El desafío de la representación. Brevísima historia de las elecciones en México. 1/4

Ante las próximas elecciones que, como frecuentemente se nos recuerda, serán las más grandes en la historia del país sobre todo por la cantidad de cargos en disputa, vale la pena acercarnos al proceso desde una perspectiva histórica. Uno de los mayores desafíos actuales es la baja participación ciudadana al momento del voto, ya que sólo las elecciones para presidente han alcanzado poco más del sesenta por ciento del padrón electoral en los últimos años (la de 1994 alcanzó el 77.16%), mientras que las elecciones intermedias, sobre todo de los últimos años, han alcanzado poco más del cincuenta por ciento. De hecho, el promedio histórico es de menos del 60 por ciento de participación electoral, de tal forma que al dividir esta participación entre los diferentes partidos, el triunfador llega con sólo una tercera parte del electorado por ejemplo para la presidencia (aún con López Obrador que llegó con el 52% de los votos de la lista nominal, es decir con aproximadamente 30 millones de votos de 90 millones). En otras palabras, dado que no se tienen segundas vueltas, el tema es el de la representación y sobre todo de la legitimidad, lo que propicia una mayor fragmentación.

El tema en términos históricos se ha expresado a partir de la reflexión sobre la soberanía popular o nacional, desde los inicios de un sistema de representación moderno. Si bien existe una vieja tradición de participación e incluso de elecciones en el Antiguo Régimen, más a nivel de las corporaciones (por ejemplo, entre mineros y comerciantes o bien en algunas corporaciones indígenas para fortalecer la cohesión) que en términos individuales y ciudadanos, concepto el de ciudadanía que se iniciaría a partir de las Cortes de Cádiz y su Constitución de 1812. Este “modelo gaditano” que tendría un gran impacto particularmente en los virreinatos de la Nueva España y del Perú, tendría un mecanismo de elecciones indirectas en cuatro capas: se elegían primero a los electores de la parroquia, que era la jurisdicción importante a nivel local, éstos elegían a su vez a los electores del Partido, quienes a su vez elegían a los de la Diputación provincial y luego en sus momentos éstos elegían a los representantes en las Cortes. Sin embargo, para las Cortes de Cádiz la subrepresentación de los diputados americanos fue un tema que que sería una constante. La práctica de esta reglamentación se llevó a cabo en la entonces Nueva España no tanto en la primera vez de la jura de la Constitución (1812-14), sino hasta la segunda ocasión (1820-23), momento en que se daría la independencia de México.

Algunas interpretaciones al respecto han dicho que la independencia de México en septiembre de 1821 se dio sobre todo como una contrarrevolución, ya que se trataba de evitar la aplicación de la Constitución “liberal” de Cádiz. La primera vez que se utilizó el concepto “liberal” fue precisamente para los partidarios de dicha Constitución, ya que implicaba precisamente la movilización de la población para las elecciones que se pensaron, no obstante ser indirectas, como elecciones ciudadanas. Si bien se dieron desde luego reacciones adversas a la participación ciudadana (hay voces de que ésta terminaría en la anarquía), lo cierto es que el Plan de Iguala de Iturbide no tuvo un rechazo explícito a la Constitución gaditana, más bien la desatención de las Cortes de ampliar la representación de diputados americanos, tema que fue central desde los orígenes de estas Cortes como hemos comentado, provocó finalmente la independencia mexicana.

La lucha constante de los primeros diputados en Cortes, como la sobresaliente de Ramos Arizpe, fue precisamente que hubiera cierta igualdad en la representación al menos en términos territoriales y demográficos. Es decir, que la representación se diera en los mismos términos que se había llevado a cabo en España, garantizando un diputado por cada “provincia”. La discusión en Cortes derivó a un tema fundamental y todavía vigente, si la representación era por “provincia” o a nivel de “nación”, es decir que la representación fuera más amplia y no sólo a nivel regional. A final de cuentas la tardanza en una clara definición al respecto, no obstante que se habían reconocido algunos temas de la delegación novohispana, terminó por propiciar la declaración de independencia en México.

No obstante esta disputa, lo que vino a propiciar la Constitución de Cádiz fue una representación “moderna” en el sentido de que fuera más una participación “ciudadana” (solo masculina, habrá que recordar) y no “corporativa”, tema que se seguiría discutiendo sobre todo en los cambios de gobierno a nivel central o federal. Los gobiernos centralistas, sin acabar con los procesos electorales que habían arraigado en el territorio mexicano, lo que intentaron fue limitar ya fuera por razones de clase o de etnia la participación, cuestión que terminaría definiéndose de manera más amplia e inclusiva durante la Constitución de 1857. Sin embargo, como sabemos, sin incluir a las mujeres y con una subrepresentación de electores por ejemplo indígenas que se mantendría históricamente.

Es importante recordar que las elecciones se mantuvieron de manera indirecta durante los gobiernos de Porfirio Díaz, es decir, hubo elecciones para legitimar la reelección, lo cual vino a propiciar un fenómeno que se daría en América Latina y que bien analizara el intelectual venezolano Vallenilla Lanz en el “Cesarismo democrático” (1919), es decir el ascenso y permanencia de gobiernos autoritarios a través de la simulación de elecciones. Tema que es central en la reflexión historiográfica sobre las elecciones en nuestro país, de cómo evitar el condicionamiento de caudillos y caciques, así como de otros intereses como el de la Iglesia y demás grupos de presión, sobre las elecciones libres. Tema que seguiremos discutiendo en las próximas colaboraciones.