BAJADA

La gobernadora se reunió con las y los presidentes municipales de los once ayuntamientos del estado para afinar una agenda común de infraestructura, seguridad, salud y servicios públicos. Detrás del encuentro hay una pregunta más grande: ¿puede la coordinación entre gobiernos, y no solo el dinero, ser motor de desarrollo?

En Rincón de Romos hay una señora que cada lunes revisa si ya llegó el camión de la basura antes de sacar sus bolsas a la calle. En Calvillo, un productor de guayaba espera que el camino rural aguante otra temporada de lluvias sin desmoronarse. En Jesús María, una madre de familia calcula cuánto tarda la ambulancia si algo le pasa a su hijo de madrugada. Ninguno de ellos piensa en organigramas ni en convenios de coordinación. Solo quieren que las cosas funcionen: que la calle esté transitable, que la patrulla llegue a tiempo, que el consultorio tenga médico.

Y ahí, justo detrás de esa cotidianidad, ocurre algo que casi nunca se ve: una negociación constante entre el Gobierno del Estado y los once ayuntamientos de Aguascalientes sobre quién hace qué, con qué recursos y en qué orden. El pasado 2 de julio, esa negociación tuvo un capítulo más. La gobernadora Tere Jiménez encabezó, en el municipio de El Llano, una reunión de trabajo con las presidentas y presidentes municipales del estado para revisar esa agenda compartida.

Lo que pasó en El Llano

El encuentro se realizó en las instalaciones de la empresa Maya Imker, en El Llano, y reunió a los once alcaldes del estado —Aguascalientes capital, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, San Francisco de los Romo y Tepezalá— junto con funcionarios estatales y federales: el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López; el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo; el secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; el comandante de la 14/a. Zona Militar, y representantes del IMSS y del ISSSTE, entre otros.

Según el boletín oficial del Gobierno del Estado, la reunión abordó tres ejes que rara vez faltan en la vida diaria de cualquier familia: seguridad, salud y educación. Jiménez reiteró ahí su disposición a mantener una coordinación permanente con los ayuntamientos y llamó a sostener el diálogo institucional para construir soluciones conjuntas frente a las necesidades de la población. Los alcaldes, por su parte, refrendaron su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada con el Estado.

No hubo, según la información disponible, anuncios de obra específica ni montos de inversión. Fue, ante todo, una reunión de seguimiento: el tipo de encuentro que no genera titulares espectaculares pero que sostiene, mes tras mes, el funcionamiento de un estado con once gobiernos distintos que deben remar en la misma dirección.

Por qué once gobiernos necesitan ponerse de acuerdo

Aquí conviene detenerse en algo que suele darse por sentado: en México, un estado no gobierna directamente sus municipios. Cada ayuntamiento es autónomo, con su propio presupuesto, su propio cabildo y sus propias prioridades. Esa autonomía, ganada a pulso a lo largo de décadas de reforma municipal, es una conquista democrática. Pero también complica las cosas cuando un problema —el agua, la seguridad, una carretera— cruza los límites de dos o tres municipios a la vez.

A eso se le llama coordinación intergubernamental: los mecanismos mediante los cuales distintos niveles de gobierno —federación, estados y municipios— alinean objetivos, comparten información y ejecutan proyectos sin pisarse las competencias unos a otros. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), que depende de la Secretaría de Gobernación, lleva años insistiendo en que esta coordinación debe construirse mediante diálogo permanente y en pleno respeto a la autonomía municipal, no por imposición desde arriba. El propio instituto describe al sistema mexicano como un «federalismo articulado», en el que los tres órdenes de gobierno están unidos por un pacto pero deben asumir corresponsablemente sus funciones para lograr un desarrollo equilibrado.

En términos prácticos, esto se traduce en algo simple: si el estado construye una carretera pero el municipio no da mantenimiento a las calles que conectan con ella, la obra pierde la mitad de su utilidad. Si el gobierno estatal invierte en un hospital pero los caminos rurales no permiten llegar a él, el servicio no alcanza a quien más lo necesita. La planeación conjunta no es un capricho burocrático: es lo que evita que el gasto público se disperse en obras aisladas que no conversan entre sí.

Un estado con presión sobre sus servicios

Aguascalientes ha crecido rápido. El estado concentra una población que ronda el millón y medio de habitantes, con una economía manufacturera y de servicios que atrae inversión y empleo. Pero ese crecimiento también presiona la infraestructura y los servicios públicos: más autos en las vialidades, más demanda de agua, más necesidades de salud y seguridad en municipios que hace veinte años eran mucho más pequeños.

Los datos ayudan a dimensionar el reto. Según cifras del INEGI, la población ocupada del estado fue de 670 mil personas en el cuarto trimestre de 2025, siete mil más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que la tasa de desocupación se ubicó en 2.7% de la población económicamente activa. Es una tasa baja para estándares nacionales, señal de una economía dinámica, pero que exige también servicios públicos capaces de acompañar ese ritmo de crecimiento: vialidades, agua, seguridad, escuelas.

