El reciente proceso de designación de rector en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) ha encendido las alarmas sobre la salud institucional de la casa de estudios. Los eventos del pasado 31 de octubre de 2025 no solo han expuesto las profundas tensiones y contradicciones internas, sino que han colocado a la UAA en una posición de vulnerabilidad legal y ética, al priorizar el statu quo sobre los principios constitucionales de no discriminación y transparencia.

El Voto Contra la Constitución: El Límite de Edad como Discriminación

El punto más álgido de la controversia se suscitó con la votación del Consejo Universitario el 31 de octubre de 2025, la cual resolvió mantener el límite de 65 años de edad como requisito de elegibilidad para los cargos de rector y decano. Este acto, según las voces críticas de la comunidad, constituye una violencia institucional al anular el derecho de aspirantes con trayectoria. Al respecto comienzan a inundar los buzones de correo y redes sociales con mensajes de llamada de atención para vigilar y exigir transparencia en una de las instituciones mas oscuras y opacas de nuestra entidad, que no sale aun de los escándalos por fraudes financieros tipo estafa poncí donde esta involucrado el anterior rector y ala actual rectora, en dos fraudes en diferentes momentos.

Fundamentación Legal de la Controversia

De los mensajes que alertan a la comunidad universitaria, aciertan al señalar que esta disposición de conservar un límite de edad contraviene directamente el Principio Constitucional de No Discriminación.

• Artículo 1 de la CPEUM: Este mandato es categórico: prohíbe toda discriminación motivada por la edad o cualquier otra que anule o menoscabe los derechos humanos.
• Subordinación de la Autonomía: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido jurisprudencia firme: la autonomía universitaria no es absoluta ni puede ser un «escudo» para vulnerar derechos humanos. Su ejercicio legítimo está subordinado a la maximización del derecho a la educación y a la no discriminación.
• Violación del Derecho al Trabajo: El límite de 65 años resulta ser una restricción altamente cuestionable bajo el Artículo 5 Constitucional. Es difícil justificar que la edad sea un requisito intrínsecamente necesario o razonable para las funciones directivas en un ámbito académico, lo que convierte la cláusula en una distinción arbitraria.

Al conservar esta cláusula, el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno se sitúan por debajo de la CPEUM. La invalidación de registros por motivos de edad, como sucedió presuntamente con el Dr. Quintanar Stephano (quien en 2022 obtuvo un significativo segundo lugar en votaciones), se convierte en un acto de autoridad arbitrario que favorece los intereses coyunturales del oficialismo y la corrupción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

El Dr. Quintanar Stephano es central en la controversia actual por dos razones principales:

1. Candidato Fuerte en 2022: Fue uno de los aspirantes a la Rectoría de la UAA para el periodo 2023-2025, obteniendo un significativo segundo lugar en la votación de la comunidad universitaria.
2. Afectado por claramente por la Cláusula de Edad es: el Dr. Quintanar Stephano es una de las figuras cuya participación en procesos de designación (rector o decano) se vio cuestionada o invalidada debido al límite de edad de 65 años.

El hecho de que un académico de su prestigio y con un apoyo electoral demostrable de la comunidad sea excluido por una norma considerada inconstitucional (discriminación por edad) es lo que enciende el debate sobre la autonomía universitaria versus la legalidad constitucional y la defensa de los derechos humanos. Presentando a la actual rectora la DRA. SANDRA YESENIA PINZÓN CASTRO junto presidenta del Consejo Universitario, como una tirana que cuenta para su control con un instrumento poco legitimador de una camarilla de aduladores, dondela autonomía universitaria, es concebida para proteger la corrupción y no al docente o investigador que imparte catedra, es una muestra más de autoritarismo disfrazado de legalidad interna.

Recuerde rectora DRA. SANDRA YESENIA PINZÓN CASTRO que no se nos ha olvidado su pobre actuación sobre las estafas Ponzi en la UAA que ya suman mas de $330 millones de pesos perdidos, entre las administraciones de Avelar González y usted rectora Pinzón Castro. Demostrando con su actuar como el poder en la UAA puede ser ejercido sin responsabilidad. Quienes autorizaron inversiones de alto riesgo y permitieron el desfalco siguen gozando de impunidad, mientras que la comunidad carga con la pérdida de patrimonio y credibilidad.

Malas Prácticas como Norma: La denuncia de nepotismo, uso frívolo de recursos (como la compra de una camioneta de lujo o el pago de servicios personales con fondos institucionales), y la manipulación de la Ley Orgánica ad hoc, son síntomas de una administración que utiliza los recursos y las normas de la universidad como si fueran propiedad privada. Esto es el ejercicio del poder por tiranos coyunturales que modifican las reglas para blindarse y asegurar su continuidad.

Uno de los mensajes que circulan al respecto subraya una serie de malas prácticas que reflejan el uso de la institución para fines políticos o personales: nepotismo, amiguismo, uso de recursos para promoción personal (como la compra de una camioneta de más de $800 mil pesos), y una Defensoría de los Derechos Universitarios «parca y rebasada.»

El Llamado a la Conciencia y la Legitimidad

El proceso de designación no se trata solo de elegir a un líder, sino de reafirmar el compromiso ético y legal de la UAA. La omisión del Consejo Universitario al no alinear la normativa a la CPEUM debilita la propia autonomía, pues la convierte en un instrumento de intereses particulares.

La comunidad universitaria exige no solo un cambio de administración, la ciudadanía se merece instituciones democráticas, trasparentes y que no se vean envueltas en escándalos de corrupción e impunidad como es el caso sistemático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por lo que no sólo se debe rendir cuentas públicas y transparentes, sino un compromiso irrenunciable con los principios fundacionales de honestidad, justicia y libertad de cátedra. La consigna es clara: la unidad debe ser por convicción, no por sumisión.

El voto de los integrantes del Consejo Universitario será vigilado de cerca por la ciudadanía. Su decisión final determinará si la UAA se encamina hacia un futuro de transparencia, justicia y respeto a los derechos humanos, o si se mantendrá como un campo de batalla al servicio de intereses de poder, permitiendo tres años más de impunidad y opacidad.

El Deber de la Comunidad: Unidad y Exigencia

La exclusión de líderes legítimos y la impunidad frente a actos de corrupción no solo degradan la UAA, sino que traicionan su propósito fundamental: formar ciudadanos íntegros.

El voto del Consejo Universitario en los próximos días no será solo un acto administrativo, sino una prueba moral: demostrarán si son cómplices por acción u omisión de la tiranía instalada, o si se alinearán con los principios de justicia y legalidad.

La comunidad universitaria tiene el deber de exigir transparencia, justicia y la eliminación inmediata de toda forma de discriminación. Solo a través de la vigilancia activa y la unidad por convicción —no por sumisión—, la UAA podrá dejar de ser un campo de batalla para el poder y reafirmar su verdadero sentido: un espacio de libertad, dignidad y pensamiento crítico.

La historia no perdonará a quienes, invocando la autonomía, permitieron que la discriminación y la opacidad se convirtieran en la ley de la casa.