Un país en manos de 11
En la editorial del 10 de agosto, le conté la aberrante pretensión del Presidente López Obrador por poner a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una aberración porque la propuesta del Presidente, aprobada por el Congreso de la Unión, contraviene lo que expresamente indica el artículo 21 constitucional; que la Guardia Nacional será de carácter civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.
Es aún más aberrante que quienes deben ser guardianes de la legalidad, insistan en atropellar la Carta Magna aún en contra de sus propios argumentos; sobran tweets de cómo los morenos de opusieron a la militarización de Calderón o a la propuesta con la que Peña Nieto pretendió que el ejército realizara labores de seguridad ciudadana.
La República fue concebida como un sistema de pesos y contrapesos, de forma que el poder se regule a sí mismo y el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se vigilen entre sí. Hoy, en vista que al Ejecutivo y al Legislativo poco les importó el texto constitucional, la revisión de la recientemente aprobada reforma para militarizar al país, queda en manos de la Suprema Corte.
Cualquier estudiante de Derecho o cualquier persona con mínima comprensión lectora podría verlo con claridad, la reforma es anticonstitucional, ni siquiera se presta a interpretaciones porque el texto es extremadamente claro: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Simplemente no existe espacio para la interpretación, pero ahora la Corte se encuentra en una encrucijada, complacer el Presidente aún en contra de la Ley o contrapuntearse con él y sus aliados.
Ya hemos visto a la Corte doblarse ante el Presidente, basta con recordar cómo declaró parcialmente constitucional la reforma eléctrica, misma que no solo atenta contra el orden constitucional sino contra el T-MEC y le valió a México una demanda de parte de Canadá y Estados Unidos que muy seguramente se perderá y nos costará, a todos los mexicanos, miles de millones en indemnizaciones.
Si la SCJN declara constitucional la reforma, demostrará estar de la manera más indigna al servicio del inquilino de Palacio Nacional y si hace bien su trabajo, le regalará a AMLO la oportunidad de culpar a la Corte de que la violencia en el país no se detenga, bajo el argumento de que ya tenían una solución pero la neoliberal Suprema Corte no lo permitió. Difícil para los 11 ministros realizar su trabajo, pero al fin y al cabo, para esto es que cobran tan bien.
Apostilla: El PRI se desgastó por sus excesos en el poder y si morena no tiene cuidado, rápidamente se verá en la misma situación y su credibilidad no durará más de dos sexenios.
