Del Oasis a la Hoguera: Criminalidad estructural, impunidad institucional y los atentados del 22 de febrero de 2026 en Aguascalientes
RESUMEN
Los narcobloqueos e incendios de vehículos registrados en Aguascalientes el 22 de febrero de 2026, como represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ante el abatimiento de su líder histórico, no constituyen un evento fortuito: son la expresión más visible de una crisis de seguridad acumulada durante cinco años. Este artículo articula, desde la sociología crítica y la criminología sistémica, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) y la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025), para demostrar cómo el incremento sostenido del homicidio doloso —de 93 casos en 2020 a 151 en 2024, récord histórico según INEGI (2025)—, el crecimiento del narcomenudeo y la extorsión, y la ausencia de una política criminal coherente configuraron las condiciones estructurales del estallido de febrero de 2026. Se examina la reforma constitucional aprobada el 20 de febrero de 2026 por el Congreso local, que amplió de siete a nueve años el periodo del Fiscal General (La Jornada, 2026), decisión que, en el peor momento de la historia de seguridad del estado, blinda la inamovilidad de la principal institución de procuración de justicia sin mecanismos proporcionales de rendición de cuentas.
Palabras clave: Aguascalientes; CJNG; homicidio doloso; crimen organizado; impunidad; política criminal; rendición de cuentas.
I. El día en que se rompió el mito del oasis
Aguascalientes fue construido por décadas con una narrativa oficial que lo presentaba comoi un caso de excepción en el mapa de violencia organizada de México. Aguascalientes geográficamente ubicado en la zona centro pero periférico en términos de criminalidad grave, cercado por Zacatecas —el estado con mayor tasa de homicidio por habitante durante varios años—, y la vecindad con Jalisco y Guanajuato, dos estados que también no pasan su mejor momento con respecto al tema que nos toca hablar hoy, coinciden todos estos Estados en ser escenarios de disputas territoriales de alto poder de fuego. Por lo que mito nuevamente encontró su límite el domingo 22 de febrero de 2026.
Horas después de que el Ejército Mexicano confirmara el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder histórico del CJNG, células operativas de la organización activaron una respuesta coordinada en al menos seis estados. En Aguascalientes, la carretera federal 45 Sur y el corredor Aguascalientes-Zacatecas fueron escenario de narcobloqueos con quema de vehículos, y por la tarde se registró el incendio de unidades adicionales, acompañado de una presencia inusual de vehículos blindados federales en avenidas céntricas.
La evidencia cuantitativa disponible contradice cualquier lectura fortuita de los hechos. Los atentados del 22 de febrero de 2026 son la expresión terminal de una transformación criminal que lleva al menos cinco años incubándose, favorecida por la inercia de las dos instituciones centrales de la arquitectura de seguridad estatal: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Como señala Galtung (1969), la violencia directa —bloqueos, incendios, intimidación— es siempre la punta visible de violencias estructurales previas, lentas e invisibles.
Este artículo es parte de los apuntes para la participación personal de su autor en el Foro “El Aguascalientes que Nos merecemos” el próximo 23 de febrero. Dado los hechos del 22 de febrero se ha cancelado y programado para el 2 de mayo de 2026.
La participación tenía tres objetivos originalmente . Primero, describir las tendencias delictivas de Aguascalientes entre 2020 y 2024 a través de fuentes estadísticas oficiales. Segundo, vincular esas tendencias con los eventos del 22 de febrero, explicando por qué el estado se convirtió en blanco del crimen organizado y hoy específicamente de CJNG. Tercero, examinar las implicaciones institucionales del déficit de seguridad, con especial atención a la reforma constitucional que amplió el mandato del Fiscal General de siete a nueve años, aprobada dos días antes de los atentados.
II. Marco teórico: criminalidad sistémica y vacíos institucionales
La criminología contemporánea ha abandonado los enfoques que explican el crimen organizado como patología individual o familiar. La perspectiva de la anomia institucional, desarrollada por Messner y Rosenfeld (1994), sitúa el florecimiento del delito organizado en los territorios donde las instituciones de control social —Estado, educación, familia, economía formal— son desplazadas o subordinadas a las lógicas del mercado ilícito. Aguascalientes exhibe un caso paradigmático: indicadores macroeconómicos relativamente favorables coexistiendo con una arquitectura de seguridad pública débil y, como veremos, políticamente capturada.
