La casa que no se paga

La sede como espejo

El edificio de la calle Adolfo López Mateos, sede histórica del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes, lleva décadas funcionando como un termómetro político. Cuando el PRI ganaba gobernadores, los pasillos de ese inmueble se llenaban de operadores, candidatos, periodistas y hasta ciudadanos que buscaban al hombre o a la mujer de quien dependía la próxima decisión. Cuando el partido comenzó a perder, las reuniones se volvieron más espaciadas, los cuadros se fueron y los corredores ganaron silencio. Hoy, ese edificio dice algo más que una anécdota arquitectónica: dice que el partido que lo habita lleva dos años sin pagar la renta.

El 22 de junio de 2026, la secretaria de Administración del gobierno estatal, Raquel Soto, confirmó públicamente lo que en círculos político-jurídicos se sabía desde hacía meses. El PRI de Aguascalientes acumula 24 meses de adeudo por el uso del inmueble que ocupa como sede estatal. La funcionaria no precisó el monto exacto; extraoficialmente se habla de 16.8 millones de pesos, aunque esa cifra no es consistente con los 700 mil pesos anuales que el partido acordó pagar según lo documentado en octubre de 2024, cuando se regularizó el fideicomiso. Si la renta acordada sigue siendo la establecida entonces, el adeudo por dos años rondaría 1.4 millones de pesos; si la contraprestación fue actualizada desde entonces a una base mensual, lo que no ha sido confirmado documentalmente, el monto sería considerablemente mayor. Lo que sí está documentado es el incumplimiento: 24 meses sin pagar. Y lo que sí está confirmado es la otra parte de la historia: el presidente estatal del partido Kéndor Macías Martínez, ha rechazado en al menos cinco ocasiones el diálogo que el Consejero Jurídico del Estado, Eduardo Aguilar, ha intentado abrir para negociar una salida.

Este texto no es una crónica de presupuesto. Es una disección política de lo que ese adeudo revela.

Los hechos: una cronología del incumplimiento

La historia del edificio sede del PRI en López Mateos es más vieja y más complicada de lo que parece a primera vista. El inmueble fue durante décadas propiedad formal del gobierno del Estado, pero el PRI lo utilizó como sede sin una contraprestación clara, en una práctica que se remonta a los tiempos del régimen de partido único. La transición política del Estado que comenzó con la alternancia de 1995 cuando el PAN ganó la alcaldía de Agus y otros municipios y distritos del Estado, victoria que se revalidó cuando el PAN ganó la gubernatura por primera vez en 1998, y desde entonces la situación del inmuebles resolvió de forma ambigua ambigüedad: simplemente la dejó acumularse.

El punto de quiebre llegó en 2018 cuando una sentencia judicial obligó al PRI a regularizar su situación respecto al inmueble, estableciendo el pago de una renta como contraprestación por el uso del bien estatal. Según declaraciones del propio Kéndor Macías Martínez a medios locales en diciembre de 2024, el partido cubrió el adeudo correspondiente al año 2018 en una sola exhibición y acordó pagos regulares a partir de entonces. Sin embargo, ese compromiso se fue diluyendo conforme la situación financiera del partido se deterioraba.

En mayo de 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia señalando que el inmueble se usaba de manera irregular, lo que derivó en una investigación de la Fiscalía Electoral sobre la tenencia del edificio desde 2019. Kéndor Macías Martínez reconoció en esa época que una omisión del administrador del partido había provocado la intervención del Instituto Nacional Electoral y el señalamiento a la fiscalía. La respuesta del PRI fue crear, en febrero de 2024, un fideicomiso administrado por una asociación civil para regularizar formalmente la situación del inmueble.

No obstante, la regularización jurídica de la tenencia no resolvió el problema del pago. En mayo de 2026, cuando acreedores laborales amenazaron con embargar la sede por laudos pendientes de dirigencias anteriores, el propio abogado del demandante Alejandro Macías informó que el adeudo laboral ascendía a 1.5 millones de pesos, y que Kéndor Macías Martínez había establecido directamente compromisos de pago para evitar la ejecución del embargo. El dirigente, por su parte, atribuyó los conflictos a herencias de administraciones pasadas, aunque reconoció que solo quedaban dos expedientes pendientes. 

