El traslado de juzgados en Aguascalientes: ¿Remedio tardío o cortina de humo para un penal fuera de control?

El anuncio de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, María José Ocampo Vázquez este 20 de noviembre de 2025, sobre la reubicación de los juzgados familiares —actualmente operando en la salida a Calvillo, pegados al Centro de Reinserción Social (Cereso) varonil— para los primeros meses de 2026, no podría llegar en un peor momento ni con un aroma más sospechoso. Lo que se presenta como una medida correctiva para facilitar el acceso a la justicia a madres de familia y menores, en realidad parece un intento desesperado de tapar el escándalo de un penal que, en las últimas semanas, ha demostrado ser un polvorín incontrolable, donde el crimen organizado opera con impunidad y las autoridades minimizan motines como si fueran riñas de cantina.

Recordemos los hechos, que no son anécdotas aisladas, sino una escalada de violencia que pone en jaque la seguridad de todo un sistema judicial. El lunes 3 de noviembre de 2025, alrededor de las 11:50 horas, un “conato de motín” —así lo llamó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE)— estalló en el Cereso, ubicado en el kilómetro 8 de la carretera federal 70 poniente, en la periferia de la capital. Lo que empezó como un supuesto “desacuerdo” entre dos reos durante una convivencia diaria escaló a golpes, con simpatizantes de ambos bandos involucrados, obligando a un desalojo inmediato del personal administrativo y del público en los juzgados penales aledaños. Antonio Martínez Romo, titular de la SSPE, lo restó de importancia en una entrevista a las 12:40 horas: “fue una confronta que siguió con palabras, luego se tiraron algunos golpes […] no hay ningún lesionado, solo los golpes que se dieron entre ellos”. Aprovecharon para una “inspección sorpresa” que, milagrosamente, no encontró armas. Pero el desalojo no fue casual: el edificio de los juzgados está literalmente al lado del penal, y la orden vino de arriba, aunque Martínez Romo “desconociera” su origen.

Apenas 24 horas después, el martes 4 de noviembre, la historia se repitió con creces. Otro “incidente” —esta vez calificado como “riña campal” entre cerca de 60 personas— durante el día de visitas familiares, provocó un megaoperativo de seguridad: antimotines de la Guardia Nacional, Ejército mexicano, policías estatal y municipal, decenas de patrullas y hasta bomberos para apagar un incendio provocado que generó una torre de humo visible desde la carretera. Tres internos heridos de gravedad fueron trasladados en ambulancias escoltadas a un hospital, y un número indeterminado de lesionados más. Familiares, desesperados afuera del Cereso clamando por información, soltaron la bomba: denuncias de cobro de piso por parte de un grupo del crimen organizado que opera con total libertad dentro. “Si se niegan a pagar, los torturan a golpes o los ponen al sol”, relató una de ellas, revelando cuotas de 500 pesos quincenales. 

Martínez Romo, fiel a su guión, insistió: “No fue contra las autoridades, fue un tema entre ellos […] las mismas personas que tuvimos ayer en la confrontación volvieron a escalar”. ¿Casualidad? Todo esto, justo después de la detención federal el 31 de octubre de Armando “N”, alias “El Charro”, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder de la célula Fuerzas Especiales del Charro (F.E.CHA), señalado como el principal generador de violencia en Aguascalientes: droga, extorsión, secuestros y homicidios. Un operativo sin ayuda estatal, por cierto, que huele a desconfianza en las locales.

En este contexto, ¿quién en su sano juicio instalaría juzgados familiares —espacios sensibles donde se resuelven custodias, pensiones alimenticias y casos de violencia intrafamiliar— en una zona tan remota y peligrosa? La salida a Calvillo no es un sitio accesible: mal comunicada, falta de equipamiento urbano, sin banquetas y menos aún espacios suficiente para al menos cubrir las necesidades de los trabajadores de los juzgados, aunado a ello una zona con escaso o nulo transporte público ya no se diga eficiente porque en Aguascalientes el sistema de transporte público puede ser muchas cosas menos eficiente, son condiciones que por ejemplo obligan a mujeres vulnerables, muchas sin auto y con niños a cuestas, a exponerse a riesgos innecesarios. Y ahora, con motines que obligan a desalojos y suspensiones de labores, el Poder Judicial local envía a su gente a casa por “seguridad”. La magistrada Ocampo Vázquez habla de “dificultades en la atención” y de implementar la oralidad en juzgados civiles y familiares, pero omite lo obvio: esta ubicación fue un error garrafal desde el principio, clasista y negligente, que priorizó quién sabe qué conveniencias administrativas o presupuestales sobre el derecho humano al acceso a la justicia.

El traslado propuesto llega tarde, después de años de quejas mudas y, sobre todo, tras estos dos días de caos que han expuesto la podredumbre del Cereso. No es una iniciativa proactiva; es control de daños, un “tapemos el pozo” para evitar que el escándalo trascienda y salpique al gobierno estatal. ¿Y la nueva sede? Ojalá no sea otro capricho: que sea céntrica, con rutas de camiones directas, horarios flexibles, áreas seguras para menores y sin sombras de corrupción. Porque en Aguascalientes, donde la especulación inmobiliaria siempre acecha proyectos públicos —terrenos “disponibles” de aliados políticos o desarrollos urbanos que “casualmente” se revalorizan—, cabe la sospecha de que el criterio no sea la ciudadanía, sino el negocio. Si eligen un sitio periférico o vinculado a intereses privados, confirmarán que la justicia aquí es para los que pagan cuotas, ya sea en el penal o en las sombras del poder.

Es hora de que la magistrada y el gobernador expliquen: ¿cuánto costó este error? ¿Quién autorizó esa ubicación original? ¿Y por qué el Cereso sigue siendo un feudo del CJNG, con cobros de piso y motines disfrazados de riñas? La reubicación es un paso mínimo; lo que urge es una auditoría integral al penal, protección real para víctimas y usuarias del sistema judicial, y transparencia en cada decisión. De lo contrario, seguiremos con una justicia que se mueve no por empatía, sino por el fuego que amenaza con quemarles las manos a los de arriba.