, Iñaki y Rafael, abrió otra grieta. Sus familias han denunciado irregularidades y abuso de autoridad. En redes sociales, circularon señalamientos, fotografías y referencias sobre la presunta cercanía familiar-política de otros involucrados con el entorno de la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel y con actores del panismo local. Ese punto debe investigarse con rigor, aunque ya vimos como cambian las cosas si se es cercano, cuantimás si hay parentesco. Una fotografía no sustituye una prueba judicial; un parentesco no convierte automáticamente un pleito en conspiración; pero en política los contextos importan.

Cuando hay jóvenes detenidos, familias denunciando abuso, posibles vínculos de poder alrededor del conflicto y un aparato institucional que parece moverse dentro de un agujero de gusano cuando se trata de ciertas personas, la obligación pública no es burlarse, ni cerrar filas. Indispensable se vuelve transparentar. ¿Quiénes eran todos los involucrados? ¿Qué autoridad intervino? ¿Con qué criterios? ¿Hubo trato diferenciado? ¿Se activó el aparato penal con la misma fuerza que se habría activado si no hubiera apellidos sensibles en el expediente?

Esas son el tipo de preguntas que el poder no quiere hacerse para sí, ni responder.

En paralelo, la regidora Martha Márquez se ha convertido en el objeto de una operación de desgaste. Nadie atiende, ni discute sus señalamientos; se exaltan sus formas. En cualquier caso, no se responde el fondo y sólo se administra la burla y, recientemente, se insulta y violenta. En al menos dos sesiones de Cabildo ha intentado llevar al espacio institucional temas incómodos como son la falta del servicio del agua potable, el manejo del poder municipal, la compra de La Pona, la relación entre erario y particulares, la opacidad de decisiones que comprometen millones de pesos. La respuesta ha sido interrumpirla, reventar el debate, reducirla al escándalo y colocarla en el papel caricaturesco de “la tóxica que no sabe comportarse”.

La culminación fue el episodio del secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, quien, enmascara el menosprecio a sus raíces, usando la apócope de sus apellidos, haciéndose llamar “Galo”, el cual, en plena sesión y con micrófono abierto soltó una expresión vulgar contra la regidora. No fue un desliz o un comentario en privado. Fue una escena y una expresión institucional, desde luego, con enorme significado político.

Un secretario del Ayuntamiento no es un asistente en el graderío deportivo. Es el custodio formal de la sesión, el funcionario obligado a preservar el orden del debate, a cuidar la legalidad procedimental, quien debe garantizar que el Cabildo no se convierta en una cantina donde se exhibe poder. Si el encargado de sostener la institucionalidad se permite reír, insultar o degradar a una integrante del cuerpo edilicio, entonces el problema ya no es de modales personales. Es un tema de régimen local.

Porque su insulto no cae en el vacío. Recae sobre una igual en la estructura de autoridad, una mujer opositora, sobre una regidora incómoda, sobre una voz que viene reclamando problemas en la administración de servicios públicos, corrupción, posibles negocios inmobiliarios y abuso de poder. Demostrando con ello que, en este momento, el Cabildo es una estructura política más dispuesta a sancionar la protesta legítima, fundada y motivada, que a sancionar la vulgaridad de sus propios funcionarios.

Y entonces aparece el episodio más revelador, cuando los ciudadanos de las colonias salen a manifestarse porque no tienen agua. No están pidiendo un favor. No están exigiendo un lujo. No están bloqueando una calle por capricho abstracto. Están reclamando un derecho humano básico, una obligación elemental del Estado (que, dicho sea de paso, se les cobra puntualmente), una condición mínima de vida urbana y la sanidad. Y la primera gran respuesta política que reciben no es una solución técnica, ni un calendario de reparación, ni una garantía de abastecimiento, ni una disculpa pública. Reciben una advertencia penal. Hasta 4 años de cárcel si no se quitan de la vía pública.

Manuel Cortina Reynoso, subsecretario de Gobierno, aparece frente a manifestantes y les recuerda que bloquear vialidades puede llevarlos a prisión. Ese momento resume el tamaño de la desviación del poder. El gobierno no llega a resolver el problema con el agua; llega amedrentando con el Código Penal.