Desde la sociología de las organizaciones criminales, Gambetta (1993) demostró que la mafia —y por extensión cualquier organización criminal territorializada— no opera únicamente como empresa de tráfico: construye gobernanza paralela, impone tributos y establece jerarquías de lealtad donde el Estado no provee seguridad efectiva. El incremento sostenido de la extorsión y el narcomenudeo en Aguascalientes entre 2022 y 2024, documentado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP (2025), describe ese proceso de sustitución institucional.
La noción de violencia estructural de Galtung (1969) completa el marco: los atentados del 22 de febrero no son solo violencia directa, sino la expresión terminal de la ausencia de prevención eficaz, la impunidad sostenida, el fracaso de la rehabilitación por adicciones y la tolerancia política a la corrupción institucional.
III. La cartografía de la crisis: datos oficiales 2020–2024
3.1 Homicidio doloso: la curva que no miente
El homicidio doloso es el indicador más robusto de la presencia del crimen organizado en un territorio. La serie histórica publicada por el INEGI (2025) describe una trayectoria sin precedente en al menos dos décadas para Aguascalientes:
Los cinco años más violentos de la historia registrada del estado fueron: 2024 con 151 homicidios (récord absoluto), 2019 con 120, 2023 con 114, 2021 con 103 y 2020 con 93. La tasa por cada 100,000 habitantes alcanzó en 2024 los dos dígitos por primera vez: 10 homicidios por cada 100,000, frente a una tasa de entre 3 y 4 que el estado mantuvo de 2012 a 2016. (INEGI, 2025)
Existe una diferencia metodológica relevante entre fuentes: el SNSP reportó 112 carpetas de investigación por homicidio doloso al cierre de 2024, mientras el INEGI contabilizó 151 certificados de defunción con esa causa. Ambas cifras representan un récord histórico para la entidad (INEGI, 2025; Secretariado Ejecutivo del SNSP, 2025). El mes de julio de 2024 registró 18 homicidios dolosos, el peor mes desde que existen registros confiables, según investigación periodística de Emeequis (2025) con datos del propio SNSP.
Los homicidios con arma de fuego —indicador directo de violencia organizada— siguieron la misma trayectoria: 37 casos en 2022, 51 en 2023 y 73 en 2024 (Emeequis, 2025). La investigadora Daniela Osorio, de México Unido Contra la Delincuencia, precisó que el aumento del 29% en víctimas al comparar 2024 con 2023 es un dato que no puede minimizarse (Emeequis, 2025).
El comportamiento del estado destaca por su singularidad regional. Según datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP consignados por DesdelaRed (2023), en los primeros cinco meses de 2023 Aguascalientes registró un alza del 60% en homicidios dolosos respecto al mismo período de 2022, convirtiéndose en el segundo estado con mayor incremento porcentual a nivel nacional, mientras sus vecinos mostraban descensos: San Luis Potosí -24%, Zacatecas -6%, Jalisco -0.32%; la variación nacional fue de -1.2%.
3.2 Narcomenudeo, extorsión y la economía del crimen cotidiano
Los delitos que describen la penetración territorial del crimen organizado en la vida cotidiana son el narcomenudeo y la extorsión. Los datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP (2025), analizados por Emeequis (2025), muestran incrementos sostenidos en el período del actual gobierno estatal:
El narcomenudeo pasó de 2,079 delitos registrados en 2022 a 2,182 en 2024. Los delitos de extorsión aumentaron de 97 casos en 2022 a 110 en 2024, un incremento del 13.4%. Al cierre de enero de 2025 se habían presentado ya 233 denuncias por lesiones dolosas. (Emeequis, 2025, con datos del SNSP)
Estas cifras deben interpretarse con la metodología de la cifra oculta. La ENVIPE 2025 del INEGI (2025b) estima que a nivel nacional el 93.2% del total de delitos no se investigó: solo el 9.6% se denunció y el Ministerio Público abrió carpeta en apenas el 70.5% de esas denuncias. Aplicada esta proporción, las cifras registradas representan apenas la fracción visible de una economía criminal mucho mayor.
