La Fiscalía como caja negra: el caso Figueroa Ortega y la impunidad que se normalizó en Aguascalientes
Durante siete años, Jesús Figueroa Ortega dirigió la institución encargada de perseguir el delito en Aguascalientes. Hoy enfrenta denuncias por lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad y presuntos vínculos con el crimen organizado. Nadie —ni el Congreso del estado, ni el gobierno panista que lo cobijó— puede decir que no hubo señales.
El expediente que nadie quería ver
En agosto de 2025, el empresario inmobiliario Alejandro Trejo presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR (FEMDO). Lo que describía no era una disputa mercantil corriente: era el rastro de millones de pesos circulando entre cuentas del exfiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, y su sobrino Aarón Elías Cruz Figueroa, durante los años en que el primero ejercía el poder de consignar, detener e investigar a quien él decidiera (Buendía, 2026; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad [MCCI], 2026).
Te puede interesar: El abuso de poder y los ingresos inexplicables del ex fiscal de Aguascalientes.
En MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
La carpeta abierta ante la FEMDO quedó registrada bajo el folio 189/2025. Meses antes, la FGE del propio estado ya había abierto la carpeta CI/AGS/16408/06-25 por los mismos hechos. Dos fiscalías. Un solo nombre señalado. Y la misma pregunta sin respuesta: ¿cómo es que el hombre que debía combatir el crimen en Aguascalientes acumuló una red financiera de más de 75 personas y empresas desde clínicas médicas hasta proveedores agrícolas mientras declaraba ante el Congreso local apenas un automóvil Honda 2012, media casa de 79 metros cuadrados y una inversión bancaria de 50 mil 59 pesos? (Hidrocalido Digital, 2025).
«El asunto se complica para Figueroa Ortega, pues la red de personas y jueces involucrados supera más de 75 nombres y empresas de todo tipo, desde médicas hasta agrícolas.»
— Hidrocalido Digital, agosto de 2025
Las declaraciones patrimoniales, que en teoría sirven para detectar enriquecimiento inexplicable, muestran que en 2019 Figueroa declaró ingresos totales por 1 millón 895 mil pesos, de los cuales 1 millón 502 mil 929 correspondían a su sueldo como fiscal. Al mismo tiempo, los estados de cuenta bancarios que su propio sobrino adjuntó a una denuncia penal cometiendo lo que el periodista Eduardo Buendía, de MCCI, llama un error grave registran transferencias de entre 300 mil y 450 mil pesos de manera recurrente entre tío y sobrino, sin declarar. El dinero pasaba por la cuenta de Aarón Cruz como puente: entraba del fiscal, salía hacia la exesposa de Figueroa (entonces jueza cuarta mercantil), hacia hermanos del exfuncionario y hacia tres empresas Rhinno Smart, Merak Centro Médico e Insumos Maez que en conjunto recibieron 3.6 millones de pesos de la cuenta del sobrino y a su vez le regresaron 3.5 millones. Esas tres compañías facturaron al IMSS y al ISSSTE más de 220 millones de pesos (MCCI/La Silla Rota, 2026).
Cómo se construye la impunidad institucional
El caso Figueroa no es un accidente. Es la consecuencia lógica de un modelo de designación en el que el titular de una fiscalía estatal llega al cargo por acuerdo político y permanece atado a quien lo nombró. El gobernador Martín Orozco Sandoval designó a Figueroa como fiscal en febrero de 2017, con antecedente de juez quinto penal. Siete años después, como premio de salida o como garantía de silencio, según la interpretación que cada quien prefiera, le otorgó el fiat de la Notaría Pública número 72 del estado, el 6 de septiembre de 2022, cuando Figueroa todavía ejercía como fiscal en activo (El Sol del Centro, 2022; Página 24, 2022).
El otorgamiento de una notaría a un fiscal en funciones no es una anécdota menor. En el contexto de las investigaciones actuales, la Notaría 72 aparece en la denuncia ante la FEMDO como presunta sede de operaciones de compraventa de predios a nombre de integrantes del crimen organizado (Infobae, 2025a; Maya Comunicación, 2025). La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el caso el 30 de octubre de 2025 durante su conferencia mañanera, confirmó que el gobierno federal revisará el funcionamiento de las notarías del país y pidió a la FGR informar sobre los avances del expediente (Infobae, 2025b).
«La Notaría 72 aparece en la denuncia como presunta sede de operaciones de compraventa de predios a nombre de integrantes del crimen organizado.»
La arquitectura de la presunta red no funcionaba sola. Según el reportaje de Péndulo Informativo (2024), dentro de la Fiscalía operaba César Ramón Covarrubias Alba, alias El Cachuchas, director de la Unidad de Análisis e Información, señalado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las narcomantas que aparecieron en distintos puntos de la ciudad en 2023, acusando a la Fiscalía de mantener acuerdos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa, pasaron entonces como ruido político. Hoy forman parte de la línea investigativa de la FGR (Infobae, 2025a).
