El Hospital Hidalgo y la CEDH: cuando la institución es el problema
En la columna anterior argumenté que la declaración del secretario Rubén Galaviz Tristán, que cobra como secretario de salud del estado de Aguascalientes, señaló a los hombres homosexuales como el sector de mayor prevalencia de VIH en Aguascalientes, lo cual no era solo un error de encuadre epidemiológico. Era un acto con efectos discriminatorios concretos, violatorio del artículo 1° constitucional, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la propia NOM-010-SSA2 que rige a su Secretaría.
Alguien me puede decir: es una declaración, no una política. Las palabras se las lleva el viento.
No. Las palabras de un secretario de Salud no se las lleva el viento. Se convierten en cultura institucional. Y la cultura institucional ya existía antes de que Galaviz
Tristán abriera la boca. Él no la creó. La describió.
Lo que pasó en el Hospital Hidalgo
En marzo de 2026, un joven paciente con VIH acudió al Hospital Miguel Hidalgo a realizarse una tomografía. Llevaba tres meses esperando ese estudio. Era el primero en la lista del día.
El médico salió, lo miró frente a todos los presentes en la sala de espera, y le dijo que no lo podía atender “por seguridad” de los demás pacientes, porque “tienes sida y no los puedo exponer”.
El joven salió del hospital. Dos horas y media después lo llamaron para realizarle el estudio.
Que lo hayan atendido al final no cambia lo que ocurrió antes. El médico cometió dos violaciones simultáneas: negó atención con base en un diagnóstico, lo que la NOM-010 prohíbe expresamente, y divulgó ese diagnóstico en público sin consentimiento del paciente, vulnerando su derecho a la confidencialidad. Ambas conductas son antijurídicas. Ninguna requiere interpretación jurídica compleja. Están escritas con claridad en la normativa vigente.
Efraín Muro, director del Centro de Atención Vive Aguascalientes (CAVA), acompañó al joven a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer la denuncia. Dijo algo que no debería necesitar decirse en 2026: “No sabemos en dónde estudiaron estos médicos que no saben que hay personas que viven con VIH y que, si realizan el tratamiento adecuado, el virus es indetectable y prácticamente nula la posibilidad de contagio.”
El patrón que precede al caso
Lo del Hospital Hidalgo no es un incidente aislado. Es el último registro documentado de una secuencia que CAVA lleva años reportando.
En el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), dependiente del ISSEA, hay al menos siete quejas formales escritas por usuarios que denuncian que personal de enfermería les niega los antirretrovirales o les pone trabas sistemáticas para acceder a ellos. No una vez. No por error. De manera reiterada.
El mismo Muro señaló que una enfermera en ese servicio opera bajo el paraguas de la impunidad: asegura que nadie le puede hacer nada porque es cuñada de la diputada Jedsabel Sánchez Montes. Puede ser o no cierto el vínculo. Lo que no admite duda es el efecto: la persona siente que el sistema la protege y que el paciente no tiene a quién recurrir.
En 2022, Muro ya denunciaba ante medios que las personas con VIH son “inexistentes” para la epidemiología estatal: el ISSEA se apropiaba de los casos detectados por CAVA sin registrar las defunciones ni las nuevas infecciones con rigor. En 2024, la institución seguía sin realizar campañas de prevención propias. En 2025, el activismo de CAVA logró reducir de tres meses a uno el tiempo de vinculación al tratamiento para pacientes recién diagnosticados, pero solo tras presión pública sostenida. No fue política institucional. Fue resultado de visibilidad mediática y redes sociales.
Eso es exactamente lo contrario de cómo debe funcionar un sistema de salud pública.
Por qué la declaración de Galaviz Tristán sí es síntoma
Vuelvo al punto de partida. Cuando el titular de salud dice en público que los homosexuales son el grupo con mayor prevalencia, sin desagregar por conducta de riesgo, sin mencionar que el estigma reduce la búsqueda de atención, sin aludir a los picaderos como foco emergente documentado por la sociedad civil, sin referirse a la PrEP como herramienta de prevención disponible, la pregunta no es si el funcionario tiene prejuicios personales. La pregunta es qué nos dice esa declaración sobre la institución que dirige.
Y lo que nos dice es esto: la Secretaría de Salud de Aguascalientes no tiene un protocolo de comunicación sobre VIH que incorpore el enfoque de derechos humanos. Si lo tuviera, el secretario no habría hablado de grupos de riesgo en lugar de conductas de riesgo. Si lo tuviera, un médico del Hospital Hidalgo no estaría exponiendo diagnósticos en sala de espera en 2026. Si lo tuviera, el CAPASITS no acumularía siete quejas formales por negación de medicamentos sin consecuencia visible para nadie.
La declaración de Galaviz Tristán no evidencia que él sea un funcionario particularmente hostil. Evidencia que dirige una institución que nunca se actualizó. Esa es una falla mucho más grave, porque es estructural.
La CEDH: el segundo fallo
La denuncia se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero la CEDH que recibió ese expediente es la misma institución que, desde enero de 2026, tiene como titular a Luis Enrique Pérez de Loera, designado por el Congreso local con 20 votos a favor para el período 2026–2030.
La activista Angélica Contreras lo señaló con claridad al momento de la designación: el nuevo ombudsperson carece de experiencia comprobable en derechos humanos y tiene afiliación partidista documentada. Una CEDH no puede ser el espacio donde un titular aprende qué son los derechos humanos mientras las víctimas esperan resoluciones. Y una CEDH con vínculos partidistas no puede vigilar con independencia a los poderes que la nombraron.
El fallo de la CEDH ante el caso del Hospital Hidalgo no es, entonces, una sorpresa. Es la consecuencia lógica de nombrar a su frente a alguien que llega al cargo sin haber transitado la materia. Las resoluciones tibias no nacen de mala voluntad aislada. Nacen de instituciones diseñadas para no incomodar.
Lo que Aguascalientes no puede seguir aplazando
Hay tres cosas concretas que este caso exige y que no requieren presupuesto adicional, sino voluntad política:
Primero: capacitación obligatoria y verificable para el personal del Hospital Hidalgo y el CAPASITS en el marco jurídico del VIH: NOM-010, LFPED y confidencialidad del diagnóstico. No talleres de sensibilización. Exámenes. Consecuencias.
Segundo: resolución de las siete quejas formales documentadas por CAVA ante el CAPASITS. No archivado. Resolución con nombre y cargo de los responsables.
Tercero: que la CEDH emita una recomendación con nombre propio sobre el caso del Hospital Hidalgo, o que la sociedad civil lleve el expediente a la CNDH, donde el umbral de independencia institucional, aunque también cuestionada es distinto, como están las cosas en la comisión local es lo más sano.
Aguascalientes tiene hospitales. Tiene una Comisión de Derechos Humanos. Tiene leyes que prohíben exactamente lo que ocurrió en marzo. Lo que tiene pendiente es hacer que todo eso funcione para el paciente que lleva tres meses esperando una tomografía y al que le gritan su diagnóstico frente a la sala de espera.
Mientras eso no ocurra, la modernidad que presume el estado es decorativa.
