Medallas, dinero y memoria colonial: el caso Ayuso en Aguascalientes

La pregunta correcta no es si Isabel Díaz Ayuso puede visitar Aguascalientes. Puede hacerlo. Tampoco es si puede reunirse con empresarios, funcionarios locales, dirigentes de derecha, autoridades religiosas o figuras culturales. Desde luego que puede hacerlo. El Estado Mexicano respeta derechos y libertades. La pregunta pública es otra: ¿qué naturaleza tiene una condecoración oficial y qué se está premiando realmente cuando el Congreso y el Cabildo de Aguascalientes pretenden entregar medallas a una dirigente extranjera que ha insultado a México, atacado a su presidenta y llega montada sobre una operación económica vinculada a la Feria Nacional de San Marcos?

Una medalla pública no es una cortesía privada. Tampoco puede usarse como tal. Una presea institucional compromete el nombre del Congreso, del Ayuntamiento y de la comunidad política a la que dicen representar. Por eso, antes de discutir si Ayuso “cae bien” o “cae mal”, hay que fijar el punto jurídico y la congruencia con el estado de derecho, es decir, el principio básico de legalidad: una condecoración pública debe reconocer mérito público verificable. Si no hay mérito probado, la medalla deja de ser reconocimiento y se vuelve propaganda. “Se abarata”, dijéramos coloquialmente. Si además la persona condecorada ha agraviado al país que la recibe, la medalla deja de ser diplomacia y se convierte en subordinación simbólica.

El Congreso de Aguascalientes informó que entregará a Isabel Díaz Ayuso la Medalla Especial al Mérito Cívico “Aguascalientes”, en reconocimiento por su “lucha por la libertad, la democracia y la identidad cultural”; el propio boletín señala que el punto de acuerdo fue presentado por el diputado Rodrigo Cervantes Medina (ingeniero civil, panista de 25 años) en su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso, con carácter de urgente y obvia resolución, aprobado por mayoría, y que la entrega se programó para el miércoles 6 de mayo en sesión solemne plenaria.

Ese solo dato ya obliga a una pregunta: ¿cuál era la urgencia pública de condecorar a Ayuso? El apremio legislativo debería reservarse para materias donde el tiempo protege derechos, evita daños o resuelve necesidades públicas, como lo no resuelto en el transporte, por mencionar un caso emblemático pendiente. En este caso, no aparece claro qué derecho se protegía, qué emergencia se atendía o qué beneficio concreto recibía Aguascalientes al acelerar un reconocimiento a una política extranjera.

Si atendemos lo que, específicamente, dice la Ley de Premios que otorga el Congreso del Estado de Aguascalientes, establece que su objeto es regular los casos, términos y condiciones para reconocer a personas por su conducta, méritos, obras o virtudes. La misma ley dispone que los premios se otorgarán por el reconocimiento público de una conducta o trayectoria singularmente ejemplar, o por actos u obras valiosas o relevantes en beneficio de la humanidad, del Estado o de cualquier persona.

Ahí está el centro del asunto: la ley no premia afinidades ideológicas; premia méritos ejemplares. Puede existir simpatía de sectores panistas o conservadores por Ayuso. Puede existir coincidencia discursiva sobre “libertad”, “hispanidad” o “democracia”. Pero eso no equivale automáticamente a una trayectoria singularmente ejemplar ni a actos valiosos en beneficio de Aguascalientes, México o la humanidad. ¿O será qué, alguien se sintió identificado con recibir espejitos?

Es cierto que la Ley de Premios permite al Congreso otorgar “reconocimientos especiales” propuestos por diputadas o diputados integrantes de la Legislatura. Ese es el punto que puede usarse como base formal de la Medalla Especial al Mérito Cívico “Aguascalientes”. Pero esa cláusula no borra el artículo 3º: si el reconocimiento se otorga dentro de la Ley de Premios, debe respetar su naturaleza, que es reconocer conducta ejemplar o actos relevantes.

