No debemos dejar que la arbitrariedad policial tenga impunidad. Los funcionarios deben renunciar y fincarse responsabilidades

El contubernio en las policías en el país tiende su red por todo el sistema de procuración de justicia.

No descarto que sea impecable el trabajo de averiguación que haya hecho la que será Secretaría de Gobernación en el gobierno de Claudia Sheinbaum en el caso del Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México, y que esa labor haya recuperado, sin capacidad de chistar, que muchos funcionarios de la delegación Benito Juárez tuviera que consignarlos el Juez de Control, sin que imperara el influyentismo o la necesidad de contar con un obscuro objeto de politización.

Pero son cientos los delitos que suceden diariamente y muchos por las autoridades policiales del país, llámese policía municipal, estatal y ministerial, como muchos son los casos donde a los presuntos delincuentes se les siembran delitos por las policías para que sean encarcelados y purguen condenas por su condición de indefensión que invariablemente tienen como constante formar parte de la estadística invisible de la impunidad, arbitrariedad, complicidad, abuso del poder y contubernio del procurador o del impartidor de justicia.

La procuración e impartición de justicia es el rostro donde se conoce la humanidad de una sociedad y la prevalencia de un delito u otro, la impunidad, el abuso del poder y cómo la burocracia, la clase política, los partidos políticos y los potentados económicos están dispuestos a asomar su miserable ambición de poder y dominación.

La decencia, la ética, la relación de pares y el respeto nos han enseñado no forman parte de quienes ejercen el derecho, dicen unos y otros, que se salen de ese mercado y no son abogados del Diablo, ejercen la técnica jurídica.

Regresamos a las policías y nos encontramos una descomposición que no la resuelven los mejores salarios pues la delincuencia organizada les paga mejor, la extorsión les permite un plan de enriquecimiento y sumarse a las prácticas existentes y les asegura la movilidad social.

¿Por qué nos hemos acostumbrado a callar, o a aceptar esa normalidad? Podemos ser empresarios, profesionistas, buenos estudiantes y jóvenes hombres y mujeres pero el poder nos sigue dominando en el pensamiento como la impunidad. Quizá sea el miedo y que difícilmente una condición social no es suficiente si el poder y sus prácticas en órganos como los policiales son un instrumento e imperativo de quienes detentan el poder político y económico.

Recuerdo que un día el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas estaba en la estación policial en la Ciudad de México y llegó allí el ingeniero, los medios al servicio del poder quisieron utilizar su presencia con fines de influyentismo y él los desmintió con su proceder en ese lugar.

Para Aguascalientes hay un informe denominado «Hasta perder el sentido«, realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- DH) sobre la práctica de la tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014.” https://poplab.mx/v2/story/Parece-un-patron:-Jorge-murio-tras-ser-detenido-en-Aguascalientes-su-familia-exige-justicia-

Toda la comunidad aguascalentense. Sindicatos empresariales y de trabajadores, organizaciones civiles diversas, comités de colonos, estudiantes y académicos de la UAA, tecnológicos, la Cuauhtémoc, la Concordia, los jóvenes y padres de familia, los obreros y campesinos, deben saber que las policías de Aguascalientes y del país actúan arbitrariamente, impunemente y que cualquiera de nosotros puede estar en esa condición de indefensión, también que los órganos de derechos humanos actúan con discrecionalidad y tampoco son la maravilla del Mundo.

Que si queremos que respeten nuestra condición de ciudadanos no debemos aceptar la criminalización y ni la banalización del hecho criminal ocurrido, porque esa interpretación o percepción es la que ha abierto la puerta a la arbitrariedad y abuso del poder.

¿Quién no recuerda que la gobernadora Teresa Jiménez se presentó en el kínder donde el conserje había sido acusado de abuso sexual y se erigió en Juez? Pero, ¿por qué ahora no ha hecho ninguna declaración en el caso de Iván y de Jorge Bocanegra?

