Carlos Darío y la justicia de los apellidos: del homenaje a Ayuso al CERESO

Hay semanas en las que la política parece acomodarse sola. No porque revele toda la verdad, esa, sólo sus actores la conocen, sino porque deja ver las costuras, sus dobleces. Aguascalientes acaba de vivir una de esas semanas, un conjunto de piezas y personas que se articulan en episodios de una miniserie cuya trama es nebulosa y profunda. Empezamos con una española que vino a provocar a México; gobernadoras panistas que la arroparon; una crisis nacional por agentes estadounidenses en operativos antinarcóticos; una gobernadora de Aguascalientes premiada en Washington; una embajada de Estados Unidos contactando periodistas bajo el discurso de combatir “falsas narrativas”; una magistrada local envuelta en un escándalo ferial que pareció administrarse con pinzas; y, en medio de todo, Carlos Darío, joven activista, detenido, incomunicado según su familia, enviado al CERESO y señalado como narcomenudista.

No es poca la suma, ni sus partes son nimias. Tampoco es casualidad suficiente para cerrarla como una simple anécdota.

La historia pública comenzó sutil y mucho antes de la protesta. El propio gobierno de Aguascalientes presentó, desde febrero, una narrativa que decía más de lo que quizá pretendía: “Tres mujeres, un mismo rumbo: Tere, Maru y Ayuso al frente de la Feria Nacional de San Marcos 2026”. Ahí estaban Teresa Jiménez, Maru Campos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como piezas de una misma vitrina política, turística, económica y simbólica. No lo inventó la oposición. Lo dijo el boletín oficial “literal”. La Feria dejó de ser sólo Feria: se volvió pasarela de una derecha subnacional con aspiración internacional.

Luego vino Ayuso.

No vino cualquier dirigente extranjera. Vino una figura de la derecha española que ya había equiparado al gobierno mexicano con el calificativo de “dictaduras latinoamericanas” desde un evento ligado al universo político de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump; vino después de llamar “narcoestado” a México en el debate público; vino a reivindicar la Hispanidad, a recibir medallas, llaves y reconocimientos, y a colocarse como símbolo de una derecha que habla de libertad mientras desprecia la soberanía histórica de los pueblos y trata de maquillar atrocidades con frases que romantizan la brutalidad.

En México fue recibida por Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc, donde firmaron una Carta de Amistad centrada en “libertad, democracia y participación ciudadana”, y se hablaron temas de desarrollo económico, turismo, inversión y políticas aplicadas en Madrid. Después, en Aguascalientes, se reunió con Teresa Jiménez, Mauricio Kuri, Maru Campos y Libia Dennise García. Es decir: no vino sola, ni fue un gesto aislado; vino a tocar puertas de una derecha mexicana que buscó presentarse unida, moderna, empresarial, hispanista y antipopulista.

Pero el contexto ya estaba contaminado por un asunto inesperado, digamos “accidental” y mucho más delicado. Nos referimos a Chihuahua.

Maru Campos llegó al encuentro con Ayuso arrastrando una crisis de soberanía. Reuters reportó que dos estadounidenses muertos en un accidente en Chihuahua eran, según fuentes, oficiales de la CIA que venían de participar en una operación antinarcóticos y allí reventó la secrecía y cualquier intento de discreción. El gobierno mexicano dijo que no había sido informado de esa participación y envió una nota diplomática a la embajada norteamericana para advertir que, operaciones no autorizadas de personal estadounidense, no debían repetirse.

Sin embargo, la gobernadora panista de Chihuahua pareció no inmutarse. María Eugenia Campos Galván fue citada al Senado para explicar el caso de los agentes estadounidenses, pero rechazó acudir. La Jornada reportó que declinó comparecer ante comisiones legislativas que revisarían la participación de agentes extranjeros en operativos contra el narcotráfico en la sierra Tarahumara; el propio gobierno de Chihuahua justificó la decisión diciendo que no quería comprometer investigaciones en curso. Investigaciones que, dicho sea de paso, la involucraban a ella realizadas por su mismo gobierno, convenientemente. Simultáneamente, el fiscal de la entidad, compitiendo con los mejores gimnastas del mundo, hacía espectaculares maromas para minimizar, evadir y controlar los daños.