Por tanto, el dictamen jurídico-político es claro: el Congreso puede tener una puerta formal, pero no ha demostrado públicamente el mérito material. El decir que la persona a la que se quiere homenajear es una mujer “echada para adelante” no aporta un argumento contundente. El boletín habla de libertad, democracia e identidad cultural; no ofrece, al menos en lo publicado, expediente robusto, hechos verificables, beneficios concretos para Aguascalientes, ni ponderación de las declaraciones ofensivas de Ayuso contra México.

El caso de lo que ocurre en el Cabildo es todavía más delicado. El Ayuntamiento aprobó en sesión extraordinaria virtual entregar a Ayuso la “Medalla Aguascalientes 450 Años de Orden, Progreso y Libertad”, en ceremonia programada para el 6 de mayo de 2026, en el Teatro Morelos. El acuerdo se presentó como un reconocimiento honorífico por su trayectoria, por su contribución al fortalecimiento de valores democráticos y por el impulso de vínculos culturales e históricos entre México y España.

Pero el Reglamento para otorgar reconocimientos o distinciones en el Municipio de Aguascalientes dice otra cosa muy precisa: sus disposiciones son de observancia general y aplicación obligatoria; su objeto es regular procedimientos, funcionamiento, desarrollo y criterios para entregar reconocimientos municipales. Define esos reconocimientos como manifestaciones del Ayuntamiento para honrar a una personalidad o institución por méritos cívicos, filantrópicos, profesionales, culturales, deportivos, sociales o humanos.

El procedimiento municipal no es decorativo, ni tampoco es de uso exclusivo. Exige solicitud escrita de algún integrante del Cabildo, exposición de motivos, currículum del candidato y expresión detallada de los méritos que justifiquen el otorgamiento; después, la Secretaría debe turnar el asunto a la Comisión de Educación y Cultura, que emite dictamen, y el Ayuntamiento analiza la procedencia en sesión. Además, las votaciones para otorgar reconocimientos deben realizarse por escrutinio secreto con papeletas.

Eso abre una línea análisis jurídica concreta y tangible: para sostener la legalidad del reconocimiento municipal, el Ayuntamiento debe mostrar el expediente completo. No basta un boletín. No basta decir “trayectoria”. No basta invocar “vínculos históricos”. Debe existir solicitud, exposición de motivos, currículum, méritos detallados, dictamen de Comisión, votación conforme al reglamento y acuerdo final debidamente motivado. Es decir, Regidores del Ayuntamiento realizando las consideraciones necesarias para que el cuerpo edilicio en su conjunto, durante una sesión, pueda valorar cualquier propuesta.

Hay otro punto fino. El reglamento municipal enumera los reconocimientos que puede otorgar el Ayuntamiento: visitante distinguido, huésped distinguido, ciudadano distinguido, hidrocálido distinguido, hijo predilecto, benefactor de la ciudad, nombramiento de calles/edificios/plazas, colocación de monumentos e ingreso a la Rotonda de Hombres y Mujeres Ilustres. En esa lista no aparece una “Medalla Aguascalientes 450 Años de Orden, Progreso y Libertad”.

Es verdad que el reglamento contiene una cláusula transitoria según la cual los casos no previstos serán resueltos por acuerdo del pleno del Ayuntamiento. Esa cláusula podría ser usada para justificar una condecoración especial por el 450 aniversario. Pero no puede usarse como cheque en blanco para eludir los requisitos sustantivos y procedimentales: mérito, solicitud, motivación, dictamen, votación y publicidad del expediente. No se trata de validar ocurrencias.

Además, el mismo reglamento señala que los reconocimientos o distinciones consistirán en un diploma, y que no podrá otorgarse recompensa en efectivo o en especie. Esto no impide necesariamente un símbolo ceremonial, pero sí vuelve jurídicamente relevante preguntar bajo qué fundamento se crea una medalla física, cuál es su costo, quién la paga, qué partida presupuestal se usa y si su entrega se considera parte del reconocimiento o simple elemento protocolario.

