Armas en Cabildo: la medalla a Ayuso y el día que la solemnidad se volvió intimidación

Lo que ya para muchos era un agravio y había alcanzado un límite, se ha convertido en el episodio del exceso desmedido y de una increíble demostración de totalitarismo sólo evocado por los panistas que, a la usanza de la ley del más fuerte, pretenden someter cualquier voz, cualquier crítica o cualquier cosa que se salga de su guion de mundo azul celeste.

La imagen es más grave que la ceremonia. En el Teatro Morelos, durante la sesión solemne del Cabildo de Aguascalientes para entregar reconocimientos a Isabel Díaz Ayuso, una regidora de MORENA, Martha Márquez Alvarado, subió al escenario con una pancarta sencilla y brutal llena de verdad, de un problema que hoy, el ayuntamiento capitalino, ha ignorado una y otra vez, reprimiendo a las personas que piden una solución: “No tenemos agua”. No llevaba un arma. No llevaba un grupo de choque. No llevaba otra cosa que una denuncia política en el recinto donde se supone que la palabra pública debe tener lugar. Era ella, en su calidad de regidora, un papel, una idea y su convicción de ser escuchada.

Cualquiera en su sano juicio en la lógica de una sesión solemne, atiende el “altercado” político, con política. La respuesta del poder fue otra. Cuerpos vestidos de negro para esconder su identidad en la oscura solemnidad, aparentemente, personal de seguridad, rodeando a la regidora en escena y, al menos, una persona con un objeto visible en la parte posterior de la cintura compatible con arma corta. No puede afirmarse pericialmente, sólo con una imagen, si se trataba de un arma real, de una funda, de personal policial, seguridad privada o escolta extranjero. Pero precisamente por eso la pregunta se vuelve obligatoria: ¿quién autorizó personal armado o aparentemente armado dentro de una sesión pública de Cabildo?

No es un acto menor, no. Tampoco ocurrió en un evento privado. No ocurrió en un salón rentado para una gala empresarial. Ocurrió durante una sesión solemne del Ayuntamiento de Aguascalientes, en el marco de la entrega de llaves y reconocimientos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El diario El País reportó que Martha Márquez subió al escenario con la pancarta “No tenemos agua” y se colocó junto a Ayuso cuando se iba a dar paso a su discurso. La Jornada también consignó que la regidora interrumpió el inicio del discurso de la mandataria madrileña para reclamar la falta de agua en la ciudad.

El contexto importa porque Martha Márquez no era público. No era ni es una espontánea. No era una “infiltrada”. Es integrante de la máxima autoridad del Municipio. Y como tal tenía lugar en la sesión de Cabildo por ser una autoridad municipal electa. La protesta podrá gustar o no; podrá discutirse si fue oportuna, si alteró el protocolo o si incomodó a la invitada. Pero una protesta política de una regidora dentro de una sesión pública no se responde como amenaza de seguridad. Se responde con conducción institucional, con uso de la palabra, con moción de orden, con suspensión de la sesión si fuera necesario. No con una escena donde personal armado o aparentemente armado rodea la expresión política de una representante popular.

El propio Reglamento Interior del Cabildo de Aguascalientes es claro. El recinto oficial es inviolable y los miembros de seguridad pública municipal sólo pueden penetrar por instrucciones del presidente de la sesión. También establece que quienes asistan a sesiones públicas deben guardar compostura y no portar armas de ninguna clase. Y si el orden se rompe, el presidente municipal puede guardar el orden, ordenar el desalojo de la sala o suspender la sesión pública para continuar internamente.

Ahí se encuentra la primera incongruencia de la situación. Si el personal armado era público, acompañante, escolta privada o comitiva política, no podía estar armado como simple asistente. Si era seguridad pública municipal, entonces el Ayuntamiento debe mostrar la orden del presidente de la sesión. Si era seguridad estatal, debe explicar bajo qué coordinación ingresó al recinto. Si era seguridad privada, debe exhibir contrato, licencia, autorización y registro. Y si era escolta extranjera de Ayuso, el asunto escala a otro nivel: tendría que existir permiso federal para la portación temporal de armas.

