La Feria del saldo blanco y la justicia de los apellidos

La Feria Nacional de San Marcos cerró, según el discurso oficial, con “saldo blanco”. La frase suena limpia, tranquilizadora, casi publicitaria. En sí misma encierra el hito de la seguridad que cualquier organizador, particular o público, esperan de un evento para que sus asistentes puedan disfrutar. Pero detrás de ese parte institucional hay otra cifra que contradice la comodidad del eslogan, algo que irrumpe mal en la intención propagandística.

Las 928 personas detenidas, de las cuales 902 fueron remitidas por faltas administrativas y 26 quedaron a disposición del Ministerio Público. Hubo de todo. Presentadas por lesiones, por robos, por atentados al pudor, por órdenes de aprehensión vigentes y cientos más llevadas ante la justicia cívica por conductas que, en el contexto ferial, suelen mezclarse con alcohol, aglomeración, vulnerabilidad y una operación policial masiva.

El dato, por sí solo, desmonta el mito y el comercial. Entonces, saldo blanco no significa ausencia de daño social. Significa, más bien, que la autoridad decidió clasificar la conflictividad como administrable, un componente más, inherente a la FNSM. Su dicho se soporta en que no hubo, según su propio criterio, una tragedia que rompiera la narrativa oficial, nada “momnumental”. Pero sí hubo barandilla, multas, detenciones, adolescentes resguardados, personas pasadas por Base Volcán, vehículos llevados al corralón, reportes por delitos y ciudadanos comunes enfrentando el engranaje cotidiano de la justicia cívica.

Y ahí es donde el caso de la magistrada Martha Elba Dávila Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, y de su esposo Alejandro Jorge García Gómez, se vuelve políticamente explosivo por el diferendo y la excepción. No porque deba condenárseles sin investigación, sino porque su caso permite formular la pregunta que incomoda transversalmente al poder: ¿fueron tratados como cualquier otra persona detenida durante la Feria?

De acuerdo con declaraciones del director de Policía Preventiva Municipal, Juan Manuel Amador Martínez, la intervención policial se originó a partir del reporte de una persona dedicada a la venta de alimentos. El mando señaló que la parte afectada llenó un reporte contra los presuntos responsables y que, según el parte informativo, hubo amenazas hacia comerciantes y agresiones hacia policías. También dijo que los oficiales desconocían quién era la magistrada y que “la ley es ciega”.

Su afirmación —“la ley es ciega”— sería tranquilizadora, incluso creíble, si no estuviera rodeada de dudas. Porque mientras cientos de personas sin cargo, sin apellido, sin redes administrativas y sin acceso a funcionarios fueron procesadas por faltas administrativas durante la Feria, en este caso aparece una zona gris, por no decir bastante opaca ¿la magistrada fue presentada formalmente?, ¿existe Informe Policial Homologado completo?, ¿se registró si invocó su cargo?, ¿se asentó si pidió no ser señalada?, ¿hubo trato diferenciado entre ella y su esposo?, ¿por qué una persona termina ante una autoridad y otra parece quedar en un limbo institucional?

El punto no es menor. Es el reflejo de algo que dentro del panismo les retrata de cuerpo completo. La persona involucrada no es una ciudadana cualquiera, dentro de su persona aglutina un nivel de poder posicional alto y emblemático, es una magistrada del órgano encargado de la disciplina judicial. Es decir, pertenece a la estructura que debe vigilar la conducta de quienes administran justicia. Su función pública exige un estándar superior, no inferior. Léase, destacada congruencia. Si quien debe cuidar la disciplina judicial aparece en videos y reportes públicos dentro de un incidente donde presuntamente se busca romper, contener o negociar el propio circuito de autoridad, entonces el problema deja de ser anecdótico y se vuelve institucional. Se presume usa mal el cargo y demerita el encargo.