Un mes después, la secretaria Raquel Soto cerró el primer capítulo público del conflicto: el adeudo de renta asciende a 24 meses. La funcionaria lamentó la falta de respuesta de Kéndor Macías Martínez, señaló que corresponde al Consejero Jurídico tomar acciones legales y descartó, por el momento, la voluntad del gobierno de proceder con un desalojo, aunque insistió en la necesidad de que el partido se ponga al corriente. La expresión exacta: «debe haber una acción correctiva para que se pongan a mano.» Pero esa declaración no cerró el caso: lo abrió, porque desencadenó en los días siguientes un intercambio público entre el Secretario General de Gobierno y el propio dirigente del PRI que desnudó dimensiones adicionales del conflicto.

El diálogo que no fue: Arámbula interpela, Macías responde

El 25 de junio de 2026 el secretario general de Gobierno del Estado, Antonio Arámbula López hizo público lo que hasta entonces había sido un reclamo institucional contenido. En declaraciones recogidas por LJA, Arámbula López hizo un llamado directo al PRI para que regularizara su situación jurídica ante el requerimiento de un juzgado por el pago de la renta del inmueble. Sus palabras fueron precisas y sin margen a la ambigüedad: se trata de un tema legal que no puede postergarse, y el partido debe acatar lo establecido por la ley y la sentencia emitida dentro de las medidas cautelares.

Pero la declaración de Arámbula no fue solo un recordatorio jurídico. Tuvo un componente político de especial relevancia: ante la postura pública de Kéndor Macías Martínez de que el partido carece de recursos para cumplir, el funcionario sugirió que el dirigente debería solicitar apoyo económico a la dirigencia nacional del PRI para concretar un convenio de pago. La puntualización fue notable en su arquitectura retórica: el gobierno estatal mantiene la apertura para dialogar, pero solo si existe voluntad real de cumplir. La pelota, en otras palabras, estaba en la cancha del tricolor y también, en términos financieros, en la de la dirigencia nacional en la Ciudad de México.

La respuesta de Kéndor Macías Martínez llegó el mismo día y representó algo más que una defensa ordinaria: fue una impugnación de los términos del debate. El dirigente sostuvo que los pagos pendientes no se hacen al gobierno del Estado, sino a una asociación civil que administra el inmueble a través del fideicomiso. En consecuencia, hablar de una deuda con el gobierno sería, en su versión, técnicamente impreciso. La declaración recogida por LJA fue puntual: «Los pagos no se hacen al Gobierno del Estado, sino a una asociación civil, y se ha venido resolviendo el tema desde 2014, que fue cuando cambiaron las reglas de operación.» Kéndor Macías Martínez agregó que desconoce por qué el secretario de Gobierno señaló la existencia de un adeudo con el erario, reiterando que el pago por uso del inmueble se ha realizado desde 1997 a través de un fideicomiso y, desde 2014, a una asociación civil.

La distinción que plantea Kéndor Macías Martínez no es menor desde el ángulo jurídico: si el acreedor formal de la renta es la asociación civil administradora del fideicomiso y no el gobierno estatal directamente, los alcances de la reclamación y las vías de cobro cambian. Sin embargo, esa precisión técnica no resuelve el problema de fondo: el partido lleva dos años sin cubrir la contraprestación acordada, con quien sea que figure formalmente como acreedor. Señalar al destinatario correcto del pago es válido; presentarlo como si resolviera el incumplimiento es otra cosa.

Hay una contradicción interna en la postura del dirigente que merece subrayarse. En la misma entrevista, Kéndor Macías Martínez reconoció que los retrasos se deben a la prioridad presupuestal que se ha dado a los laudos laborales y a las deudas heredadas de administraciones anteriores. Es decir: no niega los retrasos, no niega las limitaciones financieras, no niega que otros pasivos compiten con la renta por los mismos recursos escasos. Lo que disputa es la identidad del acreedor y la narrativa de que la sede corre riesgo. Pero esa disputa no cambia el hecho del incumplimiento; sólo traslada su dirección.

El análisis jurídico: obligación incumplida, Estado de derecho tensionado

Desde el ángulo del derecho, lo que enfrenta el PRI no es una deuda cualquiera. Se trata del incumplimiento de una obligación derivada de una resolución judicial: pagar una contraprestación por el uso de un bien inmueble de propiedad estatal. Esa distinción tiene consecuencias jurídicas relevantes.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que implica, entre otras cosas, que las resoluciones judiciales deben cumplirse. El incumplimiento de una sentencia no es solo una falta civil: en determinadas circunstancias puede configurar el delito de desobediencia a la autoridad o incluso el desacato, dependiendo de cómo esté definido en la legislación local aplicable y de las características del incumplimiento.

