Aguascalientes, Capital Americana de la Inseguridad
Mientras el secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso García, presume que en la reciente Convención de Delegados de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), efectuada en Oklahoma, Estados Unidos, “obtiene Aguascalientes certificación internacional en materia de seguridad pública”, la entidad —Capital Americana de la Inseguridad— vive meses negros con acribillados, descuartizados, ejecutados, maletas repletas de restos humanos, mujeres desaparecidas, el homicidio a mansalva en plena avenida Universidad, el corazón de la exzona dorada.
En los primeros días de agosto, al 9 de agosto, Aguascalientes registró 6 homicidios; es decir, uno cada 36 horas en promedio. El Blindaje Aguascalientes está dinamitado por su propia ineficacia. Los habitantes viven atemorizados, con el Jesús en la boca. La Puerta Sur es un estorbo para los “buenos”, denuncia José de Jesús Guzmán de Alba, presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida. Empresarios piden revisar la estrategia de seguridad, pero eso es imposible, porque se examina lo que se tiene y esta política no existe en la parcela de El Gigante de México, hoy convertido en el enano del tapanco por el grupúsculo de inútiles forasteros que tienen secuestrada la operación de la seguridad pública estatal.
En su trabajo de investigación periodística Importa Aguascalientes funcionarios que fallan en seguridad; aumentan delitos sexuales y violencia, publicado en POPLab el reciente lunes 7, Mónica Cerbón refiere que en lo que va del año, y de acuerdo con datos oficiales, la incidencia delictiva en Aguascalientes ha incrementado con respecto a 2022, mientras que algunos municipios se convirtieron en territorio militarizado. El deterioro de la seguridad en el estado ocurre bajo la mirada de funcionarios claves para las tareas de seguridad e investigación de delitos cuya labor fue cuestionada en Guanajuato y Puebla, los estados donde tienen antecedentes laborales en estas tareas.
Los homicidios, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual —como el abuso, acoso y la violación—, el robo en todas sus modalidades, el delito de fraude y la violencia familiar, son algunos de los crímenes que han aumentado en el primer semestre del año, respecto al mismo periodo de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De hecho, enero de 2023 fue el comienzo de año más violento desde 2017. Y de acuerdo con un análisis de datos realizado por PopLab, el primer semestre de este año ha sido el de mayor incidencia delictiva desde 2018, con un total de 21 mil 725 carpetas de investigación abiertas.
Pero eso es lo de menos cuando el amor y la nómina se fusionan en peligrosa relación de complicidad. La comunicadora Cerbón, agrega, que de acuerdo con sus propias redes sociales, Manuel Alonso García y Michelle Olmos Álvarez son pareja, lo que podría constituir un caso de nepotismo, pues de acuerdo con la ley, Olmos fue designada directamente por el secretario de seguridad pública, para desempeñar el encargo de directora del principal brazo tecnológico de la corporación estatal, denominado Centro Estatal de Coordinación, Comando, Comunicación y Cómputo: Seguridad-Inteligencia-Tecnología (C5-SITEC).
Podría ser legal, pero no puede ser moral ni ética esa designación del secretario Alonso García hacia su pareja sentimental Olmos Álvarez; la relación, por aquello de los secretos de la sábana blanca, en temas de seguridad, suelen ser riesgosos, quizás explosivos, cuando el amor se acaba y los reproches avivan el fuego del encono.
Al dantesco panorama, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, a cargo de Antonio Martínez Romo, también contribuye con un buen número de hechos delictivos en su demarcación, porque ahora tienen una doble función, con la indiferencia de los mandos superiores: Son policías… y también ladrones, ilustra una nota publicada el viernes 4 por El Heraldo de Aguascalientes: “Detienen a tres elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes por el presunto delito de robo a un comercio, luego de que fueran captados por el sistema de videovigilancia del negocio ubicado en el Centro de la Ciudad de Aguascalientes”.
A cincuenta días de cumplir el primer año de gobernar Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, no ha cumplido el “Acuerdo Estatal por la Paz y los Valores para blindar a Aguascalientes”, prometido por la mexiquense en el Congreso del Estado el 1 de octubre de 2022.
Si tuvieran un poco de vergüenza, Alonso García y Martínez Romo deberían presentar su renuncia, pero ya.
Porque alguien tiene que escribirlo: El gobierno panista de Aguascalientes no soporta las críticas y los cuestionamientos; por eso, el Torquemada aldeano ya dio el primer paso para exterminar a los autores del trabajo periodístico y a los sacerdotes de la libertad de expresión, con la publicación de la reforma al Código Penal para incluir el delito conocido en el bajo mundo como “halconeo”.
No tardará la Suprema Corte de Justicia de la Nación en invalidar el disparate promovido por la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel, así ocurrió en los estados de Guanajuato, Chiapas, Quintana Roo y Michoacán, con leyes iguales o similares.
En septiembre, —aseguran los descendientes de Hitler—, se presentará la “Ley de Medios” para someter a las plumas independientes que no toleran el espinoso y jugoso vegetal, conocido en el Agropecuario, como chayote.
Antes, viernes 19 de agosto de 2022, el diputado Luis Enrique García López (alias Quique Galo), inició el viacrucis al presentar la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas, que finalmente fue retirada enmedio del repudio.
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