La polémica por los libros de texto Crónica de una derrota anunciada

La oposición a los libros de texto

El pasado lunes 8 de enero, miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes regresaron a su escuela, después de las de vacaciones decembrinas. Las y los alumnos de educación básica tendrán o deberán tener los libros gratuitos que reparte todos los años la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero que, en varios estados, con gobiernos de oposición, fueron rechazados, incluyendo Aguascalientes.

Por ley, hoy por hoy, el gobierno estatal está obligado a que ningún niño se quede sin dichos libros, porque el 24 de noviembre, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito determinó nulidad en el juicio de amparo promovido por el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes, quienes con su demanda obstruyeron su distribución.

Meses atrás, específicamente el 13 de agosto se dio a conocer que los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro manifestaron su decisión de no distribuir los libros de texto elaborados por el gobierno federal. Para el caso de Aguascalientes, la gobernadora María Teresa Jiménez declaró textualmente en las redes sociales: «Anunciamos que los libros de texto gratuito no serán distribuidos, en tanto las autoridades competentes se pronuncian ante los distintos juicios de amparo que ciudadanos y organizaciones no gubernamentales han promovido”.

De acuerdo con la SEP, el gobierno imprimió 100 millones de libros que fueron distribuidos en almacenes regionales para después repartirlos en las más de 95,000 escuelas primarias que hay en el país, con una demanda estudiantil superior a los 24 millones de niñas y niños mexicanos, según cifras oficiales. Durante las primeras semanas del nuevo ciclo escolar, estos libros se fueron repartiendo, pero no en las entidades federativas antes mencionadas.

Se trató más de una estrategia electoral por parte de los partidos de oposición al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En particular, los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) ordenaron a los gobernadores panistas que boicotearan la entrega de dichos libros, para lo cual se aliaron con las viejas y nuevas organizaciones conservadores del país, como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y el Frente Nacional por la Familia (FNF), y particularmente con la jerarquía del Iglesia católica.

Desde el mes de junio, se había hecho un pacto electoral entre todos ellos, tal como lo mostró una nota en las redes sociales. En el sitio oficial de Facebook de la UNPF, apareció un comunicado en donde declararon que apoyaban a los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y PAN, ante a convocatoria VA POR MÉXICO y la construcción de un Frente Amplio por México. En el documento se observan alrededor de 80 logotipos de organizaciones religiosas y civiles que se unieron a esta causa.

El 29 de julio, en el sitio citizengo.org se publicó una petición de firmas, promovido por la UNPF, con el título “Alto al adoctrinamiento Ilegal”. Según estas organizaciones, el gobierno tenía como principal objetivo: “formar militantes para su causa política” y acusaban al presidente de la República de ser el responsable. Por esto, insistían en poner un alto al “contenido ideológico de los libros que se usarán en el nuevo ciclo escolar en primaria y en secundaria”. Señalaban que tanto padres de familia como especialistas se levantaron en contra del “adoctrinamiento ilegal”, de modo que invitaron a sumarse a la campaña para exigirle al gobierno federal que dejara “de violar la ley que daña la mente de los niños”.

Por su parte, la jerarquía de la Iglesia católica hizo cuestionamientos en el mismo sentido. El director de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Mario Ángel Flores, por ejemplo, dijo que no se había tomado en cuenta a la sociedad en general para la elaboración de estos libros y declaró que el gobierno de López Obrador no era dueño de la educación que se imparte en el país, sino un administrador de las acciones que propagan todos los actores involucrados. También retomó la tesis de que la corresponsabilidad era de todos, pero que comenzaba con la familia al tener el derecho de dar a sus hijos la educación que creyeran adecuada. Concluyó categórico, diciendo que en la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se busca poner en primer lugar a la ideología y después a las personas.

En Aguascalientes el obispo Juan Espinoza Jiménez se unió a esta protesta y se subordinó a las agrupaciones que estaban realizando acciones de oposición. Por ello, convocó a la marcha del 20 de agosto que estaba organizando el FNF, entre otros grupos. Públicamente, el día 13, en una homilía dominical, el obispo advirtió que los libros tienen una “tendencia marxista, ideológica, política y hay muchas cosas que sí pueden desorientar a nuestros niños y adolescentes”. En la homilía habló de su experiencia y asoció las decisiones del gobierno mexicano con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Rusia. Dijo que había viajado a esos países y había visto cuál era el producto en esos lugares donde se sigue una tendencia marxista. Luego afirmó: “hagan de cuenta que es una tormenta, es un viento y nos quieren hundir”. 