3.3 Incidencia delictiva general y percepción ciudadana
La ENVIPE 2024 del INEGI (2024) —que mide la victimización ocurrida en 2023— ubicó a Aguascalientes como el tercer estado con mayor tasa de incidencia delictiva a nivel nacional: 45,262 delitos por cada 100,000 habitantes, solo detrás de Ciudad de México (52,723) y Estado de México (51,881). El 50.8% de la población adulta del estado percibía inseguridad en su entidad al momento de la encuesta, dato que contrasta brutalmente con la narrativa gubernamental de resultados positivos.
El investigador Conahcyt-UAA Edgar Guerra Blanco advirtió, con datos de la propia ENVIPE 2024, que la percepción de corrupción de la policía estatal bajó casi tres puntos porcentuales, pero que eso no puede interpretarse como mejora real de la institución, dado que los indicadores objetivos de incidencia delictiva siguen al alza (Página 24, 2024). La brecha entre narrativa gubernamental y datos oficiales nacionales es, en sí misma, un problema de gobernanza.
3.4 Consumo de drogas: el contexto de la ENCODAT 2025
Para comprender la dimensión de salud pública que subyace al narcomenudeo, la ENCODAT 2025 (Secretaría de Salud et al., 2025) —publicada el 23 de diciembre de 2025, con muestra de 19,200 personas— aporta datos de referencia nacional:
En la población de 12 a 65 años, la prevalencia del consumo de cualquier droga ilegal alguna vez en la vida pasó del 9.9% en 2016 al 13.1% en 2025. En adultos (18-65 años), el consumo experimental creció del 10.6% al 14.6%. El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida: su prevalencia en adultos aumentó del 9.3% al 13.3%. En contraste, en adolescentes (12-17 años) el consumo disminuyó del 6.2% al 4.1%. (Secretaría de Salud et al., 2025)
La ENCODAT 2025 tiene representatividad regional, no estatal. Aguascalientes forma parte de la región Norcentral, que registró una prevalencia de consumo de cualquier droga en el último año del 4.4% (Secretaría de Salud et al., 2025), dato que contextualiza una demanda interna de sustancias ilícitas que explica, en parte, la consolidación del narcomenudeo como actividad central del crimen organizado en el estado.
IV. El 22 de febrero de 2026: anatomía de los atentados
El domingo 22 de febrero de 2026, carreteras y corredores urbanos de Aguascalientes fueron escenario de acciones coordinadas cuya firma táctica es inconfundible: los narcobloqueos —cierre forzado de vialidades mediante incineración de tráileres y vehículos— son una táctica operativa que el CJNG ha empleado sistemáticamente en respuesta a operativos de alto impacto, documentada en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato.
El detonante fue el abatimiento de El Mencho en Tapalpa, Jalisco. La respuesta en Aguascalientes —así como en otros cinco estados— no fue improvisada. Para activar bloqueos coordinados en un estado, una organización criminal necesita redes de operadores, vehículos, combustible y canales de comunicación previamente instalados. La existencia de esas estructuras el 22 de febrero de 2026 es la evidencia más contundente de que la consolidación territorial del CJNG en Aguascalientes era ya un hecho consumado.
La pregunta que la evidencia estadística obliga a formular no es por qué el CJNG respondió con violencia —eso es predecible desde cualquier marco de análisis de organizaciones criminales (Gambetta, 1993)— sino por qué Aguascalientes era ya territorio suficientemente consolidado. La respuesta está en cinco años de datos que las secciones anteriores han descrito.
V. La arquitectura de la impunidad: SSPE, FGE y la reforma del 20 de febrero
5.1 La Secretaría de Seguridad Pública del Estado
El indicador más transparente de la capacidad preventiva de la SSPE es la evolución del homicidio doloso: pasar de 93 casos en 2020 a 151 en 2024 —incremento del 62.4%— mientras se mantienen las mismas estructuras de mando describe una institución que no aprendió de la crisis que vivía (INEGI, 2025). El 22 de febrero de 2026, la respuesta operativa dependió del Ejército y la Guardia Nacional; la policía estatal asumió un papel secundario.
Esta dependencia estructural del gobierno federal para contener eventos de violencia organizada no es humildad institucional: es la confesión de una incapacidad construida a lo largo de años de subinversión en inteligencia territorial y formación policial deficiente. Guerra Blanco (2024), con datos de la ENVIPE, advirtió que la brecha entre la narrativa gubernamental de éxito y los indicadores objetivos de incidencia delictiva es, en sí misma, un problema de gobernanza.
