El presupuesto que nunca alcanza: Jesús María y la política del agua como destino

Una investigación sobre inundaciones, planeación urbana y responsabilidad institucional en el municipio de más rápido crecimiento del estado
Jesús María, Ags. — La noche del miércoles 1 de julio de 2026, una tormenta de cuarenta minutos dejó entre 40 y 50 centímetros de agua en varias vialidades de la cabecera municipal, obligó al rescate de cerca de sesenta personas varadas en quince vehículos y derribó trece árboles. Días después, en medio de las labores de limpieza previas a la Feria de los Chicahuales, el presidente municipal César Medina resumió la respuesta institucional en una frase que se ha vuelto un lugar común del discurso público mexicano frente al cambio climático: no hay presupuesto ni dinero que alcance. Esta investigación somete esa afirmación a contraste documental.

Resumen ejecutivo
Esta investigación de Diálogos en Pluralidad examina si la afirmación del alcalde de Jesús María sobre la insuficiencia presupuestal para atender daños por lluvias se sostiene frente a la evidencia documental disponible sobre presupuesto municipal, obra hidráulica, ordenamiento territorial y desempeño institucional en dos administraciones consecutivas (2021-2024 y 2024-2027).
- El presupuesto municipal de Jesús María creció de forma sostenida: de 903.5 millones de pesos en 2023 a mil 171 millones en 2026, un incremento nominal cercano al 29.6% en tres ejercicios (Congreso del Estado de Aguascalientes, 2025).
- La Auditoría Superior de la Federación documentó 7.56 millones de pesos en observaciones para la Cuenta Pública 2024 del municipio, cifra menor en términos relativos frente a otros municipios del Estado, pero indicativa de áreas de opacidad en el ejercicio del gasto (El Congresista, 2026).
- Jesús María es el segundo municipio más poblado de Aguascalientes (129 mil 929 habitantes, INEGI, 2020) y forma parte de una zona metropolitana que ya rebasa el millón cien mil habitantes, con un patrón de crecimiento predominantemente horizontal (93.2% de vivienda unifamiliar) que ha ampliado la huella urbana más rápido que la infraestructura pluvial que la sostiene.
- No se localizó evidencia pública de que el municipio haya actualizado de manera integral su Atlas de Riesgos ni su Programa de Desarrollo Urbano (vigente desde 2017 con horizonte a 2040) a la par del ritmo de autorización de nuevos fraccionamientos.
- La afirmación de insuficiencia presupuestal no puede evaluarse solo por el monto total disponible, sino por la proporción históricamente dedicada a infraestructura de drenaje pluvial y prevención de riesgos frente a otros rubros; la información pública desagregada por esos conceptos es limitada, lo que en sí mismo constituye un hallazgo sobre transparencia.

Contexto
Jesús María es, junto con la capital y San Francisco de los Romo, uno de los tres municipios que integran la zona metropolitana de Aguascalientes, la de mayor dinamismo poblacional e inmobiliario del estado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el municipio alcanzó 129 mil 929 habitantes, consolidándose como el segundo más poblado de la entidad, sólo detrás de la capital.
El actual presidente municipal, César Fernando Medina Cervantes, rindió protesta para el periodo 2024-2027 tras una administración previa encabezada por José Antonio Arámbula López (2021-2024), hoy secretario de Gobierno del Estado. Medina se desempeñó como secretario del Ayuntamiento durante esa gestión anterior, lo que sitúa al equipo actual en una posición de continuidad administrativa directa, no de ruptura, respecto a las decisiones de planeación urbana e inversión hidráulica tomadas en el trienio previo (El Heraldo de Aguascalientes, s.f.; Líder Empresarial, s.f.).
Las lluvias de finales de junio y julio de 2026 no fueron un hecho aislado. Un reportaje de Proceso documentó, dos semanas antes del episodio central de esta investigación, afectaciones simultáneas en San Francisco de los Romo y Jesús María, con encharcamientos en los fraccionamientos Tepetates, Arenales, Jesús Gómez Portugal, Arboledas de Paso Blanco, Paseos de Aguascalientes y Alcázar, además de 54 vehículos varados y 20 reportes de redes pluviales azolvadas (Proceso, 2026).
