Los trasfondos del caso Corral
Muchos lo han querido ver como un escándalo aislado, con repercusiones momentáneas y que al tiempo, por desgaste (como le apuestan muchas cosas la clase política), se perderá en la memoria de los mexicanos y la opinión pública. Me refiero al affaire suscitado entre el gobernador de Chihuahua Javier Corral, el PRI y el gobierno federal.
A fines del año pasado, Corral había procedido a detener un alto funcionario del PRI, en su intención de llevar a proceso a su antecesor César Duarte, descubriendo acciones ilegales de desvíos de fondos federales para apoyar campañas del PRI en 2016. Entre otros, en estas acciones involucraba a Beltrones, Luis Videgaray y al mismo precandidato presidencial priísta, José Antonio Meade.
No se hizo esperar la respuesta de Los Pinos y de los políticos señalados, incluso el propio Beltrones acabaría amparándose contra alguna posibilidad de detención, cerrándose así el paso a alguna candidatura en el actual proceso electoral. A decir del mandatario chihuahuense, esta denuncia valió para que el peñismo retuviera fondos federales asignados presupuestalmente e dicha entidad, desatándose una oleada de declaraciones de ambos lados, que incluyó al mismo precandidato presidencial priísta.
Sin embargo, esto no es una cuestión de manejo mediático de coyuntura, infiere el señalamiento de un caso más (cuántos se seguirán sumando en lo que resta del sexenio), sobre malos manejos de los dineros públicos, corrupción e impunidad que ha caracterizado al actual grupo gobernante. No por nada la percepción del pueblo sobre la gestión de Peña Nieto lo ubica en uno de los peores lugares en relación con sus antecesores, esperándose que esto se exprese en las urnas en julio próximo.
El peñismo ha demostrado sobradamente que protege a los suyos, independientemente de las triquiñuelas y actos de corrupción que hayan cometido. La impunidad es una práctica refrendada en esta administración y ello lo saben los mexicanos y no lo aceptan.
Pero más allá de la denuncia de Corral y los procesos abiertos a cuadros priístas, que no corresponde a una acción correcta de un mandatario estatal, sino un movimiento en este ajedrez de la política mexicana, donde nada se hace sin intereses, más allá del combate a la corrupción y la aplicación estricta de la ley.
Y en este sentido tendríamos que subrayar algunas otras lecturas, que se desprenden este caso, más porque se llevan a cabo en el inicio del proceso electoral, lo imbrican necesariamente, aunque su promovente diga lo contrario, además de expresar acciones y estrategias tendientes a influir en lo que pudiese resultar de la contienda electoral, si no, al tiempo.
Sobre esto último son congruentes las afirmaciones de analistas políticos, que señalan que más allá de las intenciones iniciales de Corral por llevar a juicio a su antecesor, la acción se gestó desde la misma oficina de campaña de Ricardo Anaya, con lo cual pretendería hundir aún más la inefectiva campaña de José Antonio Meade, sacarlo de la jugada y concentrar la disputa electoral en dos bloques únicamente: el que él encabeza y el que representa Andrés Manuel López Obrador y MORENA.
No es tan descabellada la idea, más cuando la campaña priísta no levanta y Meade no ha querido ni quiere deslindarse del peñismo, lo cual le daría mejores condiciones para el desarrollo de su actividad electoral. Como está sigue representando la postura continuista de un modelo cuestionado y considerado como antipopular.
Tampoco podemos perder de vista que otra intención de Anaya es que yéndose Meade al barranco, se podría producir una desbandada del PRI, no hacia el frente representado por López Obrador, sino hacia el PAN, con lo cual se concretaría lo que algunos analistas llaman el plan B de la derecha mexicana.
Asimismo, el caso Corral también deja ver las disputas y contradicciones internas dentro del PRI, que ahora explican con mayor claridad algunas manifestaciones en la política nacional: primero, la separación del PES de la férula priísta para aliarse con MORENA; segundo, la salida de Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación y su molestia de cómo se definió la sucesión presidencial y, tercero, el vergonzante deslinde de cuadros priístas con la decisión de Los Pinos.
Punto aparte tendría que ser el de la izquierda, en relación a este caso.