Insistió en la importancia de ir a la marcha, la cual, aclaró, “será pacífica, simplemente una manifestación de decir ‘no estamos de acuerdo’ y que se revisen, que se analicen esos libros”. Para terminar, la máxima autoridad de la Diócesis de Aguascalientes celebró que la gobernadora, Teresa Jiménez Esquivel, haya tomado la decisión de no distribuir los libros de texto. De hecho, hubo una reunión previa en la que ambas autoridades acordaron ir de la mano en contra de las medidas del gobierno federal en esta materia. La gobernadora publicó en sus redes sociales una fotografía en la que estaba acompañada por el obispo. Señaló que se habían reunido para abordar “temas importantes para Aguascalientes”.

El obispo no sólo expresó su punto de vista e invitó a la participación, sino que también escribió y mandó un memorándum “a todos los sacerdotes” de la Diócesis, exhortándolos a participar. Textualmente, el documento señalaba: “como miembros de la Iglesia no podemos permanecer indiferentes a estas iniciativas que están de acuerdo con los valores del Evangelio”.

Este movimiento de oposición en varios estados del país hizo recordar los viejos tiempos en los que la Iglesia católica expresaba sus inconformidades de manera abierta hacia el gobierno federal, aunque ahora de manera sorprendente lo hizo en acuerdo con las autoridades del gobierno estatal y apoyando a una de las organizaciones más conservadoras que existen en México y en otros países: el Frente Nacional por la Familia.

Los resultados de una oposición en marcha

El domingo 20 de agosto, en Aguascalientes asistieron a la marcha aproximadamente 12 mil personas y a la cabeza del contingente estaban integrantes y diputados del PAN, así como del FNF. Asistieron también Jaime Beltrán, secretario del ayuntamiento de Aguascalientes; Paloma Amézquita, secretaria general del PAN en el estado e integrante del FNF; Mónica Becerra, diputada federal PAN; Paulo Martínez, diputado Federal, y Francisco Guel, expresidente del PRI.

Las personas caminaron por el centro de la ciudad y llevaron pancartas, cartulinas y mantas, con títulos, como ¡NO AL ADOCTRINAMIENTO IDEOLÓGICO DE LOS NIÑOS! ¡CON LOS NIÑOS NO! ¡AMLO ESCUCHA LA FAMILIA ESTÁ EN LUCHA! Los organizadores se vanagloriaron, porque se habían realizado manifestaciones de oposición en otras ciudades, como en Toluca, Colima, Tuxtla Gutiérrez, y Veracruz, pero no habían sido marchas tan nutridas como la de Aguascalientes, “Tierra de la gente buena”.

Aproximadamente, 20 agrupaciones opositoras, entre las que destacaron la UNP y el FNF, no sólo se manifestaron públicamente, sino que llenaron documentos legales para frenar a la SEP la distribución de libros en la entidad, tal como lo estaban haciendo sus pares en otros estados. El trámite llegó a un juez y éste otorgó la suspensión definitiva. Según el documento expedido por el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se tomó esta decisión, por lo que los libros no llegaron a las aulas. Asimismo, se impidió la capacitación a los docentes en los contenidos de este material escolar.

Sobre los argumentos utilizados por “la parte quejosa”, se encontró la falta de transparencia en la elaboración de los libros por parte de las autoridades educativas federales, de las que aseguraron siempre mantuvo información reservada, vulnerando los derechos a la educación. Los opositores aclararon que las autoridades del estado no intervinieron en el amparo, debido a la intención de no politizar el tema, pero de origen se trataba de una pugna no sólo política sino electoral.

