El fantasma de la corrupción en el anticorrupción: La crisis de legitimidad del SEA Aguascalientes

El fantasma de la corrupción en el anticorrupción: La crisis de legitimidad del SEA Aguascalientes

Hay ironías que duelen. Y luego están aquellas que, por su crudeza, resultan casi obscenas. La suspensión del procedimiento de designación de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes —no por irregularidades comprobadas, sino porque «van a revisar el procedimiento y reponer»— representa precisamente una de estas últimas. Cuando el órgano encargado de combatir la corrupción debe suspenderse a sí mismo para preservar su propia credibilidad, estamos ante un espejismo institucional que revela mucho más de lo que pretende ocultar.

El Acuerdo que Habla por lo que Calla

El Acuerdo CS-A-04/2026, emitido por la Comisión de Selección del CPC en enero de este año, es un documento notable no por lo que dice, sino por lo que insinúa. En sus considerandos, la Comisión —presidida por la licenciada Sandra Guadalupe Hernández Salas— reconoce que los «diversos señalamientos en el ámbito público» carecen de «fundamento probatorio» ante ella. Sin embargo, admite que han generado «un clima de percepción que podría afectar la legitimidad social del proceso» (Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 2026).

La frase es reveladora: la Comisión no suspende por irregularidades probadas, sino por el miedo a la sospecha. Cuando el órgano anticorrupción confiesa que su efectividad depende de «la credibilidad y el respaldo social» (Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 2026), está reconociendo implícitamente que esta credibilidad ya no existe. Es como un médico que suspende una cirugía no porque haya cometido un error, sino porque la familia del paciente ya no confía en sus manos.

Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. La publicación que dio a conocer el acuerdo —Cyntia Macías— menciona con crudeza que la suspensión se produjo contra «las trampas de andar rolando exámenes» (Macías, 2026). Esta expresión coloquial, lejos de ser una mera anécdota, apunta a una posible filtración o manipulación de las evaluaciones a los aspirantes. El hecho de que la Comisión no haya podido —o no haya querido— corroborar estas acusaciones formalmente, pero sí haya optado por el «reseteo» completo del proceso, sugiere una de dos cosas: o la evidencia era demasiado difusa para proceder legalmente pero demasiado ruidosa para ignorarla, o existen presiones políticas que prefieren enterrar el asunto antes de que se convierta en un escándalo mayor.

Un Historial que Pesa

Para comprender la gravedad del momento actual, es necesario remontarse a los antecedentes del SEA Aguascalientes. Este no es el primer episodio turbio que enfrenta el sistema.

En 2018, durante la designación del primer Comité de Participación Ciudadana, surgieron acusaciones de que la Comisión de Selección —entonces presidida por Jorge Humberto Yzar Domínguez. La designación directa por parte del fiscal del estado de quien encabezaría el combate a la corrupción, los supuestos tintes partidistas en la votación, y el hecho de que algunos integrantes del Comité resultaran tener militancia partidista reciente —violando flagrantemente el requisito de no haber sido miembro de partido en los cuatro años anteriores— pintaron un cuadro de institucionalidad simulada (López, 2018). Según documentaron López (2018), «la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción violó sus propios acuerdos en la designación del Comité de Participación Ciudadana«.

En 2022, la Comisión volvió a ser noticia cuando permitió que una aspirante inelegible —Brenda Ileana Macías de la Cruz, quien era comisionada en el Instituto de Transparencia del Estado— avanzara en el proceso pese a que la convocatoria prohibía expresamente participar a quienes ocuparan cargos en organismos públicos no honoríficos. La inconsistencia fue tan evidente que incluso medios locales señalaron la contradicción: «Brenda Ileana Macías de la Cruz, comisionada en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes (ITEA), quedó fuera del proceso para integrarse al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), luego de que la Comisión de Selección haya determinado que sí podía participar, a pesar de que la convocatoria señala que no deben ser ‘integrante de algún Consejo o Comité público, cuyo cargo no sea honorífico‘» (Noticen, 2022).

