Argucias legaloides y sobornos contra pobladores y comuneros

Habitantes de la comunidad de San Marcos, municipio de Mexquitic de Carmona en el estado de San Luis Potosí, bloquearon por varias horas la entrada al fraccionamiento Fuerteventura en demanda de atención de autoridades agrarias y de la administración del agua, por litigios que abrieron desde hace cuatro años en contra de diversas empresas urbanizadoras.

Municipio en el centro del estado colindante con la Capital, asiento transitorio de los chichimecas nómadas, el pueblo de Mexquitic fue fundado por fray Diego de la Magdalena en 1583. La palabra Mexquitic de raíces náhuas o aztecas quiere decir: “Lugar de Mezquites» En el año de 1860, los religiosos de Mexquitic impartían la doctrina cristiana en idioma indígena. 

Actualmente el 44.8% de la población se encuentra en situación de pobreza moderada y el 7.08% en situación de pobreza extrema; según estimaciones institucionales. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 37.3%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 3.34%.

 Los pobladores de este Municipio han venido denunciando que las firmas constructoras se han apoderaron, mediante argucias legaloides y sobornos, de 600 hectáreas que representan prácticamente la mitad de los terrenos de la comunidad, además de que se están haciendo usos ilegales del río Calabacillas, como sacar materiales de él, modificar su curso, construir un puente y contaminar con descargas de aguas de drenaje procedentes de los nuevos fraccionamientos.

Activistas potosinos se han presentado recurrentemente a las sesiones del Congreso del Estado de San Luis Potosí para denunciar una serie de irregulares respecto a desarrollos inmobiliarios en la entidad.

Por ejemplo, el desarrollo inmobiliario de Ciudad Maderas, ubicado en Villa de Reyes, que tomó posesión de un total de 655 hectáreas de las cuales no se hicieron estudios de impacto ambiental, así como tampoco estudios formales de factibilidad, todo esto en complicidad con las administraciones municipales.

Las denuncias señalan a familias con poder adquisitivo alto que están involucradas en estos casos: Los Torres Corzo, los Meade, Garcia Navarro, y los dueños del periódico Pulso de San Luis: los Valladares.

Está el caso de la autorización que otorgó la Comisión Estatal del Agua (CEA) a Carlos Medina “El Chato” López para almacenar y utilizar grandes cantidades de agua para el fortalecimiento de inmobiliarias en San Juan de Guadalupe, con lo que se pretende abastecer más de 2 mil hectáreas de áreas residenciales, aproximadamente 30 mil tomas, lo que genera un grave impacto, de manera radical y sustancial, a la disponibiidad y acceso al agua potable ya que hay colonias populares con grave escasez del vital líquido.

Es por ello relevante el descontento manifiesto de los habitantes de Mexquitic de Carmona, pues cabe recordar que desde el año pasado los habitantes de ese municipio acusaron a la directora de Catastro, Dania Montes, y el alcalde José Hilario Quistián, de estar relacionados con la venta de terrenos que no son de su propiedad, beneficiando a grupos de fraccionadores.

El grupo de inconformes han estado solicitando la intervención del Congreso local y de la Auditoría Superior del Estado, pues consideran que el desempeño de esos funcionarios, para realizar este tipo de “negocios”, los convierte en juez y parte y los coloca en un conflicto de intereses que puede constituir un delito de orden penal.

La funcionaria de Mexquitic, Diana Montes, está relacionada de manera directa en procesos jurídicos, como parte actora de diversas demandas en predios de propiedad comunal en la localidad de San Marcos Carmona.

 «Ha quedado en evidencia que la directora de catastro ha venido alentando el desarrollo de negocios irregulares que pudieran tipificarse como delitos, además ha vendido terrenos a constructores; pero también es activista de un grupo de supuestos comuneros que no tienen un solo papel que los acredite y están tratando de adjudicarse mil 200 hectáreas que ya tienen dueños”, denuncian los afectados en aquella ocasión en su misiva.

Por ello, ante el cúmulo de irregularidades, un grupo de más de cien comuneros inició su bloqueo desde la mañana del martes 22 de marzo, y fue hasta después de cinco horas que llegaron algunos gestores del Ayuntamiento de Mexquitic.

 Ante la aparición de patrullas de San Luis Potosí capital, los quejosos dijeron que sus oficiales no tienen jurisdicción en Mexquitic, exigiendo su retiro. Pidieron como «primera demanda y la más importante», que acudieran al sitio autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA) para revisar el decreto de la veda que, dijeron, existe desde los años 70 del siglo pasado sobre la utilización del río Calabacillas.

Los manifestantes y autoridades municipales han iniciado el diálogo junto con gestores de la Secretaría General del Gobierno del Estado para tratar de desactivar los bloqueos que las y los quejosos instalaron en las tres entradas del fraccionamiento impugnado.

Ya los pobladores fueron víctimas, por parte de inmobiliarias poderosas, de la venta irregular de alrededor de 2 mil hectáreas de tierra en este municipio, para el desarrollo de un proyecto industrial, afectando la biodiversidad de esta región.