DOS MANIFESTACIONES CONTRA LA IMPUNIDAD
En colaboraciones pasadas había hecho hincapié en los rasgos recurrentes de mantenimiento de la impunidad, lastre que va unido indisolublemente con la corrupción, señalando que no puede liquidarse éste sin hacer lo mismo sin dejar intocados a los responsables. Y sobre ello señalábamos varios casos.
Pero así como subrayábamos aspectos que nos habían parecido criticables, ahora queremos referirnos a dos casos que, al contrario, desalientan afortunadamente a la impunidad, por lo que representan ambos y por lo que pudiesen simbolizar en el periodo venidero.
El primero tiene que ver con el recurso de desafuero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Garcia Cabeza de Vaca, quien señaló que, “no son producto de la casualidad, son una persecución política de Palacio Nacional”. Señaló además que, “el único delito que probablemente he cometido sea el no haberme sometido al gobierno federal”.
Sin duda es muy imaginativo García Cabeza de Vaca. Si fueran ciertas las aseveraciones del gobernador y burda la actuación del gobierno federal, no sería uno sino diez los acusados, considerando a quienes defeccionaron de la Conago, entre ellos el de Aguascalientes. No. No es por ahí, señor gobernador, mejor revise su actuación y no sea cínico.
En cambio, al mandatario tamaulipeco se le asocia a seiscientos millones desviados a través de empresas fantasmas, lo cual, en todo caso debiera aclarar, más que desviar la atención por medio de su propia victimización. Tampoco podemos olvidar que desde hace tiempo se le ha asociado a grupos del crimen organizado, en un estado, al parecer muy dúctil para ello. No olvidemos que hasta el momento hay dos exgobernadores procesados.
Lo inusual es que se siga el caso, estando en activo el mandatario y por lo mismo, se tenga que recurrir al desafuero para que pueda procederse judicialmente. Es decir, todavía queda por delante un largo procedimiento. Por lo pronto, después de la Cámara de Diputados, se irá a la de los Senadores.
Su caso pudiese ser ejemplar, para señalar que ya basta que los gobernantes actúen libremente y sin castigo, sean quien sean, Por ello criticábamos las pobres sanciones para los funcionarios de la Conade.
El segundo caso involucra a quien se conoce como “El rey del outsourcing”, Raúl Beyruti, Presidente de GIN Group, considerada la empresa de subcontratación más grande de México, que al parecer tiene contratos con Walmart, Femsa y HSBC y al que se ha dictado orden de aprehensión por delincuencia organizada y defraudación fiscal.
Además se le asocia a este empresario con otras 90 compañías a las cuales se les investiga por recurrir a facturaciones irregulares o falsas, en operaciones que pudiesen alcanzar los treinta mil millones de pesos. Más allá del aspecto legal o específicamente judicial, particularmente este caso demuestra uno de los elementos de distorsión con que operan las empresas dedicadas a la tercerización o subcontratación.
El caso se da en medio del periodo alargado por las cámaras patronales, para discutir con el gobierno sobre la ley regulatoria al outsourcing, que se pretendió aprobar en diciembre pasado y donde los empresarios alargaron el proceso hasta este mes de febrero.
Está por concluir el mes y al parecer no está definido aún un acuerdo, por lo que, precisamente este caso serviría para acicatear el debate y determinar una regulación más estricta para las empresas tercerizadoras. No es sólo el cuestionado manejo fiscal, como es el caso de esta empresa de Raúl Beyruti, también es el sobajamiento de los derechos de los trabajadores, como son el de huelga, de libre sindicalización, de salario justo y de seguridad social. Los trabajadores bajo este régimen de contratación, son de los más explotados y con menos protección laboral, para no decir ninguna.
Ambos casos, el del gobernador y el del empresario de la empresa de outsourcing, debieran de ir a fondo, no quedar en intentos legales o aminoramiento de penas producto de negociaciones, que casi siempre es en lo oscurito, llegar a la sentencia y a la aplicación de la ley y la justicia.
Requerimos casos que nos regresen la confianza de que realmente se está actuando contra la impunidad. Hemos dicho que la lucha contra la corrupción no es discursiva sino a partir del combate real y eso se evidencia con la actualización de la justicia, lo cual hasta ahora no ha ocurrido y si, muchos corruptos impunes, es decir, libres y en su casa.
