Carlos Darío, Ayuso y la memoria policial de la gobernadora de Aguascalientes

El problema no es que hayan soltado a Carlos Darío. El problema es que pudieron encerrarlo y todo lo que ello significa en el contexto político de Aguascalientes.

La libertad de un joven detenido después de protestar contra Isabel Díaz Ayuso no puede convertirse en punto final de lo que parece ser una historia de terror. El hecho, por sí mismo, tampoco puede ser usado como bálsamo, cortina o como botón de apagado de la indignación pública. Porque si algo revela este caso, no es, únicamente, la fragilidad de un expediente penal, sino la forma en que el poder político puede administrar el miedo. Como en un guion, claramente definido, primero se reprime, luego se judicializa, después se mide el costo social, y finalmente se libera para que todos respiren, se dispersen y olviden, incluso se borre cualquier rastro y el tiempo deseche las dudas.

Pero no. No debe haber olvido. Ni perdón, ni olvido.

Carlos Darío ya está fuera, pero el peligro continúa allí. Su vida, su integridad y su recuperación son lo primero. Eso es indiscutible. Pero que esté fuera no explica por qué fue detenido. No explica por qué su familia se vio en la necesidad de buscarlo. Ni por qué organizaciones denunciaron incomunicación. Tampoco por qué terminó en el CERESO, ni la imputación de delitos contra la salud. No explica por qué su madre denunció públicamente tortura y daño psicológico. Pero, sobre todo, no explica qué autoridad decidió convertir a un joven manifestante en mensaje político. Ni tampoco, desde luego, se explican todas esas conexiones. BI Noticias reportó su liberación y recogió que su madre denunció tortura, daño psicológico y cuestionamientos sobre quienes participaron en la protesta, contactos y colectivos.

Sin embargo, la liberación no borra la detención ni haberla padecido. Su salida no borra el hecho de haber sido obligado a pisar la celda. Él no estuvo encerrado por gusto. El saber que su madre aún puede abrazarlo no borra ni disminuye la operación institucional que hizo posible que Carlos Darío pasara de la protesta al encierro.

Y el gobierno celeste, que se yergue casi misericorde, enmudece cuando lo que debe es hablar. Pero no sólo para parafrasear alguna metafórica presunción anteponiendo una sublime disculpa. Los órganos del estado involucrados deben poner sobre la mesa documentos, fechas, registros, nombres, videos, partes médicos, cadena de custodia, Informe Policial Homologado, Registro Nacional de Detenciones y explicación jurídica completa. La exigencia no es para que digan “usted disculpe”. La exigencia es que sean exhibidos y sancionados como lo que son, REPRESORES.

Recordemos que esta vergonzante situación que involucra el quehacer público no nació espontáneamente. Carlos Darío participó en las manifestaciones contra la visita de Isabel Díaz Ayuso a Aguascalientes. Aquella visita no fue un acto cultural o diplomático inocente. Fue una ceremonia política de la derecha local que se convirtió en una provocación simbólica y una puesta en escena de sus aspiraciones absolutistas de poder. La Jornada documentó que la visita de Ayuso estuvo rodeada por un operativo de seguridad con policías estatales y municipales, vallas y retiro a empujones de manifestantes para permitir el paso de un vehículo. BI Noticias también reportó que decenas de personas se manifestaron contra la condecoración y que la Plaza de la Patria fue cercada por un operativo de seguridad.

En esta misma Línea Dura advertimos el sentido profundo del episodio, cuando la solemnidad se volvió intimidación. Cuando una regidora electa, Martha Márquez, subió al escenario custodiando una pancarta que decía “No tenemos agua”. No era un arma. Tampoco se hizo acompañar de un grupo de choque. Solamente llevaba una denuncia política a un recinto público para reivindicar su importancia a los ojos de sus iguales, sí, sus iguales, los otros miembros del Ayuntamiento. La respuesta del poder fue tratar la protesta como amenaza de seguridad. Y ahí, frente a todos y sin filtros, violencia, empellones, injerencismo y hasta presumible gente armada en labor de contención, respaldando la mirada colérica de la gobernadora.

Después vendría el episodio de la “desaparición” de Carlos Darío.

Y entonces, la pregunta se volvió más grave. ¿Cuándo pasó Aguascalientes de blindar actos protocolarios a perseguir penalmente a quienes los incomodan?

