Desarrollo urbano o ecocidio.
Entre la Protección legal y la resistencia social (II)
La ciudad de Aguascalientes se extiende sobre el Acuífero Interestatal Ojocaliente-AguascalientesEncarnación, el cual ya presenta una severa sobreexplotación: se extraen aproximadamente 433 hm³ anuales, pero sólo se está recargando cerca de 234 hm³, lo que evidencia un desequilibrio crítico. Complicando la situación, las redes hidráulicas están colapsadas con 70% por falta de mantenimiento con el consecuente desperdicio de agua.
La urbanización, como la construcción de fraccionamientos, reduce la infiltración del agua de lluvia debido al concreto, lo cual agrava aún más la recarga del acuífero. Esto no solo impacta el suministro de agua a largo plazo, sino también desestabiliza el equilibro ecológico del subsuelo.
En aparente conciencia del problema, surge el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Aguascalientes 2013-2035, el cual plantea abatir la contaminación y preservar los hábitats naturales mediante acciones coordinadas entre gobierno y sociedad civil.
Hasta ahí todo bien, sin embargo, en la realidad hay varios ejemplos donde se dice una cosa y se hace otra. Analicemos los casos de la Pona y Bosque de Cobos.
I “La Pona”.
La Pona representa un conflicto emblemático entre desarrollo urbano e interés ecológico en Aguascalientes.
Está ubicada al noreste de la ciudad de Aguascalientes, también conocida como Mezquitera, abarca entre 31 y 37 hectáreas según distintas fuentes (6 ha corresponden al parque). Funciona como pulmón verde urbano, recargando mantos acuíferos con unos 42 millones de litros anuales y capturando aproximadamente 2 228 toneladas de CO₂ al año.
Además, es conocida por su biodiversidad, aun así, desde hace más de una década, existen intentos de fraccionadores para urbanizar esta zona mediante desarrollos residenciales y comerciales
Por ejemplo, existe un convenio firmado hace más de una década entre el Ayuntamiento y la inmobiliaria que incluía la donación de 11.4 hectáreas a cambio de permisos de construcción. Hasta la fecha, esta donación no se ha concretado, (¿a nombre de quien el ayuntamiento tomó decisiones sobre un área natural protegida?). Por otro lado, empresas como Inmobiliaria Próxima y Patrimonio S.A. han promovido proyectos como «La Alameda» para urbanizar cerca de 31 hectáreas con una inversión cercana a los 1 000 millones de pesos. Parte del terreno ha estado en litigio; en algunos momentos se han otorgado permisos que después fueron suspendidos por presión ciudadana y ambientalistas.
Así, el avance del sector inmobiliario ha generado conflictos legales y ecológicos, pues existe constante presión para cambiar el uso de suelo y convertir estas áreas protegidas en terrenos urbanizados. La Pona es clave pues su desaparición tendría un impacto ambiental severo ya que la zona es hábitat de aves migratorias y especies nativas, además de recargar mantos freáticos.
Es interesante resaltar que, en 2012, autoridades municipales estimaron improcedente cualquier construcción en el predio, debido a su valor como cuenca hidrológica, refugio de fauna y regulador climático y que, en 2018, apenas alrededor de 17.4 hectáreas de La Pona fueron declaradas Área Natural Protegida —tan solo una tercera parte del total— como parte de un acuerdo con desarrolladores.
Dados los hechos, la preocupación ciudadana se organizó en el colectivo Salvemos La Pona, quienes han encabezado protestas, reforestaciones y litigios para frenar la urbanización, además de contar con voluntariado ciudadano como mano de obra, colecta de herramientas, supervisión, eventos públicos (incluso durante la Feria de San Marcos) para concientizar y proteger la zona e incluso, hacer colecta para pago de abogados itigantes, incluyendo además asambleas colectivas para decisiones democráticas.
En palabras de las organizaciones civiles: “El derecho ambiental está en pañales en nuestra ciudad y entidad, por ende, se hizo necesario hacer un frente constituido de ciudadanía participativa que creando asambleas colectivas, han logrado las bases para la toma de decisiones democráticas donde mediante cualquier mecanismo de participación ciudadana piden: Acatar el uso de suelo forestal de la Pona con protección federal y la consecuente conservación ecológica, pues se trata de un espacio que habita y alberga vida, especies nativas de flora y fauna que deben ser cuidadas y no desplazadas.