Ese es el corazón del despotismo administrativo. Cuando un funcionario quiere convertir un reclamo por derechos en un problema de orden público y transformar la sed y la carestía en delito, posicionando a la ciudadanía afectada como amenaza. Decirle a quien no tiene agua que el verdadero problema no es la omisión gubernamental, sino su manera de quejarse, no es una mera información a la ciudadanía, es una advertencia, clara y abierta, de que el funcionario será capaz de usar el poder del Estado, aún en contra de los Derechos Humanos de las personas que ya se afectan con su incapacidad operativa. Tal como en los tiempos de Luis XIV el funcionario le demuestra a la multitud quejosa que “el Estado es él” y que puede actuar en su contra. Despótico medular, administrativo de fondo.

Así, el gobierno que debería garantizar sus derechos a los ciudadanos se coloca como la víctima de la protesta, como si el agravio fuera infundio, sin motivo, irracional y desproporcionado. Bajo esa simple actitud del funcionario, el ciudadano agraviado se vuelve infractor potencial. La autoridad incumplida se vuelve fiscal moral. Esa inversión es profundamente autoritaria y atenta contra el sentido más elemental del poder público.

Y cuando ya ni los millones en comunicación social son suficientes para maquillar el autoritarismo y la desproporción en el uso del cargo, aparece La Pona.

Indebidamente la compra de La Pona fue presentada como un triunfo ambiental, una decisión histórica, una victoria del interés público, cuando ni siquiera se ha decretado área natural protegida. Pero en el contexto actual, la noticia también funciona como jabón verde. Léase una operación discursiva para lavar la cara del poder en medio de una secuencia de excesos, insultos, amenazas y expedientes. La Pona importa, sí y, precisamente por eso, no queda exenta al ver como el poder la quiere usar como absolución política.

Nadie sensato niega el valor ambiental de La Pona. Es evidente que ante la rapacidad que han demostrado los gobiernos de “constructores”, Aguascalientes necesita defender sus pulmones urbanos, sus zonas de infiltración, sus espacios arbolados, sus reservas ecológicas y su memoria territorial. El problema ya no es sólo proteger La Pona. El problema ahora es cómo se convierte esa protección en una compraventa opaca, tardía, discutible y celebrada como si la adquisición comercial equivaliera automáticamente a conservación irreversible.

Si el argumento era la utilidad pública ¿Por qué no se agotó con toda claridad la ruta de expropiación? Si el argumento era ambiental ¿Por qué no se blindó primero o simultáneamente la totalidad del polígono como Área Natural Protegida? Si se pretendía evitar el desarrollo inmobiliario ¿Por qué pagar con dinero público una operación comercial a particulares sobre un predio cuya urbanización ya enfrentaba restricciones, resistencias sociales y cuestionamientos jurídicos? Si el precio llegó a manejarse en cientos de millones y luego se presume que bajó a poco más de cien ¿Quién fijó los valores, con qué avalúos, con qué criterios y bajo qué condiciones?

La pregunta ya no es si La Pona debe salvarse. La pregunta es quién cobra por salvarla, quién paga, quién gana políticamente, quién queda protegido patrimonialmente y qué candados reales impiden que un próximo gobierno cambie el destino del predio.

Comprar no es blindar, ni conservar, ni restaurar y como hemos visto a lo largo del tiempo, tampoco garantizar. Comprar es apenas transferir propiedad. Una verdadera acción de conservación exige declaratoria completa, plan de manejo, presupuesto multianual, vigilancia ciudadana, restricciones claras de uso de suelo, transparencia sobre propietarios, avalúos, adeudos, descuentos, condiciones de pago y obligaciones posteriores.

Sin eso, hay que entender que La Pona es una foto verde con aroma de negocio, muy ambiental en el discurso, inmobiliaria en el trasfondo, propagandística en el momento. Es la parte linda y políticamente rescatable del despotismo administrativo y, como vemos, la pieza de propaganda blanca cuando las cosas se ponen negras.

Por eso fue tan revelador que, cuando Martha Márquez intentó denunciar un posible “cártel inmobiliario”, la conversación pública de los afines a la venta y de los periodistas a modo, tratara de maximizar el error ortográfico de su cartulina. Esa es una acción que dicta la técnica básica de cualquier manual de manejo de crisis comunicacional. Si no puedes desmentir el fondo, ridiculiza el error; si no quieres explicar los millones, ríete de una letra; si no puedes responder si hay negocio, convierte la denuncia en meme.

Pero un error ortográfico no desaparece una pregunta pública legítima de uso del erario o el abasto de servicios. Un desliz en una cartulina no aclara un avalúo. Una burla viral no sustituye una declaratoria ambiental. Una carcajada no explica por qué se pagan millones, por lo que quizá, debió protegerse por vía de utilidad pública.

La Pona, entonces, no limpia el patrón del despotismo administrativo. Lo ilumina.

