¿Quién vigila al que gobierna?

En nuestro país siempre hablamos de quién gobierna, pero muy pocas veces quién vigila al que gobierna. Estamos en tiempos de elecciones, y nos concentramos en los partidos políticos y en los candidatos a gobernadores, presidentes municipales y Presidente de la República; pero jamás prestamos atención en una de las instituciones claves para el ejercicio del poder público y que fue creada para equilibrarlo, y que es el Congreso.

Ante ello, la pregunta resulta incómoda para muchos, pero necesaria: ¿Nuestros legisladores realmente están vigilando al gobierno o solamente están votando sus propuestas?

Representar a los ciudadanos no significa únicamente ocupar una curul, presentar iniciativas o levantar la mano durante una votación.

Representar significa también controlar al poder. El Congreso no fue creado para ser espectador

La democracia constitucional parte de una premisa elemental: ningún poder debe gobernar sin contrapesos, el Ejecutivo administra, el Legislativo representa, legisla, autoriza recursos y fiscaliza y el Judicial resuelve controversias y garantiza la aplicación del orden constitucional dentro de sus competencias.

Cuando alguno de esos equilibrios desaparece, la democracia comienza a debilitarse. Por eso resulta preocupante que en México se haya normalizado que las mayorías legislativas se comporten frecuentemente como extensiones políticas de los gobiernos surgidos de sus propios partidos.

Esto ocurre tanto en el ámbito federal como en numerosos congresos estatales, cuando gobierna un partido, sus legisladores consideran que deben defender al Ejecutivo. Y cuando están en oposición, consideran que deben combatirlo.

Ambas concepciones son equivocadas.

El legislador no fue electo para defender ni para combatir sistemáticamente al gobierno. Fue electo para representar ciudadanos y controlar democráticamente el ejercicio del poder.

El presupuesto debe dejar de ser un cheque en blanco Cada año se desarrolla una enorme discusión alrededor de los presupuestos públicos se negocian cantidades, se modifican partidas, se anuncian incrementos, se defienden programas. Finalmente se aprueba el presupuesto y comienza el ejercicio fiscal.

Pero entonces aparece la pregunta verdaderamente importante: ¿Quién verifica durante el año si ese dinero está produciendo los resultados prometidos?

No debería ser suficiente esperar hasta la revisión posterior de las cuentas públicas. México necesita evolucionar hacia un modelo de control legislativo permanente del gasto público.

El Congreso debería revisar trimestralmente cuatro elementos: LO PLANEADO → LO PRESUPUESTADO → LO EJERCIDO → LO REALIZADO.

Esta sencilla comparación modificaría profundamente la rendición de cuentas.

Supongamos si un gobierno establece como meta construir 20,000 viviendas. El Congreso debería poder conocer trimestralmente: a) cuánto dinero fue autorizado; b) cuánto ha sido ejercido; c) cuántas viviendas fueron contratadas; d) cuántas están en construcción; e) cuántas fueron terminadas; f) cuántas fueron entregadas; g) cuántas familias fueron beneficiadas; y h) cuánto costó realmente cada vivienda.

El mismo principio debería aplicarse a hospitales, carreteras, escuelas, seguridad pública, agua, movilidad, infraestructura y programas sociales.

Del informe político al informe de resultados Los informes de gobierno deberían cambiar radicalmente. Actualmente corren el riesgo de convertirse predominantemente en ejercicios de comunicación política.

Necesitamos convertirlos en auditorías democráticas de resultados. Cada secretaría tendría que presentar ante las comisiones legislativas correspondientes una matriz sencilla:

Y cada indicador tendría una clasificación pública:

VERDE: cumplimiento satisfactorio.
AMARILLO: retraso o riesgo de incumplimiento.
ROJO: incumplimiento.

Así cualquier ciudadano podría conocer no solamente cuánto está gastando su gobierno, sino qué está obteniendo a cambio de ese gasto. Una reforma constitucional para cerrar el círculo

México podría avanzar hacia una nueva generación de control parlamentario. La propuesta sería incorporar expresamente al marco constitucional y reproducir el principio en las constituciones estatales:

El Poder Legislativo realizará evaluaciones periódicas del cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas e indicadores contenidos en los planes y programas de desarrollo, vinculándolos con el presupuesto autorizado, su ejercicio y los resultados obtenidos.