Si estaba la Gobernadora, ella también era invitada del Cabildo.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos permite permisos extraordinarios para personas servidoras públicas extranjeras que acompañen como agentes de seguridad en visitas oficiales a jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros o equivalentes. Pero esos permisos deben tramitarse por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la autoridad competente, con nombres de los agentes, duración y lugar de la visita, datos de las armas y calibres, y opinión de la propia SRE.

Entonces la pregunta es obvia y necesaria. ¿Había escoltas extranjeros armados en el Teatro Morelos? Si la respuesta es sí, que deben exhibir el permiso. Si la respuesta es no, que digan quiénes eran los hombres de negro. Si eran policías mexicanos, que enseñen la orden de servicio. Si eran privados, que muestren contrato y licencias. Si no pueden mostrar nada, entonces no estábamos ante un operativo de seguridad, lo que vimos fue una zona de fuerza sin transparencia dentro de un órgano de representación municipal.

La gravedad política es todavía mayor porque la protesta de Martha Márquez no era contra la integridad física de nadie. Era una denuncia por agua. Agua, esa que ocupa el 70% de nuestro cuerpo y que gracias a la presidenta Sheinbaum ahora consideramos un derecho humano, pero que en Aguascalientes se volvió desde hace años un privilegio caro. Mientras el gobierno municipal entregaba llaves y honores a una política extranjera, una regidora reclamaba que hay colonias sin suministro suficiente. La escena condensa el absurdo del gobierno panista. Para Ayuso solemnidad, medallas y escoltas; para la ciudadanía sin agua, cuerpos de seguridad cerrando el paso a la pancarta.

Y es que no escandalizamos la presencia de la seguridad. El problema no es que la hubiera. En un acto con autoridades extranjeras claro que puede y debe haberla. El problema es la proporción, la legalidad y el mensaje. La seguridad protege; la intimidación disciplina, acota, somete. La seguridad cuida el recinto; la intimidación convierte la protesta en amenaza. La seguridad se documenta; la intimidación se esconde detrás del protocolo.

En este acto en particular el protocolo no puede ser coartada, mucho menos justificación. El Reglamento del Cabildo reconoce que las sesiones deben desarrollarse bajo orden del día y que el presidente conduce el debate. De la misma forma señala que los regidores y síndico pueden proponer, opinar, informar y discutir razonadamente los asuntos del Ayuntamiento, y que, cuando un integrante del Cabildo está haciendo uso de la palabra, no puede ser interrumpido, salvo bajo mecanismos de orden.

Si una regidora alteró el protocolo, están claros los mecanismos institucionales. Pero la intervención de personal aparentemente armado exige otra justificación, mucho más estricta. La pregunta correcta es si ¿se protegió a una invitada extranjera o se inhibió a una regidora mexicana?

Cualquiera que haya visto un acto protocolario o sepa mínimamente de seguridad entiende que no es lo mismo contener un riesgo real, que pueda poner en peligro la integridad de una persona, que rodear una protesta incómoda. No es lo mismo impedir una agresión que neutralizar una pancarta. No es lo mismo cuidar la seguridad de una autoridad visitante que permitir que la solemnidad municipal se convierta en escenografía de fuerza. Tal vez fue la inercia de los cuerpos de seguridad que, en momentos previos a la ceremonia pretendieron reprimir en las calles a los ciudadanos de a pie, quienes también se pronunciaban por el mismo asunto. Poca agua y muchas medallas. Sin embargo, como ya dijimos, la regidora es una entre iguales.

La imagen obliga a abrir cuatro expedientes.

El primero y obvio. El expediente del operativo de seguridad. Su comportamiento de excepción debe ser aclarado. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo aprobó? ¿Qué corporaciones participaron? ¿Había policías municipales, estatales, privados o extranjeros? ¿Cuántos elementos ingresaron al escenario? ¿Cuáles estaban armados? ¿Bajo qué instrucción? ¿Quién dio la orden de rodear a Martha Márquez?

El segundo el expediente de portación de armas. ¿Qué armas entraron al Teatro Morelos? ¿Bajo qué licencia? ¿Con qué número de serie? ¿A nombre de qué corporación? ¿Había licencia colectiva? ¿Había permiso federal? ¿Hubo autorización expresa del presidente de la sesión para que seguridad pública entrara al recinto oficial?