Pasaron los meses de agosto, septiembre, octubre y casi todo el mes de noviembre y no se repartieron los libros en Aguascalientes. En otros estados donde sus gobernantes se habían opuesto, se comenzó a retroceder. Ante la falta de alternativas que suplantaran lo que los libros de texto hacen dentro del salón de clases, hubo silencio e incapacidad. Por lo mismo, algunos gobiernos reconocieron la dificultad del caso y prefirieron repartir los libros y olvidarse de la polémica. Fueron pragmáticos, aunque no todo fue así. En Coahuila, el caso tomó un rumbo especial.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, de extracción priísta y vinculado políticamente al PAN, dijo que en su estado no se politizaba el tema de los libros de texto y que estaba negociando con padres de familia y líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para llegar a acuerdo; pero reiteró que no se iban a repartir los libros nuevos, porque apoyaba el derecho de algunos grupos opositores a ampararse. Para él, la propuesta era recuperar los textos del ciclo escolar anterior y repartirlos a las y los niños para que siguieran aprendiendo. Alternativa que no funcionó, por lo que el gobierno mandó publicar más de un millón de nuevos libros para primaria y secundaria (“Coahuila Educa”), con un costo aproximado de 70 millones de pesos.

En Aguascalientes el gobierno del estado compró una plataforma, como un instrumento clave en el proceso enseñanza – aprendizaje y benéfico tanto para docentes como para estudiantes. Se partía de la premisa de que los libros de texto eran importantes, pero no podían paralizar el trabajo en el aula, porque, además, los y las maestras tenían la capacidad de hacer adaptaciones. A diferencia de autoridades de otros gobiernos opositores y desligada del discurso de quienes apoyaron la marcha y se ampararon, la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes fue cauta y sólo declaró que los libros se repartirían en la medida en que las autoridades judiciales lo determinaran.

Una vieja disputa

La acusación de que el gobierno federal quiere llevarnos al Comunismo se ha escuchado varias veces a través de la historia de la educación en México. Así ocurrió en 1932, siendo titular de la SEP Narciso Bassols; luego, durante el periodo de Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940. También, cuando se elaboraron los libros de texto gratuitos, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, hubo una gran inconformidad por parte de varios sectores de la población. Soledad Loaeza escribió un libro titulado Las clases medias en México. La querella escolar, y se refiere a esa oposición.

La autora señala que el problema tuvo varios momentos y distintos fines. Se opusieron los comerciantes, editores, escritores y todos aquellos que elaboraban, publicaban y hacían negocio con los libros escolares. También tuvo un tinte político porque el PAN luchaba por abrirse espacios en la escena electoral en México. Al interior del mismo PRI en el gobierno hubo diferencia y movimientos para lograr posiciones a su favor. En el libro de Loaeza también se describe y analiza lo que la Iglesia católica y los grupos civiles vinculados a ella decían y hacían para detener la publicación y distribución de estos libros de texto. El argumento de que el gobierno federal estaba queriendo llevar a México al comunismo se reiteró en medios de comunicación y en las marchas callejeras. Hay que recordar que el mundo vivía una guerra fría entre dos potencias encabezadas por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que tuvo un momento muy difícil con el triunfo de la revolución cubana en 1959.

Durante el gobierno encabezado por Luis Echeverría Álvarez hubo nuevamente una oposición a los libros de texto. En ese sexenio hubo cambios de planes y programas de estudio en primaria, en el marco de una reforma educativa ambiciosa, que se reflejó en los contenidos de los libros escolares. En los de Ciencias Sociales se publicaron imágenes “procomunistas” y en los de Ciencias Naturales contenidos de educación sexual que no gustaron. En varias partes del país, nuevamente se organizaron el PAN, la UNPF y ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica. En Aguascalientes, hay estudios sobre este movimiento de oposición, el cual da cuenta, por ejemplo, de cómo en escuelas confesionales y padres de familia quemaron libros.

Nota final

En aquellos años los libros llegaron para aquedarse, pero la oposición no ha dejado de movilizarse y demandar se cumplan sus propósitos. La historia se repitió, porque, al igual que en el pasado, los grupos conservadores e inconformes a los libros de texto de hoy volvieron a perder. Esto no significa, por otra parte, que los libros de texto -que ya están siendo repartidos a lo largo y ancho del país- sean los mejores. Grupos de especialistas en la materia han dado opiniones fundamentadas de errores graves en su contenido y fines. Y a estos especialistas también hay que escucharlos para que la SEP haga los cambios necesarios.

Los libros deben estar en las escuelas, pero eso no detiene una crítica aguda y propositiva para que las niñas, niños y adolescentes de todo México tengan los mejores materiales para su educación. Pero esa es otra historia.