En casos como este no basta decir “fue un altercado” o “fue una falta administrativa”. No basta cerrar el episodio con una multa, una mediación o una explicación de pasillo. Esas aclaraciones paliativas son insuficientes porque, lo que está en juego, no es sólo una cuenta en un puesto de comida, ni un forcejeo en la madrugada del “after” ferial. Lo que está en juego es si el sistema de justicia cívica funciona igual para todos o si se dobla cuando su actuación involucra a infractores con poder.

Sin embargo, también es menester hacer una precisión jurídica indispensable. “charolear” no equivale automáticamente a cohecho. Para su configuración tendría que acreditarse una dádiva, promesa, dinero o beneficio ofrecido o solicitado para que una autoridad hiciera u omitiera un acto. Pero si lo que ocurrió fue invocar el cargo para inducir a policías a no detener, no presentar, no reportar o suavizar el parte, la figura más cercana no sería el cohecho clásico, sino el tráfico de influencias o el uso indebido de la posición pública. La Ley General de Responsabilidades Administrativas define el tráfico de influencias como el uso del cargo para inducir a otro servidor público a efectuar, retrasar u omitir un acto de su competencia, con el fin de generar beneficio para sí o para terceros.

Por eso la pregunta correcta no es sólo si la magistrada dijo “soy magistrada”. La pregunta correcta es: ¿para qué lo dijo, si lo dijo? ¿Fue una simple identificación? ¿Fue un intento de intimidación? ¿Fue una manera de pedir trato privilegiado? ¿Fue una forma de obligar a los elementos a dejar de hacer lo que estaban haciendo? La diferencia entre una frase arrogante y una falta grave está en la intención, el contexto y el efecto buscado.

El otro elemento que no puede ignorarse es el historial público del esposo. Si Alejandro Jorge García Gómez tuvo experiencia en áreas administrativas vinculadas con justicia cívica, licencias, reglamentos o funciones públicas relacionadas con establecimientos y giros comerciales, esa trayectoria no lo vuelve culpable de nada por sí sola. Sin embargo, sí hace razonable preguntar si esas redes administrativas (de poder posicional) significaron algo durante la detención. Página 24 registró declaraciones atribuidas al mando policial en las que se señaló que, según los reportes, el masculino habría iniciado agresiones hacia comerciantes y después hacia policías.

Esos hechos también, como los otros, deben investigarse con rigor, no con rumor o suposiciones. No se trata de afirmar que hubo protección. Se trata de exigir que se descarte con documentos. Que se exhiba el parte. Que se conozca la ruta de presentación. Que se sepa quién intervino. Que se precise si hubo llamadas, gestiones, nombres, cargos invocados o intermediarios. Porque en un estado capturado notoriamente por las relaciones, los favores y los accesos selectivos, la transparencia no se debe tolerarse como graciosa dádiva. Debe ser obligación democrática.

Y es que el contraste se vuelve más duro cuando se mira el resto de la Feria, el marco completo. Mientras se presume saldo blanco, se reportaron agresiones sexuales, robos y otros delitos durante el festejo. También se documentó un incremento en detenciones de jóvenes y adolescentes. Para el 29 de abril ya sumaban 130 adolescentes detenidos, con un aumento cercano al 85% respecto a 2025 y, al cierre, algunos reportes hablaron de 195 adolescentes dentro del universo de personas detenidas.

Dicho con claridad, la Feria no fue un espacio neutro. Fue un espacio de alta intensidad policial, consumo masivo de alcohol, vigilancia, pero, sobre todo, detenciones y vulnerabilidad. En ese escenario, los ciudadanos comunes no tienen margen para negociar su dignidad ni sus derechos. Si están alcoholizados, si discuten, si se equivocan, si los confunden, si se ven arrastrados por una riña ajena, si terminan en el lugar equivocado a la hora equivocada, el sistema los procesa. Los sube a una patrulla. Los lleva ante un juez calificador. Les impone multa. Les cobra corralón. Les arruina la noche, el salario o la semana. Terminan viéndose inmersos en los problemas que conllevan la aplicación de la ley, incluso, “sin deberla, ni temerla”.

Pero cuando se trata de una magistrada o de una familia con relaciones administrativas, el caso parece volverse delicado, interpretable, manejable, sobremanera discreto y de excepción. Ahí no hay sólo orden público, ahí hay cálculo político.

