SE ACABÓ LA VERDAD HISTÓRICA
[bctt tweet=»“porque todos los elementos en los que estaba sustentada se han ido cayendo por la irregularidad e ilegalidad con que se manejó el caso y que ha llevado a perder en todas y cada una de las judicalizaciones (sic) que se hicieron”.» username=»crisolhoy»]
Hay pendientes de las anteriores administraciones, que el Estado mexicano tiene el compromiso de dilucidar, en beneficio de la sanidad ciudadana de los mexicanos. Me refiero al rescate de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos en Coahuila; la justicia exigida por los deudos de los menores muertos en la Guardería ABC en Sonora y, el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Sobre este último caso, esta semana, el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, acaba de presentar nuevas indagatorias, anunciado más de cuarenta órdenes de aprehensión de exfuncionarios involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas y anunciado con toda contundencia que, se había acabado “la verdad histórica”. Con ello precisó la falsedad de la versión impuesta por la anterior administración, a través del exprocurador Jesús Murillo Karam y de Tomás Zerón, hoy prófugo en el extranjero.
Esta “verdad” sobre lo que había pasado en Iguala a fines de septiembre de hace casi seis años, había sido impuesta por sobre todo y todos, aún la opinión y dictamen discordante del grupo de especialistas extranjeros que revisaron el caso; la insatisfacción de los padres de los desaparecidos ante los resultados dados a conocer por el gobierno federal y la percepción negativa de los mexicanos ante lo hecho por el gobierno.
El gobierno federal le apostaba a que el tiempo tapara las cosas y se olvidase, correspondía a un igual tratamiento dado a muchos casos más, esperaba también se desgastara al permanente movimiento de los padres de familia y los mexicanos borraran de su memoria un deleznable hecho que, había sellado negativamente a la gestión de Enrique Peña Nieto.
Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, éste había hecho el compromiso de ir a fondo en la investigación del caso y esclarecerlo. Había dado la instrucción al Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, para darle puntual seguimiento y atender al grupo de padres de familias de los estudiantes desaparecidos.
A año y medio de ello, el fiscal Gerzt Manero ha anunciado pasos para el esclarecimiento del caso, a partir de un nuevo seguimiento de lo sucedido, la ubicación de elementos diferentes que explicarían lo que realmente sucedió esos días.
Argumentó el funcionario que la llamada “verdad histórica” se había acabado, “porque todos los elementos en los que estaba sustentada se han ido cayendo por la irregularidad e ilegalidad con que se manejó el caso y que ha llevado a perder en todas y cada una de las judicalizaciones (sic) que se hicieron”.
[bctt tweet=»“porque todos los elementos en los que estaba sustentada se han ido cayendo por la irregularidad e ilegalidad con que se manejó el caso y que ha llevado a perder en todas y cada una de las judicalizaciones (sic) que se hicieron”.» username=»crisolhoy»]
Es el inicio del fin, que se espera sea esclarecedor y convincente, donde no queden dudas de qué pasó y cuál fue lo que sucedió con los 43 normalistas. Más allá de las conjeturas que cada uno podemos hacer con la información que vaya dándose, mejor hay que esperar la que oficialmente se de a conocer, como ahora es que lo dicho y concluido por el gobierno de Peña Nieto no es verdad.
Habrá como se van dando las cosas después de la detención de El Mochomo, los otros exfuncionarios guerrerenses con órdenes de aprehensión, además de la búsqueda y extradición de donde esté de Tomás Zerón, quien fue el encargado de montar las cosas para construir la “verdad histórica”.
Según lo que también declaró el fiscal Gerzt Manero, lo que se busca con la nueva indagatoria, “es recuperar la credibilidad en las investigaciones y conocer el destino de los jóvenes, porque ese es el fondo y lo que realmente le interesa a toda la población y a los padres de las víctimas”.
No sólo eso, pues esclarecer después de seis años este caso, daría certidumbre a los mexicanos que la administración de López Obrador es de cambio y transformación efectivamente. Confirmaría lo correcto de la decisión de los más de treinta millones de pesos que hace dos años votaron por él y sentaría las bases de continuidad para un proceso que todavía no acaba de comenzar, con muchos obstáculos interpuestos de manera natural, como corresponde a la pandemia y otros colocados por una derecha persistente.
