La UAA, ¿entre la continuidad y/o el atraso?

Durante estos días de noviembre, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) se desgasta y la dañan en una competencia por la rectoría con escándalos reales y ficticios. Me resisto a pensar que el trabajo que hacemos docentes, investigadores y estudiantes en la institución sea el reflejo del nivel intelectual y académico de las presentaciones de los aspirantes. Soy observador y participante, por fortuna, de una vida académica activa y cotidiana, donde aún permanece la visión de hacer de la UAA una institución de educación superior de excelencia.

Sin embargo, la gravedad no está únicamente en el proceso de elección y designación de autoridades, sino también en lo que cada uno de los aspirantes representa y la manera en que varios medios y redes sociales los exponen públicamente. Sorprenden las notas y mensajes con las que describen los antecedentes y perfiles de los tres candidatos. Lamentablemente, el anonimato que ofrece el Internet ha llegado a un límite que no sólo afecta negativamente a los participantes, sino y, sobre todo, a la universidad. Con verdades y mentiras, hay quienes están desprestigiandotrayectorias individuales y, con ello, también una larga historia institucional. Al parecer, estos mensajes se han elaborado principalmente dentro de la institución. 

Al mismo tiempo, hay otras personas con poder que, valiéndose de la autonomía universitaria, han construido dinámicas perversas y prohibitivas, incluso violando principios de los derechos humanos. Un ejemplo de ello es el impedimento que estipula el artículo 12, fracción I, la Ley Orgánica de la UAA para que personas mayores de 65 años participen en la contienda por ocupar cargos de autoridad, no sólo para la rectoría, sino también para decanaturas de loscentros académicos que componen la institución. Lo hacen aferradas a un artículo atrasado e ignominioso. En este proceso no hay proyección de luz, como algún día lo escribió el poeta Desiderio Macías Silva, sino sombras y más sombras.

Violando el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los derechos humanos, así como los acuerdos internacionales de los que nuestro país ha firmado, se impidió concretamente que dos personas participaran en el proceso de elección y designación de autoridades. Fueron los casos del doctor José Luis QuintanarStéphano, quien tiene interés por llegar a encabezar la rectoría y de la doctora Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño, interesada en dirigir el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. 

La Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos es clara en señalar que no se permite hacer distinción alguna entre las y los ciudadanos en lo concerniente al goce de los derechos de elegibilidad en asuntos públicos “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

En este mismo sentido, el artículo primero constitucional señala textualmente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Las autoridades universitarias tendenciosamente, apegados a un legalismo institucional, omitieron atender dichos mandatos.Desde luego, cargando la balanza a favor de su candidata.

En esta exclusión no se valoran las capacidad, experiencia y méritos académicos y profesionales de los dos aspirantes, que son sobresalientes, como pueden verse en sus currículos. Se debió permitir su participación y esperar a que las y votantes evaluaran y tomaran la decisión. El impedimento es una fragante violación a los derechos humanos, que no tiene justificación objetiva alguna. El apego al artículo 12 de la Ley Orgánica de la UAA no puede estar por encima de la Constitución, ni de los derechos humanos. La decisión es desproporcionada e irrazonable, por el lado que se le vea. Otra vez, la universidad, que debiera ser un ejemplo a seguir dentro y fuera de sus aulas, en cuanto a transparencia, democracia y apego a los más altos valores, ha mostrado que un pequeño grupo prefiere impedir una contienda abierta en la que participen personas con destacada trayectoria y con muchas posibilidades a ganar. 

Un argumento que las autoridades manejan es el respeto a la autonomía de la UAA y, si bien es cierto que el artículo 3°, fracción VII, de nuestra Constitución reconoce la autonomía universitaria; también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que dicha autonomía debe ejercerse en concordancia con el marco constitucional y los derechos humanos. La imposición de un límite de edad sobrepasa los principios de dicha autonomía, toda vez que vulnera derechos fundamentales. En este sentido, la autonomía está acotada por la Carta magna. Lo que ocurrió en nuestra institución es algo que bien criticó Andrés Oppenheimer, un destacado periodista argentino: “La autonomía universitaria blinda a las universidades de la rendición de cuentas y parecen estar a salvo de la crítica”. Y esto no es concebible.

Por el lado de los derechos de las y los trabajadores de la institución, la exclusión basada en un criterio discriminatorio menoscaba el derecho al trabajo señalado en el artículo quinto constitucional, el cual estipula, en este caso, el derecho que tenemos las y los maestros e investigadores universitarios a ser votado y a participar en los asuntos públicos establecido en la propia Constitución, sin poner como límite la edad.