Así, tal cual digo. Porque no sabría cómo nombrar o en qué sentido tomar las declaraciones del impresentable secretario del Ayuntamiento amenazando con sancionar económicamente a Martha Márquez por llevar a su presencia lo que ellos se han negado a atender.

Luego N+ reportó que familiares y organizaciones denunciaron una presunta detención arbitraria; que Carlos Darío fue buscado incluso en el SEMEFO; que su familia supo después que estaba en el CERESO; y que, según la versión familiar, permaneció incomunicado durante los días 8, 9 y 10 de mayo. LJA consignó que organizaciones denunciaron secrecía, falta de comunicación con familiares, uso partidista del aparato penal y criminalización de activistas.

Ese es el verdadero núcleo del caso. Aquí no estamos sólo ante la detención ordinaria de “Juan Pérez”. Estamos ante una secuencia de opacidad en la administración de la impartición de justicia. En sentido jurídico estricto, la impartición de justicia empieza cuando interviene el Poder Judicial, particularmente un juez de control. Pero, en un caso como Carlos Darío, el uso político del sistema penal empieza desde la vigilancia, selección, detención, incomunicación, puesta a disposición y fabricación o acomodo de imputaciones. En este caso, la “justicia” comenzó demasiado tarde. Para cuando Carlos Darío llegó ante el juez, el mensaje político ya estaba sembrado y era muy claro: protestar te cuesta la cárcel. En un Estado de derecho, el juez de control existe para impedir que la Fiscalía convierta la persecución política en expediente penal. Si el juez no detiene esa operación, la impartición de justicia deja de ser contrapeso y se vuelve trámite de legitimación. Y a todas vistas aquí algo falló.

Después de la liberación de Carlos Darío puede haber dos lecturas. La primera, cargada a la parte emocional y humana porque salió; está con su familia, puede empezar a recuperarse de todo aquello que sólo él sabe que vivió. Desde luego que esa parte es ineludible y se antoja indispensable ya que, tampoco, nadie tiene derecho a exigirle a una víctima que se convierta en bandera permanente de su propio daño.

Pero también está la segunda lectura que evidentemente es política, cuando hablamos de que su liberación también puede funcionar como caballo de Troya para propiciar el olvido.

Lo sueltan y la tensión social baja, la marcha se cancela, la conversación pública ya no es la misma. Lo sueltan y algunos pasan al clásico “ya estuvo”. Lo sueltan sí, pero el aparato que lo encerró permanece intacto.

Ese es el riesgo. Que el joven liberado sea usado, incluso sin quererlo, para clausurar la discusión sobre la persecución, el abuso, la incriminación, la tortura denunciada, el encubrimiento institucional y el sembrado de miedo. Porque lo que pasó no sólo termina con Carlos Darío. Escudriñar los hechos es indispensable para evitar a todos los demás que vendrán con un antecedente así de claro.

Cuando el Estado y las personas a cargo aprenden que puede detener a alguien, incomunicarlo, acusarlo, encarcelarlo y luego liberarlo cuando el costo político aumenta, el mensaje queda sembrado y fertilizado. Protestar sale caro.

Ahora, es claro que una golondrina no hace verano, pero tampoco el caso Carlos Darío es un “hecho aislado”. Aguascalientes tiene antecedentes documentados de detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura, uso opaco de separos y abuso policial. No todos pertenecen al mismo periodo ni todos permiten atribuir responsabilidad personal directa a una sola figura política. Pero sí dibujan una genealogía institucional preocupante y, particularmente, cada vez menos ajena.

En 2017, durante la primera administración municipal de Teresa Jiménez, El Universal documentó que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigaba la presunta tortura de nueve hombres por policías municipales de Aguascalientes. Las víctimas, según esa cobertura, fueron sustraídas de separos de la Policía Municipal y abandonadas con lesiones graves y fracturas expuestas. El entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos habló de claros indicios de tortura.

Ese es un antecedente brutal. No por querer forzar equipararlo, sino porque contiene elementos que hoy están presentes, léase, separos, policías, traslado opaco, custodia estatal, lesiones, miedo, indefensión.

También existen recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes correspondientes a 2018 donde aparecen casos de detención arbitraria, golpes, malos tratos, traslados al C4, negativa de llamada telefónica, ingreso a domicilio y vulneración de derechos por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes. En uno de esos expedientes, la Comisión registró que una persona fue detenida con violencia y trasladada al C4 sin que se le explicara el motivo; en otro, se acreditaron violaciones a la libertad personal, integridad e inviolabilidad del domicilio.