Hasta aquí, el análisis jurídico permite una primera conclusión: el problema no es solamente Ayuso; el problema es la institucionalidad local que parece estar construyendo el premio alrededor de la invitada, y no validando a la invitada alrededor del mérito.

Ahora bien, ¿quién es la persona a la que se pretende condecorar?

Ayuso no llega a México como una mandataria neutral de intercambio cultural. Llega precedida por una confrontación abierta con el gobierno mexicano. La Jornada reportó que, en un evento ligado al ecosistema MAGA en Mar-a-Lago, la presidenta de la Comunidad de Madrid tildó a México de “narco-Estado” y lo agrupó con Venezuela, Cuba y Nicaragua como países gobernados por “dictadores de ultraizquierda”.

El Financiero documentó la respuesta de Claudia Sheinbaum: la presidenta mexicana calificó esas declaraciones como propaganda falsa, dijo que Ayuso no tenía argumentos y usaba mentira y calumnia, y defendió que en México no hay censura, sino libertad y democracia.

Estas diferencias resultan relevantes porque forman parte del contexto que supuestamente el Congreso y el Cabildo debieron retomar como parte de justificar las medallas precisamente en términos de libertad, democracia, identidad cultural y vínculos México-España. Ahí está la contradicción: ¿cómo se premia a alguien por fortalecer vínculos con México cuando ha usado a México como insulto político? Llamar “narcoestado” a un país entero no es crítica técnica ni una vacilación. Es una descalificación totalizante. Borra instituciones, ciudadanía, procesos democráticos, víctimas, resistencias sociales, gobiernos locales, universidades, organizaciones civiles y comunidades enteras. En suma, califica anulando la memoria histórica de nuestros pueblos, sobre todo de México. Mucho menos analiza el problema de seguridad; su dicho lo convierte en etiqueta propagandística contra el país que la recibe.

Lo mismo ocurre con la descalificación propinada a Sheinbaum. Se puede criticar a la presidenta de México. Se puede cuestionar su estrategia de seguridad, su política exterior, su proyecto político o su visión histórica. Eso forma parte de la democracia que hoy se vive en México. Pero pretender convertirla en caricatura autoritaria no es crítica democrática: es agresión ideológica. Y sí, también es violencia. Y cuando autoridades mexicanas premian a quien usa ese lenguaje, el mensaje público es devastador: para esas élites locales panistas, la afinidad con la derecha española pesa más que la defensa mínima de la dignidad nacional o de su propia cuna.

La contradicción sí se agrava por el contexto histórico, pero, aún más, por los hechos que envuelven a la postulada. Ayuso no sólo ha agredido al México contemporáneo; también participa en una operación simbólica de reivindicación de la Conquista. RTVE reportó que el acto relacionado con Hernán Cortés e Isabel la Católica fue trasladado de la Catedral al Frontón México, que Ayuso defendió el mestizaje, y que grupos indígenas protestaron contra lo que llamaron genocidio español, exigiendo disculpas por los crímenes cometidos durante la Conquista.

La Jornada informó que la agenda de Ayuso incluía su asistencia a un acto en honor a Hernán Cortés dentro de la celebración por la evangelización y el mestizaje en México: Malinche y Cortés.

No estamos ante un detalle cultural menor. La Conquista no fue una postal de encuentro civilizatorio. Fue guerra, asedio, destrucción de estructuras políticas, conocimiento y ciencia, evangelización impuesta, despojo, explotación laboral, reorganización violenta del territorio, subordinación jurídica y devastación demográfica. Puede discutirse la complejidad del proceso, las alianzas indígenas, las rivalidades mesoamericanas y la agencia de pueblos no mexicas. Lo que no puede hacerse honestamente es reducirlo a “mestizaje feliz” o a una celebración sin memoria del horror. Las hordas de perros entrenados para la caza, alimentados con la carne de indígenas que les enfrentaron defendiendo su sociedad o una hoguera de códices, no es, precisamente, miel sobre hojuelas.

