La UAA: De Casa de Estudios a Casa de Apuestas

La UAA: De Casa de Estudios a Casa de Apuestas

La Universidad Autónoma de Aguascalientes no solo enseña economía en las aulas, parece que la práctica en sus finanzas. Por si fuera poco, realiza  no una economía conservadora si no una que se considera arriesgada y que, por mucho linda en los límites de la decencia, en otras palabras, la economía con la que las autoridades universitarias juegan con el patrimonio de la Universidad en nombre de la “Autonomía” para evitar el escrutinio público y la rendición de cuentas, ha provocado un escándalo internacional que hasta en las páginas del diario español El País, se hace mención al desaseo institucional en de la UAA.

Los números son brutales: más de 350 millones de pesos dilapidados en dos estafas Ponzi que no solo exhiben la incapacidad administrativa de la institución, sino que ponen en entredicho el significado mismo de la autonomía universitaria en México. Y lo más grave: estos desfalcos ocurrieron bajo la mirada -y con la firma- de dos rectores consecutivos.

Los Dos Fraudes y los Rectores que los Avalaron

Francisco Javier Avelar González (Rector 2019-2022) al parecer es el arquitecto invisible de la debacle inicial. Bajo su administración, la UAA adquirió 200 millones de pesos en bonos basura a través de la empresa CORAFI, parte del esquema diseñado por René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García. Avelar, quien ahora asegura «tener menos información que ustedes» sobre el caso, fue el responsable de constatar que One de M3X1C0 S.A. de C.V. «cumplía con los registros« de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Curiosamente, cuando estalló el escándalo, este académico solicitó amparos preventivos contra una posible detención, gesto que habla por sí solo de su tranquilidad ante la justicia.

Sandra Yessenia Pinzón Castro asumió la rectoría el 1 de enero de 2023, pero en lugar de frenar el desastre, lo perpetuó y amplificó. En febrero de 2023, renovó la inversión de los 200 millones de CORAFI. Peor aún: el 14 de marzo de 2023, firmó personalmente el compromiso de adquirir 100 millones de pesos adicionales en bonos bursátiles, esta vez a través de One de México, sacando el dinero directamente del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los trabajadores.

Dos rectores, un mismo modus operandi: fideicomisos vacíos, empresas de papel y promesas de rendimientos irreales del 11-13% anual, más comisiones ocultas del 5% en efectivo.

Las Investigaciones: Un Pozo Sin Fondo

El fiscal saliente Jesús Figueroa Ortega (otro de no grata memoria), confirmó que existen dos carpetas de investigación: una de 2022 y otra de 2024. Ambas, en palabras del propio funcionario, «siguen en su investigación inicial, no se han judicializado». Traducción: después de años, la investigación no ha pasado de la mera anotación en un expediente.

La rectora Pinzón promete «candados» y «transparencia» (cosa que es lo menos que ha hecho), mientras el exrector Avelar se deslinda por completo: «Yo ya fui a declarar hace buen rato, solito, para colaborar». Entre ambos, han destituido solo a dos funcionarios de tercer nivel -Claudia Eugenia Martínez Herrera y Jorge Humberto López Reynoso- sin que ningún rector haya asumido responsabilidad política.

La Red de Complicidad que Sube Hasta el Rectorado

Los documentos obtenidos por EL PAÍS revelan que la jefa del Departamento de Presupuesto, Claudia Eugenia Martínez Herrera, instruyó el pago de los 100 millones de pesos al banco Covalto apenas un día después de la firma de Pinzón Castro. Los recursos salieron de una cuenta llamada «Administración de pensiones y jubilaciones», aunque la rectora ahora asegura que fue una «confusión» y que el dinero no provino del fideicomiso de pensiones, sino de «retornos de otras inversiones».

Pero la auditoría forense de 2025 expone lo indecible: el entonces contralor Germán Ramírez Ortiz advirtió que los 200 millones eran recursos federales y que la investigación correspondía a la Fiscalía General de la República, no a la estatal. Al día siguiente de su advertencia, fue destituido (otro acto sospechoso). Además, se reveló que el secretario general José Manuel López Libreros omitió atender un oficio de la Secretaría de la Función Pública que investigaba estos desvíos.