El abuso de autoridad documentado no se queda en transferencias bancarias. El 21 de noviembre de 2023, dos días después de la primera audiencia de un juicio mercantil entre el sobrino del fiscal y el empresario Trejo, el todavía fiscal Figueroa Ortega se presentó físicamente en horario laboral, con vehículos oficiales y escoltas en el edificio de departamentos Sierra Hermosa, propiedad del empresario denunciante. La visita quedó grabada en las cámaras del condominio. También quedó documentado que la jueza mercantil Ana Luisa Padilla Gómez atendió en 15 horas una solicitud de embargo de bienes ajenos al juicio, presentada por abogados del sobrino del fiscal (MCCI/La Silla Rota, 2026).
El problema estructural: el fiscal que no puede fiscalizarse a sí mismo
Resulta difícil no ver aquí la paradoja que Max Weber identificó en su teoría del Estado moderno: la institución que concentra el monopolio legítimo de la fuerza para perseguir el delito se convierte, bajo ciertas condiciones en el vector privilegiado de la corrupción, precisamente porque posee los instrumentos expedientes, cámaras de investigación, poder de consignación para blindar su propia conducta (Weber, 1919/2004).
En México, las fiscalías estatales han sido históricamente el eslabón más débil del sistema anticorrupción. La reforma constitucional de 2019 que les otorgó autonomía formal no eliminó la dependencia real de los titulares respecto de quien los designó y puede presionar su salida. En Aguascalientes, el Congreso local de mayoría PAN durante el periodo en cuestión nunca activó mecanismos de control sobre la institución, pese a que los señalamientos públicos contra la Fiscalía datan por lo menos de 2023.
El diputado federal de Morena, Arturo Ávila Anaya, exigió en diciembre de 2025 una investigación inmediata y anunció que impulsaría una iniciativa para que las notarías se asignen mediante concurso de oposición, no por designación política: «Hay que acabar con la práctica de otorgar notarías como favores«, declaró (Infobae, 2025c). La iniciativa no ha prosperado. La notaría sigue operando.
«Si la ciudadanía no puede fiscalizar al fiscal, la rendición de cuentas es una ficción bien administrada.»
Los nombres que siguen pendientes
Una investigación de esta magnitud no puede detenerse en el imputado más visible. La lógica de la rendición de cuentas exige trazar la cadena completa. Varios actores institucionales mantienen preguntas abiertas sobre su responsabilidad:
Martín Orozco Sandoval exgobernador de Aguascalientes (PAN, 2016-2022), más que nunca, y ahora que decidio salir de las sombras hay que recordar que él designó a Figueroa como fiscal y le entregó la Notaría 72 cuando aún estaba en funciones. Ninguna investigación formal lo señala hasta la fecha, pero la pregunta sobre qué sabía y cuándo lo sabía no puede ignorarse si se toma en serio el principio de cadena de mando en la supervisión institucional.
Sandra Luz Velasco Marín, exjueza cuarta de lo Mercantil y exesposa del fiscal, aparece como receptora de transferencias provenientes de la cuenta puente del sobrino Aarón Cruz. Su nombre figura en los estados de cuenta que el propio sobrino presentó como prueba. Si hubo flujos de dinero hacia una jueza en activo, las implicaciones para la integridad del Poder Judicial local son graves.
La jueza Ana Luisa Padilla Gómez, cuya resolución en 15 horas de una solicitud de embargo fuera del juicio quedó documentada como presunto acto de abuso e ilegalidad en la denuncia, merece una revisión formal por el Consejo de la Judicatura local.
César Ramón Covarrubias Alba (El Cachuchas), exdirector de Análisis e Información de la FGE, señalado por presuntos vínculos con el CJNG. Su nombre circula en los registros de la Fiscalía desde 2018. La pregunta es cuánto de lo que hizo o dejó de hacer pasó por el conocimiento de su jefe inmediato.
Aarón Elías Cruz Figueroa, sobrino del exfiscal, denunciante y denunciado. Fue él quien, al adjuntar sus estados de cuenta a una denuncia penal para reclamar dinero al empresario Trejo, expuso involuntariamente el mecanismo que hoy investiga la FGR. Su participación como presunto prestanombres es central en el expediente.
Lo que sigue: el riesgo del expediente que se archiva
La FGR tiene el expediente. La presidenta pidió que informe. Un diputado federal propuso una comisión. Hasta ahí el guión es conocido. En México los casos de alto perfil tienen una secuencia habitual: ruido mediático, declaraciones políticas, silencio institucional, prescripción o sobreseimiento discreto.
Lo que puede romper esa secuencia es la calidad de la prueba documental. En este caso la ironía es que la evidencia más sólida la aportó el propio sobrino del exfiscal, quien adjuntó cientos de páginas de estados de cuenta a una carpeta penal para cobrar una deuda inmobiliaria. Esos documentos, que registran flujos de dinero entre 2019 y 2025 por montos que la denuncia cifra en más de 478 millones de pesos, no pueden desaparecer porque están en manos de la propia autoridad (MCCI, 2026; Infobae, 2025b).
