Juárez y el fracaso de las cárceles mexicanas
La tragedia ocurrida en el Centro de Reinserción Social (CERESO) número 3 de Ciudad Juárez, viene aderezar el grave episodio de violencia que vive México, pero sobre todo expone nuevamente la podredumbre de las cárceles y penales en el país, así como el control que tienen los grupos criminales sobre éstas.
Lo de Juárez no es nuevo. La lista es larga en los últimos años: la masacre en el Penal de Cadereyta en 2017 que dejó 18 muertos, la del Penal de Apodaca en 2016 que dejó como saldo 44 reos muertos, el motín en el Penal de Reynosa en 2015 que arrojó 16 muertos o el grave episodio de violencia en el Penal de Topo Chico en 2015 cuyo saldo fue de 52 víctimas mortales; entre muchos otros.
El problema es añejo y profundo. Desde hace muchos años las cárceles mexicanas se han convertido en verdaderas bombas de tiempo. En el sexenio pasado, por ejemplo, se registraron más de 3 mil 700 disturbios en cárceles de los tres niveles de gobierno. Esto es el doble de lo ocurrido en el sexenio anterior (de Felipe Calderón).
Hoy y a pesar de la iniciativa de Amnistía con la que el gobierno de López Obrados buscaba despresurizar las cárceles del país, la población carcelaria ha aumentado en el presente sexenio y el hacinamiento rebasa el 80% en muchas cárceles y centros penitenciarios.
La sobrepoblación pues, es uno de los factores más delicados en este contexto. Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) correspondientes al 2022, reportan una población carcelaria de más de 225 mil personas. Pero lo más grave es que al menos el sesenta por ciento de los penales federales (172 de 288) presentan niveles preocupantes de sobrepoblación. Los casos más graves se encuentran en el Estado de México, Jalisco, Durango y Nayarit. Vale la pena decir que los penales estatales no se salvan de esta situación.
El otro factor que agrava (y mucho) la situación, es el control y la influencia de los grupos de la delincuencia organizada en los centros de reclusión. Para nadie es secreto que los criminales controlan muchos de los penales en México: su vida interna y los delitos que desde ahí se cometen, hacia adentro y hacia fuera, en perjuicio de la propia población carcelaria y de la sociedad en general.
Sin embargo, la colusión de las autoridades y la ausencia de un modelo eficaz que permita la readaptación de los presos condenados por delitos menores y la reclusión estricta (aislamiento e incluso extradición) de aquellos condenados por delitos graves; sigue perpetuando el fracaso del sistema penitenciario en México.
Ahora bien, ¿qué pasa con la responsabilidad de las autoridades locales en este terrible escenario?, pues no mucho como hemos visto en el caso de la tragedia de Juárez, en donde el gobierno estatal (a quien corresponde la administración del Cereso) ha hecho mutis sobre los pormenores del motín que derivó en la muerte de 10 custodios y 7 reos, y en la fuga de otros 30 (entre ellos Ernesto Alfredo Piñon, un líder del grupo de Los Mexicles condenado por homicidio, secuestro, posesión de armas y otros delitos graves).
Lo de Juárez desnuda una vez más la cruda y podrida realidad de un eslabón fundamental en la procuración de justicia. Lo de Juárez nos hace pensar en la realidad salvadoreña con las pandillas, cuyos miembros atiborraron las cárceles de todo el país, hasta que éstas colapsaron. Es momento de pensar (y diseñar) otras soluciones, unas que además de poner alto a la corrupción y la impunidad que priva en las cárceles mexicanas, atiendan el grave deterioro del tejido social que sigue arrojando presos al por mayor.
