Coctel Preludio: Despecho, mala fe, rencor y venganza
La receta del Gobierno Federal en el año de Hidalgo.
Dice el refrán que: “Muchos pueden perdonar después de la venganza”. Y ese parece ser el faro que desde el lunes 2 de julio orienta el timón de las acciones del Gobierno Federal, o lo que López Obrador alguna vez calificó como la cara visible de la “mafia del poder”.
Y es que apenas habíamos recuperado el aliento de los alaridos de felicidad por el triunfo del peyorativamente calificado Mesías, y así de la nada, comenzaron aparecer un mar de malas notas en prensa, calumnias y un tsunami de aberrantes quejas e infundios detrás de cada comentario o declaración, del que muchos ahora hipócritamente llaman, Sr. Presidente.
De pronto, apenas salió el virtual secretario de hacienda, Carlos Urzúa, hablando de los previstos incrementos nominales en los combustibles (algo no deseable pero obvio derivado de la inflación), y de inmediato, la nota fue el incumplimiento de los compromisos de campaña. Como si no faltaran aún meses para que llegara el 1 de diciembre y hasta entonces el hombre se ajuste la banda presidencial. No menos se mencionó el asunto del nuevo aeropuerto y la tónica de las críticas se fijó el mismo sentido. Lo mismo que si el salario, que si las becas, que si la descentralización, que si los recortes, que si los designados y más recientemente, lo que fuera de toda proporción han tipificado erróneamente como el “morenagate”, con el asunto del fideicomiso “Por los Demás”, donde el INE multó por 197 MDP al partido político del recién electo. Ya tuvo que salir Horacio Duarte a tocar la puerta al Tribunal Electoral y el de Macuspana, con recibos en mano, a desmentir.
Ahora resulta que Morena, los morenos o AMLO, son el origen de todos los males. Y lo digo con franqueza. El asunto no es defender ad hominem minimizando o ridiculizando a la contraparte para luego levantar un hombre de paja. No. Ya lo dijo el que será el nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal cuando habló con los diputados y demás electos. “No habrá tolerancia para nadie”. Y esa debe ser la tónica en todo sentido. Cualquiera que no haya cumplido con sus obligaciones en apego a derecho deberá ser invariablemente sancionado. Así de simple y puntual. Quien piense otra cosa le apuesta sencillamente a lo mismo de siempre. Por tanto que se investigue a fondo y que se analicen a cabalidad las pruebas para determinar lo que corresponda y listo. Sea lo que sea, sea quien sea. En esa postura y en esa sintonía todos debemos estar. Sin vacilaciones, ni miedos.
Por ello, no deja de distinguirse cómo esto que se exhibe huele a estrategia de comunicación de varios medios por un lado, y por el otro, a una “discontinuidad” del actuar gubernamental por las decisiones aparentemente institucionales de quienes se cansaron de usar la mano del rasero relajado, laxo y pasalón, queriendo legitimarse de últimas, ahora cuando usan la otra mano; donde traen la fuerza entera con un rasero firme y contundente ante cualquier “sospecha” de lo indebido. Ambas condiciones han alejado “convenientemente” las críticas y señalamientos de quienes hoy aún pueden ser responsables desde sus cargos en el Gobierno Federal o algún otro cargo de la Administración Pública. Evidentemente todo se dirige en otro sentido. Todo apunta al nuevo mandatario, su partido y su militancia. Por la dinámica de la propia elección si se quiere, dirán los ingenuos, pero les recuerdo que en política nada es casualidad.
La justicia pronta y expedita.
El Scotland Yard mexicano conocida como ASF.
Apenas le bastaron 20 días a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para pronunciarse plenamente ante el INE sobre el actuar de un fideicomiso privado y vincularlo a MORENA. Y es que es curioso cómo para que aparecieran algunas líneas en prensa refiriéndose al PEMEXgate, o los amigos de Fox, o las tarjetas MONEX, o la Casa Blanca; actores similares, en algunos casos los mismos, tardaron entre 3 y 4 años para hacer señalamientos que a empellones les sacaron valientes investigaciones periodísticas. Nunca por iniciativa propia como ahora. Menos que eso. La reluciente ASF, que dio a conocer el pasado 25 de junio que firmó un convenio de colaboración a través de su titular, David Rogelio Colmenares Páramo con el INE mediante Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, para garantizar la fiscalización de las elecciones, conformando un proceso que a su dicho aportaría resultados para identificar patrones, modos de operación, prácticas comunes y personajes específicos, a más tardar, 45 días después de las elecciones del 1 de julio; es la misma dependencia federal que despidió sin razones suficientes, hace poco más de un mes, a la Dra. Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien descubrió los desvíos de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”, donde dependencias federales desaparecieron más de 7 mil 700 MDP durante el sexenio de Peña Nieto. La entonces Directora General de la Auditoría Forense impulsaba además la realización de otras auditorías por 275.2 millones de pesos, manejados por el equipo de Rosario Robles Berlanga, entonces titular de SEDESOL. La Auditoría Superior de la Federación es una entidad cuyo marco jurídico le proporciona autonomía técnica, financiera y de gestión para fiscalizar a los poderes de la Unión, los estados y los municipios, mientras que manejen recursos federales proporcionados a los entes públicos federales.
El acuerdo de marras llama la atención, cuando meses atrás sucedió también la sustitución de Santiago Nieto, extitular de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) por parte del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, supliendo las funciones del Procurador General de la República, luego de que en agosto del 2017, el “Fiscal electoral”, declaró públicamente que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, lo presionó mediante una carta para que declarara públicamente su inocencia respecto de una carpeta de investigación abierta para determinar si algo de los 10 MDD que habría recibido Lozoya Austin en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, en su calidad de Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, fueron destinados a financiar las actividades proselitistas del entonces candidato priísta a la presidencia.
No puedo dejar de mencionar los 4 mil pesotes que el INE le impuso de multa al “Bronco” por haber metido unos millones del erario de Nuevo León, para falsificar firmas y hacerse con la candidatura presidencial. Misma que sobrevino luego de que un medio digital lo delatara publicando su propia investigación.