Simultáneamente la autoridad es capaz de administrar con firmeza “legal” a los cuerpos alcoholizados, jóvenes, pobres o sin poder, pero también deja ver una contradicción de fondo. En plena Feria se retiró o dificultó la labor de activistas que repartían preservativos e información de prevención sexual. Parece ser que estos obstáculos se han convertido en todo un clásico “institucional” reiterado en los festejos. CAVA denunció el retiro de brigadistas y decomiso (sí, decomiso) de preservativos; después, organizaciones advirtieron riesgos por la falta de educación sexual y prevención.

Eso es especialmente grave en un estado donde el embarazo adolescente no es un asunto menor. Datos oficiales y periodísticos han advertido que Aguascalientes supera la media nacional en embarazos adolescentes, y SIPINNA ha señalado que los nacimientos en niñas y adolescentes constituyen una emergencia nacional que exige coordinación interinstitucional. Nada que no sepan las clínicas de maternidad en los meses de diciembre y enero.

Por ello la autoridad no puede presumir de una Feria segura mientras persigue la prevención sexual, minimiza las violencias, normaliza la alcoholización y reserva el trato fino o voltea para otro lado si los implicados tienen cargo. La seguridad no es sólo poner policías, drones y helicópteros. Seguridad también es cuidar a las personas vulnerables y particularmente a las que terminan la fiesta, prevenir abusos sexuales, acompañar a adolescentes, incluso, evitar que la moral conservadora sustituya la salud pública y garantizar que el aparato de justicia no se convierta en una maquinaria selectiva.

Por eso también pedir la renuncia de la magistrada que irrumpe la opinión pública con sus excesos es legítima. En términos jurídicos, una destitución exige procedimiento, pruebas y derecho de defensa. Pero políticamente, la vara es distinta. Una magistrada de disciplina judicial no puede refugiarse en el silencio ni el gobierno puede cerrar los ojos y pretender que nada pasó si su conducta pública pone en duda la autoridad moral del órgano al que pertenece. No hace falta una sentencia penal para exigir una explicación pública. No hace falta una condena para pedir que se separe temporalmente mientras se investiga. Y si se acredita que usó su cargo para impedir, suavizar o condicionar la actuación policial, entonces la renuncia no sería un exceso. Sería la mínima consecuencia de responsabilidad institucional.

No por limpiar la feria. No por el qué dirán. No porque sea el chivo expiatorio de una cacería de brujas. Sino porque la disciplina judicial no puede ser un discurso para los de abajo y una cortesía para los de arriba. Si lo es, entonces su nombre encubre el absurdo y se nutre, por lo menos, de la hipocresía moral institucionalizada, por decir lo menos.

El colofón es brutal. Quienes no tienen apellidos, influencias, cargos, ni teléfonos de funcionarios viven el circuito completo de la justicia cívica. A ellos sí los esposan. A ellos sí los presentan. A ellos sí les cobran. A ellos sí les abren expediente. A ellos sí les cae la barandilla. A ellos sí les dicen que “la ley es ciega”. Nadie tiene que salir a explicar qué o por qué los detuvieron. Mucho menos dar razones o salir a dar explicaciones a los empresarios por procesar un simple borracho necio.

Pero la verdadera prueba de esa “ceguera” no está en cómo se trata al ciudadano anónimo. Está en cómo se trata a quien puede mirar al policía y decirle, explícita o implícitamente: “yo no soy cualquiera”.

Ahí se sabe si hay Estado de derecho o sólo administración selectiva del escándalo.

Y hasta que alguien salga a disculparse con su renuncia de por medio por su incapacidad para comportarse congruentemente y se publiquen el Informe Policial Homologado, los partes completos, los videos íntegros, los registros de ingreso y egreso, las actuaciones de Asuntos Internos y la ruta exacta que siguieron la magistrada y su esposo, la duda razonable seguirá abierta: ¿la Feria tuvo saldo blanco o se hace lo necesario para mitificar la justicia diferenciada?