Se han creado muchos amparos que van en contra de las decisiones del gobierno, es decir “programas de desarrollo urbanos” como urbanizar 2/3 partes de la Pona, sabemos que ya es momento de exigir gobernantes a la altura, que puedan comunicarse con la ciudadanía y no cerrar las puertas, es necesario que las autoridades entiendan que ya no pueden tomar decisiones unilaterales, así que deberán recibir el pliego petitorio que exige obligarles a cumplir lo que está en la ley”.
En concreto, ellos han logrado una demanda vs la expropiación de las 31.4 hs de la Pona por que no se está hablando de infraestructura vial sino un Área natural protegida. Es decir, regresar la preservación de la Pona lo que es devolverle a la ciudad, lo que es de todos.
-Reconocer que la Pona es forestal por lo que queremos ver la negociación y los avalúos para corroborar que no haya ningún cambio de suelo. Tampoco aceptar permuta porque pone en riesgo otro espacio forestal.
Como acciones recientes se tiene que, a finales de abril de 2025, hubo un incendio sospechoso el 22 de abril y tras perder un amparo legal el 24, el 25, maquinaria pesada comenzó labores en el sitio, arrancando mezquites y huizaches (centenarios), sin permisos de impacto ambiental ante SEMARNAT o PROFEPA. Gracias a la presencia ciudadana, Profepa el 25 abril clausuró temporalmente las obras por falta de “Manifestación de Impacto Ambiental” (lo que pretendía hacer el gobierno municipal). Dados estos hechos, un juez del sexto distrito concedió una suspensión definitiva que prohíbe cualquier intervención mientras sigue el proceso judicial, además de que se obliga a instituciones federales y estatales a realizar rondines y vigilancia. Las organizaciones “Alianza por la defensa de la naturaleza” y “Salvemos la Pona” piden a la ciudadanía que se sumen a la supervisión a fin de avisar al juez si pasa algo. Las negociaciones siguen en curso pues señalan irregularidades en la emisión de permisos sin estudios de impacto ambiental o cambios de uso de suelo correctamente justificados.
Ante tantos vacíos y lagunas, los activistas denuncian una falta de transparencia y simulaciones en las negociaciones para proteger zonas verdes. Temen que se impulsan acuerdos con fines inmobiliarios disfrazados. Si bien existen herramientas legales y políticas para protegerla, la práctica muestra tensiones: proyectos privados, convenios incumplidos, deficiencias en transparencia e influencia inmobiliaria.
Por estas razones, la “Red de colectivos por la defensa del territorio de Aguascalientes” han hecho un análisis de quienes decidirán el futuro del territorio de Ags. Pues nueve magistrados y jueces fueron elegidos en julio 2025, pero sus nombres estaban en los “acordeones para votar que circularon en las redes” y causalmente quedaron electos, es decir su elección no fue dada por una convocatoria transparente ni abierta. Si sus nombramientos inciden en procesos judiciales activos, pueden detener, respetar o desechar los amparos.
Ante esta terrible situación, el 9 de octubre, las organizaciones realizaron una rueda de prensa para dar a conocer esta situación de coptar los juzgados, lo que obliga a investigar si estos servidores públicos tienen vínculos que comprometan su imparcialidad; por poner un ejemplo, un juez que defendía al gobierno en distintos casos ambientales, ahora es el juez que puede resolver esos casos como es el caso del Lic Javier Reyes Soto, dicho de otra forma, pretenden que el poder judicial sea la sucursal de inmobiliarias y gobiernos corruptos, cuyo fin es blindar megaproyectos, fraccionamientos y políticas extractivas desde los tribunales.
Si el poder nombra a quienes deben juzgar estos casos, no es justicia sino simulación de la misma.
Cabe resaltar que el poder judicial es uno de los pocos resquicios que tiene las organizaciones para poder defender el medio ambiente de nuestra ciudad y estado.
Las decisiones que están en curso (amparos) son:
-La Pona: Contra la compra simulada y su urbanización
-Malacate (En el bosque de Cobos): Contra el desvió de agua de su pozo pese a la suspensión judicial. -Cobos: Por la fragmentación del ecosistema y
-POEL (Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico) por la modificación irregular del ordenamiento ecológico que pone en riesgo el hábitat y preservación de la ranita de madriguera.