Cronología documentada

Investigación documental: fuentes consultadas
Se revisaron registros del Ayuntamiento de Jesús María, decretos del Congreso del Estado de Aguascalientes (Leyes de Ingresos municipales 2023-2026), informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2024, el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Jesús María 2017-2040, el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones, el Plan Hídrico Estatal 2021-2050, diagnósticos municipales de la SEPLADE con base en INEGI y CONAPO, y cobertura periodística de El Clarinete, LJA.MX, La Jornada, Proceso, Hidrocalido Digital y Líder Empresarial. No se localizaron actas de Cabildo específicas sobre autorización de fraccionamientos en zonas de riesgo hídrico ni un Atlas de Riesgos municipal actualizado y publicado en línea; esta ausencia se documenta como hallazgo de transparencia, no como prueba de omisión deliberada, aunque que bien pueden ser ambas.
Análisis presupuestal
El argumento de la insuficiencia presupuestal admite una primera prueba objetiva: la serie histórica de las Leyes de Ingresos aprobadas por el Congreso del Estado para el municipio.
Entre 2023 y 2026 el presupuesto municipal creció 29.6% en términos nominales, un ritmo superior al de la inflación acumulada en el mismo periodo. El municipio, además, reportó una inversión superior a 90 millones de pesos en obra pública durante el primer año de la administración Medina, de los cuales una fracción se destinó explícitamente a drenaje pluvial y sanitario en la delegación Maravillas (LJA.MX, 2025). Esta cifra no permite sostener, sin matices, que la insuficiencia de recursos sea la explicación primaria de los daños: el presupuesto ha crecido, y una parte de la obra pública sí contempló infraestructura hidráulica.
Un segundo elemento relevante es el hallazgo de la ASF sobre la Cuenta Pública 2024: 7 millones 560 mil 374 pesos en observaciones para Jesús María, dentro de una revisión que identificó 209.6 millones de pesos en anomalías para siete municipios del estado (El Congresista, 2026). El informe individual de la ASF precisa que la observación se concentra en el contrato FISMDF-LPE-001-2024, correspondiente a la segunda etapa de aulas multidisciplinarias en la delegación Margaritas (Jesús Gómez Portugal), por la omisión del acta de finiquito y del documento de extinción de obligaciones con el contratista, lo que impidió comprobar la recepción física de la obra (El Heraldo de Aguascalientes, 2026). En términos proporcionales, la cifra de Jesús María es menor a la de municipios como Cosío o Rincón de Romos, pero confirma que existen áreas de gasto sin comprobación suficiente, lo cual es relevante para evaluar la calidad —no solo la cantidad— del ejercicio presupuestal.
Un tercer elemento, omitido en la primera versión de este análisis, refuerza esta lectura: en enero de 2026 —meses antes de las inundaciones— una actualización catastral elevó el impuesto predial hasta en 400% para miles de contribuyentes de Jesús María, con recibos que pasaron de 300 a más de 1,500 pesos, concentrados precisamente en fraccionamientos de la periferia norte y poniente como Maravillas y zonas cercanas a Chicahuales. El propio secretario de Finanzas municipal reconoció «inconsistencias técnicas» en el cálculo, y el 11 de febrero de 2026 la diputada federal Amalia López de la Cruz (Morena) presentó ante la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento a ampliar subsidios (Cámara de Diputados, 2026). El dato es relevante porque documenta que el municipio, meses antes de la contingencia, incrementó activamente su captación fiscal sobre el suelo urbano de las mismas zonas que después se inundarían, sin que ese incremento se haya traducido —hasta donde permite verificar la información pública— en una ampliación proporcional de la infraestructura pluvial de esos polígonos. ¿Entonces el beneficio del incremento a donde se ha ido?
“No hay presupuesto y no hay dinero que alcance, pero con todo gusto estamos haciendo esfuerzos extraordinarios.”
La declaración, en su contexto original, se produjo en referencia a la limpieza posterior a la tormenta y no como una afirmación técnica sobre el presupuesto de obra pública o de Protección Civil a lo largo del ejercicio fiscal. Es importante distinguir, como se hace en este texto, entre la frase como reacción coyuntural ante una contingencia y la frase como diagnóstico estructural del municipio; los datos presupuestales sostienen la primera lectura con más fuerza que la segunda.