En el ámbito civil, el gobierno estatal, como propietario del inmueble y acreedor de la renta establecida por resolución judicial, tiene vías perfectamente delineadas para exigir el cumplimiento: desde la ejecución forzosa de la sentencia hasta el lanzamiento o desalojo por falta de pago. Que hasta ahora no haya iniciado ese proceso refleja una voluntad política de evitar la confrontación con un partido que, aunque debilitado, sigue siendo coalicionista del gobierno en turno. Pero esa voluntad de diálogo tiene un límite: cinco intentos rechazados son, jurídicamente, suficiente constancia de la negativa del obligado.

Desde la perspectiva del derecho administrativo, el uso de un bien del dominio estatal sin cubrir la contraprestación correspondiente puede constituir un aprovechamiento indebido de recursos públicos. El inmueble tiene un valor patrimonial y un costo de oportunidad: el gobierno podría arrendarlo a terceros o destinarlo a uso público. Al permitir que el PRI lo ocupe sin pagar, el erario absorbe implícitamente ese costo. En un contexto de apreturas fiscales y creciente demanda ciudadana de transparencia, esa permisividad tiene un precio político además del financiero.

La aplicación del principio de legalidad exige que todos los sujetos de derecho, incluidos los partidos políticos, que la Constitución define como entidades de interés público, cumplan con sus obligaciones jurídicas. No hay excepción por debilidad financiera ni por reclamos de herencia institucional. La ley no distingue entre deudas propias y heredadas; distingue entre deudas pagadas y deudas incumplidas.

Los partidos como entidades de interés público: responsabilidad diferenciada

Los partidos políticos no son asociaciones privadas. El artículo 41 de la Constitución mexicana los define explícitamente como entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Esa definición no es decorativa: genera obligaciones jurídicas y éticas que van más allá de las que corresponden a un arrendatario ordinario.

Parafraseando a Giovanni Sartori quien sostenía que los partidos son el principal canal a través del cual los ciudadanos expresan sus preferencias políticas y ejercen control sobre el poder (Sartori, 2005). Si el canal está obstruido, si el partido no cumple sus obligaciones básicas, incluidas las jurídicas, el sistema democrático pierde calidad. Maurice Duverger por su parte, advertía que los partidos de masa construyen su legitimidad precisamente sobre la disciplina interna y el cumplimiento de compromisos (Duverger, 1957). Un partido que incumple ante el Estado lo que acordó ante un tribunal no solo falla administrativamente: debilita el contrato tácito que tiene con sus propios militantes y con el electorado.

Max Weber distinguía entre la legitimidad legal-racional, basada en el cumplimiento de normas formalmente establecidas, y la legitimidad carismática o tradicional, basada en la creencia en el liderazgo o en la costumbre (Weber, 1944). Los partidos políticos modernos deben operar, fundamentalmente, bajo el primer tipo de legitimidad. Cuando un partido rompe la norma, cuando no paga lo que debe, cuando elude el diálogo con las autoridades, cuando justifica el incumplimiento con excusas de herencia institucional está erosionando precisamente ese tipo de legitimidad que es el más difícil de reconstruir.

Norberto Bobbio señalaba que la democracia representativa descansa sobre la credibilidad de las instituciones intermedias, entre las cuales los partidos ocupan un lugar central (Bobbio, 2003). Y Robert Michels en su formulación de la ley de hierro de la oligarquía, advertía que las organizaciones partidistas tienden inevitablemente a burocratizarse y a alejarse de sus bases, en un proceso en que la supervivencia organizacional sustituye a los principios fundacionales (Michels, 1911). Lo que hoy vemos en el PRI de Aguascalientes podría leerse, precisamente, como una manifestación tardía de esa ley: una organización que destina sus recursos limitados y en declive a sostener su propia estructura antes que a cumplir sus compromisos formales. 

La crisis del PRI en Aguascalientes: números, síntomas y desgaste

El adeudo no ocurre en el vacío. Ocurre en el contexto de un partido que lleva años en descenso libre dentro del escenario político hidrocálido.

Desde la alternancia de 1995~1998 el PRI de Aguascalientes ha pasado de ser la fuerza dominante del Estado a un actor de tercer orden que sobrevive gracias a las coaliciones con el PAN y el PRD. En las elecciones de 2024, la coalición «Fuerza y Corazón por Aguascalientes» integrada por estos tres partidos ganó los 18 distritos locales y 9 de las 11 alcaldías del Estado. Pero esa victoria fue esencialmente panista: al PRI le correspondió postular candidatos en apenas tres municipios y en un solo distrito local de los 18. La coalición fue en términos prácticos, una muleta que ocultó la fragilidad del tricolor antes que una alianza de iguales.