Por eso, cuando Ayuso habla de libertad y mestizaje en torno a Cortés, y Aguascalientes responde con medallas, la escena deja de ser protocolaria: se vuelve una pedagogía colonial de élite. La derecha española presenta la Conquista como legado civilizatorio; las autoridades locales mexicanas la reciben con honores; y la memoria de los pueblos originarios queda convertida en estorbo ceremonial. Un retrato que reproduce cabalmente la minusvalía histórica con la que siempre han querido tratar nuestras raíces los que resultaron privilegiados de esa etapa histórica de México.

Pero eso no es todo. Como siempre. Por usos y costumbres del panismo gobernante, el punto económico es el que termina de desnudar la operación.

Cadena SER reportó que la Comunidad de Madrid pagó (o pagará) alrededor de 310 mil euros para participar como “invitada de honor” en la Feria Nacional de San Marcos. Según la investigación, el monto se divide en dos convenios firmados por la empresa pública Madrid, Cultura y Turismo: 193 mil euros con el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos y 116 mil euros con el Instituto Cultural de Aguascalientes. La misma nota señala que las entidades mexicanas aportarían otros 200 mil euros para transporte, alojamiento o promoción; además, los convenios no estaban publicados en el registro regional madrileño ni fueron facilitados por el Ejecutivo de Ayuso al momento del reporte. Léase con toda claridad, a los hidrocálidos nos va a costar (según la cotización del euro al día de hoy) $4,093,510.00 (cuatro millones noventa y tres mil quinientos diez pesos 00/100 M.N. el andar regalando medallitas.

Ese dato cambia todo. Ayuso no llega únicamente por hermandad cultural. Madrid paga. Aguascalientes pone Feria, escenario, agenda, medallas, legitimidad y hasta pesos. El dinero no prueba por sí solo compra de honores. No debemos afirmar eso sin documento. Pero sí permite sostener una hipótesis política fuerte: la visita combina promoción económica, propaganda internacional, hispanidad conservadora y reconocimiento institucional local.

Cadena SER también reportó que la financiación a la Feria Nacional de San Marcos no estaba prevista originalmente en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid y que el gobierno de Ayuso aprobó a finales de 2025 una transferencia nominativa para “nuevos objetivos estratégicos no presupuestados inicialmente”. Además, informó que la idea original habría sido un contrato de patrocinio calculado en 487 mil euros, pero finalmente se cambió a dos convenios, sin que la Consejería explicara el motivo de ese cambio de figura jurídica. Y en Aguascalientes, ¿De dónde salen los 4 millones? ¿Del patronato? ¿Del gobierno del Estado?

Ese cambio es crucial. En administración pública, no es lo mismo patrocinio, convenio, contrato, aportación, subvención, intercambio cultural o acuerdo interinstitucional. Cada figura implica controles distintos, obligaciones distintas y formas distintas de fiscalización. Por eso, la pregunta no es sólo cuánto dinero vino de Madrid. La pregunta es qué figura jurídica se usó, por qué se cambió, quién lo autorizó, qué obligaciones asumió Aguascalientes y qué contraprestaciones recibió Madrid.

Aquí necesariamente entra el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Su ley lo define como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es la organización, fomento y comercialización de la FNSM y, durante el año, de ferias, eventos y espectáculos en el Estado de Aguascalientes.

La misma ley permite que su patrimonio se integre con subsidios o aportaciones de gobiernos federal, estatal y municipal, recursos derivados de sus actividades, y acciones, productos o derechos que adquiera por cualquier título legal. También prevé que los actos y contratos que celebre en cumplimiento de su objeto tienen un régimen propio dentro de la ley del Patronato.

