El agua que nadie eligió discutir:Steven Lukes y el poder invisible de Aguascalientes

El agua que nadie eligió discutir:Steven Lukes y el poder invisible de Aguascalientes

«El poder: un enfoque radical»,

de Steven Steven Lukes

El 18 de abril de 2023, en una sesión extraordinaria de cabildo, los diecisiete integrantes del ayuntamiento de Aguascalientes votaron por unanimidad la creación de un nuevo organismo para operar el agua de la ciudad. Se llamaría Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, MIAA. Hubo aplausos, hubo boletines de prensa, hubo la palabra “histórico” repetida varias veces. Y en cierto sentido lo era: tras treinta años, el servicio de agua potable dejaba de estar en manos de una concesionaria privada Proactiva, después CAASA, después Veolia para luego de ese periplo regresar a un organismo público. Se cerraba, dijeron, un capítulo.

Lo que casi nadie preguntó esa tarde es por qué, después de tres décadas de discutir quién debía administrar las tuberías, seguíamos sin discutir en serio por qué el acuífero que sostiene a toda esa infraestructura lleva más de sesenta años vaciándose más rápido de lo que se recarga. Ese asunto es el verdaderamente grave, es el que apenas apareció en la conversación pública. Y ahí, exactamente ahí, empieza a ser útil un libro publicado por primera vez en 1974 y que sigue incomodando a politólogos de todo el mundo: El poder: un enfoque radical, de Steven Lukes.

¿Qué es realmente el poder? La pregunta suena filosófica, casi de salón. Pero Steven Lukes la convirtió en una herramienta de trabajo, y esa herramienta, aplicada a Aguascalientes, revela algo incómodo: que buena parte de las batallas políticas visibles de esta ciudad han ocurrido alrededor de lo que resultaba más fácil discutir, mientras la pregunta más peligrosa que en este caso sería cuánta agua tenemos en realidad y quién decide quién se queda sin ella, permanecía casi fuera del radar.

El poder que vemos

Steven Lukes nació en Inglaterra en 1941, estudió en Oxford donde según sus biografía conoció a  Norman Birnbaum, maestro y guía que lo acercó al marxismo, se doctoró con una tesis sobre Émile Durkheim. Ha sido profesor en la London School of Economics, en la Universidad de Siena, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y, durante buena parte de su carrera madura, en la Universidad de Nueva York. Es, ante todo, un sociólogo formado en la tradición europea, con un pie firme en la filosofía política y otro en el trabajo empírico sobre instituciones.

Cuando Steven Lukes escribió Power: A Radical View a mediados de los años setenta, el debate académico sobre el poder llevaba casi dos décadas trabado en una discusión que hoy parece técnica pero que en su momento fue una verdadera batalla intelectual: ¿cómo se mide el poder? El politólogo estadounidense Robert Dahl, en su influyente estudio sobre la ciudad de New Haven, había propuesto una respuesta aparentemente sensata, la cual la conocí en clases de Antropología Política impartida por el doctor Roberto Varela en la UAM Iztapalapa: A tiene poder sobre B en la medida en que consigue que B haga algo que, de otro modo, B no haría. Se observan las decisiones, se identifica quién ganó cada conflicto abierto, se cuenta. Es una definición operativa, verificable, casi elegante en su simplicidad.

Esta es la primera dimensión del poder, y no hay que despreciarla: describe una parte real y verificable de la vida política. En Aguascalientes la vemos todos los días. La vemos cuando el Congreso del Estado vota una ley y una bancada se impone sobre otra. La vemos cuando un ayuntamiento aprueba o rechaza una concesión, como ocurrió en 2018, cuando la entonces alcaldesa María Teresa Jiménez anunció públicamente que no renovaría el contrato con CAASA: una decisión visible, con nombre, apellido y fecha. La vemos en las votaciones de cabildo, en los boletines oficiales, en los conflictos abiertos entre concesionaria y gobierno municipal por adeudos, fugas o tandeos. Todo eso es poder de primera dimensión: actores identificables, decisiones concretas, ganadores y perdedores que cualquiera puede señalar con el dedo.

El problema, decía Steven Lukes es que esta forma de mirar el poder tiene un punto ciego enorme. Y ese punto ciego es, precisamente, lo que la vuelve insuficiente para entender ciudades como la nuestra.

