La simulación del desarrollo económico en los estados
Por qué las cifras no bastan y qué hace diferente una institución que trabaja con evidencia
Trabajo desde adentro de una institución de fomento económico. Desde esa posición veo todos los días lo que los informes anuales de gobierno no muestran: la brecha entre el número anunciado y la condición real del tejido productivo. No lo digo para descalificar el esfuerzo institucional —que en muchos casos es genuino— sino porque creo que esa brecha, cuando se ignora sistemáticamente, acaba siendo el mayor obstáculo para el desarrollo que todos decimos querer.
El problema de fondo no es la corrupción, aunque existe. Es más difícil de atacar que la corrupción: es la incapacidad de medir correctamente lo que se hace, y de aprender de lo que no funciona. Los estados mexicanos reportan crecimientos del PIB regional, récords de inversión, máximos históricos de empleo formal. Y muchas de esas cifras son técnicamente correctas. El problema es lo que no dicen.
«Un número puede ser verdadero y al mismo tiempo engañoso. Esa es la trampa en la que cae con más frecuencia la política económica subnacional.»
Crecer no es lo mismo que desarrollarse
La distinción parece obvia, pero en la práctica se diluye con frecuencia. Un estado puede mostrar tasas de crecimiento positivas del producto interno mientras su población más joven emigra, mientras sus municipios rurales se vacían y mientras su base productiva depende de una sola industria que no genera proveedores locales. El número de empleo formal puede subir porque llegó un parque logístico de distribución que contrata operadores de almacén a salario mínimo. Todo eso es crecimiento. No es desarrollo.
Desde la dirección de un fideicomiso industrial uno aprende esto rápido, porque las empresas con las que se trabaja a diario hacen preguntas que los boletines de gobierno no responden: ¿hay proveedores locales competitivos? ¿Existe mano de obra con perfil técnico específico? ¿Las instituciones de capacitación están alineadas con lo que el sector necesita? ¿Hay infraestructura logística para integrar a las Pymes locales en la cadena de suministro? Esas preguntas requieren respuestas técnicas precisas, no cifras agregadas.
La diferencia entre crecer y desarrollarse se juega exactamente ahí: en el encadenamiento productivo, en la distribución de los beneficios, en la capacidad del territorio de retener el valor que genera. Un fideicomiso industrial bien operado puede ser uno de los instrumentos más eficaces para construir ese encadenamiento, porque su mandato específico —a diferencia de una secretaría generalista— le permite concentrar recursos técnicos y financieros en problemas concretos del ecosistema industrial.
El déficit técnico que nadie quiere discutir
Hay una conversación que los funcionarios de desarrollo económico rara vez tienen en público, aunque sí entre nosotros: los equipos técnicos en los estados son insuficientes. No en número solamente, sino en perfil. Las áreas de fomento económico suelen operar con generaciones de funcionarios que reproducen metodologías heredadas, con acceso limitado a microdatos, sin capacidad de evaluación de impacto y sin mandato institucional real para producir diagnósticos críticos de los propios programas.
Esto no es una crítica a las personas. Es una crítica al diseño. Si el mandato implícito de un área de desarrollo económico es atraer inversión y comunicar éxitos, el perfil que se contrata y se retiene es el de gestor y comunicador, no el de analista. Lo que se mide es lo que se puede anunciar. Lo que no se puede anunciar bien, simplemente no se mide.
«La solución no es tener más datos. Es tener la capacidad institucional de producirlos, interpretarlos y actuar sobre lo que revelan, incluso cuando revelan que algo no funcionó.»
Los fideicomisos industriales tienen, cuando están bien estructurados, una ventaja frente a las dependencias generalistas: la especificidad de su mandato les permite —y en algunos casos les obliga— construir sistemas de información sectoriales mucho más granulares que los que produce la estadística oficial. Desde esa posición es posible hacer algo que pocas áreas de gobierno logran: evaluar qué instrumentos funcionan y cuáles no, y ajustar sin que el ajuste se convierta automáticamente en un problema político.