Por el lado social, información de CONEVAL y la Secretaría de Bienestar muestra que la desigualdad entre municipios no es uniforme. De acuerdo con el índice de Gini municipal, en 2020 los municipios con menor desigualdad social eran El Llano, Asientos, Tepezalá, Cosío y San José de Gracia, mientras que Aguascalientes capital, Jesús María, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Calvillo mostraban los niveles de desigualdad más altos del estado. Esa heterogeneidad es, precisamente, uno de los argumentos más sólidos a favor de una agenda estatal-municipal coordinada: los once municipios no parten del mismo punto, y una política uniforme aplicada sin diálogo local corre el riesgo de no resolver el problema de nadie.

De la reunión a la obra: cómo se traduce la coordinación

La pregunta que de verdad importa no es si hubo una reunión, sino qué pasa después de ella. La literatura sobre gestión pública municipal en México —trabajos como los del CIDE sobre capacidades institucionales subnacionales— coincide en un punto: los municipios pequeños suelen tener menos capacidad técnica y financiera que sus gobiernos estatales, así que la coordinación no es solo deseable, es casi una condición para que ciertos proyectos existan.

Esto se nota en al menos cuatro terrenos:

• Infraestructura y obra pública. Un ayuntamiento puede identificar qué calle necesita pavimento o qué colonia carece de drenaje, pero rara vez tiene el presupuesto para ejecutar obra de gran escala por sí solo. Cuando el Estado suma recursos y capacidad técnica —a través de la Secretaría de Obras Públicas, por ejemplo— los proyectos dejan de depender exclusivamente del erario municipal.
  
• Seguridad pública. El crimen no respeta límites municipales. La presencia, en la reunión de El Llano, del secretario de Seguridad Pública del Estado, el fiscal general, la directora del C5i y el comandante de la 14/a. Zona Militar no es casualidad: la coordinación en materia de seguridad exige que policías municipales, estatales y fuerzas federales compartan información e intervengan de forma articulada.
  
• Salud. La participación de representantes del IMSS y del ISSSTE en el encuentro apunta a otro nivel de coordinación: el que conecta al sistema de salud federal con las necesidades locales que cada alcalde conoce de primera mano, desde la falta de médicos hasta los tiempos de traslado en emergencias.
  
• Servicios públicos básicos. Agua, alumbrado, recolección de basura: son responsabilidades constitucionalmente municipales, pero cuando un ayuntamiento no tiene capacidad financiera suficiente, el respaldo técnico o presupuestal del Estado puede marcar la diferencia entre un servicio que funciona y uno que colapsa.
  

El llamado a sostener el diálogo

Lo que distingue a este tipo de reuniones de un simple acto protocolario es la insistencia en la permanencia. Jiménez no llamó a un encuentro único, sino a mantener el diálogo como práctica constante. Es una diferencia relevante: la coordinación intergubernamental funciona cuando es rutina institucional, no cuando depende de una sola reunión anual con fotografía oficial.

Eso no significa que el modelo esté exento de límites. La coordinación depende, en buena medida, de la voluntad política de cada administración municipal y de que los recursos prometidos efectivamente lleguen y se ejerzan a tiempo. Ningún mecanismo de diálogo sustituye, por sí solo, la necesidad de presupuesto suficiente ni garantiza automáticamente resultados. Lo que sí puede hacer —y es lo que documenta el boletín oficial y confirma la literatura especializada en federalismo mexicano— es reducir la duplicidad de esfuerzos y ordenar prioridades entre gobiernos que, de otro modo, tendrían que trabajar de forma aislada.

Fuentes consultadas

Fuentes oficiales

• Gobierno del Estado de Aguascalientes, boletín «Tere Jiménez fortalece la coordinación con los municipios para impulsar el desarrollo de Aguascalientes» (2 de julio de 2026).
  
• INAFED (Secretaría de Gobernación), artículos institucionales sobre coordinación intergubernamental y federalismo articulado.
  
• INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), boletines de Aguascalientes, 4° trimestre de 2025.
  
• CONEVAL / Secretaría de Bienestar, indicadores de rezago social y Gini municipal, Aguascalientes 2025.
  

Fuentes periodísticas

Ninguna cobertura periodística independiente adicional sobre este encuentro específico fue localizada al momento de la redacción; la información se sustenta en el boletín oficial y en fuentes de contexto institucional y estadístico.

Fuentes académicas o técnicas

• Data México (Secretaría de Economía), perfil socioeconómico de Aguascalientes.
  
• literatura especializada en federalismo mexicano y capacidades institucionales subnacionales (referencias documentadas por el INAFED y el CIDE).