Le firmaron a Aguascalientes una deuda hasta 2050

Empiezo por ahí porque es lo único que hay que entender. Los niños que hoy van en tercero de primaria van a terminar de pagar, ya con treinta y cuatro años encima, un parque solar que jamás encendió esta ciudad. Marzo de 2019, presidencia municipal. La firma que aparece en ese contrato es la de quien hoy gobierna el estado.

Y esta semana la Fiscalía acusó a cinco exfuncionarios por ese expediente.

Le pusieron un nombre bonito. Programa de Eficiencia Energética. Energía limpia, ahorro, sustentabilidad, todas las palabras que sirven para que nadie pregunte. La Auditoría Superior de la Federación fue a leer el papel y encontró otra cosa: el contrato decía de manera engañosa que la infraestructura sería del municipio. No lo era. La empresa se quedaba con los activos. La ciudad pagaba durante décadas por algo que jamás iba a ser suyo.

Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2050.

Treinta años. Una generación completa.

Detente ahí un segundo, porque es donde esto deja de ser un escándalo administrativo y se convierte en otra cosa. Los gobiernos duran tres años. Seis a lo sumo. Comprometer a una ciudad durante tres décadas es atarle las manos a todos los gobiernos que vengan, del color que lleguen. Eso ya no es administrar. Eso es decidir sobre el futuro de otros, de los que ni siquiera votaban todavía.

Los números. Tres mil trescientos sesenta y nueve millones el contrato original. Junio de 2020, una ampliación. Con los cargos financieros, los análisis periodísticos calculan que el esquema completo rebasa los veinte mil millones a lo largo de su vida.

Veinte mil millones son varios años del presupuesto entero del municipio. La ciudad completa, entregada por adelantado, en un solo acto administrativo.

Y luego viene el detalle que lo convirtió en asunto penal. La Auditoría documentó que el Ayuntamiento instruyó pagos desde marzo de 2019. Un año antes de que el contrato empezara a correr. Durante 2021 destinó más de ciento treinta y dos millones al instrumento PPS-002/2019 sin que se hubieran iniciado los trabajos ni prestado el servicio. Y en un contrato paralelo de alumbrado público, otro probable daño de más de noventa millones.

Se pagó por adelantado. Se pagó por algo que no llegó. Y se siguió pagando.

Los cinco.

El 3 de agosto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formalizó acusación contra cinco exfuncionarios del municipio por uso ilícito de atribuciones y facultades. Autorizar pagos ilegales con recursos de origen federal.

Mira los cargos que ocupaban, porque ahí está dibujada la cadena entera de una decisión municipal. La Secretaría del Ayuntamiento. Finanzas. El despacho de Administración. Servicios Públicos, que administraba el contrato. Y la Sindicatura Procuradora. O sea, hasta el órgano que existe justamente para vigilar el patrimonio municipal aparece en la lista.

Dos de esas personas siguen en la vida pública del estado. Una en la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. Otra electa magistrada en la elección judicial, alegando inmunidad. El dueño de la empresa fue detenido a finales de 2025 y enfrenta procesos por fraude, cohecho y amenazas.

Y todos ellos tienen derecho pleno a su defensa y a la presunción de inocencia. Esto hay que decirlo con todas sus letras, sin apretar los dientes.

Pero falta una línea.

El contrato lo firmó María Teresa Jiménez Esquivel, entonces presidenta municipal, hoy gobernadora de Aguascalientes.

La Fiscalía la dejó fuera de la acusación por ahora, y hay una explicación institucional que conviene decir con precisión: mientras dure su encargo está protegida por el fuero constitucional. La figura es legítima. Existe por una razón noble, que la justicia no se convierta en instrumento de venganza política.

Pero digamos también hasta dónde llega esa protección. El fuero detiene el reloj. Los hechos siguen ahí. La firma sigue en el papel. El expediente sigue abierto. Es una puerta con horario de cierre.

Y queda flotando una pregunta que ninguna ley contesta sola: ¿quién decide comprometer una ciudad hasta 2050? Un compromiso así pasa por cabildo, por finanzas, por sindicatura, por presidencia. Se discute. Se autoriza. Se firma. Decir que se resolvió en un escritorio de segundo piso obliga a creer que el gobierno municipal de Aguascalientes andaba sin cabeza en 2019.

Ahora el capítulo que menos se ha contado.

Las advertencias no nacieron esta semana. Mayo de 2022, cierre de campaña por la gubernatura, se denunció públicamente y se anunció denuncia penal. Lo trataron como ruido de campaña. Diciembre de 2025, la senadora Nora Ruvalcaba sube a tribuna a reclamar que después de tres años la Fiscalía General seguía sin avanzar. Lo trataron como grilla parlamentaria. Enero de 2026, otra vez, señalando la cerrazón de la Fiscalía estatal y del municipio. Marzo, solicitud formal a la Auditoría para que diera vista al Ministerio Público.

Cuatro años de advertencias con fecha, con sede, con registro público.

Cuatro años en los que el municipio siguió pagando cada mes.

Y ahí está la pregunta que ninguna sentencia va a contestar. ¿Quién decidió no escuchar? ¿A quién le servía el silencio?

Ya sé lo que viene. Persecución política. Ya se está preparando.

Entonces pongamos el dato que lo desarma antes de que salga. El esquema de Aguascalientes tuvo hermanos. Contratos de eficiencia energética casi idénticos aterrizaron en Monterrey y en Baja California. Y en Baja California el investigado terminó siendo un exgobernador de Morena.

Los expedientes no militan. No votan. No hacen campaña. Un contrato leonino es leonino lo firme quien lo firme, y la exigencia tiene que ser la misma en los tres estados, empezando por los gobiernos propios. Esa vara pareja es lo único que le da autoridad moral a quien exige. Quien quiera vestir esto de persecución tendrá que explicar por qué la misma exigencia se hizo en Baja California contra los suyos.

Y queda un riesgo, el más viejo del país. Que todo se cierre con cinco nombres. Que cinco exfuncionarios carguen solos con una decisión de treinta años. La justicia que se detiene justo antes de llegar arriba tiene otro nombre en México, y no es justicia.

Aguascalientes lleva casi tres décadas siendo un estado difícil de mover. Aquí el poder no se pierde por el carisma del contrario ni por una mala racha nacional. Aquí un gobierno pierde el día en que la gente concluye que le vieron la cara con su propio dinero.

Y este dinero tenía nombre y domicilio. Eran las calles que siguen sin pavimentar. El agua que llega por tandeo a las colonias del oriente. El alumbrado apagado de las periferias. Las patrullas que no salieron.

Todo eso se volvió un parque solar que nunca encendió la ciudad.

La justicia dirá lo suyo, con sus tiempos y sus garantías.

El pueblo de Aguascalientes ya empezó a hacer sus cuentas.

Y en esa contabilidad, el fuero no aparece por ningún lado.