Elecciones Judiciales 2025: una democracia cara… y desierta
Mientras el peso mexicano se fortalecía en los mercados tras la inédita jornada electoral del 1 de junio 2025, lo que se desplomaba estrepitosamente este pasado domingo era la participación ciudadana: apenas un 13% a nivel nacional del electorado acudió a votar en la primera elección directa de jueces y magistrados en la historia del país. Trece millones de personas en un país con más de 99 millones de votantes habilitados. Mientras que en Aguascalientes, con su millón ciento veinte mil ciudadanos convocados a las urnas, se ha estimado una participación aproximada del 12 % de los ciudadanos empadronados.
A nivel nacional se superó las expectativas iniciales 10% que el INE calculó al inicio de este proceso. Localmente se n espera de la sumatoria final para poder confirmar las tendencias en la entidad: boletas de colores, casillas a la mitad de lo acostumbrado y un alud de papeletas judiciales no fueron suficientes para mover al electorado.
¿Participación judicial o simulacro democrático?
Lo que se vendió como una “fiesta democrática” terminó pareciéndose más a una asamblea de condominio mal convocada. La titular del IEE, Clara Beatriz Jiménez, y la vocal ejecutiva del INE, Brenda Castrejón, hablaron de condiciones óptimas para votar. Sin embargo, la ciudadanía parece no haberse enterado. ¿Será porque hubo más boletas que información real sobre los candidatos?
Y mientras la gente ignoraba las urnas judiciales, el INE y el IEE hacían alarde de herramientas como “Conóceles”, “Simulador del voto” y “Ubica tu casilla”. Tres nombres rimbombantes para lo que, al final, fue una elección sin PREP, sin emoción, sin debates, y con la misma desinformación de siempre, pero con nuevas interfaces mal aprovechadas.
Un aspecto particularmente preocupante es la falta de adaptabilidad de las plataformas digitales del INE, cuyas interfaces han sido diseñadas originalmente para su funcionamiento desde computadoras de escritorio. Esta rigidez técnica contrasta con los hábitos actuales de navegación de la ciudadanía, que accede mayoritariamente a los servicios digitales a través de teléfonos móviles y tabletas. La ausencia de un diseño responsivo o de aplicaciones móviles funcionales obstaculiza la experiencia del usuario, limita la accesibilidad y profundiza la brecha digital, especialmente en contextos de baja conectividad o en sectores sociales que dependen exclusivamente de dispositivos móviles para conectarse a internet. En lugar de facilitar el ejercicio de derechos políticos, esta deficiencia en el diseño tecnológico termina por restringirlo.
La democracia digital que no llega: plataformas excluyentes y desafección ciudadana
En pleno 2025, hablar de democracia sin considerar su dimensión digital resulta un anacronismo. El voto, la participación ciudadana, el acceso a la información y la fiscalización del poder se han trasladado a plataformas tecnológicas que deberían facilitar el ejercicio de los derechos políticos. Sin embargo, lo que debería ser un puente entre ciudadanía e instituciones, en México se ha convertido en una muralla de códigos mal diseñados, interfaces obsoletas y brechas tecnológicas profundas. El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo clave en la arquitectura democrática del país, no ha sabido responder a las nuevas exigencias del entorno digital.
En esta jornada electoral, muchas personas intentaron acceder a información clave mediante las plataformas digitales del INE —ya sea para ubicar su casilla, conocer a las candidaturas o monitorear resultados preliminares— y se enfrentaron a una experiencia torpe, poco intuitiva y restrictiva. Las interfaces están pensadas para su uso desde una computadora de escritorio, ignorando por completo que la inmensa mayoría de la ciudadanía hoy navega y participa desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas. La falta de un diseño responsivo adecuado, de versiones móviles optimizadas o de aplicaciones funcionales en tiempo real, evidencia una desconexión institucional con las prácticas cotidianas de la ciudadanía digital. Esta falla técnica se transforma en una forma de exclusión: una ciudadanía informada no puede ser posible cuando las herramientas de acceso son inoperantes para el grueso de la población.
A esta limitación tecnológica se suma un dato que debería alarmarnos: en Aguascalientes, la participación ciudadana en la jornada electoral de este domingo fue estimada en apenas un 8 %. No se trata solo de apatía política o desencanto con los partidos, sino también de una combinación de factores estructurales: desinformación, falta de incentivos claros para votar, desencanto con la representatividad política y —no menos importante— obstáculos tecnológicos que dificultan la participación informada. Cuando una interfaz digital te impide saber dónde votar o quiénes son tus candidatos, se erosiona la confianza en el sistema. Y la confianza es el cemento invisible de toda democracia.
La baja participación también desnuda el fracaso de las campañas de difusión institucionales. Más allá de los espectaculares y los videos en redes sociales, no existe una verdadera estrategia de comunicación política que conecte con los sectores históricamente más alejados de la toma de decisiones: jóvenes, mujeres, personas en condición de pobreza, personas con discapacidad y comunidades rurales. La digitalización no basta si no es accesible, incluyente y pedagógica.
El problema, por tanto, no es solo técnico, sino profundamente político. El diseño de las plataformas digitales del INE reproduce lógicas burocráticas y jerárquicas que anteponen el control institucional a la experiencia ciudadana. Se prioriza la seguridad informática sobre la usabilidad; la transparencia formal sobre la transparencia efectiva. El resultado es un sistema que parece cumplir con los principios legales, pero que en la práctica obstaculiza el acceso y participación de millones.