La Autonomía Como Escudo de Impunidad

Ambos rectores esconden su negligencia -o complicidad- detrás de la autonomía universitaria. La UAA respondió a EL PAÍS que «los tipos de inversión y los mecanismos para su aprobación se encontraban dentro de los marcos normativos». Es decir, la legislación universitaria permitía literalmente jugar a la ruleta rusa con el patrimonio público.

¿Cuál es la postura de cada rector?

Avelar: «No saqué beneficio» y desconoce quiénes están detrás.

Pinzón: «Asumimos plenamente las responsabilidades» y promete reformas que no llegan.

Entre ambos, 351 millones de pesos evaporados. Entre ambos, cero responsables en la cárcel. Entre ambos, una comunidad universitaria que sigue pagando las consecuencias.

La Beca que Nunca Llegó

Los 351 millones perdidos no son abstractos. Son becas que no se otorgaron, laboratorios que no se construyeron, salarios que no se aumentaron. Mientras tanto, la UAA presume que su Fideicomiso de Pensiones «creció un 18%» en 2024, sin aclarar si ese crecimiento es real o solo contabilidad creativa para tapar el hoyo.

La estafa Ponzi en la universidad es un síntoma de la enfermedad nacional: la tentación de sustituir la planificación seria con esquemas mágicos que prometen dinero fácil. Pero el peor mal no es que funcionarios codiciosos cayeran en la trampa, sino que diseñaron el sistema para caerse. Las normas internas -aprobadas en Consejos Universitarios presididos por estos rectores- permitían inversiones de riesgo, la supervisión era inexistente y la rendición de cuentas, opcional, porque todo se hace a nombre de la AUTONOMÍA.

¿Qué es lo siguiente?

El colectivo «Círculos UAA» ha denunciado que «no puede ignorarse que algunos de los propios funcionarios» participaron activamente. Tienen razón. Cuando un rector firma, un director de finanzas ejecuta y un contralor es despedido por denunciar, estamos ante corrupción institucionalizada, no simple negligencia.

Mientras las investigaciones sigan «en su etapa inicial» y los rectores sigan dando declarados de desconocimiento absoluto, la comunidad universitaria merece saber: ¿Cuánto sabían Avelar y Pinzón? ¿Por qué no renunciaron? ¿Por qué no están inhabilitados?

¿Por qué por la falta de rendición de cuentas no le niegan el voto los estudiantes y docentes de la UAA a Pinzón para su reelección?, que por cierto ya que estamos en el tema de la reelección o mejor dicho procesos electorales en la UAA, es bien sabida la practica de varios docentes de solicitar el voto a cambio de calificaciones. Y no digan que no, que yo al haber sido alumno lo viví y lo denuncié, pero como en Derechos Universitarios te piden firmar una carta que no puedes divulgar los hechos, para continuar con la opacidad de la institución, no se hace investigación alguna y no se esclarece nada a nombre de la Autonomía y la complicidad activa de gente que no parecen académicos si no delincuentes organizados, eso de alumno. Cuando fui docente mejor renuncié antes de cometer un delito a nombre de la mafia organizada de la UAA.

La UAA necesita más que «candados»: necesita una auditoría externa, independiente y con dientes. Necesita que se congelen activos, se inhabiliten a rectores y funcionarios, y se judicialice de inmediato. La autonomía es un privilegio que se gana con responsabilidad, no un derecho que se mantiene con opacidad.

Hasta que alguien vaya a la cárcel y el dinero regrese, la UAA seguirá siendo, tristemente, la Universidad Autónoma de Apuestas, no de Aguascalientes. Y los rectores que la condujeron a la ruina seguirán dando clases de ética en otras instituciones, mientras sus ex trabajadores temen por sus pensiones.

Fuentes:

– EL PAÍS: «Boquete financiero por 138 millones» (2024) – Detalles sobre firmas de Pinzón y Avelar

– Hidrocalidodigital: «Auditoría Forense a la UAA» (2025) – Red de complicidad y despidos

– Newsweek/Yahoo: «Sin avances en investigación» (2025) – Declaraciones de Avelar y Pinzón

– BI Noticias: «Se retrasa investigación» (2025) – Identificación de rectores

– Redes oficiales: Pronunciamientos de colectivos universitarios

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

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