Análisis urbano
Jesús María concentra 215 localidades, de las cuales solo siete alcanzan el umbral urbano de 2,500 habitantes o más, pero esas siete concentran el 75.1% de la población municipal (SEPLADE, s.f.). La superficie urbanizada equivale apenas al 3.1% del territorio municipal, y el 93.2% de las viviendas particulares son casas únicas en terreno individual, frente a menos del 1% de departamentos en edificio. Este patrón describe un crecimiento horizontal y disperso —más kilómetros de calle y de red pluvial por habitante que en un modelo compacto— que exige una infraestructura de captación y desalojo de agua proporcional a la mancha urbana, no solo al número de habitantes.
El fraccionamiento Chicahuales, epicentro de las inundaciones de julio de 2026, y las colonias San Miguelito y Arboledas, atendidas por el programa «Enchúlame la Cuadra«, corresponden a desarrollos relativamente recientes en la periferia de la cabecera municipal. El Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos vigente exige que los proyectos de rasantes y escurrimientos pluviales de nuevos fraccionamientos cuenten con el dictamen técnico de factibilidad del organismo operador local, es decir, de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María (CAPAS) —organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, distinto y sin relación jerárquica con el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), que opera exclusivamente en el municipio de la capital—. Esto pudiera sugerir que existe un marco normativo de prevención; lo que no fue posible verificar con las fuentes públicas disponibles es si ese dictamen se emitió para los polígonos afectados, con qué especificaciones de capacidad hidráulica, y si la infraestructura construida corresponde al crecimiento poblacional real de cada uno. Aunque que la realidad estatal es clara que las cosas importantes no se atienden aún siendo del mismo color partidista.
El Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Jesús María data de 2017 con un horizonte de planeación a 2040. No se localizó una actualización pública posterior que incorpore el crecimiento inmobiliario efectivamente registrado en la última década ni un Atlas de Riesgos municipal accesible en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta ausencia documental —más que una prueba de negligencia— constituye en sí misma un vacío de rendición de cuentas que limita la posibilidad de que la ciudadanía y la prensa verifiquen si el crecimiento urbano autorizado respetó las zonas de escurrimiento natural.
Análisis sociológico
Desde la sociología urbana de Henri Lefebvre, la producción del espacio en Jesús María ilustra la tensión entre el valor de uso de la ciudad, vivienda accesible, servicios básicos y su valor de cambio como mercancía inmobiliaria: parafraseando a Henri Lefebvre el crecimiento horizontal y disperso que documentan los propios diagnósticos municipales responde a una lógica de rentabilidad del suelo periférico más que a un ordenamiento planificado del territorio (Lefebvre, 1974/2013).
David Harvey por otra parte, aporta la noción de urbanización del capital: la construcción acelerada de fraccionamientos absorbe excedentes de capital privado y, al mismo tiempo, traslada al erario público el costo de la infraestructura de soporte —drenaje, pavimento, alumbrado— que la rentabilidad inmobiliaria no siempre internaliza (Harvey, 2012). Esa transferencia de costos ayuda a explicar por qué un municipio con presupuesto creciente enfrenta, año con año, el mismo déficit de infraestructura pluvial: el ritmo de urbanización privada corre por delante del ritmo de inversión pública en la red que la sostiene.
Ulrich Beck y su concepto de sociedad del riesgo permiten leer el fenómeno climático no como un accidente externo, sino como un riesgo producido socialmente: la impermeabilización del suelo, la construcción en zonas de escurrimiento y el rezago en el mantenimiento de la red pluvial convierten una lluvia estadísticamente previsible en un desastre administrado como excepción (Beck, 1998). Zygmunt Bauman desde la modernidad líquida, describe cómo las instituciones responden a estos riesgos con soluciones ad hoc —brigadas, despensas, jornadas de limpieza— porque electoralmente es más rentable el reparto de viandas, en lugar de arreglos estructurales y duraderos, lo que produce una sensación de gestión permanente de la emergencia sin resolución del problema de fondo (Bauman, 2000/2003). Pierre Bourdieu finalmente, permite pensar la frase del alcalde como un acto de capital simbólico: presentar el desastre como fatalidad presupuestal legitima la gestión de la contingencia sin necesidad de rendir cuentas sobre las decisiones de planeación que antecedieron al evento (Bourdieu, 1997), es decir un pretexto más para evitar la rendición de cuentas y favorecer el gran mal de la especulación y el negocio particular de quienes ostentan el poder en el municipio de Jesús María.