Estos antecedentes configuran un patrón preocupante: el SEA Aguascalientes parece operar con una elasticidad normativa que siempre favorece ciertos resultados sobre otros. Cuando las reglas se doblan repetidamente, la sospecha deja de ser paranoia para convertirse en racionalidad.

La Tragedia de la «Justicia Básicamente»

Volvamos a la publicación de Cyntia Macías. La frase «se hizo justicia básicamente» es, en su aparente ingenuidad, profundamente reveladora. Sugiere una resolución que no es ni totalmente justa ni completamente injusta, sino una especie de justicia a medias, una solución de compromiso que satisface a algunos sin enfrentar realmente el problema (Macías, 2026).

Este «básicamente» encierra la tragedia de la institucionalidad mexicana: la creencia de que una suspensión administrativa basta cuando lo que se requiere es una investigación exhaustiva. Si existieron «trampas de andar rolando exámenes» (Macías, 2026), no es suficiente suspender el proceso; es imperativo identificar a los responsables, sancionarlos y transparentar qué falló en los mecanismos de vigilancia. De lo contrario, el mensaje es claro: en el SEA de Aguascalientes, las irregularidades se resuelven con un «borrón y cuenta nueva«, no con rendición de cuentas.

La decisión de suspender «hasta en tanto esta comisión determine la fecha en la cual deberá reanudarse» es igualmente preocupante (Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 2026). No hay plazo, no hay compromisos concretos, no hay mecanismos de supervisión externa. Es una suspensión abierta, discrecional, que depende únicamente de la voluntad de los mismos actores que permitieron —o no supieron evitar— que el proceso se contaminara.

El Significado Político: Cuando el Anticorrupción se Vuelve Intransitable

El escándalo del SEA Aguascalientes no es un caso aislado. Es un síntoma sistémico de lo que ocurre cuando se crean instituciones con mandatos ambiciosos pero sin la fortaleza política ni la autonomía real para cumplirlos.

El Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 con la reforma constitucional, prometió una nueva era de rendición de cuentas. Los Comités de Participación Ciudadana a nivel estatal debían ser los guardianes de esa promesa: ciudadanos independientes, seleccionados mediante procesos transparentes, encargados de vigilar que el dinero público no se convirtiera en botín privado (Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 2023). Pero la realidad ha sido más prosaica. En demasiados estados, estos comités han quedado atrapados entre la cooptación política y la ineficiencia burocrática, entre la falta de recursos y la ausencia de voluntad.

Lo que ocurre en Aguascalientes es particularmente grave porque revela la fragilidad de la legitimidad institucional. Cuando la Comisión de Selección admite que debe suspender un proceso por el «clima de percepción» (Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 2026), está confesando que su autoridad no reposa en su legalidad formal, sino en una credibilidad que puede evaporarse con unos cuantos señalamientos en redes sociales. Una institución verdaderamente sólida y transparente no se derrumba ante la sospecha; la resiste con transparencia y hechos. La fragilidad del SEA aguascalentense sugiere que nunca tuvo cimientos sólidos.

Políticamente, este escándalo envía mensajes contradictorios pero igualmente dañinos. Por un lado, demuestra que la sociedad civil —o al menos algunos actores de ella— está dispuesta a denunciar irregularidades, lo cual es positivo. Por otro, muestra que las instituciones carecen de mecanismos efectivos para investigar y sancionar esas denuncias, optando por la solución más cómoda: el reinicio del proceso, como si borrar la pizarra borrara también la memoria de los ciudadanos.

El Riesgo de la Cínica Normalización

Hay un peligro mayor en episodios como este: la normalización del cinismo. Cuando los ciudadanos observan que el órgano anticorrupción suspende procesos por «percepciones» sin aclarar qué ocurrió realmente, aprenden que la transparencia es un espectáculo, no una práctica. Cuando ven que las «trampas de andar rolando exámenes» (Macías, 2026) se resuelven con un «vamos a reponer el procedimiento» en lugar de una investigación, internalizan que la rendición de cuentas es retórica, no realidad.

