EL DEBATE SOBRE LA REFORMA ELÉCTRICA
Quizá no de inmediato, pero es posible que si pase la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo federal ante las Cámaras, aún dos obstáculos incuestionables; primero, en tanto implica reformas constitucionales a tres artículos, requiere aproximadamente cincuenta votos más, que hasta el momento no tiene. Segundo, la intensa y recrudecida campaña en contra de la oposición y de los intereses económicos que se verían afectados, que están haciendo lo suyo para impedir que la reforma avance.
Aún con todo, la iniciativa es pertinente y necesaria, el documento en su exposición de motivos señala que, la reforma del 2013 “significó un cambio normativo de carácter regresivo. Estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despido, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. Así se instrumentó el menoscabo de los derechos históricos de la nación sobre el patrimonio energético, el desmantelamiento de una industria eléctrica de carácter integral –resultado de décadas de enormes esfuerzos ciudadanos gubernamentales– concluyendo con el debilitamiento del sistema eléctrico nacional, la seguridad energética y la seguridad nacional”.
López Obrador ha señalado que la iniciativa no implica ni nacionalización ni expropiación, lo cual es cierto, lo que si está en medio es el regreso al Estado de su capacidad rectora, pero además acabar con los abusos implementados en contratos leoninos, donde los intereses privados solo actuaban con la visión de ganar ganar.
El cinismo con el cual actúan y proceden los partidos que promovieron la contrarreforma del 2013 o las empresas beneficiadas por el saqueo de la Comisión Federal de Electricidad, es mayúsculo, cuando señalan argumentos falsos y exagerados. Pongo como ejemplo lo declarado esta semana por el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) que, afirma que con la iniciativa se provocaría el incremento de las tarifas de la luz para los hogares y empresa, además de que se evitaría la utilización de energías limpias. Asustan con el petate del muerto y lo que no aceptan es que se acabe el abuso en el manejo del sector, al amparo de sus intereses y mantenimiento de sus ganancias.
Pero así como el CEEG hay otras entidades más, que han mostrado su preocupación, lo que en realidad corresponde a la defensa de una visión patronal, despegada de la atención al interés general. Al respecto, la calificadora internacional Moody’s que con la iniciativa “afectaría a la calificación crediticia” de México, opiniones que conforme pasa el tiempo, menos nos interesan a muchos mexicanos.
La oposición y los intereses económicos particulares están haciendo lo suyo para evitar la aprobación de la iniciativa. Están en su derecho hacerlo. Pero quienes estamos de acuerdo con la Iniciativa, tenemos la obligación de defenderla, mostrar las bondades de la misma, aclarar las falacias con las que se intenta crear una percepción adversa y empujar para que los legisladores realmente asuman un papel al lado de sus representados.
La iniciativa fortalece la capacidad rectora del Estado, al igual que a la Comisión Federal de Electricidad, muy disminuida por las acciones de los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN, al igual que como operaron con Pemex. En vez de pagar a particulares, se podría aplicar reinversiones en la CFE para mejorar su infraestructura y capacidad de atención, además de mantener las tarifas sin incremento, a diferencia de lo que señalan los detractores.
La iniciativa también tiene otro aspecto que es necesario comentar y que corresponde a la mayor intervención estatal en la exploración, explotación y comercialización de litio, rubro en el cual no había intervenido y que seguramente fue considerado a partir de las consideraciones y experiencias presentadas por el Presidente boliviano Luis Arce en su primera visita oficial a nuestro país.
Como bien señala Antonio Gershenson, “desde el momento en que se informó de yacimientos de litio en territorio nacional, los gobiernos del siglo pasado, hasta los últimos neoliberales, pudieron atender esta fuente de riqueza natural. Pero no quisieron o no tuvieron la información correcta, aunque tal vez ya habrían negociado con las empresas inglesas y canadienses para la exploración y explotación subsecuente para enviar el litio a diversos lugares del mundo, especialmente a Asia”.
Ahora, sin desconsiderar los contratos existentes, el Estado mexicano promoverá un mayor control en este rubro, que implica una fuente de riqueza para los mexicanos y que como tal debe verse. Eso quiere decir que en adelante no se otorgarán más concesiones a particulares.
Esperemos que la iniciativa tenga un final feliz, que implica su aprobación en las Cámaras.