Esta disposición tendría que desarrollarse mediante legislación secundaria. La evaluación debería realizarse cuando menos trimestralmente.

No sustituiría a la Auditoría Superior de la Federación ni a las entidades estatales de fiscalización.

Las complementaría.

La auditoría continuaría revisando legalidad, ejercicio financiero, responsabilidades y desempeño dentro de sus atribuciones.

El Congreso asumiría plenamente su responsabilidad política:

preguntar, comparar, evaluar y exigir explicaciones.

Un Sistema Legislativo de Evaluación del Gobierno

Se podría aplicar en la Cámara de Diputados y replicarlo en los congresos estatales creando un Sistema Legislativo de Evaluación del Gobierno, sustentado en cinco instrumentos.

Primero, un Tablero Público de Cumplimiento, donde cualquier ciudadano pueda consultar el avance de los principales compromisos gubernamentales.

Segundo, comparecencias trimestrales de resultados, no solamente comparecencias derivadas del informe anual.

Tercero, una Oficina Técnica Independiente de Evaluación Presupuestaria, integrada por especialistas y no subordinada políticamente al Ejecutivo.

Cuarto, un mecanismo obligatorio de seguimiento de las observaciones realizadas por los órganos superiores de fiscalización.

Y quinto, una Evaluación Anual del Cumplimiento del Plan de Desarrollo, sometida a discusión pública del Congreso.

El presupuesto siguiente debe depender del resultado anterior

Aquí se encuentra quizá el cambio más importante.

Actualmente podemos mantener durante años programas públicos que reciben presupuesto independientemente de sus resultados.

Eso debe cambiar. Antes de autorizar recursos para el siguiente ejercicio fiscal, las comisiones legislativas deberían responder: ¿Qué resultados produjo el presupuesto anterior?

Un programa eficiente podría fortalecerse.
Uno que presente deficiencias debería corregirse.
Uno que sistemáticamente fracase tendría que rediseñarse o desaparecer.

Esto permitiría transitar verdaderamente hacia un modelo de:

PRESUPUESTO → RESULTADOS → EVALUACIÓN → NUEVO PRESUPUESTO.

El presupuesto dejaría entonces de ser simplemente una distribución anual de dinero para convertirse en una verdadera herramienta de política pública.

Y también debemos evaluar al legislador

Pero sería incongruente exigir evaluación al Ejecutivo sin evaluar también al Congreso.

Los ciudadanos deberían conocer de cada diputado y senador: su asistencia; sus votaciones; su participación en comisiones; sus iniciativas; la calidad y viabilidad de sus propuestas; sus actividades de fiscalización; sus intervenciones en comparecencias; y los resultados de su representación territorial.

Necesitamos pasar del informe político del legislador al informe de resultados del representante popular.

Una nueva relación entre ciudadano, Congreso y gobierno La democracia mexicana necesita evolucionar. Durante décadas construimos instituciones para organizar elecciones competitivas.

El siguiente desafío consiste en construir mejores instituciones para evaluar gobiernos después de las elecciones.

Porque la democracia no termina cuando contamos votos, sí ahí comienza. El ciudadano elige. El Ejecutivo gobierna.

El Congreso vigila. Los órganos fiscalizadores auditan y la sociedad evalúa esto debería ser la cadena democrática.

¿Quién vigila al que gobierna?

La respuesta constitucional debería ser contundente: los ciudadanos, directamente y a través de sus representantes.

Por eso necesitamos recuperar al Poder Legislativo No queremos congresos dedicados permanentemente a bloquear gobiernos. Tampoco congresos subordinados a ellos.

Necesitamos congresos capaces de acompañar las buenas políticas públicas, corregir las deficientes y detener los abusos.

Congresos capaces de preguntar todos los días: ¿Qué prometiste? ¿Cuánto te autorizamos? ¿Cuánto gastaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué resultado obtuviste ¿Y por qué no cumpliste?

Cuando esas preguntas formen parte cotidiana del ejercicio parlamentario, habremos dado un paso enorme. Porque entonces el legislador dejará de ser solamente quien aprueba leyes y presupuestos.

Se convertirá nuevamente en lo que constitucional y democráticamente debe ser: el representante del ciudadano frente al poder.