Entonces el cuadro se vuelve más incómodo: Ayuso llama narcoestado a México; Campos enfrenta una crisis por presunta operación de agentes estadounidenses en territorio nacional aparentemente para “desmantelar” un narcolaboratorio; Aguascalientes les abre el escenario político; y, días después, un joven que protestó contra ese agravio aparece acusado de narcomenudeo.

De meme pasó a surrealismo. La derecha hispanista llega a Cuauhtémoc, acogida por TV Azteca y, cuando se protesta contra sus eufemismos y su intento propagandístico, en medio de una crisis internacional por injerencismo, el manifestante es detenido y señalado de narcomenudista.

No estamos hablando de conspiraciones paranoicas. Esto es otra cosa. Es un patrón narrativo que exige lupa y análisis cuidadoso. Sobre todo, porque la palabra “narco” no está apareciendo como dato aislado o como una frase suelta. Está apareciendo como lenguaje de intervención, como arma de desprestigio y como justificación penal. A México se le llama narcoestado desde la derecha internacional. En Chihuahua, la lucha antinarcóticos sirve para abrir la pregunta sobre la presencia de agentes extranjeros e intervencionismo. Y en Aguascalientes, Carlos Darío termina en el CERESO bajo una imputación de delitos contra la salud.

El problema no es sólo penal. Tampoco es una trama imaginaria internacional. Es un problema a todas luces político.

La familia y compañeros de Carlos Darío denunciaron que fue detenido después de participar en protestas contra Ayuso; que no fueron notificados; que lo reportaron como desaparecido; y que fue hasta el 11 de mayo cuando supieron que estaba en el CERESO varonil de Aguascalientes. LJA y N+ recogieron esa versión. BI Noticias reportó además que la familia denunció violencia, golpes, estrangulamiento e incomunicación durante varios días.

En contraparte, la Fiscalía, según lo que se ha conocido por medios y por la defensa, sostiene otra ruta en la que, dos personas, supuestamente relacionadas con narcóticos, habrían señalado a Carlos Darío como distribuidor. Y ahí está una de las grietas más grandes del caso.

¿Dónde están esas dos personas? Porque ahora nadie sabe.

Si traían droga, ¿fueron detenidas?

Si fueron detenidas, ¿por qué no conocemos su situación jurídica?

Si declararon, ¿lo hicieron como testigos, imputados, informantes o beneficiarios?

Si fueron liberadas, ¿con qué criterio?

Si su dicho bastó para activar la maquinaria contra Carlos Darío, ¿por qué ellas se evaporan del relato público? O de plano ¿Son fantasmas?

En este caso y cualquiera otro, la flagrancia no puede ser un rumor con placa, mucho menos una frase atribuida a dos sombras sin rostro. Si esas dos personas son la llave narrativa de la detención, la Fiscalía debe explicar quiénes son, qué traían, qué dijeron, en qué calidad lo dijeron, qué beneficio recibieron (si es que hubo alguno) y por qué el aparato penal cayó con toda su fuerza sobre Carlos Darío.

Y justo en ese punto, entra el antecedente local que no debe olvidarse por su singular diferenciación procedimental respecto del de marras. Lo llamaremos “la justicia de los apellidos”.

Y es que apenas unos días antes, Aguascalientes presumía el “saldo blanco” de la Feria Nacional de San Marcos. En esta misma columna ya se había señalado que esa frase era mera propaganda, que ocultaba otra realidad. Las 928 personas detenidas, 902 por faltas administrativas y 26 puestas a disposición del Ministerio Público. El saldo blanco sonaba limpio, pero detrás había separos, multas, partes, traslados, sanciones y ciudadanos comunes atravesando la maquinaria ordinaria de la justicia cívica.