El poder que decide qué se discute

A finales de los años sesenta, dos politólogos Peter Bachrach y Morton Baratz cuenta el mito de la ciencia, le hicieron a Robert Dahl una pregunta incómoda: ¿qué pasa con los conflictos que nunca llegan a manifestarse porque alguien, antes, se encargó de que ciertos temas ni siquiera entraran a la agenda? Peter Bachrach y Morton Baratz llamaron a esto la “segunda cara del poder”: la capacidad de organizar el silencio, de decidir de qué se habla y de qué no, de mantener ciertos asuntos fuera del espacio de discusión legítima mediante reglas, procedimientos, rutinas institucionales o, simplemente, la fuerza de la costumbre.

Steven Lukes recoge esta idea y la vuelve más filosa. La pregunta que plantea no es solamente quién gana una votación, sino quién decide qué cosas merecen convertirse en asunto público. ¿Quién decide de qué podemos discutir?

Aplicada a Aguascalientes la pregunta produce un hallazgo incómodo. Durante más de tres décadas, el debate público sobre el agua se organizó casi por completo alrededor de una sola pregunta: ¿debe operar el servicio una empresa privada o un organismo público? Es la pregunta que ocupó campañas municipales, boletines de prensa, sesiones de cabildo, notas periodísticas y hasta acusaciones cruzadas entre partidos. Es, sin duda, una pregunta legítima y no menor: importa quién factura, quién invierte, quién rinde cuentas.

Pero mientras esa discusión dominaba la agenda, otra pregunta que es más incómoda y más determinante, apenas ha conseguido espacio: ¿por qué seguimos extrayendo del subsuelo casi el doble de lo que la naturaleza logra reponer? El Acuífero del Valle de Aguascalientes, que abastece a la mayor parte del Estado, arrastra un déficit anual de más de cien millones de metros cúbicos, y la ciudad capital sostiene ese ritmo con 213 pozos que operan en promedio veinte horas al día, todo el año. Es una crisis documentada desde hace décadas, el gobierno federal decretó veda para nuevas perforaciones en 1963 y sin embargo, durante generaciones no ha logrado convertirse en el centro de ninguna campaña política ni en el eje de ningún debate legislativo comparable al que sí generó la disputa entre CAASA y el municipio.

Esto no significa que exista una conspiración organizada para esconder el tema del acuífero. Significa algo más sutil y en cierto sentido, más difícil de combatir: que la estructura misma de la discusión pública que fija en el debate público lo que resulta noticiable, lo que moviliza votos, lo que cabe en un boletín de prensa o en una promesa de campaña, tiende a privilegiar lo visible, lo administrativo, lo que tiene un responsable con nombre y apellido, por encima de lo estructural, lo lento y lo que no tiene un villano fácil de señalar. Ahí opera la segunda dimensión del poder: no en una orden, sino en la forma en que se organiza o se desorganiza la conversación.

Steven Lukes

El poder que no necesita dar órdenes

La tercera dimensión es, con diferencia, la más difícil de manejar con responsabilidad, y también la más reveladora. Steven Lukes se pregunta qué ocurre cuando el poder logra su efecto más completo: no venciendo a alguien en un conflicto abierto, ni siquiera impidiendo que un tema llegue a discutirse, sino consiguiendo que ese conflicto jamás llegue a sentirse como tal. Cuando A logra que B acepte, como parte natural del orden de las cosas, una situación que en realidad perjudica los intereses de B.

Aquí hay que caminar con mucho cuidado, porque esta idea se presta fácilmente a la caricatura conspirativa: “todos están manipulados y sólo yo lo veo”. Steven Lukes no dice eso. Distingue con precisión entre manipulación deliberada, socialización, ideología y aceptación genuina de normas compartidas. No toda preferencia que coincide con el statu quo es una preferencia fabricada. Pero sí sostiene que hay mecanismos que surgen desde el plano cultural, institucional, y del uso del lenguaje, que pueden naturalizar arreglos de poder hasta el punto de volverlos invisibles como arreglos, y presentarlos simplemente como “cómo son las cosas”.

En Aguascalientes ese mecanismo de naturalización tiene un ejemplo bastante claro: el uso agrícola del agua. Entre el setenta y el setenta y cinco por ciento del agua del estado se destina al campo, en particular a cultivos comerciales como la vid, mientras las zonas urbanas enfrentan escasez creciente. Esa distribución no es un dato neutral de la naturaleza: es el resultado de decisiones históricas, de estructuras de propiedad, de permisos de extracción que según una investigación periodística reciente (Newsweek en Español — «Autorizan a políticos extraer millones de litros de agua pese a la crisis hídrica en Aguascalientes»: https://newsweekespanol.com/aguascalientes/autorizan-a-politicos-extraer-millones-de-litros-de-agua-pese-a-la-crisis-hidrica-en-aguascalientes), se han otorgado durante décadas a figuras con vínculos políticos, en una entidad donde los cinco acuíferos están clasificados por la Comisión Nacional del Agua en el nivel más alto de escasez hídrica. Y sin embargo, ese reparto rara vez se discute como una decisión política que pudo haber sido distinta. Se acepta como si fuera clima, como si fuera geografía, como si fuera simplemente el precio de vivir en Aguascalientes.