Muestra a un gobierno que quiere vender sensibilidad ambiental mientras amenaza ciudadanos por exigir agua. Muestra a una clase política que habla de resiliencia climática mientras convierte el Cabildo en escenario para la burla y el insulto. Muestra a funcionarios que prometen protección futura mientras aprueban gasto presente. Muestra a un poder que pretende administrar la indignación pública con una noticia verde, como si una compra pudiera lavar el abuso, el agravio, la criminalización, la humillación y el doble rasero.

El encuadre de todo es la hipocresía y la doble moral.

Los actores principales de Acción Nacional han construido en los últimos meses una narrativa nacional durísima contra Morena y contra el Gobierno Federal. Hablan de narcoestado, narcogobierno, narcopartido, narcopolíticos. Acusan infiltración, autoritarismo, abuso, captura institucional y descomposición democrática. Se presentan como los guardianes de la legalidad, de la civilidad, de la República y de las instituciones. Unos héroes patrios.

Pero donde gobiernan es de otra manera, Aguascalientes es el muestrario de que son lo que acusan.

Aquí ni siquiera necesitan decir “narcoestado” para mostrar el abuso del poder. Basta ver cómo tratan a quienes protestan. No necesitan denunciar autoritarismo federal mientras, localmente, amenazan con cárcel a ciudadanos sin agua o servicios básicos. Mucho menos pueden referir el Estado de derecho cuando administran con suavidad los conflictos de los cercanos y con dureza los conflictos que resultan incómodos. No pueden presumir institucionalidad mientras un secretario del Ayuntamiento degrada a una regidora opositora en sesión pública, ni acusar captura del país mientras convierten una causa ambiental en una operación política que demanda auditoría.

El panismo local quiere aparecer como víctima de un supuesto autoritarismo nacional mientras ejerce, en su escala, una versión provinciana de los mismos vicios que dice combatir. Pero su gobernanza transita por concentración y uso desproporcionado del poder, desprecio al adversario, uso faccioso de las instituciones, comunicación pública como propaganda, derecho penal como advertencia, moral pública como disfraz y erario como instrumento de control narrativo.

Esa es su hipocresía central. Llaman narcoestado al de enfrente, pero cuando un reclamo llega a su puerta responden como pequeños virreyes. Tal vez por eso su irrefrenable admiración por las usanzas monárquicas y las prácticas coloniales españolas. El chiste se cuenta solo.

En el fondo el problema de Aguascalientes no es sólo que haya funcionarios groseros, ni compras discutibles, ni protestas incómodas, ni expedientes penales sospechosos. El problema es que, todo eso, empieza a formar un sistema de señales. Y los sistemas de señales son la gramática real del poder, con la que define su forma, sus alcances.

Se le envió una señal a Carlos Darío, a Martha Márquez, a las madres de jóvenes detenidos, a quienes protestan por agua, a quienes cuestionan La Pona. Pero, en general, a los ciudadanos se les está diciendo, con distintos lenguajes, el mismo mensaje: “aquí el poder se obedece, se aplaude o se paga”.

Por eso hay que decirlo con toda claridad. La Pona no es el jabón que lava los excesos dictatoriales de un gobierno incómodo con la crítica y sus críticos. No puede ser el verde cegador detrás de la cual se escondan la amenaza penal, la justicia selectiva, la vulgaridad institucional y el negocio con particulares. Mucho menos vamos a dejar que la quieran usar como la absolución ecológica de una clase política que primero permitió el riesgo, luego negoció el rescate, después celebró la compra y finalmente quiso convertir la crítica en una falta de ortografía.

Los hidrocálidos merecen agua, servicios, un Cabildo digno, justicia, áreas naturales protegidas, gobierno y una gobernanza democrática abierta y transparente; no amenazas, no una cantina que institucionaliza el comportamiento burdo de los poderosos, no la proporción de la justicia por los apellidos, tampoco negocios inmobiliarios envueltos en discurso ambiental. Mucho menos se merecen el despotismo administrativo que el PAN ofrece.

La pregunta residual ya no es si cada caso puede explicarse por separado. Claro que pueden intentarlo. Siempre habrá un pretexto, un expediente, una frase, una versión oficial, una cartulina mal escrita, una compra celebrada, una mesa de diálogo, una foto con árboles o un funcionario que jura resolver.

La pregunta de fondo es ¿Por qué todos los caminos conducen al mismo comportamiento del panismo en el poder? Fácil y evidente. Porque en Aguascalientes el gobierno no está administrando derechos; está administrando obediencia.