Análisis antropológico
La antropología del desastre —desarrollada por autores como Anthony Oliver-Smith— sostiene que los desastres no son eventos naturales puros, sino la manifestación de vulnerabilidades sociales preexistentes que un fenómeno natural simplemente revela. Las familias reubicadas de Chicahuales, San Miguelito y Arboledas no fueron afectadas al azar: habitan la periferia de reciente urbanización, la misma que concentra el crecimiento poblacional más acelerado del municipio y, con frecuencia, la infraestructura más reciente y menos probada frente a eventos extremos.
La ecología política aporta una lectura complementaria: el conflicto no es solo entre gobierno y ciudadanía, sino entre modelos de uso del suelo en competencia —agrícola, habitacional, de conservación hídrica— cuya resolución favorece sistemáticamente al segundo por su rentabilidad fiscal y política inmediata (recaudación predial, votos, empleo en construcción) frente a beneficios de prevención que son difusos, de largo plazo y políticamente menos visibles.
Análisis jurídico
El artículo 115 constitucional otorga a los municipios la facultad y obligación de prestar el servicio público de drenaje y alcantarillado, así como de participar en la formulación de planes de desarrollo urbano municipal. La Ley General de Protección Civil establece como principios rectores la prevención y la gestión integral del riesgo, no solo la respuesta a la emergencia una vez ocurrida. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano condiciona la autorización de nuevos desarrollos a la congruencia con los atlas de riesgo y los programas de desarrollo urbano vigentes.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla la omisión en el cumplimiento de obligaciones de cuidado o prevención como falta administrativa cuando existe un deber jurídico específico y evidencia de incumplimiento. Con la información pública disponible para esta investigación no es posible acreditar una omisión administrativa concreta y atribuible a un funcionario identificado; lo que sí es verificable es la existencia de un marco normativo —estatal y municipal— que exige la actualización de instrumentos de planeación y gestión del riesgo, y la falta de evidencia pública de que dichos instrumentos estén actualizados y sean accesibles para su escrutinio. Esta investigación no afirma responsabilidad legal alguna; señala una zona de opacidad documental que amerita solicitudes de transparencia adicionales.
Contraste entre administraciones: Arámbula y Medina
José Antonio Arámbula López gobernó Jesús María de 2021 a 2024 y actualmente se desempeña como secretario de Gobierno del estado. César Medina fue secretario del Ayuntamiento durante esa administración antes de asumir la presidencia municipal en 2024, para el periodo 2024-2027. Esta trayectoria implica que las decisiones de autorización de fraccionamientos, priorización presupuestal y contratación de obra pública tomadas entre 2021 y 2024 corrieron, en buena medida, bajo la operación directa del equipo que hoy encabeza el municipio, y no bajo una administración externa o de un partido distinto. La lectura periodística y política que enmarca las inundaciones de 2026 como un problema exclusivamente atribuible a la gestión en turno omite esta continuidad administrativa.
Los informes de gobierno de la administración Arámbula documentaron obras de repavimentación como la de la avenida Guadalupe (Tercer Anillo), pero la información pública revisada para esta investigación no permite reconstruir con precisión qué proporción de la inversión de aquellos ejercicios se destinó específicamente a ampliación de capacidad pluvial frente a otros rubros de infraestructura vial. La ASF, por su parte, fiscalizó la Cuenta Pública 2024 —el último ejercicio de la administración Arámbula y el de la transición hacia Medina— y encontró observaciones por 7.56 millones de pesos, lo que sugiere continuidad también en los patrones de comprobación del gasto entre ambas gestiones.
Lectura política adicional (especulación editorial, no verificada)
El siguiente párrafo constituye una hipótesis de análisis político-especulativo, no un hecho verificado, y se incluye como ejercicio de interpretación propia de esta columna, claramente diferenciado del cuerpo factual de la investigación.