Ese es, precisamente, el terreno que Steven Lukes quiere que examinemos: no si alguien dio una orden, sino si existe una estructura que hace que ciertas preguntas, ¿por qué el agua se reparte así?, ¿quién decidió que fuera así?, ni siquiera se formulen, porque el arreglo actual se experimenta como lo obvio, lo dado, lo que “siempre ha sido así”.

Aguascalientes bajo la lente de Steven Lukes

Puesto en la cadena que propone el propio análisis concepto, mecanismo, hecho documentado, interpretación, límites de la interpretación, el caso del agua en Aguascalientes ofrece un material extraordinariamente completo, porque permite observar con distinto grado de certeza, las tres dimensiones a la vez.

En la primera dimensión, los hechos son sólidos y verificables: la concesión a Proactiva/CAASA en 1993, la decisión de no renovarla anunciada en 2018, la creación formal de MIAA en abril de 2023 y la entrega-recepción del servicio en octubre de ese mismo año. Son decisiones con actores identificables, fechas precisas y consecuencias medibles.

En la segunda dimensión, la evidencia también es consistente: durante ese mismo periodo, la cobertura periodística, el debate electoral y la discusión legislativa se concentraron de manera desproporcionada en el modelo de gestión, privado, público, mixto y mucho menos en la sostenibilidad del recurso mismo. Basta comparar el volumen de notas dedicadas a las quejas contra Veolia con las dedicadas al abatimiento del acuífero para notar la asimetría. Ambos temas eran, en rigor, igual de urgentes. Sólo uno se volvió noticia de primera plana de forma constante.

La tercera dimensión exige más cautela, y aquí conviene ser honestos sobre los límites de la interpretación. No hay evidencia de que exista un plan deliberado para que la ciudadanía ignore la sobreexplotación del acuífero. Lo que sí hay es un patrón observable: una distribución del agua profundamente desigual que parte entre uso agrícola y uso urbano, entre quienes tienen permisos de extracción y quienes dependen de la red pública, que rara vez se cuestiona como una decisión política susceptible de cambiar. No podemos afirmar que existe manipulación de preferencias sólo porque una política pública resulte impopular o porque el electorado no priorice el tema en las urnas; eso sería forzar la teoría más allá de lo que la evidencia permite. Lo que sí podemos decir, con Steven Lukes, es que hay una estructura histórica, agrícola, institucional que ha logrado que ese reparto se experimente como natural, y que precisamente por eso rara vez entra al debate con la urgencia que sus cifras deberían provocar.

Lo que Pedro Páramo puede ayudarnos a ver

Vale la pena detenerse aquí en una obra que a primera vista, no tiene nada que ver con tuberías ni con acuíferos: Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La novela cuenta la historia de un pueblo, Comala, dominado durante generaciones por un cacique cuyo poder no se ejerce casi nunca mediante órdenes explícitas ni conflictos abiertos. Se ejerce mediante la costumbre, mediante el silencio de quienes ya no cuestionan nada, mediante una autoridad tan asentada en la vida cotidiana del pueblo que sus habitantes —incluso muertos— siguen organizando su existencia alrededor de ella sin necesidad de que nadie se los recuerde.

Lo interesante de Comala, para efectos de esta discusión, no es la crueldad del cacique, eso sería la lectura más obvia y la más simplista, sino algo distinto: cómo un pueblo entero llega a naturalizar un orden de dominación hasta el punto de que ese orden deja de sentirse como una imposición y se convierte, sencillamente, en la textura misma de la vida diaria. Nadie discute por qué las cosas son como son, porque preguntarlo ya no se le ocurre a nadie.

¿Hay una relación mecánica entre Comala y el reparto del agua en Aguascalientes? No, y sería una simplificación decir que sí. Pero la novela sí ofrece una imagen útil para pensar el problema teórico que plantea Steven Lukes: la diferencia entre un poder que se impone y un poder que, con el tiempo, deja de necesitar imponerse porque ya fue absorbido en el paisaje. Comala no es Aguascalientes. Pero la pregunta que Juan Rulfo hace es: ¿desde cuándo dejamos de preguntarnos por qué las cosas son así? Es exactamente la pregunta que Steven Lukes formula en términos analíticos.

