Los corruptos que se van y las mermas que dejan. Otro ilegal aumento general al transporte.

Leyó usted bien. Tal y como si se tratara de una mala, malísima película de terror, más allá de las fiestas patrias y situados en la obscuridad de las fiestas paganas a la muerte o a las brujas; la tarde de hoy, 12 de septiembre, el gobierno estatal, nos regala, a diecisiete días de su extinción, a través del más inepto de sus funcionarios, el actual coordinador general de movilidad y, publicado ya en el periódico oficial, el decreto número 288, denominado: ACUERDO QUE AUTORIZA EL RÉGIMEN TARIFARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE URBANO Y FORÁNEO EN TAXIS, TRANSPORTE COLECTIVO FORÁNEO, TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Y TRANSPORTE SUBURBANO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, mismo que entrará en vigor el próximo 15 de septiembre.

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Segundo aumento y no termina el año

Así de fácil. 2 aumentos en apenas 1 año.

Como si hubieran sido migajas los incrementos del pasado mes de marzo, ahora también se decidió que la tarifa incrementará poco más del 15%, pasando de $9.50 pesos a $11.00, como tarifa pública del servicio de transporte público en la modalidad de transporte colectivo urbano (lo que conocemos como pasaje del camión). Un incremento que supera a más del doble la inflación y por mucho los aumentos en los combustibles. Y como es costumbre, de manera burda, ilegal, sacada de la manga y sin ningún argumento que proteja a los usuarios del servicio.

Tan a modo está hecho que, a la Coordinación General de Movilidad, le bastaron apenas 2 días de trabajo, para autorizar el citado incremento, como ya dijimos, EN TODAS LAS MODALIDADES, ya que las solicitudes fueron presentadas ante el Observatorio Ciudadano de Movilidad y el Consejo Consultivo del Transporte Público, los pasados días 8 y 9 de septiembre. Tan ilegal es que, basados en la misma Ley De Movilidad Del Estado, sobre la que se fundamenta el acuerdo de marras, se puede leer con claridad en su artículo 43 fracción XV, que es función del Observatorio Ciudadano de Movilidad, “analizar y opinar sobre el estudio técnico de las tarifas de transporte público emitido por la CMOV, previo a su publicación”. Lo que significaría que la Coordinación De Movilidad debió publicar primero el estudio técnico sobre las tarifas del transporte, para ser precisos, el dictamen del estudio técnico tarifario, como lo marca el artículo 149 del REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD, antes de publicar el acuerdo que modifica la tarifa. Más que una obviedad resulta el decir que, tanto el Observatorio Ciudadano, como el Consejo Consultivo del Transporte Público de Aguascalientes, han sido los mas caros parapetos para esconder el enorme pago de favores que hace el gobierno luego de un proceso electoral, para favorecer a sus afines dentro de los gremios del transporte. Podríamos decir que es ya una hermosa tradición panista.

Lo de siempre

O cómo explicarse que, apenas en enero pasado, el propio funcionario que hoy golpea los bolsillos hidrocálidos, declaraba en la prensa local que, “no puede haber un aumento en su tarifa en tanto no haya una mejora evidente en el servicio.”. ¿O es qué acaso soy solamente yo el que no nota las innumerables mejoras del transporte?

Y es que volvamos a lo de SIEMPRE, lo mismo desde hace más de 30 AÑOS.

¿Sirvieron los contadores electrónicos en algo a los pasajeros? ¿El camión pasa a la hora que debe de pasar porque trae un GPS? ¿Acaso capacitaron a los choferes para reducir el índice de los múltiples accidentes? ¿Dónde están los supuestos millones que invertirían para mantener las condiciones de sanidad durante la pandemia? ¿Acaso las calcomanías del YOVOY actualizaron mágicamente el modelo de las chatarras que recubren? ¿Creció la cobertura? ¿Se eficientó la logística? De eso y muchas cosas más, que cualquier ciudadano que aborda una unidad de transporte se puede quejar, no hay respuestas, no hay soluciones, no hay nada.

Lo más inverosímil (por tratar de no llamar estúpidos) a los argumentos de los considerandos del nuevo acuerdo y sus incrementos, es que NO EXISTE NINGÚN “estudio técnico que reevalúe las mejoras en el servicio, los costos de producción, así como las condiciones económicas imperantes en el estado” (numeral VIII) realizado por la CMOV, tal como lo establece el artículo 148 del reglamento de la ley. Léase con claridad. Para evaluar el incremento, CMOV no hizo estudios propios, sólo se limitó a “validar” las solicitudes de los concesionarios.

Artículo 144

Por otra parte, el artículo 144 del citado ordenamiento, en su Sección Segunda, denominada Bases para el Establecimiento de Tarifas, clarifica que los estudios y análisis técnicos financieros que se lleven a cabo deberán considerar por lo menos (cito):

Información general sobre la demanda atendida;
Análisis de la oferta;
Estimación de costos;
Equipamiento tecnológico;
Infraestructura;
Cumplimiento de los compromisos de los prestadores del servicio;
Planes de mejora;
Análisis de la rentabilidad del modelo financiero de la prestación del servicio de trasporte público por modalidad;
Evaluación socioeconómica al del impacto de los incrementos solicitados en los usuarios del servicio de transporte público; y
Propuesta de tarifa considerando una utilidad razonable para el prestador del servicio.