Por eso urge que estos sean resueltos de manera imparcial.
La respuesta ciudadana ha sido fuerte y articulada, con acciones legales, protestas y visibilización social como factores clave para frenar avances y exigir una conservación real. II “Bosque de los Cobos”
Varios desarrollos importantes han sido propuestos en ésta área ecológicamente sensible:
Fraccionamiento Bosque de los Cobos: este proyecto fue denunciado por comunidades indígenas, biólogos, colectivos, y autoridades por su impacto sobre un ecosistema ancestral, hábitats de fauna endémica, recarga de agua y vestigios paleontológicos del Pleistoceno. Ante esto, Semarnat negó el permiso ambiental en 2018, tras evidenciar los efectos irremediables que el fraccionamiento generaría en esa microcuenca ecológica pues existe altísimo riesgo de contaminación de fuentes hídricas ya que el “desarrollo” no estuvo acompañado de una evaluación ambiental adecuada.
El plan para devastar 3 500 hectáreas de suelo protegido (…) afectan especies nativas como la ranita madriguera, mezquites, huizaches…” . Dicho fraccionamiento tiene un par de años anunciado, y la infraestructura de agua ya está hecha, son los inmobiliarios quienes destruyen la naturaleza sin querer entender que urbanizar áreas con vegetación antigua y sistemas de infiltración, produce un impacto negativo sobre la recarga de acuíferos y pérdida de hábitats naturales.
Ante estos hechos, la preocupación ciudadana ante desarrollos que avanzan sin considerar ni preservar la biodiversidad, vegetación autóctona y funciones ecológicas esenciales como la captación de agua y la mitigación de calor urbano, han logrado la unificación de organizaciones, porque incluso hay otras zonas dentro del Bosque de los Cobos, donde se han detenido desarrollos por riesgo de ecocidio ecológico y destrucción de ecosistemas patrimoniales.
Aguascalientes enfrenta un desafío que trasciende la estética urbana: sus áreas verdes están desapareciendo, y con ellas, la calidad de vida de miles de habitantes. El crecimiento desordenado, la falta de mantenimiento y el abandono institucional han provocado que los espacios naturales sean cada vez más escasos, y los que quedan, estén en riesgo.
De acuerdo con organizaciones ambientales, zonas como La Pona y el Bosque de Los Cobos muestran el impacto de una ciudad que crece sin equilibrio. La expansión de fraccionamientos, la deforestación y la sobreexplotación del agua están debilitando los pocos pulmones que aún tiene la capital.
Las consecuencias ya se sienten: menos árboles significa más contaminación, más calor y menos captación de agua. A esto se suma la pérdida de biodiversidad y la desaparición de espacios recreativos, fundamentales para el bienestar físico y mental de la población.
Expertos coinciden en que no basta con plantar árboles, sino que se deben conservar los existentes, darles mantenimiento y proteger los suelos que los sostienen. La reforestación sin planeación o seguimiento no soluciona el problema; solo lo disfraza.
El reto ambiental no se resolverá sin la participación ciudadana. Colectivos locales han denunciado la falta de políticas claras para la protección de áreas verdes y piden una estrategia integral que incluya educación ambiental, reforestación con especies nativas y mecanismos legales para evitar la privatización o destrucción de terrenos públicos.
Las soluciones existen: adoptar parques, reforzar las cuadrillas de mantenimiento, crear nuevos corredores verdes y fomentar la cultura de cuidado ambiental desde las escuelas. Lo que falta es voluntad y continuidad en las políticas públicas.
Aguascalientes no puede seguir perdiendo su naturaleza. Las áreas verdes no son un lujo, son infraestructura vital: filtran el aire, mitigan el calor, recargan los mantos acuíferos y dan vida a las comunidades.
Una ciudad sin árboles es una ciudad sin sombra, sin aire limpio y sin esperanza de sostenibilidad. Cuidar las áreas verdes es cuidar nuestra salud, nuestra agua y nuestro futuro.
Es momento de pensar si queremos una ciudad accesible y sostenible para todas las personas o una ciudad mercancía donde existan privilegios. Cuando tengamos la respuesta, habrá que actuar en consecuencia para encausarla.
Dejo liga de un video que ayudará en la decisión final.
Ana Romo jaulericavida1@outlook.es