¿Por qué en su calidad de mandataria no ha sentado su posición sobre la práctica de la tortura y malos tratos policiales denunciada por el Alto Comisionado de la ONU y anunciado un marco normativo más severo contras esas prácticas?

¿Por qué ese Obispo que opina y criminaliza a quien piensa diferente a él, pero su pensamiento no se contrapone a los derechos humanos, no se manifiesta por el respeto a la vida de quien es detenido por las policías en la entidad? También ¿Por qué no demanda castigo y esclarecimiento de los hechos y ética en los funcionarios públicos?

¿Por qué los partidos y algunas organizaciones civiles y empresariales no leen esos hechos y respaldan las causas de las víctimas? Así mismo, los representantes populares en el Legislativo y Cabildo ¿qué hacen? No los he escuchado pedir la renuncia de ningún funcionario estatal y municipal.

Este problema no debe llegar más lejos porque involucra a instituciones que se han caracterizado por su opacidad y la imposibilidad de que otras instancias gubernamentales, organizaciones y familiares puedan actuar sin dejar de encontrar un mundo indescifrable en la investigación y por los intereses involucrados que entorpecen y tuercen la información.

Los sectores más vulnerables de la sociedad y aquellos otros que caen en el campo de los daños colaterales procedentes de otros sectores sociales, no merecen encontrarse en una situación en la que se les prive de sus derechos humanos, se les torture y quite l vida.

Quiero pensar que nada ilícito se ha tejido en la clase política gobernante y que la gobernanza solamente es acechada por acciones aisladas que recaen en burócratas menores que han carecido de ética y profesionalismo.

No me imagino que un policía municipal, estatal y ministerial llegue a su casa con las manos manchadas de sangre solamente porque se ha creado un clima de violencia generalizado en su esfera de trabajo y significa un trofeo a la conducta que adopten en el desempeño de su función que se violenten los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadana.

Tampoco me quiero imaginar que al clima de violencia que aplica la delincuencia organizada se han sumado a las instituciones encargadas de la procuración de la justicia.

Se me hace inconcebible que tenga asociación el lugar que ocupa la entidad en la incidencia delictiva a las prácticas y operación de los órganos estatales responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El silencio de la clase política y del grupo gobernante, la clase empresarial, los medios de comunicación y los partidos políticos no debe ceder a la complicidad sino al diálogo.

Propongo que los argumentos reiterados que buscan criminalizar a la víctima por ser joven, de escasos recursos y procedente de colonias populares debe poner en duda cualquier expediente que tiene causales que los priva de su libertad o son entregados muertos a sus familiares, por lo que deben auditarse todos hechos integrados al expediente por instancias externas que descarten que se les ha sembrado actos jurídicos ilícitos.

Más cuando hay programas de los que no se conocen sus protocolos y códigos de ética, así como las reglas que la operan, como el que se aplica en la cuidad-capital denominado Barrio Seguro y que  el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, afirma “que se ha reforzado y rediseñado la estrategia del operativo con el objetivo de preservar la tranquilidad y seguridad de la comunidad.”

Pero es el mismo declarante que en el caso de Jorge Bocanegra detenido el 30 de abril y muerto en manos de policías declaró  a medios locales que “actuarían “con total transparencia” y que los 15 elementos que participaron de la detención serían puestos a disposición del Ministerio Público.

Pero dos meses después, esos elementos aún siguen en activo, confirmó a PopLab la SSPM. El área de comunicación de la dependencia dijo que seguirán trabajando hasta que la fiscalía determine lo contrario.”

Parece un patrón: Jorge murió tras ser detenido en Aguascalientes, su familia exige justicia

Se debe abrir un expediente de investigación a la cadena de procuración de justicia y en tanto se lleva a cabo el proceso judicial debe retirarse del cargo a los responsables del C4, la SSPM y la Fiscalía por contubernio en la violación de los derechos humanos y pedir al Ministerio público federal que atraiga los casos y todos los actores en el estado debemos dialogar sobre el asunto y exigir una salida democrática y de respaldo a los derechos humanos.