El Cabildo de cristal. Entre ocultar la verdad y compartir el costo jurídico del abuso.

El nuevo episodio del Cabildo de Aguascalientes revela una fase más grave del despotismo administrativo local que hemos venido desvelando involuntariamente a raíz de una serie de manifestaciones excesivas del poder panista en Aguascalientes. Tal vez, propiciado por el vértigo generado a partir de superar la cresta de la curva, en el declive, el poder ya no sólo agrede, amenaza, ridiculiza o persigue. Ahora también intenta administrar la memoria documental de sus propios excesos y, para hacerlo, busca repartir el costo político y jurídico utilizando a quienes votan. Ahora las actas ya no se someten a votación.

Eso fue lo que ocurrió en la sesión de cabildo. La secuencia es sencilla y brutalmente clara.

Primero, la intolerancia del poder al pretender mostrarse inmaculado y su superviniente incomodidad ante las diversas formas de manifestar inconformidades, principalmente de los opositores. Luego, el secretario del Ayuntamiento insulta. Después, el acta no registra lo que debe registrar. Posteriormente, el Cabildo tiene que maniobrar para convalidar esa omisión. Paralelamente, se activa un procedimiento por los hechos del 6 de mayo en el Teatro Morelos, con el que se pretende convertir en infractora a la misma regidora que después fue agredida verbalmente en Cabildo; mientras tanto, el acta de esa agresión posterior queda sin votarse, sin corregirse y sin cerrar institucionalmente, mientras el funcionario que la insultó aparece públicamente como operador, vocero o beneficiario político del procedimiento.

Eso ya es un ciclo completo. Incomodidad, agresión, borrado, convalidación y castigo. Por eso este caso ya no puede leerse como una discusión menor sobre técnica administrativa. No estamos frente a una coma mal puesta, una redacción deficiente o una diferencia de estilo sobre cómo resumir una sesión. Estamos ante la posibilidad de que el poder municipal utilice el acta de Cabildo para ocultar una agresión verbal que ocurrió, que fue grabada, que fue escuchada y que puede ser contrastada públicamente.

Si eso se sujeta a votación y se aprueba, el problema deja de ser únicamente del secretario. Eso es lo que está en el fondo de la nueva confrontación entre la regidora Martha Márquez Alvarado y el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, “Quique Galo”. No estamos hablando sólo de un funcionario que participó en una agresión verbal contra una regidora. Estamos hablando de que ese mismo funcionario es responsable de documentar, certificar, ordenar y conservar la versión oficial de lo ocurrido.

La pregunta es brutal por su obviedad: ¿qué pasa cuando quien agrede es también quien escribe el acta?

Cuando existe video, audio, contexto, sesión pública, micrófono abierto y una frase claramente atribuida al secretario del Ayuntamiento, excluir esos hechos del acta ya no puede explicarse como descuido. No fue un rumor. No fue una interpretación. No fue una exageración opositora. Hay evidencia videográfica, registro público, contexto, sonido, frase, sujeto, cargo y sesión. Y sí, si hubo “zaz cabrona”.

Muchos fuimos testigos directos e indirectos. Muchos vimos los videos en redes sociales y escuchamos simultáneamente con la imagen al secretario del Ayuntamiento.

Por eso resulta inaceptable que después el poder pretenda reducir el asunto a una disputa de formas, a una observación extemporánea o a una molestia personal de la regidora. El punto no es si Martha Márquez incomoda. Evidentemente incomoda. Esa es la consecuencia natural de ejercer oposición real frente a un gobierno acostumbrado a confundir solemnidad con obediencia. Acostumbrado a la entera comodidad del silencio voluntario por omisión o comprado por interés. El punto en este caso radica en si el Ayuntamiento de Aguascalientes está dispuesto a convertir sus actas en instrumentos de limpieza política. Una higiene que encubre responsabilidades y blanquea consecuencias.

Porque si en un video aparece lo que en el acta no aparece, entonces el problema ya no es solamente el insulto, la ofensa o la violencia de una persona; evoluciona y se transforma en encubrimiento institucional del insulto.

Ahí el conflicto sube de nivel.

