Aguascalientes apuesta por una inclusión que llegue a la salud, el empleo, la escuela y la calle
Con “El Gigante Incluyente”, el gobierno estatal busca conectar salud, transporte, empleo, educación y deporte en una sola estrategia para personas con discapacidad. El reto no será solo sumar programas, sino demostrar cuántas barreras logran eliminarse.
Para una persona con discapacidad, una consulta médica puede depender de encontrar transporte accesible; acudir a una escuela puede depender de una rampa; conseguir un empleo puede depender de que una empresa esté preparada para incluirla. Ninguna de esas necesidades se resuelve de forma aislada: si falla el transporte, poco importa que la escuela exista; si no hay rampa, poco importa que exista la vacante. Bajo esa lógica —la de una cadena de condiciones que deben cumplirse todas para que una persona pueda estudiar, trabajar, atenderse o participar— el Gobierno de Aguascalientes presentó este martes “El Gigante Incluyente”, una estrategia que busca articular salud, rehabilitación, transporte, educación, empleo, infraestructura, deporte y participación social alrededor de un mismo propósito: reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el estado.
La gobernadora Tere Jiménez y la presidenta y primera voluntaria del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, encabezaron la presentación en el Palacio de Gobierno, acompañadas de funcionarios de prácticamente todas las áreas de la administración estatal, desde obras públicas y movilidad hasta educación, deporte y desarrollo social. Esa amplitud de convocatoria no es un detalle menor: es, en sí misma, parte del argumento central de la estrategia, que sostiene que la discapacidad no puede atenderse desde una sola dependencia.
Cuando una barrera cotidiana se convierte en una desigualdad
La pregunta que permite dimensionar “El Gigante Incluyente” no es cuántos programas contiene, sino qué significa para una persona con discapacidad que un gobierno intente conectar salud, movilidad, educación, empleo, infraestructura y deporte dentro de una misma estrategia. Durante años, buena parte de las políticas de discapacidad en México se han diseñado como apoyos independientes: un programa de rehabilitación aquí, un subsidio de transporte allá, una beca educativa en otro lado. El problema es que la vida de una persona con discapacidad no está dividida en esos compartimentos. Una sola barrera —una calle sin rampa, un autobús sin acceso, una escuela sin apoyo especializado— puede bastar para que el resto de los apoyos disponibles no se traduzcan en participación real.
Es importante evitar un lenguaje que reduzca a las personas con discapacidad a receptoras pasivas de ayuda. Lo que está en juego, de acuerdo con el enfoque de derechos humanos que hoy predomina en la discusión sobre discapacidad —incluida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas—, no es la caridad, sino la igualdad de oportunidades, la autonomía y la accesibilidad como condiciones para ejercer derechos. Esa distinción entre integración (incorporar a la persona a estructuras que no cambian) e inclusión (transformar las estructuras para que dejen de excluir) es, de hecho, el criterio más útil para evaluar si “El Gigante Incluyente” cumple lo que promete.
Una estrategia que busca conectar servicios, no sumar programas
“El Gigante Incluyente” no nace de cero. El Gobierno del Estado reporta que, de octubre de 2022 a junio de 2026, ha puesto en marcha 81 programas y 866 acciones relacionadas con la atención a personas con discapacidad, con más de 70 mil beneficiarios, mediante servicios médicos, rehabilitación, educación especializada, infraestructura, movilidad accesible, deporte adaptado y apoyos sociales. Lo que se presentó esta semana es, en ese sentido, una nueva etapa que busca ordenar y ampliar ese trabajo previo, no sustituirlo.
Conviene leer esas cifras con cuidado. Un programa no equivale a un servicio distinto para cada persona; una acción no equivale a un beneficiario individual, y una misma persona puede haber sido beneficiaria de más de una acción a la vez. Sumar indiscriminadamente 81, 866 y 70 mil llevaría a conclusiones que la información disponible no permite sostener. Lo que sí puede afirmarse es que se trata de un volumen considerable de intervención pública sostenida durante casi cuatro años, y que la novedad de agosto de 2026 consiste en anunciar compromisos adicionales: una nueva credencialización, un centro de terapia asistida con animales, ferias de empleo periódicas, más unidades de transporte adaptado y nuevas adecuaciones de infraestructura.
Salud y rehabilitación: el primer paso hacia la autonomía
La inclusión, sostiene el discurso oficial, comienza cuando una persona puede acceder a la atención médica que necesita. En este rubro, el gobierno estatal reporta que más de 63 mil personas con discapacidad han sido atendidas directamente en servicios de salud, con una inversión superior a 297 millones de pesos. De manera distinta, y sin que ambas cifras deban sumarse como si fueran lo mismo, el Seguro Popular Aguascalientes —un mecanismo estatal de aseguramiento— reporta que más de 40 mil personas con discapacidad han accedido a servicios de salud a través de él, con una inversión superior a 246 millones de pesos. Se trata de dos vías de atención distintas que probablemente se traslapan en parte, y la fuente oficial no ofrece elementos para separar con precisión cuántas personas fueron atendidas por una vía, por la otra, o por ambas.