Esto significa algo importante: no todo convenio del Patronato es ilegal por existir. El Patronato sí tiene objeto ferial, comercial y cultural. Su presidente sí puede representar legalmente al organismo y celebrar actos inherentes a su objeto. Además, el Patronato puede aprobar políticas, bases y programas generales que regulen convenios, contratos, pedidos o acuerdos con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Pero que el Patronato pueda firmar convenios no significa que cualquier convenio sea regular. La legalidad depende de preguntas concretas: ¿el convenio con Madrid fue aprobado por el órgano competente? ¿El presidente del Patronato tenía autorización específica? ¿Se registró el ingreso? ¿Se publicó el convenio? ¿Hubo anexos técnicos? ¿Se comprobó el gasto? ¿Se definieron contraprestaciones? ¿Se pagó a proveedores? ¿Se justificó el beneficio público? ¿Hubo participación de la Contraloría? ¿Hubo una supervisión clara y eficiente del destino del recurso?

La propia Ley del Patronato establece un órgano de vigilancia integrado por Comisario Público designado por la Contraloría General del Gobierno del Estado; ese Comisario debe evaluar el desempeño general, estudiar la eficiencia de desembolsos en gasto corriente, prestaciones e inversión, solicitar información y participar en sesiones del Patronato con voz. Además, el Patronato y su presidente deben proporcionarle la información que solicite.

Eso vuelve indispensable la publicidad del expediente completo del convenio. Si la operación Madrid-FNSM fue limpia, debería poder mostrarse sin reservas: convenio, anexos, monto, moneda, tipo de cambio, cuenta receptora, fecha de pago, comprobación, proveedores, dictamen jurídico, acta de Junta de Gobierno, intervención de Contraloría, intervención del Comisario y resultados entregables.

Además, si el convenio se celebró entre un organismo público local mexicano y un órgano gubernamental extranjero o entidad pública extranjera bajo forma de acuerdo internacional, podría entrar en la Ley sobre la Celebración de Tratados. Esa ley define los acuerdos interinstitucionales como convenios regidos por derecho internacional público, celebrados por escrito entre dependencias u organismos descentralizados federales, estatales o municipales y órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales; su ámbito material debe limitarse a las atribuciones propias de quienes los suscriben.

El artículo 7 de esa ley establece que las dependencias y organismos descentralizados federales, estatales o municipales deben mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales; la SRE debe formular el dictamen correspondiente sobre la procedencia de suscribirlo y, en su caso, inscribirlo en el registro respectivo.

La propia SRE explica que el proceso de registro exige que los gobiernos locales o entidades informen a la Secretaría, que ésta revise y emita dictamen, y que, si se firma, se remita copia para su inscripción.

¿Por qué tanto? Fácil. Estamos hablando de dinero público. No solo del dinero público de Aguascalientes, sino del dinero público de Madrid que entró a Aguascalientes de alguna forma.

Aquí hay una línea jurídica finísima: si los convenios Madrid-Patronato e Instituto Cultural fueron simples contratos mercantiles, patrocinios o prestación de servicios, entonces deben revisarse bajo reglas de contratación, adquisiciones, transparencia y contabilidad gubernamental. Pero si fueron acuerdos interinstitucionales con una entidad pública extranjera, debieron pasar por el cauce de información, dictamen y registro ante SRE. En ambos escenarios, la autoridad debe mostrar el documento y explicar la figura usada.

La Ley de Transparencia de Aguascalientes también es contundente. Los sujetos obligados deben poner a disposición del público y actualizar información sobre documentos, políticas, marco normativo, estructura, presupuesto, ejercicio del gasto, auditorías y resultados financieros.

Esa misma ley exige publicar concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, especificando titular, objeto, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto, modificaciones y si involucran bienes, servicios o recursos públicos. También exige información de procedimientos de adjudicación, incluyendo versión pública del expediente y contratos celebrados.