En particular, el doctor y científico José Luis QuintanarStéphano representa lo que a la institución le hace falta: fortalecer el perfil académico de excelencia, el cual se consigue dando prioridad al conocimiento científico y a las humanidades que se enseñan, se construyen y desarrollan con la investigación, y se comparten con la sociedad. Hay que recordar que el doctor Quintanar contendió hace tres años por la rectoría que estuvo cerca de ganar. Bien pudo denunciar la corresponsabilidad dentro de la cúpula institucional en el fraude millonario. Y no lo hizo, quizás para no trastocar el orden institucional que ha caracterizado a la universidad en años. Hay que recordar que, a la fecha, no hay castigos a quienes participaron -por omisión, ignorancia o franca intención- en el desvío del dinero de la universidad, el cual es un dinero público que pertenece atodas y todos los universitarios. 

El posible triunfo de quien es la actual rectora representa la continuidad de lo que en tres años se ha venido haciendo. Sus informes son documentos muy valiosos que dan cuenta de lo que se hizo o dejo de hacer en tres años. Por el otro lado, me atrevo a decir que el posible triunfo de uno de los otros dos contendientes no significa una mejora. En los medios de comunicación y las redes sociales ya se hanevidenciado rasgos de los antecedentes y el perfil del ingeniero Juan José Shaadi Rodríguez. Sus vínculos con el exrector que propició el desvío de recursos y su pésimo desempeño en su segundo trienio no le ayudan. 

Con respecto al licenciado Juan Carlos Arredondo Hernández, ha sorprendido su interés y audacia para involucrarse en el proceso electoral, aún a sabiendas de su desarraigo en la institución. Será un buen profesionista, pero no basta con serlo para encabezar a la UAA. Su iniciativa puede ser un reflejo de la posición endeble de los contrincantes, que le hizo pensar que ganar es fácil. Los resultados de las elecciones del jueves pasado son muy significativos: el estudiantado lo respaldó con el 61.36% de la votación el jueves pasado. La rectora obtuvo tan sólo el 27.39% y el ingeniero Shaadi el 11.23%

Los resultados de la votación de los y las docentes contrasta con la del estudiantado, toda vez, que aquellos votaron por la continuidad, dando su respaldo a la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, con el 62.4%, frente al 23.1% a favor del licenciado Arredondo y el 14.5% al ingeniero Shaadi. Ahora, le toca a la Junta de Gobierno, conformada por nueve personas, decidir quién encabezará los destinos de la UAA en los próximos tres años. Dicha autoridad, como lo marca la normativa institucional, podrá o no atender dichas tendencias. 

Finalmente, en la universidad más importante de Aguascalientes, en medio de escándalos; de obstáculos a quienes, mayores de 65 años, pudieron presentar mejores alternativas, y de impunidad vergonzosa ante el fraude millonario, surge una pregunta ¿las opciones para ocupar el cargo más importante de la institución son continuar con lo que se tiene, con todos sus logros y francas limitaciones, opresenciar un cambio de rumbo, pero, muy probablemente, no para mejorar?  

En estas circunstancias, se diluye la razón de ser de la UAA, como una universidad pública que tiene la misión de ser luz en un momento de oscuridad. Y la lista de problemas es larga y la conocemos: están aquí en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Del proyecto de UAA me parece que se han sobreestimado los esfuerzos que ha hecho en el terreno de la sistematización y eficiencia en la organización, planeación y desarrollo de actividades administrativas; pero que no necesariamente impacta en lo académico y menos en su misión como institución de educación superior de cara a la sociedad y su futuro.

Bien vale la pena recordar palabras del investigador educativo Pablo Latapí Sarre, a quien nuestra universidad le dio el doctorado honoris causa y quien tuvo una destacada cercanía con el departamento de Educación de la institución. Para él, la universidad, sobre todo la latinoamericana, tiene que ser “una comunidad de académicos en busca de la verdad, espacio de disidencia, compromiso desinteresado con el conocimiento e instancia crítica del acontecer social”.Hay que recuperar, entonces, el sentido crítico, incluso rebelde entre los miembros de la comunidad universitaria. 

Este es uno de los grandes retos que tenemos hoy y que, lamentablemente, en la UAA se diluye en una disputa por el poder, caracterizada por la impunidad, el golpeteo mediático y un perfil cuestionable de los contendientes. 

En espera de la designación de autoridad universitaria