El secretario del Ayuntamiento no es un comentarista de pasillo, ni un espontáneo con micrófono (aunque lo parezca). Tampoco se supone actúe como un militante que fue a “apoyar” a su regidor. Es el funcionario obligado a dar fe de lo actuado, levantar actas, certificar quórum, recabar votaciones, leer el acta anterior y conservar el libro de actas con versión estenográfica de las sesiones. Es decir, no sólo participa en la sesión; también custodia su memoria oficial.

Eso vuelve doblemente grave su papel. Si el mismo funcionario que emitió una expresión vulgar contra una regidora es quien conduce el procedimiento para aprobar el acta donde esa expresión puede “desaparecer”, entonces el Ayuntamiento no está frente a un trámite, sino frente a un conflicto de interés institucional.

No basta con decir que las observaciones debieron presentarse antes. No basta con esconderse detrás del procedimiento o con apresurar una votación. Tampoco con pedir orden, cuando el desorden nació desde la Secretaría del Ayuntamiento. Un acta no es una servilleta con un garabateo de conveniencia política. Un acta de Cabildo es la memoria pública, documento oficial, registro de autoridad, prueba institucional y archivo del poder. Por ello, cualquier omisión deja de ser técnica y se vuelve política. Alterarla, mutilarla, limpiarla o alterar el procedimiento de su manejo para que no aparezca lo incómodo, no es ordenar la sesión. Es tapar la verdad antes de que surjan consecuencias o se tengan que asumir responsabilidades.

Pero un encubrimiento de algo tan ampliamente difundido no siempre necesita empezar con una votación. A veces ocurre de una forma más fina, como lo es evitar que el documento llegue al momento formal en que debe discutirse, observarse, corregirse y aprobarse.

De acuerdo con lo ocurrido en la última sesión de Cabildo, el acta correspondiente al episodio del “zaz, cabrona” no habría sido sometida a votación. El acta habría quedado en un limbo procedimental que impide cerrar institucionalmente la verdad de lo ocurrido. Ese limbo no es inocente.

Si el acta no se somete a consideración del Cabildo, no se abre plenamente el momento para observarla. Si no se abre ese momento, se impide que la regidora agredida exija formalmente que se incorpore la expresión emitida por el secretario. Si no se corrige el acta, el documento permanece incompleto. Y si ese documento incompleto se usa, circula, certifica o pretende servir de base para procedimientos posteriores, entonces el problema ya no es sólo la omisión, sino es el posible uso institucional de una versión no aprobada, incompleta o jurídicamente débil.

Aquí aparece la nueva arista del despotismo administrativo. El poder no sólo borra; también puede congelar el trámite para que el borrado o lo omitido no sea votado, discutido ni corregido. No es poca cosa. Porque, como ya dijimos, el acta de Cabildo no es una libreta interna del secretario, ni una minuta de oficina. Es la memoria pública, el documento oficial y el registro de autoridad. Si no se somete a aprobación cuando corresponde, el Ayuntamiento deja sin cerrar una pieza central de la verdad administrativa.

Ese vacío produce efectos políticos. Por un lado, le permite al secretario evitar, al menos temporalmente, que el Cabildo discuta el contenido omitido sobre la agresión verbal que él mismo cometió. Por otro, le permite al gobierno desplazar la atención hacia un procedimiento sancionador distinto, es decir, el iniciado contra Martha Márquez por los hechos ocurridos el 6 de mayo en el Teatro Morelos, durante la sesión solemne de la visita de Isabel Díaz Ayuso.

Esta precisión importa.

El procedimiento contra Martha no surge del episodio del “zaz, cabrona”. Surge de la protesta del 6 de mayo, cuando la regidora irrumpió políticamente en una ceremonia oficial que el poder pretendía conservar como postal impecable de la derecha internacional. Ahí levantó el reclamo incómodo del agua como inconformidad ciudadana, una la crítica a la solemnidad del poder mientras la realidad local se desbordaba afuera del teatro.

Ese es el hecho que quieren castigar.