El tercero el expediente de la intervención sobre una regidora. ¿Hubo contacto físico? ¿Se le impidió moverse? ¿Quiénes eran las personas que le arrebataron el material de su protesta? ¿Quién ordenó contenerla? ¿Se levantó acta? ¿El secretario del Ayuntamiento asentó el incidente? ¿Se respetó su calidad de integrante del Cabildo? ¿En qué condiciones?

El cuarto y necesario el expediente de la comitiva de Ayuso. ¿Quiénes la acompañaban? ¿Algún integrante de su equipo subió al escenario? ¿Eran personal político o de seguridad? ¿Tenían facultad para intervenir dentro de una sesión de Cabildo mexicana? ¿Portaban armas? ¿Estaban autorizados por SRE y por la autoridad federal competente? ¿Alguno intervino para contener a la Regidora?

El asunto no se resuelve ni se resolverá con las palabras tibias de un presidente municipal diciendo que “se mantuvo el orden”. El orden democrático no es silencio, mucho menos intimidación o amenaza. La pluralidad no socava conciencias o somete diferendos. El orden democrático no se puede representar a sí mismo como un escolta cerrando filas frente a una representante popular. Un Ayuntamiento que representa a sus gobernados no convierte un reclamo social en problema de seguridad. Parte de la dinámica de la democracia es permitir que las instituciones reciban y absorban la crítica sin morder a nadie.

La imagen es poderosa y surrealista a la vez, pero además revela la jerarquía moral de ese momento en los gobernantes panistas de Aguascalientes. La protesta decía: “No tenemos agua.” El dispositivo de seguridad sin decir nada respondió “Tenemos armas.” Esa es la postal. Y esa postal vale más que cualquier discurso sobre libertad.

Ayuso recibió honores en Aguascalientes bajo una narrativa de democracia, libertad y vínculos históricos. Pero, en el instante incómodo, en el choque del mundo de fantasía que comparten los funcionarios panistas la escena no mostró libertad; mostró contención y arrogancia. No mostró diálogo; mostró que puede más la violencia. No mostró un Cabildo; mostró un blindaje a algo que, por relevante que sea, no es equiparable. Y si el Ayuntamiento no transparenta de inmediato quiénes estaban armados o aparentemente armados, con qué autorización y bajo qué protocolo, la ceremonia quedará marcada como algo más grave que una entrega de medallas cuestionable, será el día en que el poder local rodeó una protesta legítima con el inexplicable uso de la fuerza contra sí mismo.

No se necesita exagerar. Basta exigir la transparencia de la que se jactan.

Que el Ayuntamiento publique la orden de servicio.

Que Seguridad Pública informe quiénes entraron al recinto.

Que se diga si hubo armas.

Que se exhiban licencias.

Que se informe si hubo escoltas extranjeros.

Que SRE y la autoridad federal respondan si autorizaron portación temporal.

Que el acta de Cabildo registre lo ocurrido.

Que se publique el video íntegro, sin cortes, de la sesión solemne.

Porque una cosa es cuidar a una invitada. Otra muy distinta es militarizar (sí de eso que tanto se quejan) simbólicamente una sesión pública para que una pancarta no arruine la foto.

La medalla a Ayuso ya era políticamente ofensiva. Pero la imagen del Teatro Morelos añade una capa más: no sólo se premió a una figura extranjera cuestionada; se contuvo a una regidora mexicana que denunció una carencia elemental de la población. Si para sostener la solemnidad había que rodear una protesta por agua con personal aparentemente armado, entonces la solemnidad estaba podrida desde antes. Era la parodia de quienes ocultan su desprecio por el orden jurídico y sus ínfulas de reinar, detrás de sus aproximaciones políticas con lo que su breve entendimiento les da de realeza.

Al final, qué importa si Martha Márquez incomodó el acto. Claro que lo hizo. Para eso era la protesta. Las preguntas finales que quedan sin resolver resuenan ¿Quién decidió que una regidora con una cartulina era un riesgo mayor que un Cabildo rodeado de armas? ¿Qué cosa se esconde detrás de tanto querer quedar bien?