Estableciendo, además, en su artículo 146, que (cito nuevamente) “Los prestadores del servicio de transporte público podrán solicitar a la CMOV la revisión y actualización de la tarifa dentro de los primeros dos meses de cada año, presentando estudio técnico actualizado de un modelo financiero de proyecto de inversión privado, que incluya por lo menos los siguientes aspectos:

El Plan de inversiones de la empresa que garantice mantener la calidad de la oferta y operar con una flota dentro de norma, según lo marca la Ley.
Todos los egresos del proyecto de inversión referenciado a costo por unidad promedio y costo por kilómetro, los costos que deberá incluir y desglosar el modelo son los siguientes:

a. Costos de inversión y amortización;

b. Costos de operación;

c. Costos de combustible;

d. Costos de mantenimiento preventivo, correctivo;

e. Costos por uso de tecnología;

f. Costos de administración; y

g. Costos indirectos.

Las obligaciones fiscales que deban ser cubiertas a cargo de los concesionarios y permisionarios;
Modelo de negocio con un escenario actualizado a diez años;
Evaluación financiera, con los indicadores financieros de Tasa Interna de Retorno, Valor Presente Neto, Periodo de Recuperación de la Inversión y razones financieras;
Compromisos de los prestadores del servicio ante la actualización de la tarifa en la sustitución de unidades para mejorar la calidad del servicio ofrecido; y
Planes de mejora;”

Permítame entonces la comparación, si usted, hijo de Juan pueblo, desea solicitar un crédito gubernamental, reconocerá que, en ningún caso, el gobierno contrasta únicamente en razón de la solicitud, mucho menos, considera a su favor su carga tributaria, pero, además, no le permite ingresar siquiera la solicitud al crédito, si no va firmada por un técnico certificado, incluso, avalado por el propio gobierno.

Véalo y considérelo de esta forma. Si usted desea un beneficio de unos cuantos miles, pasarán incluso meses para que su solicitud, luego de unas algunas vueltas y ajustes, sea siquiera considerada. Más aún, el gobierno procurará no darle el beneficio hasta que no acredite que es viable, en el entendido básico de que cualquier erogación corresponde a una carga pública de dinero que el gobierno posee vía impuestos. En el caso en cuestión, al tratarse de una concesión de un servicio público, tal parece que el gobierno olvida su papel equilibrante en la economía y únicamente se decanta por el sector minoritario, poseedor de los bienes de producción; de tal suerte que, acá, en CMOV y sus órganos de pacotilla en materia de transporte, bastaron 2 días para evaluar al menos 4 solicitudes, otorgó, trato marcadamente igualitario en cada modalidad, como si todos los camiones o los taxis y las combis fueran propiedad de un mismo ente, o como si sólo hubiera una solicitud de consenso para cada gremio; estableció, al menos, un criterio igualitario de costes para inversión y amortización, como si todos tuvieran las mismas deudas y en el mismo banco; de igual manera, con los costos de operación y de combustible, como si todos tuvieran las mismas rutas, horarios o usaran los mismos combustibles y se abastecieran en las mismas estaciones de servicio; y, por supuesto, ni que decir que, hasta les sobró tiempo de maravillarse con los planes de mejora o la evaluación de los compromisos de los prestadores del servicio para la sustitución de unidades. Tanto así que la tarde del segundo día de trabajo, les dio tiempo de redactar el bodrio legal que hoy justifica su actuar, así como el cheque de nuestros impuestos, que, invariablemente, les llega a la quincena por tanto trabajo.

Sucedió lo de siempre

En resumidas cuentas, amable lector, sucedió lo de siempre. Los camioneros, ahora vestidos de YOVOY, taxistas y demás concesionarios, fueron a decir con sendas solicitudes (según llamados estudios) que, como es costumbre, no les alcanza; y luego de valorar, insisto, en tan sólo 2 días, su sentida petición, el gobierno, a través de sus tapaderas del Observatorio Ciudadano, como el Consejo Consultivo, simplemente les dieron su aprobación para aumentar, la tarifa de todas las modalidades.

Y créanlo o no, dejando de lado las exageraciones, que en todo el país no existe un sistema de transporte público con la necesidad de satisfacer un volumen con la demanda de Aguascalientes, que esté igual o más pesimamente organizado, que su andamiaje legal permita tantas ambigüedades y que los responsables sean lo indecible que aquí son.

Al final de cuentas ya se van, y lo hacen dejando su sello característico, ausentes por completo de la discusión pública, inmersos en las componendas de sus compromisos, dejando de lado temas tan incidentes en la movilidad, como la transición energética, la democratización de los servicios públicos, la consolidación de procesos de servicio que incorporen elementos de alta tecnología, o simplemente, algo tan elemental, como un servicio de mínima calidad y obsolescencia.

Nada presente ni heredado augura condiciones benéficas o benevolentes para el grueso del pueblo en esta materia, menos si la visión imperante es la que entiende el servicio como un modelo de negocio.