Pero la secuencia completa revela algo más profundo. Mientras el Ayuntamiento intenta sancionar a Martha Márquez por haber incomodado el acto de Ayuso, no ha resuelto institucionalmente el acta del episodio posterior en el que el secretario del Ayuntamiento la agredió verbalmente. Dicho de otra manera, el poder sí encuentra tiempo, procedimiento y voluntad para perseguir la protesta de la regidora; pero no muestra la misma diligencia para documentar, corregir y asumir la agresión cometida desde su propia Secretaría.

Esa es la operación autoritaria. Mientras los ciudadanos siguen demandando agua en las colonias, los regidores, en vez de dirigir sus esfuerzos a solventar las carencias de los servicios públicos, encuentra en el tiempo suficiente para castigar a una de sus iguales, “esa”, que tuvo la osadía de “cristalear” el marco de la fotografía teatralizada del poder inmaculado.

Con esta intención inquisidora ocurren varias cosas simultáneamente. La primera y evidente es la revelación de la existencia del MCPRIAN en el Cabildo. Sí, aunque Movimiento Ciudadano se diga oposición y defensor de todas las causas genuinas del pueblo, principalmente, los derechos de las mujeres, los “hermanitos Espinoza”, Karla Arely y Juan Carlos (mejor conocidos como los pingüinos), revelan sus lealtades inquebrantables al panismo. Tal vez por eso el presidente municipal y otros funcionarios panistas departían felices y sonrientes en la reciente boda playera de Karla. Por otro lado, la protesta del 6 de mayo se convierte en expediente de coerción, la agresión posterior del secretario se convierte en vacío documental, la regidora termina bajo amenaza de sanción y el funcionario señalado conserva el control de la memoria oficial.

Eso ya no es casualidad administrativa. Es negociación y administración política del daño.

El gobierno intenta colocar a Martha Márquez en el banquillo por alterar el orden de una sesión solemne. Pero se niega a resolver con la misma claridad el desorden institucional producido cuando el secretario del Ayuntamiento, en sesión de Cabildo y con micrófono abierto, lanzó la expresión “zaz, cabrona”. Si el orden en público importa tanto, también debería importar el orden institucional de una sesión. Si la solemnidad del Teatro Morelos merece protección, también debería merecerla la dignidad de una regidora en el Cabildo. Si una protesta amerita multa millonaria, retención de salario y apercibimiento público, entonces una agresión verbal desde la Secretaría del Ayuntamiento debería ameritar, por lo menos, investigación, acta completa y deslinde formal.

Pero no ocurre así y, esa asimetría, desnuda el patrón, revelando, además, el uso faccioso del poder.

No se trata sólo del acta y una sola frase o una sola sesión. Se trata de cómo el poder decide qué hechos trata para poder sancionarlos y qué hechos deja en la sombra. Lo ocurrido el 6 de mayo se persigue porque afectó la imagen del gobierno frente a Ayuso. Lo ocurrido después se administra porque compromete al propio aparato municipal.

La hipocresía y doble moral de quienes solicitan la sanción de la regidora es más que evidente ¿Por qué importa tanto que una regidora haga pública una necesidad ciudadana de servicios públicos y por qué importa tan poco la violencia en razón de género en su contra? ¿Acaso hacer pública una necesidad de los aguascalentenses en presencia de una persona extranjera ofende más que el insulto que se propina a una regidora? ¿Para el criterio de los regidores resulta más estridente sentirse incómodos cuando alguien evidencia una carencia que es real y que les corresponde atender que cuando otro funcionario los insulta directamente?

Ese es el despotismo administrativo en su forma más clara. El poder Es usado de manera hipócrita y vulgar, moldeando sus procedimientos, no para garantizar verdad, sino para seleccionar qué verdad castiga y cuál verdad oculta.

Entonces la ruta del conflicto se divide entonces en dos planos.

El primer plano es el procedimiento sancionador contra Martha por el 6 de mayo. Ahí el Ayuntamiento pretende convertir una protesta política en falta administrativa. Se habla de una posible multa de hasta 5 mil salarios mínimos, de retención indefinida de salario, de apercibimiento público y de una eventual vía adicional por responsabilidades administrativas. Todo ello por un acto de protesta realizado por una regidora de oposición en una sesión solemne cargada de simbolismo político.