En ese contexto apareció el caso de Martha Elba Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, y de su esposo. Medios locales reportaron un altercado durante la Feria que requirió la intervención de las fuerzas policiales a petición de los afectados; también se informó que él fue sancionado por interferir con policías, mientras ella fue canalizada a la base de Fiscalía, sin quedar públicamente colocada en la misma ruta penal que cualquier ciudadano sin cargo habría enfrentado.

La pregunta fue sencilla pero necesaria. ¿La magistrada fue tratada como cualquier otra persona detenida en la Feria? Sin embargo, la pregunta que hoy surge es todavía más dura y aún más obvia. ¿Por qué a unos se les administra el conflicto para evitarles la molestia y a otros se les activa el infierno penal? O, simplemente, será que así se viven los privilegios.

Bajo ninguna circunstancia se trata de decir que el caso de la magistrada y el de Carlos Darío sean iguales. Evidentemente no. Pero justo por eso revelan el problema. Cuando una persona con cargo, redes y apellido institucional aparece en un escándalo público, el sistema parece matizar, canalizar, diferenciar, contener. Cuando un joven activista aparece en el radar después de protestar contra una visitante incómoda para la dignidad nacional, el sistema parece volverse vertical: detención, incomunicación denunciada, acusación infamante, CERESO.

Ésa es la justicia de dos velocidades o dimensiones, por decir lo menos.

Justicia administrativa para los de arriba y justicia penal para los de abajo. Justicia discreta para los apellidos y justicia feroz para los activistas.

Y mientras la discrepancia del privilegio en Aguascalientes marca la ruta de la impartición de justicia, María Teresa Jiménez Esquivel viaja a Washington para recibir el Good Neighbor Award de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. El propio gobierno estatal informó que el reconocimiento fue por su liderazgo para fortalecer la cooperación y el desarrollo entre México y Estados Unidos; también reportó la presencia de figuras como Christopher Landau, actual subsecretario de Estado de Estados Unidos y exembajador en México, Anthony Wayne, Esteban Moctezuma, Alejandro Encinas e Isabel Quiroz.

En este caso no hay una prueba pública de que la gobernadora haya firmado acuerdos ilegales de seguridad que impliquen la intervención de agentes de Estados Unidos en Aguascalientes brincándose a la federación. Pero sí hay una agenda clara de alineamiento económico, diplomático y simbólico con actores estadounidenses. Y esa agenda ocurre justo después de que la visita de Ayuso terminó políticamente rota por las protestas y por el rechazo nacional a su discurso colonial y ofensivo.

Allí aparece un triángulo completo: derecha española, derecha panista mexicana y poder estadounidense. Curiosamente, también de derecha.

Ayuso pone el discurso de Hispanidad, anticomunismo, ataque a México. Las gobernadoras panistas ponen la foto con Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro. Washington por su parte y, como siempre, en su papel, pone el horizonte del “progreso” atajado en cooperación, inversión, seguridad, narrativa continental. La diferencia es que Carlos Darío pone el cuerpo.

El cuerpo detenido, acusado, estigmatizado y que a futuro será, por antecedentes marginado. Ese cuerpo que el Estado puede convertir en advertencia para todo aquello que no esté alineado o delimitado en “la agenda de la cooperación”.

Sin embargo, los hechos no se cuentan solos. Hay que darles voz y fuerza. Credibilidad. Medios. Por eso faltaba lo que más recientemente empezó a desentrañarse como otra capa vinculada e indispensable. La guerra por el relato.

El 19 de mayo, Manuel Pedrero exhibió en la conferencia presidencial un mensaje que, según dijo, recibió de la Embajada de Estados Unidos en México para mantener contacto sobre una iniciativa de combate a “falsas narrativas”. Revista Zócalo reprodujo el mensaje; Proceso reportó la respuesta de la Embajada, que defendió esos contactos como parte de un diálogo abierto con periodistas, académicos, analistas, líderes de opinión y creadores de contenido. Identifíquese tal cual. La embajada gringa buscando a reporteros no de EEUU dentro de EEUU, sino mexicanos en México.