Por eso, si el Patronato y el Instituto Cultural firmaron convenios por 193 mil y 116 mil euros, respectivamente, y aparte, se van a gastar más de 4 millones de nuestros impuestos, no basta decir que “se pueden pedir por transparencia”. Deben estar publicados, localizables y auditables. La opacidad no se cura con solemnidad. Se cura con documentos.

Y ese punto es todavía más sensible porque el Patronato no llega a este debate sin antecedentes de opacidad pública. En ediciones pasadas de la verbena POPLab documentó que, tras la renuncia de cinco de seis concursantes al certamen de reina de la Feria Nacional de San Marcos, el Patronato dejó sin explicación señalamientos sobre un proceso manipulado, temor por seguridad física y emocional e injerencia de “influencias políticas externas”; también reportó falta de explicación del gobierno estatal y del Instituto del Deporte sobre un salario inflado de una aspirante.

Este antecedente, por sí mismo, no prueba ni vaticina irregularidad en el convenio con Madrid. Pero sí muestra un patrón institucional preocupante: cuando la Feria se vuelve políticamente incómoda, la respuesta tiende a ser control narrativo, desvío de atención menos rendición de cuentas. Y si ahora, además, la Feria más importante de México se coloca en el centro de una operación internacional con recursos públicos en euros, la exigencia de transparencia debe ser máxima.

También importa el contexto presupuestal. Ya para 2025 El Heraldo reportó que el presupuesto del Patronato de la Feria de San Marcos aumentó 208%, pasando de 16 millones de pesos en 2024 a 51 millones en 2025, mientras otras áreas como Desarrollo Social, Salud y Sustentabilidad aparecían con reducciones en el análisis citado por ese medio.

No es un dato menor. Todos tenemos claro que, sea lo que sea, la Feria en Aguascalientes no es sólo fiesta popular; es aparato económico, turístico, político y simbólico. Y si el gobierno decide convertirla en plataforma internacional para Ayuso, el Patronato deja de ser simple organizador de espectáculos y se vuelve nodo de una operación política de alto valor.

Aquí debe entrar el contexto de la actual gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel (Tere Jiménez), con precisión jurídica. Su gobierno y su trayectoria arrastran señalamientos graves, contratos cuestionados, investigaciones, pagos polémicos y escándalos vigentes.

El caso más fuerte es Next Energy. POPLab documentó que, hasta marzo de 2023, el Municipio de Aguascalientes había pagado alrededor de 360.7 millones de pesos por energía limpia de un parque fotovoltaico que existe, pero no funciona; el contrato fue firmado con Next Energy del Centro en 2019 durante la administración como presidenta municipal de la hoy gobernadora. El reportaje también señala que el contrato comprometía pagos hasta 2050 y que el parque, ubicado en Cañada Honda, no operaba desde su construcción.

En diciembre de 2025 la senadora de Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, desde la tribuna del pleno, pidió a la FGR investigar presunto desvío de recursos por pagos a Next Energy por un servicio de energía que no presta y afirmó que ya se habían depositado más de mil millones de pesos a una compañía que no generó energía, y vinculó el origen del esquema con la etapa de Teresa Jiménez como presidenta municipal de Aguascalientes.

Forbes reportó en enero de 2026 que Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, fue detenido por cargos ligados a presunto fraude y que se encontraba bajo investigación por un presunto fraude relacionado con el contrato de eficiencia energética firmado en 2019 entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy.

Incluso en el ámbito legislativo federal se presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la FGR a hacer públicos los avances de la investigación relacionada con la posible comisión de delitos derivados del contrato PPS 002/2019 entre el Ayuntamiento de Aguascalientes y Next Energy del Centro.

Ese contexto no puede separarse del caso Ayuso. No porque el convenio de Madrid sea igual a Next Energy, sino porque ambos pertenecen al mismo problema político: el manejo de recursos públicos en esquemas complejos, con figuras jurídicas que requieren máxima transparencia y con una autoridad local que debe responder por antecedentes de opacidad, endeudamiento y contratos cuestionables.