5.2 La Fiscalía General del Estado
La ENVIPE 2024 (INEGI, 2024) establece que, a nivel nacional, el 92.9% de los delitos no fue denunciado o no dio lugar a una carpeta de investigación. En Aguascalientes, el indicador de eficacia de la FGE se ubicó en 8.7% de casos resueltos favorablemente para el denunciante en 2023, según el análisis publicado por Guerra Blanco (2024) en el portal LJA.mx —cifra que supone mejora respecto al 3.9% de 2022, pero que sigue siendo estructuralmente insuficiente.
No existe evidencia pública de que la FGE haya construido, durante el período analizado, investigaciones estratégicas sobre las redes del CJNG en el estado: ningún proceso judicial de alto impacto, ninguna investigación patrimonial pública contra testaferros, ninguna orden de aprehensión relevante contra figuras de la estructura criminal que operó los bloqueos del 22 de febrero. La institución trabaja en modo reactivo.
El propio Fiscal Jesús Figueroa reconoció en octubre de 2024 que la FGE opera con déficit severo: 160 agentes del Ministerio Público cuando se requieren al menos 250 adicionales, con presupuesto que solo creció 2.3% en el último año (Newsweek Español, 2024). Esta admisión institucional de precariedad es elocuente sobre las causas estructurales del problema.
5.3 La reforma constitucional del 20 de febrero de 2026
El 20 de febrero de 2026 —dos días antes de los atentados— el Congreso de Aguascalientes aprobó, con 19 votos a favor (PAN, PRI, PRD y PVEM) y 7 en contra (Morena), la reforma al artículo 59 A de la Constitución Política local que amplía de siete a nueve años el período del Fiscal General (La Jornada, 2026; NW Noticias, 2026). El Fiscal Manuel Alonso García, designado en febrero de 2025, podría permanecer en el cargo hasta 2034.
La presidenta de la Jucopo, diputada Alma Hilda Medina Macías, explicó que la ampliación busca que el fiscal trabaje con objetivos a mediano plazo. La bancada de Morena votó en contra: su líder, Fernando Alférez Barbosa, calificó la medida como ‘un despropósito’ y señaló que el fiscal ‘apenas está por rendir su primer informe de labores’. (Ambas Manos, 2026; Infobae México, 2026)
Desde la teoría de la rendición de cuentas, esta decisión presenta problemas serios. La justificación de continuidad institucional es legítima cuando quien la ejerce acredita resultados medibles (Messner y Rosenfeld, 1994). En el caso de la FGE de Aguascalientes, los indicadores objetivos del período previo —aumento del homicidio, crecimiento del narcomenudeo, baja tasa de resolución de delitos— no proveen esa justificación. Ampliar el mandato sin mecanismos proporcionales de evaluación y remoción es, en términos de diseño institucional, proteger la inamovilidad de quien no ha demostrado aún méritos para ejercerla durante nueve años.
Vale notar que esta es la segunda ampliación del período del fiscal en Aguascalientes: anteriormente el cargo pasó de seis a siete años. La acumulación de ampliaciones reduce progresivamente los momentos en que la ciudadanía y el Congreso pueden evaluar y corregir el rumbo de la procuración de justicia. Esta dinámica es preocupante en cualquier contexto; es especialmente grave cuando el estado acaba de vivir su año más violento en dos décadas.
VI. Síntesis: la estructura que produjo el 22 de febrero
Los atentados del 22 de febrero de 2026 en Aguascalientes fueron el resultado predecible de la convergencia de cuatro factores estructurales verificables en las fuentes estadísticas disponibles.
Primero, la consolidación territorial silenciosa del CJNG. El incremento del narcomenudeo, extorsión y homicidio doloso documentado por el SNSP (2025) e INEGI (2025) entre 2020 y 2024 no describe una guerra entre rivales, sino la expansión de una sola organización que construyó redes de distribución y cobro de piso en ausencia de respuesta estatal eficaz. El CJNG no llegó a Aguascalientes el 22 de febrero: ya estaba.
Segundo, la incapacidad preventiva de la SSPE. Una corporación que el 22 de febrero dependió operativamente del Ejército y la Guardia Nacional, y cuya efectividad documenta negativamente la ENVIPE 2024 (INEGI, 2024), no puede detectar ni frenar el proceso de consolidación criminal descrito.