Ese dato no puede leerse aisladamente. Reuters reportó que un cable de Marco Rubio instruyó a diplomáticos estadounidenses a usar X (antes Twitter) y coordinarse con unidades de operaciones psicológicas militares (esas que crea el ejército donde utilizan la información y la comunicación para influir en las percepciones, emociones y comportamientos de audiencias) para combatir “propaganda antiestadounidense”; SinEmbargo retomó el reporte de The Guardian sobre el reclutamiento de “influencers” y voces locales para amplificar narrativas favorables a los intereses de Estados Unidos.

Aquí es necesario ser exactos y, es que, no hay prueba pública suficiente para decir que a Pedrero le ofrecieron una cuota, ni para afirmar que tal medio específico recibe dinero de la Embajada por suavizar notas o publicar “bonito” de la política gringa. Tampoco debe afirmarse sin prueba que Latinus recibe financiamiento directo de Washington para operar una agenda estadounidense. Lo que sí está documentado es más que suficiente para preocupar. La Embajada norteamericana reconoció contactos con actores mediáticos; el cable de Rubio habla de una estrategia comunicacional operada con la milicia contra narrativas adversas; y Latinus, por otra vía, ha sido objeto de investigaciones de la UIF por presunto lavado de dinero y corrupción, acusaciones que el medio ha negado.

No hace falta inventar lo que no está probado. Basta con mirar lo que sí está frente a nosotros. Sí o sí hay una disputa organizada por el sentido común, por lo que nombramos, valoramos y categorizamos de lo que sucede en nuestro entorno. Una potencia extranjera pretende intervenir en la conversación pública mexicana bajo eufemismos. Hoy usan el nombre amable de “combatir falsas narrativas”. Entendamos claro, la derecha internacional más cercana quiere instalar en las audiencias que México es narco, autoritario, atrasado, peligroso. Simultáneamente la derecha local mexicana quiere ponerse la medalla de la modernidad, la inversión y la seguridad. Y cuando alguien protesta contra ese teatro, puede terminar descrito con la misma palabra ambas usan como justificación de todo: “narco”.

Por eso el Hondurasgate importa como advertencia continental, no como prueba directa del caso Carlos Darío. Sin embargo, uno es el contexto trasnacional, el otro es la forma corpórea y espacialmente mínima en que pretende repercutir.

El País reportó que el Hondurasgate apunta a una presunta trama injerencista de actores de Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina para desestabilizar gobiernos progresistas, incluidos México y Colombia, mediante audios filtrados que hablarían de una célula mediática para difundir noticias falsas; Drop Site News publicó un análisis técnico sobre audios clave, con autenticidad probable en grado moderado según Earshot.

De nuevo es necesaria la prudencia antes de cualquier atado de conjeturas. Las filtraciones no sustituyen expedientes judiciales. Pero tampoco pueden ignorarse cuando encajan en una época donde la disputa no sólo se libra con policías, jueces o diplomáticos, sino con medios, influencers, etiquetas, campañas, filtraciones, supuestos expedientes y narrativas de criminalización. Donde el ciber espacio no es más una fantasía de ciencia ficción, sino una “comunidad virtual” como dijo Howard Rheingold (1993) donde las personas forman lazos afectivos y redes sociales reales a través de las pantallas.

Con toda certeza Carlos Darío no prueba el Hondurasgate. Tampoco el Hondurasgate prueba la detención de Carlos Darío.

Pero ambos pertenecen a un mismo clima político donde el botón es la muestra de una América Latina donde la derecha internacional, el poder estadounidense y las redes mediáticas buscan definir quién es demócrata, quién es enemigo, quién es patriota, quién es narco, quién merece ser escuchado y quién merece ser aplastado.

Ahí está la punta del iceberg. Ese es el foco.

No en la fantasía de una orden secreta bajada desde Washington para detener a un joven en Aguascalientes. Esa es una exageración para ajustar lo coincidente. La punta del iceberg está en algo más verificable y más grave a la vez. Una arquitectura de poder donde la soberanía mexicana se vuelve negociable para unos, la intervención extranjera se disfraza de cooperación, la propaganda se disfraza de combate a la desinformación, la derecha internacional se disfraza de defensa de la libertad y la justicia local se disfraza de legalidad mientras selecciona con quién se ensaña.