Insisto. No se trata de decir, sin pruebas, que todo es idéntico. Se trata de decir algo más consistente, que es que, el caso Carlos Darío cae sobre una tierra ya marcada por antecedentes de abuso policial y opacidad institucional.

Y todavía hay más. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH publicó el Informe Especial 12/2024 sobre los separos municipales en Aguascalientes y Sinaloa. Ahí se señala que el informe identifica factores de riesgo en centros de detención municipal y propone líneas de acción para erradicar riesgos de tortura o malos tratos. El propio informe muestra visitas a municipios de Aguascalientes, incluido el municipio capital y explica que se recabó información sobre condiciones de privación de la libertad mediante entrevistas a autoridades, personal médico y personas privadas de la libertad.

Esto es relevante porque Carlos Darío no fue sólo un joven señalado en redes o en la calle, ni tampoco mediante algún tipo de amonestación. Fue una persona sometida al aparato de privación de libertad. El mismo que, en Aguascalientes, ya tiene observaciones, alertas y antecedentes.

También conviene decirlo con precisión. No hay que afirmar sin prueba que Teresa Jiménez ordenó detener, torturar o fabricar delitos contra Carlos Darío. Esa sería una imputación penal directa que requiere evidencia concreta.

Lo que sí se puede afirmar es que durante su trayectoria política —como presidenta municipal y ahora como gobernadora— han existido antecedentes documentados de abusos policiales, detenciones arbitrarias, malos tratos, opacidad en separos, represión de protesta y señalamientos de tortura dentro del ecosistema institucional de Aguascalientes.

Ese ecosistema no se gobierna ni se mueve solo. Tiene mandos, secretarios, fiscales. Tiene jueces cívicos, policías, operadores. Pero también tiene silencios, omisiones y, sobre todo, jefaturas políticas.

Bajo esas condiciones la gobernadora no puede actuar como espectadora cuando un caso como el de Carlos Darío se detona. Tampoco puede refugiarse en la Fiscalía como si esa institución fuera una nube, una entidad metafísica, una suerte de manto divino que el dogma no le confiere explicación, ni tampoco usarla como una caja negra sin responsabilidades políticas. La Fiscalía está obligada a responder por la investigación penal. Pero el gobierno debe responder por el clima político, por el uso de la fuerza pública, por la protección de derechos, por la no repetición y por el mensaje que se manda a quienes protestan.

La pregunta no es si Teresa Jiménez firmó una orden o dio una instrucción. La pregunta políticamente objetiva es si su gobierno va a obligar a que Aguascalientes se acostumbre a que los jóvenes puedan desaparecer momentáneamente del espacio público, reaparecer como imputados y salir sólo cuando la presión social hace demasiado costoso mantenerlos presos. Léase, si en Aguascalientes se respetan los derechos humanos o no.

La entidad arrastra un antecedente mayor. El informe de ONU-DH, “Hasta perder el sentido”, documentó la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014. El propio informe explica que analizó patrones relacionados con arrestos, traslados, lugares de detención, retención ilegal e incomunicación. En su resumen ejecutivo, ONU-DH señaló que la tortura es una violación grave de derechos humanos, de prohibición absoluta en el derecho internacional, y que el informe identificó patrones a partir de diversas fuentes de información.

Es cierto que ese periodo es anterior a Teresa Jiménez y no debe usarse para atribuirle hechos que no corresponden a su gobierno. Pero sí debe usarse para recordar que Aguascalientes no parte de cero. La tortura, la incomunicación y la retención ilegal no son fantasmas o enemigos creados por la oposición. Son temas ampliamente documentados en el Estado.

Por eso Carlos Darío significa algo más que el dolor familiar. Porque parece reactivar una memoria que Aguascalientes no ha querido mirar frontalmente. Memoria del detenido que se pierde dentro del aparato, la familia que busca, la autoridad que calla, la acusación que aparece, la víctima que sale lastimada y el gobierno que espera que el tiempo y el silencio hagan el trabajo sucio.