La pregunta jurídica y política es inevitable ¿Pretenden sancionar una alteración del orden o están castigando una protesta incómoda contra el poder?

Porque, aunque a algunos no lo entiendan y, otros, por su conducta testimonial lo parezcan, un regidor no es una figura decorativa. No está en el Cabildo para aplaudir ceremonias, ni para cuidar la estética de los actos oficiales. Está para deliberar, denunciar, incomodar, fiscalizar y representar. Podrá discutirse si la forma fue adecuada o no; lo que no puede hacerse es convertir el desacuerdo político en una multa ruinosa, en retención salarial o en escarmiento público.

El segundo plano es el acta del episodio del “zaz, cabrona”. Ahí el problema ya no es la protesta de Martha, sino la agresión del secretario y la forma en que el Ayuntamiento pretende administrar documentalmente ese hecho. De acuerdo con lo ocurrido en la última sesión, el acta correspondiente a ese episodio no habría sido sometida a votación. Eso abre un vacío procedimental delicado, porque si no se vota, no se corrige; si no se corrige, permanece incompleta; si permanece incompleta y se usa como referencia, se vuelve instrumento de ocultamiento.

Aquí la maniobra es diferente y tiene otro ritmo. No se trata todavía de que los regidores hayan aprobado formalmente el borrado. Se trata de que el borrado queda flotando en un limbo útil para el poder. No se cierra el acta, no se discute a fondo, no se corrige la omisión, no se obliga al Cabildo a pronunciarse y no se deja constancia plena de la agresión. El documento queda suspendido justo donde más conviene, es decir, antes de que la verdad se vuelva obligación formal.

Sin embargo, eso también tiene consecuencias. Si el acta no ha sido sometida a votación, el foco de responsabilidad se concentra inicialmente en quien conduce el procedimiento, en quien custodia el documento, en quien decide no ponerlo a consideración y en quien pretende usar versiones incompletas como si fueran memoria institucional suficiente. El secretario del Ayuntamiento tiene ahí una posición especialmente comprometida, ya que fue parte del hecho, está señalado por la expresión vulgar y, al mismo tiempo, tiene obligaciones sobre la documentación del Cabildo.

La pregunta vuelve a aparecer: ¿qué pasa cuando quien redacta el acta es quien violenta?

Pero el análisis no puede ni debe terminar ahí. La ruta hipotética de aprobación debe mantenerse abierta, porque el problema puede agravarse. Si en una sesión posterior el acta se somete finalmente a votación y se aprueba sin incorporar la agresión documentada, entonces el Cabildo entrará en una nueva etapa de responsabilidad. Ya no estaremos sólo ante un vacío procedimental, sino ante una convalidación formal.

Por eso hay que decirlo con toda claridad, si no votan el acta, mantienen un vacío que impide corregir la memoria oficial; si la votan sin corregir, comparten el costo jurídico del borrado. En el primer escenario, la omisión opera por congelamiento. En el segundo, opera por validación. Ambos son graves y ponen al Cabildo en una circunstancia muy desfavorable.

En el primer caso, debe investigarse por qué el acta no fue sometida a consideración, quién decidió diferirla, si existía proyecto circulado, si se incluyó o no la frase del secretario, si Martha Márquez formuló observaciones, si se le permitió hacerlo formalmente y si el documento fue usado o invocado pese a no estar aprobado.

En el segundo caso, si el acta llega a votarse sin corregir, debe investigarse a quienes la aprueben con conocimiento de la omisión. Porque entonces ya no podrían decir que ignoraban los hechos. La agresión fue pública. El video circuló. La frase se escuchó. La regidora reclamó. El Cabildo fue advertido. Si aun así votan una versión incompleta, el voto deja de ser trámite y se vuelve convalidación.

No existe el voto ciego de un síndico o regidor.

