Revés de la SCJN a la censura y el acoso
Bien haría el gobierno panista de María Teresa Jiménez Esquivel en recordar la historia de hoy, que se refiere a la censura y el desenlace legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si persiste su interés de mandar al Congreso del Estado la iniciativa de una “Ley de Comunicación”, para amordazar a editorialistas, columnistas y opinadores alejados del oficialismo, porque vulneraría el régimen de libertades consagrado en la Constitución.
Hay que tener mucho cuidado con ese lobo con piel de oveja, llamado Enrique Kike de la Torre de la Paz, el jefe de prensa y vocero de la administración estatal panista, quien está convertido en el principal artífice de la decisión autoritaria; ojalá el funcionario asista al funeral de sus propias palabras y aviesos propósitos, y la doctora en derecho, Jiménez Esquivel, le unte el óleo sagrado en el sacramento de la extremaunción, antes de morir.
El lejano 20 de octubre de 2020 publiqué el texto Los pecados de Ricardo Rodríguez Vargas, sustentado en el reportaje Indep: sexo, alcohol y bienes, de Bibiana Belsasso. Esta joya del periodismo de investigación dio los buenos días en el diario La Razón semanas antes, el 6 de octubre, para desgracia del aguascalentense Ricardo Rodríguez Vargas, quien se incomodó y reaccionó de manera aireada, iracunda, olvidando que fue siervo del presidente López Obrador, monaguillo de la Cuarta Transformación y durante su gestión el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se convirtió en el Instituto para Robar al Pueblo lo Devuelto.
Casi cinco años después, el 14 de este mes, la periodista Belsasso informó en sus redes sociales que “la Suprema Corte rechazó el amparo de Ricardo Rodríguez Vargas, exdirector del INDEP, contra mía por una columna en la que señalé corrupción y acoso en su gestión”.
El mismo día la columnista Belsasso publicó en La Razón, bajo el título Un fallo contra la censura y el acoso, la historia que reproduzco parcialmente: ¿Recuerdan a aquel titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Ricardo Rodríguez Vargas, a quien quitaron del cargo y cuando llegó su sucesor, Jaime Cárdenas, quien solamente estuvo al frente por 100 días, denunció todo tipo de actos de corrupción, desde manipulación de las subastas hasta cómo desvalijaron las joyas que estaban en la bóveda de la institución y que habían sido incautadas de su antecesor?
Estamos hablando de que el Indep es un organismo público, descentralizado del Gobierno de México, que administra, comercializa y destina los bienes asegurados confiscados por la autoridad. Durante toda su gestión, Rodríguez Vargas dispuso de esos bienes a su conveniencia.
Anteriormente era el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pero en 2020, se le cambió el nombre al Indep para que tuviera un enfoque propagandístico. Y, pues, durante la gestión de Rodríguez Vargas no le regresaron al pueblo lo robado, pero sí me demandó por publicar lo que sucedía en el Indep.
Pero además, Rodríguez Vargas tenía otros señalamientos, entre ellos el acoso a varias mujeres que trabajaban en su oficina. En 2020, como periodista, se acercaron a mí varias mujeres que fueron sus víctimas y escribí una columna, teniendo los testimonios grabados, que no los quise hacer públicos pensando en las jóvenes y las consecuencias que podrían tener, porque siguen siendo acosadas por su exjefe. Cuando se publicó la columna, Rodríguez Vargas me amenazó y me demandó.
Fue tal su descaro, que en una de las audiencias en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, me dijo que escribiera que lo que decía en mi columna con respecto a las jóvenes era falso, que retiraba la demanda y que no le importaba que denunciara los actos de corrupción, porque eso lo arreglaba él en la Secretaría de la Función Pública.
No acepté. Era desmentir mi propio trabajo que, además, documenté en forma exhaustiva. Rodríguez Vargas me demandó para silenciarme y censurar mi carrera periodística.
Pasaron 4 años y pasamos por todas las instancias judiciales, mismas que gané una a una, cada una de ellas, hasta que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ayer, en la última sesión de la Primera Sala me dieron la razón de manera unánime y se desechó el recurso de revisión de amparo directo interpuesto por el exdirector del Indep. Hoy les toca a las autoridades investigar los actos en los que incurrió Rodríguez Vargas y que me demandó por hacerlos públicos.
Al final de su colaboración, Belsasso señala que Rodríguez Vargas en poco tiempo aprendió a manipular las subastas y descubrió que la venta de ciertos lotes e inmuebles la podía hacer a conveniencia.
Uno de los tantos ejemplos es el de Grupo Texplus, S.A. de C.V. Según documentos en nuestro poder, el pasado mes de febrero (2020), este grupo, por medio de su representante legal, Jacobo Farhi Duschi, solicitó al entonces titular del Indep el interés de adquirir de forma directa algunos de los lotes de telas que saldrían a la subasta, a lo que el Indep respondió con el oficio número DCCM/DEC/CCBM/109/2020 el 2 de abril, que los rollos de tela sí se encontraban en estatus para la venta.
La empresa Texplus presentó una oferta por los 17 lotes de telas por siete millones 620 mil pesos, IVA incluido. Estamos hablando de 120 toneladas de telas que en el mercado tienen un costo muy superior.
Porque alguien tiene que escribirlo: Hasta la próxima
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