Tercero, la impunidad estructural de la FGE. Una Fiscalía con 160 agentes cuando necesita 410 según el propio fiscal (Newsweek Español, 2024), presupuesto creciendo al 2.3% mientras el homicidio crecía al 29%, construye el ecosistema de impunidad en el que cualquier organización criminal puede consolidarse.
Cuarto, la captura política de las instituciones. La reforma del 20 de febrero no es la causa original del problema: es el síntoma más reciente de una relación entre el poder político y las cúpulas de seguridad y justicia que antepone la estabilidad burocrática a la efectividad institucional. Que el Congreso haya aprobado esa ampliación dos días antes de los peores atentados de la historia reciente del estado es una ironía que la historia de la política criminal difícilmente olvidará.
VII. Lo que los datos exigen
El 22 de febrero de 2026 fue, en el mejor escenario posible, una advertencia. La respuesta federal contuvo los atentados en pocas horas; la vida cotidiana regresó. Pero las condiciones estructurales que los produjeron permanecen intactas.
Los datos de este artículo —provenientes del INEGI (2024, 2025), el SNSP (2025) y la Secretaría de Salud et al. (2025)— permiten formular conclusiones con confianza empírica razonable. La violencia en Aguascalientes no es episódica ni exógena: es estructural, creciente y directamente relacionada con déficits institucionales que las propias autoridades han reconocido en declaraciones públicas documentadas.
Lo que Aguascalientes requiere, desde el análisis criminológico y sociológico, es una reforma integral en cuatro pilares. El primero es inteligencia criminal estratégica real: la SSPE debe desarrollar capacidades verificables de análisis de redes criminales y detección temprana de corredores de distribución. El segundo es una Fiscalía con recursos suficientes pero con gente confiable: el déficit de al menos 250 agentes del Ministerio Público reconocido por el propio Fiscal Figueroa es una deuda que debe saldarse con presupuesto, no con discursos.
El tercero, más urgente en términos políticos, es la creación de mecanismos proporcionales de evaluación y remoción para los titulares de seguridad y justicia que compensen la extensión del mandato: indicadores de desempeño vinculantes, auditoría ciudadana y un procedimiento expedito de sustitución ante incumplimiento de metas. El cuarto es la inversión en prevención social y atención a las adicciones: la ENCODAT 2025 describe una demanda creciente en la región Norcentral que ninguna estrategia policiaca puede contener por sí sola.
El oasis fue, durante años, una imagen cómoda. Los datos disponibles demuestran que nunca fue del todo real. Aguascalientes estuvo más adentro de las redes del crimen organizado de lo que las autoridades estaban dispuestas a admitir. Los atentados del 22 de febrero de 2026 hicieron visible lo que los números ya decían desde hace cinco años. La pregunta que queda es si las instituciones estatales tienen la voluntad de responder con la misma urgencia que la evidencia empírica exige.
Referencias
Fuentes estadísticas y gubernamentales
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DesdelaRed. (2023, 21 de junio). Aguascalientes, segundo estado con mayor alza porcentual en homicidios dolosos. DesdelaRed. https://www.desdelared.com.mx
El Clarinete. (2025, 2 de agosto). Fue 2024 el año más violento en Aguascalientes en 13 años. El Clarinete. https://www.elclarinete.com.mx
Emeequis. (2025, 14 de marzo). Aguascalientes: crecen homicidios dolosos en gobierno de María Teresa Jiménez. Emeequis. https://emeequis.com
Guerra Blanco, E. (2024, 2 de octubre). Los contrastes de la ENVIPE 2024 [Columna de análisis]. LJA Aguascalientes. https://www.lja.mx
Infobae México. (2026, 20 de febrero). El fiscal de Aguascalientes y la extensión polémica: un nombramiento que divide al Congreso. Infobae. https://www.infobae.com
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Página 24 Aguascalientes. (2024, 24 de septiembre). Preocupante, el crecimiento de la incidencia delictiva en Aguascalientes: Édgar Guerra B. Página 24. https://www.pagina24.com.mx
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Fuentes académicas
Gambetta, D. (1993). The Sicilian Mafia: The business of private protection. Harvard University Press.
Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191. https://doi.org/10.1177/002234336900600301
Messner, S. F., y Rosenfeld, R. (1994). Crime and the American dream. Wadsworth.