José Antonio Arámbula López ocupa hoy la Secretaría General de Gobierno del estado, la dependencia que, conforme al artículo 116 de la Constitución estatal, asumiría de manera automática el Despacho de la Gobernatura en caso de falta absoluta de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel durante los primeros dos años de su periodo constitucional (2022-2027). Ese plazo venció en octubre de 2024, por lo que una eventual salida anticipada de la gobernadora hoy —por ejemplo, si buscara una candidatura a diputada federal en 2027— activaría un mecanismo distinto: la designación de un encargado o gobernador sustituto por el Congreso del Estado, y no la sucesión automática del secretario general de Gobierno. Esta precisión constitucional no elimina, sin embargo, el peso político real de Arámbula como operador con el mayor capital acumulado dentro del gabinete estatal para influir en esa designación.
En ese escenario hipotético, los desaciertos de gestión atribuibles al equipo de Arámbula en Jesús María —y las omisiones más recientes de la administración de César Medina documentadas en este texto— podrían operar, paradójicamente, en sentido contrario al de reforzar su candidatura natural: podrían inclinar a la coalición gobernante del PAN estatal a respaldar, en su lugar, a una figura con menor desgaste territorial y mayor capital técnico, como el actual secretario de Finanzas del estado, Alfredo Martín Cervantes García, quien ha construido una imagen pública asociada a la administración «sana» de las finanzas estatales. De confirmarse esta dinámica, la crisis de gobernanza de Jesús María dejaría de leerse solo como un problema de un municipio, para convertirse en una pieza más del ajuste de cuentas interno entre grupos del PAN («los azules«) por el control de la sucesión estatal rumbo a 2027. Se trata, se insiste, de una lectura especulativa de esta columna sobre dinámicas de poder que no ha sido confirmada por ninguna fuente documental y que el lector debe distinguir claramente del resto de los hallazgos de esta investigación.
Responsabilidad institucional
La responsabilidad frente a este tipo de eventos se distribuye, conforme al marco normativo revisado, entre al menos tres niveles: el municipal, encargado directo de drenaje pluvial, autorización de fraccionamientos y Protección Civil local; el estatal (que valida factibilidades hidráulicas) y de la Secretaría de Gobierno; y el federal, en la coordinación de emergencias mayores (Plan DN-III-E) y en la posible activación de fondos de desastre. La evidencia recabada muestra una respuesta operativa multinivel razonablemente coordinada durante la contingencia de julio de 2026 —participación de CAPAS, Protección Civil, Ejército y CFE—, lo cual contrasta con la ausencia de evidencia pública sobre coordinación preventiva de largo plazo entre esos mismos niveles de gobierno en materia de ordenamiento territorial. Nuevamente la evidencia permite demostrar que falta de coordinación no ha sido si no omisión premeditada para favorecer otros intereses, claramente los electorales, aúnque también por la falta de transparencia de César Medina y Antonio Arámbula se puede estar escondiendo otros intereses.
La evidencia documental no sostiene, sin matices, la afirmación de que «el presupuesto nunca será suficiente» como explicación estructural de los daños por lluvia en Jesús María. El presupuesto municipal ha crecido de forma sostenida y superior a la inflación; una parte de la obra pública reciente sí incluyó infraestructura pluvial. Al mismo tiempo, la evidencia tampoco permite exonerar por completo al factor presupuestal: la proporción específica destinada a prevención hidráulica frente al gasto total es opaca, y las observaciones de la ASF apuntan a fricciones en la calidad del ejercicio del gasto, no solo en su volumen. Por lo que la hipótesis de la falta de presupuesto no es tan creíble cuando hay un aumento tan sustancial del conteo del impuesto del sobre la renta, y más bien, se activa la hipótesis de que el incremento en la recaudación de impuestos municipal se usa para otras cosas que no están siendo transparentadas. (¿Estarán pagando alguna campaña electoral?)
