La guerra comercial: entre la estrategia proteccionista y el debilitamiento del orden internacional
La reciente decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel general del 10% a todas las importaciones, con tarifas aún más altas para países como China, constituye un nuevo capítulo en la creciente tendencia hacia el proteccionismo. Esta medida, justificada por la administración estadounidense como un intento por corregir el déficit comercial y recuperar la soberanía productiva, reaviva una dinámica global de confrontación comercial que amenaza con debilitar los pilares del orden económico multilateral construido en el siglo XX.
Desde una perspectiva jurídica, la acción de Trump se fundamenta en la *International Emergency EconomicPowers Act* (IEEPA), una ley que permite al Ejecutivo adoptar medidas comerciales bajo circunstancias de emergencia nacional. El argumento de la Casa Blanca es que el déficit comercial constituye una amenaza a la seguridad nacional, lo cual, si bien puede sostenerse en el marco legal interno, enfrenta serias objeciones desde el derecho internacional del comercio. En particular, estas medidas violan principios básicos del sistema multilateral tutelado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), como la no discriminación, el trato de nación más favorecida y la consolidación de aranceles.
China, principal blanco de esta ofensiva arancelaria, ha respondido con una queja formal ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, y ha impuesto aranceles recíprocos. Estas acciones no solo intensifican las tensiones bilaterales, sino que también abren la puerta a un debilitamiento institucional de la OMC, cuya capacidad de arbitraje y control se ve erosionada cuando las principales potencias ignoran sus procedimientos.
Este episodio remite inevitablemente a antecedentes históricos. La Ley Smoot-Hawley de 1930, que incrementó fuertemente los aranceles en Estados Unidos, provocó represalias internacionales que agudizaron la Gran Depresión. Esa experiencia mostró que el cierre de mercados genera más daño que beneficio, tanto en términos económicos como políticos. Hoy, las cadenas de suministro están aún más integradas globalmente. Las barreras comerciales no solo encarecen los productos, sino que interrumpen la producción, encarecen insumos y provocan pérdida de empleos, incluso en los países que buscan protegerse.
México, como economía estrechamente vinculada a los Estados Unidos a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), enfrenta un entorno de creciente incertidumbre. Aunque el país ha sido excluido de los nuevos aranceles anunciados, el contexto actual afecta indirectamente a sectores clave como el automotriz, agrícola y manufacturero. Las decisiones de inversión, los flujos de comercio y las cadenas de valor regionales dependen en gran medida de la estabilidad jurídica que proporcionan estos tratados.
El T-MEC establece compromisos claros en materia de aranceles, reglas de origen y solución de controversias. Sin embargo, la aplicación de medidas unilaterales por parte de alguno de los países signatarios, incluso si se realizan bajo legislación nacional, debilita la confianza en el marco normativo y en los mecanismos de protección para los actores económicos. Es por ello que la defensa del Estado de derecho internacional y del cumplimiento estricto de los compromisos asumidos debe ser una prioridad para México.
Frente a esta coyuntura, es fundamental reflexionar sobre la estrategia que debe seguir nuestro país. En primer lugar, debemos reiterar nuestro compromiso con el comercio basado en normas y con el fortalecimiento de los organismos multilaterales. México, como actor global con una red amplia de tratados comerciales, tiene la capacidad y la responsabilidad de ser un defensor activo del sistema multilateral. Esto implica no solo respetar las reglas, sino también impulsar reformas que lo hagan más inclusivo y eficaz.
En segundo lugar, resulta imprescindible diversificar nuestras relaciones comerciales. Si bien Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio, debemos consolidar nuestra presencia en regiones como Europa, Asia-Pacífico y América del Sur. Instrumentos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea son plataformas clave para reducir nuestra vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales externas.
Por otro lado, esta coyuntura también representa una oportunidad para fortalecer nuestra política industrial, nuestra infraestructura logística y nuestras capacidades tecnológicas. La atracción de inversión extranjera directa debe ir acompañada de políticas públicas que fomenten el valor agregado, la innovación y el desarrollo regional equilibrado. Una economía más resiliente y diversificada es también una economía menos dependiente del vaivén político de otros países.
La guerra comercial, en su dimensión estructural, refleja la transformación del orden global. La competencia entre Estados Unidos y China no es únicamente comercial, sino también tecnológica, estratégica y geopolítica. En ese contexto, los países con economías emergentes deben actuar con inteligencia y cautela, evitando caer en polarizaciones, pero también defendiendo con firmeza su soberanía económica y su derecho a un desarrollo sustentable.
Finalmente, es importante recordar que el comercio internacional no puede medirse únicamente en términos de saldos comerciales. Sus beneficios reales están en la generación de empleo, la reducción de la pobreza, el acceso a tecnología y la estabilidad internacional. El proteccionismo puede parecer una respuesta efectiva ante los desafíos económicos, pero sus costos a largo plazo, en términos de bienestar, innovación y cooperación global, son elevados.
La historia ha sido clara en mostrarnos que los conflictos comerciales escalan con rapidez y se resuelven con dificultad. En un mundo interdependiente, ninguna nación gana en una guerra comercial. México debe apostar por una integración económica ordenada, inteligente y basada en normas. En tiempos de incertidumbre, la solidez institucional y el respeto al derecho internacional son nuestras mejores herramientas para asegurar un desarrollo sostenido, justo y competitivo.
