Dónde termina la ciudad
Hay algo profundamente inquietante en recorrer algunos de los nuevos desarrollos habitacionales que comienzan a multiplicarse en distintas regiones del país. A primera vista, todo parece correcto. Los edificios lucen nuevos, las calles están trazadas, las banquetas existen y las fachadas conservan todavía el aspecto impecable de la obra recién terminada. Sin embargo, basta permanecer unos minutos para que aparezca una sensación difícil de ignorar. Cuesta trabajo imaginar la vida.
Cuesta imaginar a los niños jugando en las calles. Cuesta imaginar pequeños comercios sobreviviendo gracias a los vecinos. Cuesta imaginar parques llenos, escuelas cercanas o comunidades construyéndose con el paso de los años. Lo que aparece frente a los ojos son viviendas. Lo que cuesta encontrar es una ciudad.
La contradicción resulta especialmente dolorosa porque México no carece de instituciones dedicadas a la vivienda. Tampoco carece de recursos. Durante más de cinco décadas, millones de trabajadores han aportado una parte de su salario con la esperanza de construir un patrimonio. Lo hicieron convencidos de que el esfuerzo cotidiano terminaría convirtiéndose en algo más que una cuenta por pagar. Lo hicieron creyendo que la casa propia representaba un paso hacia una vida mejor.
Sin embargo, los datos recientes cuentan una historia menos optimista.
Mientras el discurso oficial insiste en la construcción de nuevas viviendas sociales, el precio de la vivienda continúa creciendo por encima de la capacidad económica de buena parte de los trabajadores. Los salarios avanzan lentamente. La inflación sigue erosionando el ingreso familiar. Más de la mitad de la población ocupada permanece en la informalidad. Los jóvenes encuentran cada vez mayores dificultades para adquirir una vivienda y quienes logran acceder a ella descubren con frecuencia que el verdadero costo no aparece en la mensualidad, sino en las horas de traslado, la distancia respecto al empleo y la ausencia de servicios suficientes.
Quizá por eso la discusión pública suele comenzar en el lugar equivocado. Se habla de cuántas viviendas se construirán. Se habla de créditos, reservas territoriales, subsidios y programas. Se habla poco de calidad de vida. Se habla poco del tiempo. Se habla poco de la dignidad.
Porque una vivienda no son únicamente cuatro paredes y un techo. También es cercanía al trabajo. Es acceso a transporte eficiente. Es la posibilidad de acudir a una escuela, una clínica, una tienda o un espacio público sin recorrer grandes distancias. Es la oportunidad de convivir con los hijos en lugar de pasar horas atrapado entre trayectos. Es pertenecer a una comunidad.
Durante años se ha confundido la construcción de vivienda con la solución del problema habitacional. No son lo mismo. Levantar edificios es relativamente sencillo. Construir ciudad es mucho más difícil. Construir comunidad es todavía más complejo.
Y ahí es donde surge la pregunta incómoda.
Si después de décadas de aportaciones obligatorias, programas gubernamentales, reformas legislativas, subsidios, desarrolladores, créditos e instituciones especializadas seguimos construyendo desarrollos cada vez más alejados de los centros de actividad económica, ¿realmente estamos resolviendo el problema o simplemente estamos administrándolo?
La pregunta adquiere mayor relevancia ahora que el Estado ha decidido recuperar un papel más activo en la construcción directa de vivienda. La intención puede ser legítima. La necesidad es innegable. Pero la historia demuestra que cuando las instituciones comienzan a concentrar más funciones, más recursos y más poder, también aumenta la responsabilidad de entregar resultados verdaderamente transformadores.
Porque los trabajadores no necesitan únicamente una vivienda. Necesitan una vida. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas.
Las fotografías de estos desarrollos muestran concreto nuevo, estructuras recién levantadas y proyectos que apenas comienzan a poblarse. Lo que no muestran es algo mucho más importante: si dentro de veinte años esos espacios serán barrios vivos o monumentos silenciosos a una promesa incumplida.
Quizá ahí se encuentre la verdadera prueba de cualquier política de vivienda.
No en la cantidad de créditos otorgados.
No en el número de viviendas construidas.
No en los discursos pronunciados durante las inauguraciones.
Sino en la capacidad de responder una pregunta elemental: ¿las familias que vivirán aquí tendrán realmente una vida mejor?
Porque cuando una persona obtiene las llaves de una casa ubicada donde termina la ciudad, la duda inevitable es si también recibió las llaves del futuro que le prometieron. La fotografía la tomé el 7 de junio de 2026, donde concluye la Avenida Otto Granados Roldán, en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.
Más allá de la mirada: La vivienda social nació para acercar oportunidades a los trabajadores. Cuando termina alejándolos de la ciudad, del empleo y de la comunidad, deja de ser una solución y comienza a convertirse en una nueva forma de desigualdad.
Coda: “Lo más importante es que está alineada a lo que es la vivienda adecuada de la ONU. Debe de contar con una escuela cerca, con todos los servicios como son agua, como es la luz, debe de estar cerca de fuentes de empleos”, asegura la encargada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Aguascalientes.
Si ese es el estándar, la verdadera respuesta no llegará con la entrega de las llaves, sino con el paso del tiempo.
mariogranadosgutierrez@outlook.com