Es urgente una transformación digital profunda y ciudadanizada del INE y de todas las instituciones electorales. Ello implica repensar la arquitectura tecnológica desde la perspectiva del usuario común, diseñar servicios móviles funcionales, garantizar accesibilidad para personas con discapacidad, incorporar inteligencia artificial para facilitar consultas y, sobre todo, poner a la ciudadanía en el centro. No se trata de “modernizar” por modernizar, sino de democratizar lo digital.
Si la democracia no es capaz de adaptarse al siglo XXI —con todo lo que ello implica en términos tecnológicos, sociales y culturales—, corre el riesgo de seguir perdiendo legitimidad. La desafección política no es un accidente: es el resultado de múltiples exclusiones, y la tecnológica es una de las más silenciosas, pero también de las más contundentes.
Aguascalientes ha dado una señal de alarma. O se transforma el ecosistema democrático para hacerlo verdaderamente incluyente y funcional, o seguiremos sumando jornadas con participación raquítica, promesas vacías y plataformas que no entienden —ni escuchan— a quienes dicen representar.
La ironía de los presupuestos: partidos ricos en tiempos judiciales
Lo más irónico, sin embargo, es el contraste entre esta elección judicial austera (en teoría sin partidos, sin campañas, sin spots) y los presupuestos públicos destinados a los propios partidos para 2025. Mientras los candidatos judiciales se hicieron promoción con presentaciones de PowerPoint, redes sociales y breves fichas en PDF (¡qué moderna campaña sin dinero!), los partidos políticos en Aguascalientes recibirán el próximo año más de 80 millones de pesos solo por existir.
Sí, leyeron bien: los partidos tendrán $78,323,949.32 para actividades ordinarias (traducido: pagar oficinas, sueldos y rentas), y otros $2,349,718.48 para “actividades específicas” como investigar, publicar y formar políticamente a su militancia… que seguramente no participó en esta elección. El único que se queda sin tajada es el PT, porque ni siquiera logró el 3% en las pasadas elecciones.
A todo esto, ¿dónde estaban los partidos durante esta elección judicial? Oficialmente, excluidos. Pero uno no puede evitar preguntarse si no habrán estado detrás de “algunos” esfuerzos de promoción disfrazados de asociaciones, foros académicos o conferencias improvisadas en universidades públicas. ¿Y si mejor les damos el presupuesto electoral de los partidos a los candidatos judiciales? Al menos podríamos ver algún spot con toga y martillo.
El voto en Aguascalientes: entre el bostezo y la confusión
Con 868 casillas instaladas (la mitad que en elecciones ordinarias), Aguascalientes ofreció a cada votante la módica cantidad de 10 boletas. Si alguien logró entenderlas todas sin guía, merece una plaza en el Supremo Tribunal. Eso sí, hubo un simulador. Y quien no lo usó, se enfrentó a boletas con numeraciones por género, cargos múltiples por papeleta, y recuadros en blanco esperando que alguien, milagrosamente, supiera qué escribir.
También quedaron las imágenes que testimonian como diferentes actores políticos portaban y usaban sus acordeones al momento de votar, que puede estar bien llevar tu acordeón si es que hiciste la tarea de investigar a los candidatos, infórmate y compararlos y realizaste tu propio acordeón, si te lo pasaron y así fuiste a votar, la tarea ciudadana está incompleta.
Aun con todo este caos, más de 4,200 observadores electorales vigilaron que nadie cometiera fraude. Pero de nada sirve custodiar urnas vacías. El reto, para la próxima década, será evitar que el sistema judicial elegido por voto directo termine siendo tan opaco, partidista y distante como los partidos que, sin competir, siguen llenándose las manos con el erario.
Y aún más que el voto de todos tenga el mismo valor, no como ocurrió en esta elección donde se depositó la confianza para que algunas delegaciones de la Ciudad de México votaran por jueces que atañen a todas y todos en el territorio.
¿Lección aprendida?
Esta elección judicial deja muchas preguntas. ¿Vale la pena democratizar el Poder Judicial si nadie conoce a los candidatos?, yo creo que si vale la pena en la medida en que como ciudadanía nos involucremos y ejercemos un voto informado ¿Se fortalece la justicia con baja participación y sin legitimidad?, la justicia en México no se fortalece con salir a votar, se fortalece cada día con una sociedad crítica que exige mejores resultados todos los días. ¿Y por qué seguimos financiando a partidos que no convencen ni en elecciones propias ni en ajenas?, porque no exigimos, no participamos y dejamos que los partidos actuales sigan dictando la regla de una democracia a modo de ellos.
Aguascalientes, ejemplo de institucionalismo electoral, tiene ahora el reto de demostrar que su presupuesto millonario no sirve solo para imprimir boletas y alimentar estructuras partidistas. La democracia no solo se cuenta por votos… también por el interés que logra despertar. Y en este proceso judicial, el interés fue tan escaso como las campañas de los candidatos: invisibles, mudas, y —como muchas sentencias— incomprensibles para el ciudadano común.
Pero esta elección deja el sabor de boca de que las elecciones del poder ejecutivo y legislativo debieran ser igual que las del poder judicial: SIN FINANCIAMIENTO PÚBLICO.
Estás y otras enseñanzas sobre el proseó electoral del poder judicial, serán las que estaremos discutiendo pronto.