Las encuestas publicadas en el primer semestre de 2026 confirman esa tendencia. Según la medición de Cripeso de abril de 2026, el PRI registra apenas 7.2% de intención de voto para la gubernatura de 2027. El dato más preocupante para el partido no es el porcentaje en sí, sino lo que acompaña a los perfiles priistas evaluados: el 55.12% de los encuestados rechaza a todos los aspirantes propuestos. Para enero de 2026, ese rechazo era todavía más alto: el 61.34% de la población no apoyaba a ninguno de los cuadros del partido. Kéndor Macías Martínez, quien ha sido mencionado como posible candidato a la gubernatura, aparece en esa misma encuesta con apenas 5.17% de respaldo interno.

La situación financiera del partido es coherente con esa realidad electoral. El propio Kéndor Macías Martínez reconoció públicamente, en diciembre de 2024, que el pago de renta se ha complicado por la reducción de prerrogativas, afectada por la creación de nuevos partidos políticos que reparten el financiamiento público entre más actores. En 2026 el PRI nacional recibe del INE mil 24 millones de pesos en prerrogativas totales. Para el partido estatal, que opera con una fracción de esa bolsa y sin gobierno propio que le genere acceso a recursos informales, la presión financiera es severa.

A los problemas financieros se suman los laborales: la amenaza de embargo de mayo de 2026 por laudos impagos de administraciones anteriores revela una organización que acumula pasivos sin resolverlos, que navega entre negociaciones y plazos, y que cada vez que logra cerrar un frente judicial abre otro. El argumento de la herencia de que todo es culpa de las dirigencias anteriores,  tiene un límite de credibilidad: Kéndor Macías Martínez lleva suficiente tiempo al frente del partido como para que los pasivos heredados se hayan convertido en responsabilidad propia.

Credibilidad, confianza y legitimidad: el costo político de incumplir

La teoría política contemporánea ha documentado extensamente la relación entre el cumplimiento normativo de las instituciones intermedias y la confianza ciudadana en el sistema político. Pippa Norris y Ronald Inglehart, en su trabajo sobre la erosión del apoyo a las instituciones democráticas, señalan que los ciudadanos no solo evalúan a los partidos por sus propuestas programáticas, sino también por su comportamiento cotidiano: la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, el respeto a las normas y la disposición a rendir cuentas (Norris & Inglehart, 2019).

Desde esa perspectiva, el caso del adeudo del PRI en Aguascalientes no es un episodio marginal de administración interna. Es un momento de verificación pública del comportamiento institucional del partido. Y la verificación arroja un resultado difícil de defender: un partido que predica el Estado de derecho y la responsabilidad institucional lleva dos años sin pagar la renta de su propia sede, ha rechazado sistemáticamente el diálogo con la autoridad y justifica el incumplimiento con argumentos que el tiempo ha ido desgastando.

La confianza institucional, como han documentado Pippa Norris, Ignacio Cano y otros estudiosos de la calidad democrática latinoamericana, se construye en la acumulación de pequeñas señales. No se pierde en un solo escándalo de corrupción, aunque eso también destruye; se pierde en la sucesión de señales que muestran a una organización desconectada de sus propias obligaciones. Este adeudo, cuyo monto exacto aún no ha sido confirmado oficialmente, no va a terminar con el PRI de Aguascalientes. Pero sí añade una señal más a una cadena de señales que le cuestan credibilidad ante los ciudadanos que el partido necesita convencer en 2027.

Hay aquí también un componente simbólico que no puede subestimarse. El edificio de López Mateos es para muchos hidrocalidos, el símbolo visible del PRI. Si ese símbolo está en disputa, si hay deudas sobre él, si puede ser objeto de embargo, si el gobierno Estatal habla públicamente de la posibilidad de «acciones correctivas«, el mensaje que reciben los ciudadanos es que el partido no puede gestionar ni su propia casa. Y un partido que no puede gestionar su casa difícilmente puede convencer a los votantes de que gestionará un estado. El cúmulo de escándalos, deudas se suman como factores que aceleran la descomposición institucional y su potencial pérdida de registro pronto.

Rumbo a 2027: escenarios de un partido en la encrucijada

Las elecciones de 2027 en Aguascalientes renuevan la gubernatura, los once ayuntamientos y los 27 diputados locales. Para el PRI, esos comicios representan algo más que una disputa electoral ordinaria: representan una prueba de supervivencia relevante. El partido ya perdió el umbral mínimo de influencia propia hace tiempo; ahora depende de las coaliciones para mantener presencia institucional. La pregunta no es si el PRI puede ganar solo, las encuestas responden eso con claridad, sino si el PRI puede ser un socio útil para quien le proponga una alianza.