Porque ese dolor arde extrapolado al colectivo cuando vemos la diferencia y el distingo en el manejo de la fuerza y la justicia. Nada menos hace unos días, en esta misma columna, se habló de la Feria del “saldo blanco” y la justicia de los apellidos. Ahí se señaló una contradicción que el panismo con alcurnia burocrática no puede esconder. Mientras cientos de ciudadanos comunes pasan por detenciones administrativas, multas, separos y sanciones, los “perfiles” con cargo, apellido o relación institucional parecen atravesar el sistema con otro trato. Con un cuidado complaciente.

Carlos Darío cae justo en el otro extremo de esa balanza.

No es el burócrata amigo que saluda afablemente. No es magistrado. No es funcionario de alto rango. No tiene apellido protegido. No pertenece a la corte de los intocables. Él es prole. Es un joven activista. Y con los jóvenes activistas el aparato puede ser feroz, o “poquito menos condescendiente”, pues les carga la sospecha, les fabrica reputación, los vuelve expediente, los obliga al antecedente y los transforma en advertencia. Los victimiza como lección social para el que se queja.

Discrecionalidad para los de arriba e implacabilidad para los de abajo. Apenas justicia administrativa para los apellidos, pero justicia penal para quienes protestan. Ese es el fondo político y, el verdadero problema, es que nadie puede salir bien librado justificando lo acontecido.

Por eso la liberación no basta. El gobierno de Aguascalientes, la Fiscalía y las autoridades involucradas deben explicar, por lo menos, esta larga lista:

1. ¿Quién ordenó la detención?
   
2. ¿Hubo flagrancia, orden judicial o caso urgente?
   
3. ¿A qué hora exacta fue detenido?
   
4. ¿A qué hora fue registrado?
   
5. ¿Dónde estuvo durante las horas y días denunciados como incomunicación?
   
6. ¿Por qué la familia no fue informada de inmediato?
   
7. ¿Qué agentes participaron?
   
8. ¿Qué unidad se usó?
   
9. ¿Qué cámaras existen?
   
10. ¿Qué dice el Registro Nacional de Detenciones?
    
11. ¿Qué dice el Informe Policial Homologado?
    
12. ¿Qué prueba sostiene la acusación de delitos contra la salud?
    
13. ¿Dónde está la cadena de custodia?
    
14. ¿Por qué se le impuso prisión preventiva?
    
15. ¿Por qué fue liberado después?
    
16. ¿Se abrió investigación por tortura?
    
17. ¿Se aplicará Protocolo de Estambul?
    
18. ¿Habrá medidas de protección para Carlos Darío y su familia?
    

Si no responden eso, no hay Estado de derecho. Sólo nos ofrecen una sutil pretensión de administración del daño.

Por su parte, la voz de la madre de Carlos Darío habla desde el dolor, desde el miedo y desde la necesidad elemental de proteger a su hijo. Así es la postura de cualquiera que vive la horrible experiencia de un proceso de desaparición y nadie debe juzgarla con ligereza. Pero políticamente, la exigencia no puede ser que el gobierno se calle. Eso es tanto como solapar que vuelva a ocurrir, a otras madres, a otros hijos. El gobierno no sólo debe hablar, debe explicar, entregar documentos, mostrar registros, abrir carpetas, identificar mandos, preservar videos, permitir peritajes independientes y responder por la cadena completa.

El silencio del gobierno no protege a Carlos Darío, ni a la sociedad. El silencio les protege a ellos, a esos involucrados que definitivamente nos quieren presentar el encubrimiento vestido de “cumplimiento del deber” o ni siquiera eso.

Y eso es justamente lo que no se puede permitir.

Carlos Darío está libre, pero el caso sigue abierto. Terminó, quizá, la parte más urgente que era concluir su detención. Pero empieza la parte más importante para la vida pública que redunda en impedir que su detención sea normalizada como advertencia.

En Aguascalientes debe ser inadmisible ser detenido por protestar. Si sucede y después de la presión social la persona es liberada y abandonada luego al silencio institucional, sin ninguna responsabilidad sancionada, entonces el mensaje será devastador, porque el derecho a protestar existe, pero puede cobrarse con cárcel. Hay derecho formal, pero el derecho material se fue a la mierda.

Lo soltaron para que se acabara el ruido y las preguntas, pero justo es cuando deben empezar. No por una fútil venganza o consigna, mucho menos por oportunismo o raja política. Sino porque la libertad de Carlos Darío no borra la pregunta central del asunto.

¿Por qué diablos lo metieron a la cárcel?