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal establecen que las penas por lavado de dinero cometido por servidores públicos encargados de prevenir, detectar o investigar delitos se duplican y pueden alcanzar hasta 30 años de prisión, más inhabilitación por un período igual al de la condena (Hidrocalido Digital, 2025). Si Figueroa Ortega es eventualmente procesado y condenado, perdería la titularidad de la Notaría 72.
Pero la sanción penal individual aunque necesaria, no resuelve el problema estructural. Lo que el caso Figueroa expone es que Aguascalientes tuvo durante siete años una Fiscalía cuyo titular usó el aparato de justicia como plataforma de negocios privados, intimidó a empresarios con escoltas oficiales, y construyó una red financiera que —según la denuncia— incluye a proveedores del IMSS, del ISSSTE, a exjueces y a empleados de su propia institución. Todo eso ocurrió con un Congreso local que no preguntó, con un gobierno estatal que premió, y con una ciudadanía que recibió más homicidios y más impunidad como saldo de esa gestión.
«La sanción penal individual, aunque necesaria, no resuelve el problema de fondo: el diseño institucional que hizo posible siete años de opacidad.»
El poder cuando nadie lo observa
El expediente Figueroa Ortega no es solo una historia de corrupción personal. Es el retrato de cómo funciona el poder cuando nadie lo observa. La Fiscalía de Aguascalientes operó durante años como una caja negra (no queda claro si ya no): hacia afuera proyectaba la imagen de una institución de seguridad; hacia adentro, según los indicios documentados, circulaba dinero que no aparecía en ninguna declaración patrimonial.
Transparencia y rendición de cuentas no son consignas. Son mecanismos. Requieren un Congreso que ejerza sus facultades de fiscalización, un Poder Judicial sin jueces que resuelven en 15 horas los favores del fiscal en turno, y un sistema de control patrimonial que no se limite a validar lo que el funcionario quiere declarar. Aguascalientes no tiene ninguna de esas tres condiciones funcionando bien. El caso Figueroa es la evidencia más reciente y más documentada de ese déficit.
La FGR tiene los papeles. La pregunta ahora no es si el caso existe. Es si alguien va a hacer algo con él antes de que el tiempo lo archive.
Referencias
Buendía, E. (2026, 11 de mayo). El abuso de poder y los ingresos inexplicables del ex fiscal de Aguascalientes. La Silla Rota. https://lasillarota.com/estados/2026/5/11/el-abuso-de-poder-los-ingresos-inexplicables-del-ex-fiscal-de-aguascalientes-597900.html
El Sol del Centro. (2022, 9 de septiembre). Otorgan Notaría Pública a Fiscal General de Aguascalientes. El Sol del Centro. https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/otorgan-notaria-publica-a-fiscal-general-de-aguascalientes-8866468.html
Hidrocalido Digital. (2025, 11 de agosto). Denuncian al exfiscal Figueroa por lavado de dinero. Periódico Hidrocalido Digital. https://www.hidrocalidodigital.com/denuncian-al-ex-fiscal-figueroa-por-lavado-de-dinero/
Infobae México. (2025a, 30 de octubre). La FGR investiga al exfiscal de Aguascalientes por presunto lavado de dinero. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2025/10/30/la-fgr-investiga-al-exfiscal-de-aguascalientes-por-presunto-lavado-de-dinero/
Infobae México. (2025b, 30 de octubre). Sheinbaum pide a FGR atender denuncia contra exfiscal de Aguascalientes por lavado de dinero. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2025/10/30/sheinbaum-pide-a-fgr-atender-denuncia-contra-exfiscal-de-aguascalientes-por-lavado-de-dinero/
Infobae México. (2025c, 3 de diciembre). Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2025/12/03/diputado-de-morena-propondria-crear-comision-para-investigar-al-exfiscal-de-aguascalientes-relacionado-con-diversos-delitos/
Maya Comunicación. (2025, 30 de octubre). Exfiscal de Aguascalientes bajo investigación por crimen organizado. Maya Comunicación. https://mayacomunicacion.com.mx/exfiscal-de-aguascalientes-bajo-investigacion-por-crimen-organizado/
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad [MCCI]. (2026, mayo). Exfiscal de Aguascalientes enfrenta denuncias por lavado de dinero y abuso de poder. Contra la Corrupción. https://contralacorrupcion.mx/exfiscal-aguascalientes-denuncias-lavado-dinero-abuso-poder/
Página 24. (2022, 9 de septiembre). El fiscal ya es notario; lo premia Martín Orozco Sandoval con fiat. Página 24. https://pagina24.com.mx/2022/09/09/local/el-fiscal-ya-es-notario-lo-premia-martin-orozco-sandoval-con-fiat/
Péndulo Informativo. (2024, 8 de enero). Jesús Figueroa Ortega: un fiscal gris, que abrió las puertas a la impunidad y la delincuencia. Péndulo Informativo. https://www.penduloinformativo.com/jesus-figuero-ortega-un-fiscal-gris-manchado-por-la-ineficacia-corrupcion-e-impunidad/
Weber, M. (2004). El político y el científico (F. Rubio Llorente, trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1919)