En ese contexto, el adeudo y el comportamiento de la dirigencia generan un problema concreto: erosionan la credibilidad del partido como socio institucional. Un partido que no cumple sus obligaciones ante el gobierno estatal —en un estado donde el PAN gobierna— dificulta la negociación de condiciones de coalición. El PAN ya expresó, a través de sus delegados, que en 2024 no se cumplieron todos los compromisos de la alianza en materia de espacios y cargos para el PRI. Si a esa tensión preexistente se suma la imagen de un partido que lleva dos años sin pagar la renta de su sede y que rechaza el diálogo, la posición negociadora del tricolor se debilita todavía más.

Hay tres escenarios posibles de cara a 2027. El primero es que el PRI resuelva el adeudo, normalice su situación financiera y entre a la negociación de una nueva coalición con posiciones más sólidas. Ese escenario requiere liderazgo y recursos que, por ahora, la dirigencia no ha demostrado tener. El segundo es que el partido persista en el incumplimiento, el gobierno estatal escale las acciones legales —incluyendo eventualmente el desalojo— y el tricolor llegue a las elecciones con una imagen deteriorada y sin sede estable. Ese escenario es el más dañino políticamente, y es el que el comportamiento actual de Kéndor Macías hace más probable. El tercero, quizás el más probable, es una solución de último momento: un acuerdo parcial de pago que detenga las acciones legales pero que no resuelva el problema estructural, y que permita al partido llegar a las elecciones sin que el edificio sea el tema central. Ese escenario resuelve el síntoma pero no la enfermedad.

Más allá del adeudo específico, el PRI de Aguascalientes enfrenta una pregunta de fondo que ninguna solución puntual resolverá: ¿qué ofrece el partido a los ciudadanos que no puedan conseguir en otro partido? En un estado donde el PAN gobierna con comodidad, donde Morena crece como segunda fuerza y donde Movimiento Ciudadano tiene figuras con mucha más penetración en encuestas, el espacio para el PRI se ha ido estrechando en cada ciclo electoral. La respuesta a esa pregunta requiere renovación programática, liderazgos creíbles y una organización que funcione. Ninguna de esas tres condiciones está presente hoy.

La deuda que no es solo de pesos

Hay una tentación fácil al analizar el adeudo del PRI en Aguascalientes: reducirlo a un problema de administración deficiente, a una anécdota de un partido en crisis que no alcanza para pagar el alquiler. Esa lectura no es falsa, pero es insuficiente.

Lo que el caso revela es algo más serio: la incapacidad de una organización política de cumplir con sus obligaciones más elementales, incluidas las que se derivan de resoluciones judiciales. Los partidos políticos no existen para sí mismos. Existen para articular demandas ciudadanas, para construir representación, para hacer posible la alternancia y el control del poder. Cuando un partido no puede cumplir sus compromisos jurídicos básicos, cuando rechaza sistemáticamente el diálogo con las autoridades y cuando justifica el incumplimiento con argumentos de herencia que ya no caben en el tiempo, no está fallando como empresa financiera: está fallando como institución democrática.

La secretaria Raquel Soto pidió que el PRI se ponga «a mano«. Es una expresión coloquial, pero cargada de implicaciones políticas. Ponerse a mano con el gobierno estatal es una condición mínima de funcionamiento institucional. Y si un partido no puede cumplir esa condición mínima, la pregunta legítima que los ciudadanos de Aguascalientes deberían hacerse rumbo a 2027 es si ese partido merece los votos con los que aspira a gobernarlos.

Este adeudo cuya magnitud exacta permanece sin confirmación oficial, no va a sepultar al PRI de Aguascalientes. Los partidos con décadas de historia rara vez mueren de un solo golpe. Pero sí es un síntoma claro, público y documentado de una crisis estructural que el partido no ha querido o no ha podido enfrentar. Una crisis de recursos, sí, pero también de liderazgo, de credibilidad y de propósito. Insisto el PRI corre el riesgo en el 2027 de perder el registro no por no pagar la renta, ese es un síntoma más, la amenaza es real por la acumulación de errores, acusaciones y falta de liderazgo y de simulación generado por sus propias oligarquías que terminaron por dejar vacío al PRI de una carga simbólica qué signifique algo positivo para la población. 

Referencias

Bobbio, N. (2003). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.

Duverger, M. (1957). Los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica.

Michels, R. (1911). Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Amorrortu Editores. (Edición consultada: 2003).

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press.

Sartori, G. (2005). Partidos y sistemas de partidos. Alianza Editorial.

Weber, M. (1944). Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura Económica.

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