Lo que el dato agrupado oculta: territorio e inequidad productiva
Hay tres realidades que los promedios estatales sistemáticamente encubren. La primera es la heterogeneidad territorial. Los municipios de un estado no son equivalentes. Uno puede tener un corredor industrial consolidado con empresas de exportación mientras a ochenta kilómetros hay comunidades que no tienen acceso a crédito formal ni a servicios de capacitación. El promedio estatal de inversión o empleo no dice nada útil sobre esa distancia.
La segunda es la calidad del empleo. El número de trabajadores afiliados al IMSS sube cuando llega una empresa grande. Pero si los salarios de esos trabajadores están en los deciles inferiores y no hay posibilidades de ascenso ni de formación continua, el efecto sobre el bienestar de las familias es mucho menor de lo que el titular sugiere. Un fideicomiso que trabaja con empresas instaladas puede incidir directamente en esto, por ejemplo vinculando apoyos institucionales a compromisos de mejora salarial o de capacitación certificada.
La tercera es la integración de proveedores. La inversión que llega sin encadenamiento local genera empleos pero no ecosistema. Si una planta importa la totalidad de sus insumos, el multiplicador económico local es mínimo. Una de las funciones más valiosas de un fideicomiso industrial con perfil técnico real es precisamente la identificación de oportunidades de sustitución de importaciones dentro del propio parque o corredor: conectar al gran comprador con el proveedor local que puede desarrollar la capacidad si tiene acompañamiento técnico y acceso a financiamiento.
La apuesta por los perfiles técnicos: experiencia desde la institución
Desde mi experiencia como director, puedo decir que la inversión más rentable que ha hecho el fideicomiso no ha sido en infraestructura ni en promoción. Ha sido en la construcción de capacidad técnica interna. Tener economistas con manejo de microdatos, ingenieros con experiencia en procesos industriales y evaluadores con formación en políticas públicas cambia completamente la calidad de las decisiones que se toman.
No porque esos perfiles tengan siempre razón. Sino porque obligan a que las decisiones se tomen con preguntas mejores. Cuando alguien en la mesa tiene la capacidad de modelar el impacto esperado de un programa de financiamiento y de compararlo con evidencia de intervenciones similares en otros estados o países, la conversación cambia. Ya no se discute si el programa ‘suena bien’. Se discute si hay razones técnicas para esperar que funcione en las condiciones específicas del territorio.
«El desarrollo no se anuncia. Se construye con decisiones sostenidas en el tiempo, respaldadas por información de calidad y evaluadas con honestidad. Esa es la diferencia entre una institución de fomento que acumula resultados y una que acumula inauguraciones.»
Esto tiene costos. Un equipo técnico con esa capacidad produce análisis que a veces concluyen que un proyecto no es viable, que un programa debe modificarse, que los recursos deben redirigirse. Esas conclusiones no siempre son bienvenidas en el corto plazo. Pero son las que permiten que la institución mejore y que el territorio donde opera acumule desarrollo real en lugar de anuncios que se evaporan.
Una política pública que aprenda de sí misma
Lo que le falta a la política económica subnacional en México no es solo presupuesto ni voluntad política. Le falta cultura de evaluación. Le falta la práctica institucional de preguntarse si lo que se está haciendo funciona, con qué criterio se mide eso y qué se hace cuando la respuesta es incómoda.
Los fideicomisos industriales, cuando se gestionan con rigor técnico y con claridad sobre su mandato, pueden ser laboratorios de esa cultura. Tienen escala manejable. Tienen proximidad con los actores productivos. Tienen capacidad de acumular datos propios sobre las empresas con las que trabajan. Y tienen —o pueden tener— la flexibilidad operativa que no tienen las dependencias de gobierno para ajustar instrumentos sin pasar por ciclos presupuestales completos.
No es la única solución al problema de la simulación del desarrollo. Pero es una de las pocas instituciones donde esa solución puede practicarse de manera concreta, empresa por empresa, proyecto por proyecto, con métricas que reflejen lo que realmente importa: si las empresas crecen, si contratan mejor, si generan proveedores locales, si los trabajadores mejoran sus condiciones.
Ese es el trabajo. No el boletín de prensa. El trabajo.
