¿Primavera con bajas temperaturas y ventiscas?
El primero de mayo, en una ceremonia oficial, con la presencia de la presidenta de la república y algunos dirigentes sindicales, el secretario del Trabajo Marath Bolaños afirmó que México vive una “primavera laboral”. Argumentó que en el pasado neoliberal se debilitaron todos los derechos de los trabajadores, lo que dejó una “profunda huella de desigualdad”. Luego, enumeró los principales logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T), principalmente los incrementos al salario mínimo y los cambios legislativos en materia de: reparto de utilidades, subcontratación, pensiones, trabajadores de plataformasdigitales, jornaleros agrícolas y jornada semanal de 40 horas. Advirtió, sin embargo, que “el actual gobierno busca consolidar y ampliar estos derechos con nuevas reformas ya que no se ha logrado “revertir los efectos de más de tres décadas de políticas neoliberales.”.
El secretario tiene razón en advertir ambas cosas: en efecto, el clima laboral ha cambiado y, al mismo tiempo hay asuntos pendientes muy importantes. Los aumentos salariales han ocurrido no sólo en los mínimos legales, también, aunque en menor medida, en los salarios medios (de cotización del IMSS), principalmente en la industria manufacturera. Así, mientras los mínimos (promedio nacional) han crecido, entre 2018 y 2025 en más de 134% en términos reales (descontando la inflación), los medios lo han hecho en alrededor del 30% y los manufactureros en casi 39%. Estos incrementos han reducido la pobreza laboral en más de diez puntos porcentuales.
La “primavera laboral”, no obstante, arrastra serios problemas estructurales: el más destacado, la informalidad, la cual alcanzó en marzo de este año casi el 55% (ENOE-INEGI). Un nivel que casi no se ha movido en los últimos años. Hay que agregar que este porcentaje se compone de trabajadores por cuenta propia, que no dependen de un patrón (29%), y aquellas personas trabajadoras que son asalariadas, pero no cuentan con seguridad social (25%). Este último dato es relevante porque muestra que, en México, la ley no se cumple a cabalidad ya que la inscripción al IMSS u a otra institución similar, es obligatoria.
El secretario no mencionó este problema como tampoco habló de la caída tendencial del empleo que se ha presentado desde 2025. En la industria de la transformación el saldo anual (2025-2026) es, incluso negativo, es decir se han perdido empleos.
Un problema esencial que debe destacarse se refiere a la brecha que existe entre las leyes y la realidad. El pasado neoliberal se caracterizó por sus políticas de contención salarial, de flexibilidad, y particularmente por el fomento de sindicatos fantasma y contratos de protección patronal, instrumentos que se distinguieron por la carencia absoluta deprácticas democráticas, lo que a su vez inhibió la protesta delos trabajadores. Todo ello convirtió la contratación colectiva en una falla sistémica. Muy pocos trabajadores discutieron y participaron en las negociaciones con los patrones para mejorar sus condiciones de trabajo.
El problema es que ese desperfecto estructural casi no se ha modificado. A pesar de las reformas constitucionales y legales de 2017 y 2019 que ofrecieron la democracia mediante el voto directo y secreto de los agremiados paraelegir a sus dirigentes y decidir acerca de sus revisiones contractuales, el panorama sigue dominado por organizaciones y practicas que no se han ajustado a esos nuevos lineamientos. Peor aún, han surgido o tomado fuerza sindicatos y confederaciones cercanas al partido MORENA que han sido acusadas de graves hechos de corrupción y violencia. El caso más evidente es la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México).
La brecha entre la ley y la vida cotidiana que sufren muchos trabajadores diariamente también se ha reflejado en otros ámbitos: por ejemplo, en el sector público. El gobierno federal, y los estales y municipales mantienen la práctica de contratar por honorarios o por el llamado capítulo 3000, es decir, por tiempo determinado, sin prestaciones y con bajos salarios. Además, las reformas a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado no han dado por resultado una verdadera democracia sindical.
Hay que resaltar, igualmente, que algunas instituciones recién creadas todavía están en una situación precaria. Los juzgados laborales no ofrecen todavía una justicia pronta, expedita y apegada a la ley. O los centros de Conciliación y Registro laboral mismos que no cumplen plenamente con su función u obedecen a dictados de los gobernadores.
Muchos problemas derivan de la llamada “austeridad republicana”. Los recursos presupuestales destinados a las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley, como la inspección laboral, han disminuido en los últimos años a pesar de que desde el pasado neoliberal México conserva uno de los últimos lugares en América Latina en esta materia. De acuerdo con cifras de la OIT, los inspectore laborales por cada 10 mil empleados tuvieron un índice de 0.84 en Chile, 0.31 en Brasil y apenas un 0.13 en México. No sólo la inspección. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo o a las partidas destinadas al fomento del empleo también han sufrido recortes. Por su parte, el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal carece de “dientes” para obligar a las empresas y sindicatos a cumplir con sus lineamientos y ha visto una reducción de su presupuesto. En fin, en general, las instituciones laborales se han debilitado.
Hay, igualmente, casos en que las reformas o bien han sido incompletas, o mal diseñadas. Por ejemplo, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”; o la que busca asegurar a los trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y la contratación colectiva. Sin embargo, el asunto más relevante es el del sistema de pensiones contributivas, aquel en el que las personas trabajadoras y los empleadores aportan cuotas a las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), empresas privadas (con excepción dePensionissste) encargadas de manejar estos recursos y otorgar la pensión correspondiente. Aunque ha habido varias reformas, principalmente la del 2020, el sistema sigue siendomuy oneroso para las arcas públicas y ofrece una cobertura limitada en relación con el total de personas trabajadoras. La tasa de reemplazo (es decir la cantidad que recibe el trabajador al momento de jubilarse como proporción de suúltimo salario mientras estaba activo) ha requerido cada vez más subsidios gubernamentales para elevarla a un nivel entre 50 y 70%. Además, los trabajadores jubilados se quejan de que su pensión apenas aumenta cada año.
El análisis de cada reforma aprobada en estos últimos ocho años podría mostrar bondades, esfuerzos por mejorar la protección de los trabajadores, pero también debilidades en su aplicación o diseño. Las movilizaciones sindicales, el surgimiento dificultoso de nuevas organizacionesdemocráticas y las huelgas ocurridas en los últimos años, son una expresión tanto de las modifdicaciones legales aprobadas recientemente, como de las fallas y persistenciasde viejos problemas.
De esta manera, la “primavera laboral” anunciada el pasado primero de mayo todavía padece de bajas temperaturas, noha brillado el sol en su plenitud, ni han renacido muchas flores después del largo invierno neoliberal. Ha habido cambios, sobre todo en materia salarial y en las reformas legales; sin embargo, el gobierno enfrenta ventiscas que amenazan estas mudanzas. El principal, en estos momentos, es la caída del empleo particularmente en la industria manufacturera.
Para que se produzca una transformación de la magnitud con la que pretende ilustrarnos el secretario Bolaños, se requieren no sólo más reformas. Es necesario acelerar el crecimiento económico; cambiar la orientación del gasto,revisar la “austeridad republicana” ahí donde ésta debilita las instituciones del trabajo; y una ruptura del gobierno y su partido con algunos grupos sindicales que mantienen las prácticas antidemocráticas y violentas del pasado neoliberal.
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