A la magistrada, trato institucional administrado por su desfachatez de perpetrar un probable delito por soberbia. A Ayuso, medallas y llaves por ensalzar el genocidio. A Maru Campos, foro político y entrevistas pese al escándalo de la CIA. A Teresa Jiménez, premio en Washington antecedido de la opacidad financiera de la feria de San Marcos. A los periodistas afines al relato estadounidense, “jugosas” invitaciones a combatir “falsas narrativas”. Para Carlos Darío, sólo alcanzó el CERESO.

Ésa es la fotografía. Esa es la gran estampa que contextualiza el ambiente ferial y sus remanentes.

Y por eso la pregunta ya no puede ser sólo si Carlos Darío cometió o no cometió un delito. Eso lo debe probar la Fiscalía, no el prejuicio, no la prensa, no los ministeriales, no dos personas sin rostro. La pregunta pública es otra y debe ser ¿por qué el Estado fue tan eficiente para encerrarlo y tan opaco para explicar cómo lo detuvo?

Que publiquen el Informe Policial Homologado. Que exhiban el Registro Nacional de Detenciones. Que informen la hora exacta de detención, traslado, puesta a disposición y comunicación con la familia. Que entreguen la cadena de custodia de la supuesta droga. Que identifiquen la calidad jurídica de las dos personas que lo señalaron. Que digan si esas personas fueron detenidas, liberadas, imputadas, beneficiadas o usadas como testigos. Que incorporen los videos de la zona. Que expliquen por qué la familia lo buscó como desaparecido si el Estado ya lo tenía. Que abran también los partes, videos y actuaciones del caso de la magistrada. Que transparenten los gastos, reuniones, acuerdos y agendas de la visita de Ayuso. Que informen los términos de la visita de Teresa Jiménez a Washington. Que digan si hubo reuniones de seguridad, inteligencia o sólo promoción económica. Que la Embajada de Estados Unidos explique qué entiende por “falsas narrativas”, a quién contactó, con qué recursos y bajo qué reglas y por qué no le avisó al estado mexicano.

La autoridad siempre pide confianza cuando le faltan documentos. Pero la confianza no sustituye al expediente. El poder no se presume inocente de abuso, así no funciona. O se audita con reglas y procedimientos claros o simplemente es tiranía. No hay vuelta.

Carlos Darío no necesita que lo convirtamos en santo. Necesita que el Estado deje de actuar como verdugo antes de probar. Necesita debido proceso. Necesita defensa. Necesita que se revise si su detención fue legal, si hubo incomunicación, si hubo violencia, si hubo fabricación, si hubo testigos reales o personajes de utilería.

Y Aguascalientes necesita una respuesta mayor, algo que termine por arrancarnos la fantasía. Si la ley pesa igual sobre todos o si sólo cae completa sobre quienes no tienen apellido, cargo, fuero simbólico ni red política.

Porque si una funcionaria judicial puede atravesar un escándalo bajo una ruta institucional amortiguada, mientras un joven activista termina acusado de narcomenudeo después de protestar contra una dirigente extranjera que insultó a México, entonces no estamos viendo sólo dos casos.

Estamos viendo un método. Una sistematización. Eso no es justicia.

Un método para premiar a quienes humillan al país. Un método para proteger a quienes tienen conexiones. Un método para suavizar a los propios. Un método para criminalizar a los incómodos. Un método para convertir la soberanía en trámite y la protesta en expediente penal.

No sabemos todavía todo lo que hay debajo. Pero sí sabemos lo suficiente para no callarnos. Esto grita sin esbozar ni un chillido.

Cuando la derecha internacional se reúne, la Embajada contacta comunicadores, la CIA aparece en operativos antinarcóticos, una gobernadora recibe premios en Washington, una magistrada atraviesa el escándalo con red institucional y un joven activista termina en el CERESO señalado por dos personas que nadie transparenta, la casualidad deja de ser cómoda.

Y cuando la casualidad siempre cae sobre los mismos, deja de ser casualidad. Empieza a parecer sistema y se siente como el gobierno que padece Aguascalientes.