El SEA Aguascalientes enfrenta ahora una encrucijada. Puede usar esta suspensión como una oportunidad genuina para reformar sus mecanismos de selección, incorporar veedurías ciudadanas independientes, y transparentar qué falló y por qué. O puede tratarse de un mero paréntesis, u otra mancha al tigre, tras el cual se reanude el mismo proceso con los mismos actores y las mismas vulnerabilidades, esperando que el tiempo borre la memoria del escándalo.

La historia reciente no es alentadora. En 2018, tras las denuncias de irregularidades documentadas por López (2018), el SEA Aguascalientes continuó operando sin cambios estructurales significativos. En 2022, el caso de la aspirante inelegible fue resuelto con la misma lógica del «borrón y cuenta nueva» (Noticen, 2022). La suspensión de 2026 parece seguir el mismo guión en una serie de escándalos que rodean a la institución y a diferentes integrantes del mismo.

La Corrupción del Anticorrupción

El filósofo italiano Norberto Bobbio sostenía que la democracia no se mide solo por sus instituciones formales, sino por su capacidad para corregir sus propios defectos (Bobbio, 1984). Aplicado al caso del SEA Aguascalientes, la pregunta pertinente no es si existieron irregularidades en el proceso de selección —la sospecha, en este caso, es suficientemente razonable—, sino si la institución es capaz de corregirse a sí misma de manera transparente y efectiva.

Hasta ahora, la respuesta es negativa. La suspensión del Acuerdo CS-A-04/2026 no es un acto de autocorrección, sino de autoprotección. No busca esclarecer qué ocurrió con los «exámenes rodados» (Macías, 2026), sino evitar que el escándalo crezca. No promete mecanismos más robustos, sino «mecanismos adicionales» vagamente definidos (Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 2026). No asume responsabilidades, sino que delega la legitimidad en un futuro indeterminado.

Para el sistema anticorrupción mexicano, el mensaje es sombrío. Si en Aguascalientes —un estado relativamente pequeño, con una sociedad civil activa y medios de comunicación vigilantes— el SEA no puede completar un proceso de selección sin suspenderlo por sospechas de irregularidades, ¿qué esperar de entidades donde la opacidad es mayor y la vigilancia ciudadana más débil?

La suspensión del procedimiento de designación del CPC de Aguascalientes no es, al final, una muestra de fortaleza institucional, sino de su agotamiento. Cuando el anticorrupción debe suspenderse para sobrevivir, es señal de que la corrupción —o al menos la sospecha de ella— ha colonizado incluso los espacios destinados a combatirla. Y eso, más allá de cualquier «justicia básicamente» (Macías, 2026), es una tragedia que nos concierne a todos.

Referencias Bibliográficas

Bobbio, N. (1984). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. (2023). Acuerdo mediante el cual la Comisión de Selección, aprueba la emisión de la convocatoria para la selección del miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes [CS-A-01/25]. Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. https://www.seaaguascalientes.org/comisiondeseleccion.html

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. (2026). Acuerdo mediante el cual la Comisión de Selección, aprueba la suspensión del procedimiento de selección correspondiente a la convocatoria emitida en fecha 01 de diciembre del 2025 [CS-A-04/2026]. Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

López, C. (2018, 26 de noviembre). Designación del CPC en Aguascalientes: La Comisión de Selección del SEA violó sus propios acuerdos. LJA.MX. https://lja.mx/2018/11/designacion-del-cpc-en-aguascalientes-la-comision-de-seleccion-del-sea-violo-sus-propios-acuerdos/

Macías, C. (2026, enero). Publicación de Cyntia Macías Facebook. https://www.facebook.com/share/19pCZzCLUJ/?mibextid=wwXIfr

Noticen. (2022, 25 de enero). Comisión de Selección deja pasar a aspirante inelegible para el CPC del SEA. Noticen. https://noticen.com/2022/01/25/comision-de-seleccion-deja-pasar-a-aspirante-inelegible-para-el-cpc-del-sea/

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

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