Nadie puede argumentar lo contrario. Un regidor no puede votar un documento público como si firmara una tarjeta de felicitación. Incluso, si la información de un asunto no fue circulada con la debida diligencia, debe de ser capaz de hacer valer los mecanismos necesarios para que la discusión se lleve a cabo de manera amplia y significativamente transparente, porque su voto produce efectos jurídicos, valida documentos, genera acuerdos, puede cerrar procedimientos, abrir expedientes o construir versiones oficiales. Si vota un acta incompleta sabiendo que omite una agresión documentada, no está simplemente siguiendo el orden del día. Quien lo haga está participando en la conversión de una omisión en verdad institucional.

Ahí nacería su responsabilidad en el caso.

No como autores materiales del insulto, porque no fueron quienes pronunciaron la frase. Pero sí como posibles convalidadores del ocultamiento. Sí como posibles tolerantes de violencia política. Sí como posibles participantes en una omisión arbitraria. Sí como posibles responsables administrativos por validar una versión documental que no corresponde con la realidad verificable.

Y si se acreditara coordinación, acuerdo previo o voluntad común para sostener un documento contrario a lo ocurrido, la pregunta penal tampoco podría descartarse.

Porque un acta de Cabildo no es propaganda. Si omite de manera deliberada hechos sustantivos acreditados en video, y esa omisión genera beneficio para el funcionario señalado o perjuicio para la regidora agredida, debe investigarse si hubo falsedad documental, uso irregular de documento, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, encubrimiento administrativo o cualquier otra responsabilidad que resulte.

No se trata de afirmar que todos ya cometieron un delito. Se trata de advertir que el Ayuntamiento está entrando en una zona de riesgo jurídico que él mismo está construyendo o, al menos, propiciando.

El procedimiento contra Martha por el 6 de mayo y el vacío del acta del “zaz, cabrona” son dos expedientes distintos, pero forman parte de una misma lógica: sancionar la incomodidad y administrar la vergüenza propia.

Porque si el Ayuntamiento quiere ser al menos congruente en esto y pretende castigar a Martha por la solemnidad rota del Teatro Morelos, primero debería explicar por qué no ha sido capaz de garantizar la solemnidad mínima del Cabildo. Si quiere hablar de orden, que empiece por ordenar sus actas. Si quiere hablar de respeto institucional, que empiece por sancionar a quien insultó. Si quiere hablar de legalidad, que someta a trámite, corrección y aprobación el documento que debe reflejar lo ocurrido.

Mientras eso no pase, el procedimiento contra Martha huele menos a disciplina y más a represalia, a mordaza, a venganza.

Las dimensiones del castigo cambian. Martha Márquez no es Carlos Darío, el manifestante que fue aprehendido y luego liberado. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. No hay un fiscal, pero quieren que el órgano interno de control intervenga; no va presa, pero quieren que aparte de asumir un costo político se le congele su dieta. El mensaje que pretenden enviar es equivalente y más que evidente. Quien critique al poder puede perder dinero, salario y prestigio público. Pero quien desde el poder insulta, menosprecia o violenta a una regidora, puede aspirar a que el acta no lo diga, a que el trámite se congele y a que la maquinaria municipal se concentre en castigar a la víctima política, no al agresor institucional. García López no es la “magistrada de los tacos”, Martha Elba Dávila Pérez, titular del Tribunal de Disciplina Judicial a quien se le dio un trato muy sutil luego de su “detención” en la Feria de San Marcos. Pero él mismo provee para sí la sutileza de limpiar lo que puede afectarle sus “intereses políticos”.

Eso no es orden. Esa es mediocridad e irresponsabilidad en el ejercicio del cargo. Es selectividad autoritaria. Es evadir las responsabilidades de los actos.

Y en esa selectividad se resume el momento político de Aguascalientes. La autoridad no administra derechos, pero sí castigos. No ordena la vida pública, porque prefiere ordenar las narrativas. No documenta lo ocurrido, mejor decide qué conviene dejar asentado. No protege la deliberación democrática, sino que protege la imagen del poder. No resuelve los problemas públicos, pero sí busca acallar a sus críticos.

El Cabildo tenía una salida institucional limpia, que era someter el acta a consideración, permitir observaciones, incorporar la agresión verbal documentada, anexar versión estenográfica y video, dejar constancia de la inconformidad de Martha Márquez y deslindar responsabilidades. Eso habría protegido al órgano colegiado. Eso habría demostrado que el Ayuntamiento no se presta a cubrir excesos propios.