Apenas en marzo de 2026, El Sol del Centro documentó que un juez anuló el contrato millonario entre Aguascalientes y Next Energy por más de 20 mil millones de pesos, calificando el fallo como alivio financiero para el municipio frente a un esquema de asociación público-privada cuestionado. Aunque aún no se ha clarificado el paradero de la totalidad de la devolución millonaria por parte de la empresa energética.

Ese dato confirma que Aguascalientes viene de una experiencia financiera fallida con un contrato energético de largo plazo, firmado en la etapa municipal de la actual gobernadora, pagado durante años pese a cuestionamientos por falta de servicio, y luego judicialmente anulado según la prensa local. En ese contexto, cualquier convenio internacional del Patronato y del Instituto Cultural debe observarse con lupa. Esto no transita por una postura política coincidente o de oposición. Es mero sentido común que debería tener cualquier contribuyente.

Entonces seamos puntuales en todo y revisemos a detalle. Entendamos. El mecanismo político de entrega de las medallas parece operar en tres pasos.

Primero, se construye una narrativa o mejor dicho, ficción de mérito: libertad, democracia, identidad cultural, hispanidad, vínculos México-España. Segundo, se activa una ruta institucional rápida: punto de acuerdo urgente en Congreso, sesión extraordinaria virtual en Cabildo, creación de medalla especial y ceremonia solemne. Tercero, se monta el escenario simbólico: Feria Nacional de San Marcos, Teatro Morelos, 450 aniversario, visita internacional, Madrid como invitada de honor y Ayuso como figura central.

El problema es que, entre esos tres pasos o, mejor dicho, actos dignos de un montaje teatral, falta lo más importante: la prueba del mérito y la prueba de la limpieza económica.

Madrid y Aguascalientes ponen dinero; Aguascalientes pone escenario; Ayuso pone discurso de hispanidad dulcificada; el Congreso y el Cabildo ponen medallas; y el Patronato aparece como el nodo económico que debe explicar exactamente qué recibió, qué entregó, qué firmó y bajo qué autorización.

Y en esto vamos a ser muy claros. Con lo dicho no se ha probado que las medallas hayan sido compradas. No hay que decir eso sin documentos. Pero sí puede sostenerse, con base en lo publicado, que hay una coincidencia políticamente escandalosa: una comunidad autónoma extranjera paga más de 300 mil euros para ser invitada de honor en la Feria; Aguascalientes aportaría otros 200 mil euros; los convenios no estaban publicados al momento de la investigación periodística; la figura jurídica cambió de patrocinio a convenios; y al mismo tiempo las autoridades locales mexicanas preparan medallas y honores para la presidenta de esa comunidad autónoma.

Dicho con todas sus letras. LA MEDALLA OFENDE POR LO QUE AYUSO HA DICHO DE MÉXICO; PERO TAMBIÉN OFENDE PORQUE SE ENTREGA DENTRO DE UN CIRCUITO DE DINERO PÚBLICO INTERNACIONAL SOMBRÍO, OPACIDAD DOCUMENTAL, PROPAGANDA FERIAL Y BLANQUEAMIENTO HISTÓRICO DE LA CONQUISTA.

No basta indignarse. Hay que pedir transparencia porque no es un asunto de simpatías privadas. ES DINERO Y PATRIMONIO PÚBLICO Y CULTURAL DE MÉXICO.

Al Congreso de Aguascalientes, más allá de tener memoria y vergüenza, se le debe solicitar el punto de acuerdo completo, exposición de motivos, iniciativa o propuesta, expediente de la Medalla Especial al Mérito Cívico “Aguascalientes”, razones específicas del mérito, votación nominal, fundamento para urgente y obvia resolución, decreto o acuerdo final, diseño y costo de la medalla, partida presupuestal y cualquier comunicación con la Comunidad de Madrid, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento, el Patronato o el Instituto Cultural que le justifique cualquiera de sus maromas para el asunto.