El factor mejor documentado es el urbano: un municipio que crece de forma horizontal y acelerada, con una huella construida que se expande más rápido que la actualización pública de sus instrumentos de planeación y gestión del riesgo, produce vulnerabilidad estructural frente a un fenómeno —la lluvia intensa— que, en el contexto de cambio climático, es cada vez menos excepcional y más recurrente. La declaración del alcalde es, en ese sentido, más un síntoma de la fatiga institucional ante una contingencia recurrente que un diagnóstico técnico verificable de insuficiencia presupuestal.
Comentario Editorial
Hay una diferencia entre decir la verdad y decir lo cómodo. Cuando un alcalde afirma que ningún presupuesto alcanzará para reparar los daños de la lluvia, dice algo parcialmente cierto —ningún fondo municipal es infinito— y, al mismo tiempo, evita la pregunta incómoda: ¿alcanzaría el presupuesto actual si una fracción mayor de él se hubiera destinado, en los últimos tres o seis años, a la red pluvial de los fraccionamientos que hoy se inundan?
Jesús María no es un municipio pobre en términos relativos: su presupuesto casi se ha duplicado en el ritmo comparado con hace pocos años y su crecimiento poblacional lo confirma como uno de los polos más dinámicos del estado. Es, en cambio, un municipio que ha crecido más rápido de lo que ha planeado. Ese desfase —entre metros cuadrados de fraccionamiento autorizados y metros lineales de tubería pluvial instalada— es la explicación que mejor resiste el contraste con la evidencia disponible, más que la simple insuficiencia de recursos. Porque es más fácil culpar a la naturaleza cuando no tienes la opción de culpar al pasado, porque eres parte del problema, que hacer el trabajo
La continuidad entre la administración de Antonio Arámbula López y la de César Medina hace que esta no sea una historia de un alcalde contra otro, sino de un modelo de crecimiento urbano que ambas gestiones han operado sin interrupción. Exigir cuentas sobre el pasado inmediato no es un ejercicio de nostalgia opositora: es la única forma de saber si el presupuesto de 2027 se destinará, por fin, a resolver el problema de fondo o a administrar, una vez más, la misma emergencia.
Recomendaciones de política pública
- Publicar y actualizar el Atlas de Riesgos municipal de Jesús María en la Plataforma Nacional de Transparencia, con polígonos de riesgo hídrico georreferenciados.
- Desagregar, en la Cuenta Pública municipal, el gasto específico en infraestructura pluvial frente al gasto vial general, para permitir la fiscalización ciudadana del rubro.
- Condicionar la autorización de nuevos fraccionamientos a la publicación del dictamen técnico hidráulico del MIAA correspondiente, incluyendo capacidad de desalojo proyectada.
- Establecer un fondo municipal etiquetado y multianual para mantenimiento y ampliación de la red pluvial, no sujeto a reasignación discrecional en cada ejercicio.
- Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano municipal (vigente desde 2017) incorporando el crecimiento inmobiliario real de la última década y escenarios de precipitación extrema.
Preguntas para futuras investigaciones
- ¿Qué proporción del gasto de obra pública municipal se destinó a drenaje pluvial en cada ejercicio entre 2019 y 2026?
- ¿Existen dictámenes técnicos del MIAA o CCAPAS para los fraccionamientos Chicahuales, San Miguelito y Arboledas, y qué capacidad de desalojo proyectaron?
- ¿Cuál es el estatus jurídico y de publicación del Atlas de Riesgos municipal vigente?
- ¿Qué acciones de corrección derivaron de las observaciones de la ASF a la Cuenta Pública 2024 de Jesús María?
- ¿Cómo se compara la inversión per cápita en infraestructura pluvial de Jesús María frente a municipios de crecimiento comparable en México?
Referencias
Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida (M. Rosenberg, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 2000).
Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Paidós.
Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: sobre la teoría de la acción. Anagrama.
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El Clarinete. (2026a). César Medina encabeza operativo de atención tras lluvias en Jesús María. https://elclarinete.com.mx/cesar-medina-encabeza-operativo-de-atencion-tras-lluvias-en-jesus-maria/
El Clarinete. (2026b). Feria de los Chicahuales seguirá adelante pese a daños por las lluvias en Jesús María. https://elclarinete.com.mx/feria-de-los-chicahuales-seguira-adelante-pese-a-danos-por-las-lluvias-en-jesus-maria/
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