Y aquí surgen preguntas obligadas para diferentes involucrados. Acaso el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, politólogo, exdiputado, ¿Es un pelele de su propio secretario? ¿Qué no se da cuenta a qué lugar está arrastrando al Cabildo este afán blanqueador de su secretario? ¿Esa es la manera en la que se cuidan uno y otro para ser la pareja de ungidos de la gobernadora? Será que la ingeniera Yadira Azucena Salas Aguilar, Síndica Procuradora, ¿dimensiona que el diferimiento es jurídicamente posible pero no la omisión indefinida?

El punto fino de la situación es que, la síndica procuradora invocó el artículo 24 del Código Municipal para sostener que podía aprobarse el orden del día sin incluir la aprobación del acta anterior. En sentido estricto, el argumento tiene una base parcial, ya que el artículo 24 regula la estructura general de la sesión ordinaria y no menciona expresamente la aprobación del acta anterior, por lo que el Cabildo podía continuar con los asuntos incluidos en el orden del día. Pero esa base sólo justifica un diferimiento, no una omisión. El presidente municipal le da permisividad al secretario diciendo “a la brevedad”. Pero si con su conducción decide no someter el acta, mantiene abierto el vacío. Y si más adelante la mayoría decide aprobarla sin corrección, entonces tomará partido. No por la legalidad. No por la verdad. No por el Cabildo. Tomará partido por el encubrimiento.

La defensa jurídica del Ayuntamiento sólo alcanza para decir “no podía aprobarse en ese momento porque no estaba lista o no estaba debidamente incorporada al orden del día”. Pero no alcanza para borrar la obligación de presentarla después, completa, corregible y sometida a aprobación. Si el acta pendiente documenta una sesión donde el propio secretario fue señalado por una agresión verbal, entonces el diferimiento exige más transparencia, no menos. Debe explicarse cuándo estará lista, por qué no se integró, quién custodia la versión estenográfica, si se conservaron los videos y cómo se garantizará que las observaciones de Martha Márquez queden asentadas antes de su aprobación.

Por eso esta es otra prueba indiscutible de cómo funciona el despotismo administrativo del panismo local y su versión aliada MCPRIANRD. Castiga lo que lo exhibe y oculta lo que lo compromete. Esto no puede tratarse como pleito de Cabildo. Estamos ante una pregunta de régimen municipal ¿El Ayuntamiento va a usar sus actas para documentar la verdad o para proteger al poder?

El argumento del artículo 24 les permite seguir la sesión; pero no les permite congelar la verdad. Porque si el acta no se vota, la verdad queda suspendida. Y si después se vota incompleta, la mentira queda institucionalizada.

Ese es el dilema. No hay vuelta atrás. Menos cuando Martha Márquez señala que existen otras omisiones.

En cualquiera de los dos caminos, Aguascalientes debe mirar con cuidado quién insultó, quién omitió, quién decidió no someter el acta, quién pretende sancionar a Martha por el 6 de mayo, quién calla frente a la agresión posterior y quién estará dispuesto, llegado el momento, a levantar la mano para convertir una omisión, si persiste, en acuerdo. Ya nada más falta que ahora vayan a salir con que, por el descuido de al funcionario de medio pelo, el Ayuntamiento está imposibilitado materialmente para obtener la versión estenográfica completa.

Este asunto no daña exclusivamente a los integrantes del Cabildo capitalino o al secretario u otros funcionarios involucrados. Esto daña a los aguascalentenses. Si un ayuntamiento es tolerante para omitir la verdad ¿Cuántas omisiones no habrán sido ya cometidas y convalidadas en medio de un conjunto de usos y costumbres que se han convertido en la normalización de la ilegalidad? ¿Será que es tal la costumbre Que lo mismo pudo haber sucedido Con casos como Next Energy, las luminarias, VEOLIA y con tantos asuntos que Aguascalientes tiene por resolver?

Cuando un gobierno castiga la protesta, pero congela el acta de su propia violencia, ya no estamos frente a institucionalidad. Estamos frente a despotismo administrativo que se permite lo que sea.