El Sistema DIF Estatal, por su parte, reporta más de 11 mil beneficiarios directos acumulados durante la administración y, dentro de ese total, más de 6 mil 500 beneficiarios directos de sus servicios específicos de rehabilitación. Aquí es importante no confundir rehabilitación con curación: las terapias y los apoyos funcionales pueden mejorar la movilidad, la autonomía o la calidad de vida de una persona, pero no implican necesariamente una recuperación completa, y el propio discurso de las autoridades evita usar ese término.
Entre las novedades más llamativas está la creación de un Centro de Terapia Asistida con Animales, que ampliará los servicios de canoterapia (con perros) y equinoterapia (con caballos). Este tipo de terapias, documentadas en la literatura de rehabilitación, se utilizan como complemento —no sustituto— de tratamientos convencionales: pueden favorecer el equilibrio, la coordinación motriz, la regulación emocional o la motivación en procesos de rehabilitación física y psicosocial, particularmente en niñas, niños y personas con discapacidad motriz o del desarrollo. Su eficacia depende del perfil de cada paciente y de que se integren a un plan terapéutico más amplio; presentarlas como una cura sería inexacto.
Transporte: llegar también es un derecho
Pocas cosas ilustran mejor la lógica de “El Gigante Incluyente” que el apartado de movilidad. El gobierno estatal reporta 190 autobuses con accesibilidad universal y paraderos con estas características, además del programa “El Gigante Transporta”, que ha beneficiado directamente a mil 230 personas y acumula más de 78 mil servicios de traslado a terapias, consultas y citas médicas. A esto se suman acciones para incorporar taxis adaptados para personas que usan silla de ruedas o que tienen movilidad reducida.
Un servicio de transporte adaptado no es simplemente movilidad: puede determinar si una persona llega o no a una consulta médica, a la escuela, a una terapia o a un empleo. En ese sentido, las 78 mil rutas acumuladas por “El Gigante Transporta” representan, más que un dato de infraestructura, miles de citas que sí pudieron cumplirse porque existió cómo llegar a ellas.
Empleo: de recibir apoyos a construir autonomía
La inclusión también significa poder conseguir un empleo. Entre los anuncios de esta semana está la puesta en marcha de ferias periódicas de empleo dirigidas a personas con discapacidad, una medida que la fuente oficial no acompaña —al menos por ahora— de una cifra de vacantes cubiertas o contrataciones concretadas, por lo que no puede afirmarse todavía cuántos empleos generará.
Este anuncio da continuidad a una línea de política que la administración estatal ya había planteado desde 2022, cuando una publicación oficial señalaba el objetivo de generar oportunidades laborales para sectores que podían quedar relegados, entre ellos las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Se trata, entonces, de continuidad y no de una acción inédita.
El reto real, sin embargo, será pasar de abrir vacantes a construir inclusión laboral sostenible. Publicar ofertas de trabajo, contratar y adaptar un espacio físico son pasos necesarios, pero no suficientes: la experiencia de otras políticas de empleo inclusivo en México y otros países muestra que también se requiere capacitación, ajustes razonables en los puestos de trabajo, mecanismos para combatir la discriminación laboral y, sobre todo, condiciones que permitan la permanencia y el crecimiento profesional de la persona contratada, no solo su ingreso inicial a la nómina.
Educación y deporte para participar plenamente
En educación, la estrategia da atención prioritaria a los Centros de Atención Múltiple y fortalece la asesoría y el acompañamiento a docentes y directivos. La pregunta que conviene mantener presente es si puede hablarse de inclusión social plena mientras persistan barreras para estudiar: la escuela suele ser el primer espacio de participación colectiva fuera del entorno familiar, y las carencias de infraestructura o de personal especializado en ese nivel pueden condicionar buena parte de las trayectorias posteriores.
En deporte adaptado, el gobierno estatal reporta siete programas, 2 mil 448 beneficiarios directos y una inversión superior a 32 millones de pesos, cifra que incluye infraestructura, formación de entrenadores y mecanismos para la detección de nuevos talentos. De manera separada, la Copa Aguascalientes de Deporte Adaptado —una competencia específica dentro de ese universo— habría beneficiado a alrededor de mil 300 personas, según la misma fuente. No se trata de cifras equivalentes ni acumulables sin más: una corresponde al conjunto de la política deportiva adaptada durante el periodo reportado, y la otra a una competencia particular. En la rueda de prensa participaron dos atletas paralímpicos, entre ellos un medallista de plata en paranatación en una serie mundial celebrada en Guadalajara este año, lo que la administración utilizó como muestra visible de los resultados deportivos de la política.
