INDICIOS POSITIVOS
Esta semana ha trascendido en la opinión pública dos noticias correlacionadas a problemáticas que, se habían convertido en pendientes delicados para el nuevo gobierno, donde la salida y resolución final de las mismas, se convertirían en fundamentales para el buen desarrollo de la administración, más, con los efectos negativos provocados por la pandemia y la crisis económica.
Me refiero al proceso para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hecho ocurrido hace casi ya seis años y el segundo es la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, involucrado en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y los malos manejos y corrupción en la compra de una planta de fertilizantes.
Ambos correspondían a cuentas pendientes de los gobiernos anteriores, que se habían convertido en verdaderos monumentos a la impunidad. Asumido por parte del Presidente de la república como compromiso de su administración para esclarecerlos, más allá de los dichos, podían realmente en factores de diferenciación a los gobiernos anteriores del PRIAN.
En cuanto al primer asunto, se ha había dado adelanto por parte del Fiscal de la República Alejandro Gertz Manero, que se habían dado nuevas investigaciones que derrumbaban la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, dictada por quien fuera procurador Jesús Murillo Karam. Días después, el fiscal encargado del asunto, Omar Gómez Trejo, señaló que se habían identificado los restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, los cuales fueron localizados en una barranca a 800 metros del basurero de Cocula, que había sido como uno de los dos lugares donde se dijo que habían sido tirados los restos de los estudiantes (el otro era el Río San Juan).
El proceso de identificación de los restos se llevó a cabo en la Universidad de Innsbruck, en Austria, resultado que fue notificado a los familiares del estudiante, así como los integrantes del Grupo de familiares de los 43, que no han dejado de movilizarse desde la desaparición de los mismos el 26 de septiembre de 2014.
Como efectivamente lo señaló el funcionario de la FGR, se ha “roto el pacto de impunidad y de silencio que se encontraba el caso Ayotzinapa, que negaba el derecho a la verdad y justicia. Hoy decimos ¡Esto no es así! Está es una nueva etapa que rompe con la narrativa de una mentira que cerró más posibilidades de buscar y encontrar”
[bctt tweet=»Luis Alberto Meneses Weyll señaló que “el ex director de Pemex fungió como enlace entre la constructora brasileña e importantes empresarios mexicanos para asociarse y ganar contratos de obra”.» username=»crisolhoy»]
El segundo caso, el de Lozoya Austin se había convertido en emblemático en toda Latinoamérica por los niveles de corrupción sin que pasara nada. En una buena parte de países altos funcionarios habían sido procesados por ello o provocado el suicidio, como fue el expresidente peruano Alan García. Pero en México no se había perseguido a nadie ni detenido a implicados hasta ahora.
Y había imputaciones directas. Según informaciones publicadas de manera reiterada por el ex director de Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll señaló que “el ex director de Pemex fungió como enlace entre la constructora brasileña e importantes empresarios mexicanos para asociarse y ganar contratos de obra”.
Entrado el nuevo gobierno, Lozoya no vio el menor apoyo de sus antiguos correligionarios ni jefes, por lo que, ya detenido en Málaga y visto que ya no se iba a escapar del juicio, a de haber sopesado la situación y decidido cooperar para amainar su sentencia y distender la presión contra sus familiares. De esta manera, aceptó la extradición a México. Se supone que este viernes 10 de julio estaría llegando al país.
La expectativa es que se abra la cloaca y que quede al descubierto el involucramiento no sólo de exfuncionarios de Petróleos Mexicanos, sino de personajes arriba de Lozoya Austin, como el mismo Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Si se corrobora que hubo dinero de Odebrecht para apoyar la campaña presidencial de este último o hubo otros destinos.
El antiguo régimen esperaba que el tiempo tapara las cosas de ambos asuntos, al igual que otros más, afianzándose la impunidad, aunque el pueblo mexicano no tuviese presente. Medida correcta fue haber asumido el compromiso por parte del gobierno de López Obrador el esclarecimiento de estos casos, aún cuando se convertía en un reto fundamental para salvaguardar su credibilidad, aún cuando no era el responsable.
Lo anunciado esta semana nos confirma que no habrá impunidad y si se aplicará la justicia.