El problema de quién define el “interés”

Aquí conviene hacer una pausa crítica, porque la tercera dimensión de Steven Lukes, si se usa sin cuidado, puede convertirse en una herramienta peligrosa. ¿Quién tiene la autoridad para decir cuáles son los “verdaderos intereses” de la ciudadanía de Aguascalientes? Si un analista, un periodista o un activista afirma saber mejor que la propia gente qué es lo que realmente les conviene, corre el riesgo de caer en una forma de paternalismo: sustituir la voluntad de las personas por la propia interpretación de lo que “deberían” querer.

Esta es una de las críticas más persistentes que ha recibido la obra de Steven Lukes desde su publicación: ¿cómo distinguir una preferencia genuinamente autónoma de una preferencia socialmente construida, sin caer en la arrogancia de creer que uno mismo está libre de esa misma construcción? ¿Cómo diferenciar dominación de consentimiento auténtico, sabiendo que toda persona forma sus preferencias dentro de un contexto social que no eligió?

Steven Lukes no ofrece una fórmula que resuelva esto de manera definitiva, y es honesto al respecto. Lo que propone, más bien, es un ejercicio de sospecha metódica: no asumir automáticamente que el statu quo refleja la voluntad libre de todos, pero tampoco asumir automáticamente que toda aceptación del statu quo es síntoma de manipulación. Es un terreno resbaladizo, y quien lo transita incluida esta columna tiene la obligación de moverse con cautela, distinguiendo siempre entre lo que la evidencia permite afirmar y lo que sería, simplemente, una interpretación demasiado cómoda.

Si algo debería quedar de esta lectura es una costumbre distinta de mirar la política local: no preguntar solamente quién ganó la última votación de cabildo, sino preguntar también qué preguntas nunca llegaron a esa sesión. No preguntar solamente quién administra el servicio de agua, sino quién decidió hace décadas, sin que casi nadie lo discutiera, que la agricultura comercial tuviera prioridad sobre el consumo urbano en un estado sin ríos, sin presas grandes y sin ningún plan B a corto plazo, como advierten hoy quienes estudian de cerca el acuífero.

Lo que normalmente queda fuera del análisis político convencional en Aguascalientes no son los escándalos, las declaraciones o los cambios de organismo operador. Es la pregunta lenta, la que no cabe en un boletín de prensa: ¿quién decidió, y cuándo, que esta ciudad viviría permanentemente al borde de su propio límite hídrico, y por qué esa decisión nunca fue sometida a un debate proporcional a su gravedad?

Cambiar de CAASA a MIAA fue, sin duda, una decisión importante, y merece el espacio que ocupó en la conversación pública. Pero cambiar de administrador no resuelve, por sí solo el problema de fondo: un acuífero que sigue bajando entre dos y seis metros al año en algunas zonas de la ciudad, más de trescientos kilómetros de grietas documentadas en el subsuelo, y un reparto del agua entre campo y ciudad que casi nadie se atreve a poner sobre la mesa como lo que realmente es: una decisión política, tomada hace generaciones, que hoy seguimos pagando sin haberla vuelto a discutir.

Tal vez el poder más determinante en Aguascalientes no sea el que se ejerce en las sesiones de cabildo que sí se transmiten, sino el que opera en las preguntas que ni siquiera llegamos a formular. Y quizá lo más incómodo de leer a Steven Lukes en esta ciudad sea descubrir que el silencio alrededor del acuífero no es un accidente ni una casualidad estadística: es, también, una forma de poder. Una que no necesitó jamás dar una orden.

Ficha del libro

  • Autor: Steven Steven Lukes
  • Título: El poder: un enfoque radical (título original: Power: A Radical View)
  • Editorial: Siglo XXI Editores (edición en español)
  • Año: Primera edición, 1974; edición ampliada con dos capítulos nuevos, 2005 (versión consultada en español, Siglo XXI de España, 2007)
  • Edición consultada: Siglo XXI de España Editores, traducción de Jorge Deike Robles y Martín Ramírez
  • Disciplina: Sociología política, ciencia política, teoría del poder
  • Conceptos centrales: primera, segunda y tercera dimensión del poder; poder observable y no observable; agenda política; formación de preferencias; intereses reales; diálogo crítico con Robert Dahl, Peter Bachrach, Morton Baratz, Max Weber, Karl Marx, Antonio Gramsci y, en la edición ampliada, con Michel Foucault.

Fuentes

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

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