Una ciudad que pueda ser utilizada por todos
La estrategia también contempla obra pública: 124 acciones y 118 intervenciones, adecuaciones o creaciones de vialidades con criterios de accesibilidad, con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos en la infraestructura considerada dentro de este rubro. La fuente oficial no detalla con precisión si las 124 acciones y las 118 intervenciones corresponden a categorías distintas o se traslapan parcialmente, por lo que ambas cifras deben leerse como aproximaciones al tamaño del esfuerzo, no como una suma exacta de obras.
Vale la pena plantear una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre cuando una calle tiene rampa, pero el resto del trayecto —la banqueta rota media cuadra después, el cruce sin semáforo sonoro, la parada de autobús inaccesible— sigue sin poder recorrerse? La accesibilidad urbana no puede evaluarse por elementos aislados, sino por rutas completas: de la puerta de la casa a la parada de transporte, de ahí al centro de salud o a la escuela, y de vuelta. Es un estándar más exigente que contar rampas, pero es el que efectivamente determina si una persona puede moverse por la ciudad con autonomía.
La accesibilidad universal, además, no beneficia únicamente a las personas con discapacidad: también facilita la movilidad de personas adultas mayores, personas con lesiones temporales, mujeres embarazadas o cualquiera con movilidad reducida en un momento dado. Esa característica no debería, sin embargo, diluir el enfoque de la política: el sujeto central de “El Gigante Incluyente” son las personas con discapacidad, y así debe seguir evaluándose.
La credencialización y la dimensión social
Uno de los anuncios más concretos de la presentación es que, a partir del lunes siguiente, comenzará la credencialización de personas con discapacidad en la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal. La credencial incluirá fotografía y busca fortalecer el registro estatal, ordenar la atención y facilitar el acceso a programas y apoyos. Se trata de una herramienta administrativa —no de un requisito legal para ejercer derechos, salvo que exista una norma que así lo establezca de forma expresa— pensada para que el gobierno tenga mejor información sobre a quién atiende y cómo.
En el terreno social más amplio, el gobierno estatal reporta 30 programas y 53 acciones, con alrededor de 8 mil 900 beneficiarios directos y cerca de 20 mil beneficiarios indirectos, además de una inversión superior a mil millones de pesos. Dentro de ese bloque destacan los esquemas de emprendimiento —“Poder Mujer e Igualdad”, Fomento al Autoempleo, “Confía” y “Emprende-T”—, que en conjunto han destinado más de 2 millones de pesos y beneficiado directamente a más de 470 personas. El emprendimiento, en este contexto, se plantea como una vía adicional de autonomía económica para quienes no acceden al empleo formal por cuenta de terceros.
Ninguna de estas cifras incluye a las familias y personas cuidadoras, cuyo tiempo, ingresos y organización cotidiana suelen verse directamente afectados cuando conviven con una discapacidad. La fuente oficial no reporta datos específicos sobre este grupo, pero conviene tenerlo presente: una política de discapacidad bien diseñada también tiene efectos, directos o indirectos, sobre las familias que acompañan el proceso.
Tere Jiménez y Aurora Jiménez: una política que busca articular esfuerzos
En su intervención, la gobernadora Tere Jiménez se dirigió directamente a las personas con discapacidad y sus familias para decirles que cuentan con el gobierno estatal y que su objetivo es facilitar el camino que recorren a diario para llegar a rehabilitación, consultas médicas, escuelas y apoyos. Su papel en la presentación fue el de articuladora institucional: recordó, además, que previamente firmó el compromiso para acceder al apoyo federal dirigido a personas con discapacidad, mediante el cual el estado aporta la mitad del financiamiento correspondiente.
Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, tuvo una presencia central en el anuncio, particularmente en la dimensión social y de rehabilitación de la estrategia. Habló del trabajo del DIF para acercar servicios de rehabilitación, terapias especializadas, apoyos funcionales y transporte, y planteó que una sociedad justa es aquella donde todas las personas tienen las mismas oportunidades para desarrollarse, participar y alcanzar sus metas. El DIF Estatal funciona, en los hechos, como el punto donde confluyen las familias, los servicios de rehabilitación y buena parte de los apoyos sociales de la estrategia, aunque las competencias de movilidad, infraestructura, educación y empleo corresponden a otras dependencias del gobierno estatal.
Una sociedad incluyente no es aquella que solamente ofrece apoyos a las personas con discapacidad; es aquella que modifica sus servicios, sus calles, sus escuelas, sus empleos y sus espacios para que esas personas puedan participar plenamente. Bajo ese criterio, “El Gigante Incluyente” plantea una ambición que va más allá de sumar programas: intenta, al menos en el papel, conectar salud, movilidad, empleo, educación, deporte e infraestructura alrededor de un mismo propósito. Reconocer el esfuerzo y la inversión reportados por el gobierno de Tere Jiménez y Aurora Jiménez no exime de la pregunta que debe acompañar a cualquier política pública de este tipo: cuántas barreras, en los hechos, logrará eliminar.