Al Ayuntamiento se le debe hacer pública la solicitud escrita de algún miembro del Cabildo, exposición de motivos, currículum a considerar de Ayuso, expresión detallada de méritos, dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, acta de sesión extraordinaria virtual, sentido de votación secreta, fundamento para crear una medalla no enumerada en el reglamento, costo de fabricación, proveedor, partida presupuestal, invitaciones oficiales, logística del Teatro Morelos y comunicaciones con la Comunidad de Madrid.

Al Patronato se le debe exigir exhiba el convenio completo con Madrid, Cultura y Turismo; anexos técnicos; acta de Junta de Gobierno que autorizó la firma; dictamen jurídico; monto exacto en euros y pesos, erogados y recibidos; tipo de cambio usado; fecha de firma; fecha de pago; cuenta receptora; destino del recurso; proveedores contratados; costo del stand; costo de artistas; gastos de producción; comprobaciones; facturas; informes al Comisario Público; auditorías; y cualquier documento que explique por qué se firmó convenio y no contrato de patrocinio y, desde luego su justificación para no actuar vinculado a las instituciones competentes de la Federación.

El Instituto Cultural de Aguascalientes debe poner a disposición lo mismo para los 116 mil euros: convenio, anexos, objeto, entregables, proveedores, pagos, facturas, autorización, dictamen jurídico, comprobación, registro contable y relación con la agenda cultural de Madrid en la Feria.

A la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría del Estado se les debe requerir si los recursos fueron registrados como ingreso público, aportación, donativo, contraprestación, patrocinio, convenio de colaboración, servicio, subsidio o figura equivalente; también se debe pedir si hubo auditoría preventiva, revisión del órgano interno de control, dictamen de suficiencia presupuestal y seguimiento del Comisario Público.

Incluso la SRE debe de aclarar si recibió aviso de algún acuerdo interinstitucional entre el Patronato, el Instituto Cultural o el Gobierno de Aguascalientes con la Comunidad de Madrid o Madrid, Cultura y Turismo; si emitió dictamen de procedencia; si registró el acuerdo; o si consideró que no era acuerdo interinstitucional y por qué.

No estamos ante una medalla aislada. Estamos ante una operación completa que involucra a una dirigente extranjera que insulta a México; una lectura colonial que celebra a Cortés bajo el lenguaje de mestizaje; una Feria convertida en plataforma de contubernio internacional; un Patronato obligado a transparentar convenios provenientes del extranjero; un gobierno estatal marcado por escándalos vigentes de contratos cuestionados; y autoridades locales que, en vez de exigir respeto y rendición de cuentas, preparan honores.

Aguascalientes perfectamente puede tener relaciones culturales con Madrid sin premiar agravios. Puede recibir inversión, turismo, artistas y cooperación sin entregar dignidad institucional. Puede celebrar sus 450 años reconociendo su historia compleja, sus comunidades, sus pueblos, sus maestras, sus artistas, sus trabajadores, sus migrantes y sus luchas sociales. Lo que no debería hacer es convertir una conmemoración pública en alfombra roja para una política extranjera que ha usado a México como insulto y a la Conquista como bandera. No es el tipo de “cultura” que esperábamos los hidrocálidos o cualquier mexicano como alternativa para que la FNSM dejara de ser la cantina más grande de México.

En síntesis, la medalla a Ayuso no sólo debe cuestionarse por improcedente. Debe investigarse como síntoma del uso de los símbolos y la identidad de la feria como caja de propaganda, el premio como blanqueamiento, el convenio como zona gris y la hispanidad como coartada para hacer pasar por diplomacia lo que parece una operación política de legitimación mutua. Alguien debe decirles a los panistas que la dignidad no puede tener dos caras.