El fraude más grande de Aguascalientes. El transporte público

[bctt tweet=»para justificar el más grande de los fraudes cometido contra los ciudadanos aguascalentenses, llamado “ajuste tarifario”» username=»crisolhoy»]

Ya no es una sorpresa para nadie que los mal llamados concesionarios del transporte en Aguascalientes, en su modalidad de “Transporte colectivo urbano” y mejor conocidos por la onomatopeya “ATUSEROS” derivada de sus siglas, salgan con una nueva ridiculez, encaminada a crear “corriente de opinión” para justificar el más grande de los fraudes cometido contra los ciudadanos aguascalentenses, llamado “ajuste tarifario”. Es cierto que en el párrafo tercero de la fracción III del Artículo 144 del Decreto Número 288, publicado en el Periódico Oficial del Estado De Aguascalientes, de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, establece que la cuantía de las tarifas las publicará la Comisión de Movilidad “a más tardar el último día de marzo de cada año”, también es cierto que en torno a para ello se ha establecido todo un procedimiento de valoración, que dicho sea de paso, no se ha instrumentado y que incluye al Observatorio Ciudadano, ya conformado el pasado 7 de agosto por 15 integrantes: cinco representantes de instituciones de educación superior, tres de asociaciones y federaciones estudiantiles de educación superior, tres de organizaciones empresariales, tres de organizaciones no gubernamentales relacionadas con el transporte y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La determinación tarifaria también depende del Consejo Consultivo del Transporte. Sin embargo, el reglamento de la ley aún es un proyecto y muchos de los elementos que intervienen en la determinación tarifaria desprenden de la ley pero su operacionalidad depende del reglamento.

Entonces, calificar de fraude a una intención de incremento no es ninguna exageración. Me refiero al monto que los ciudadanos pagamos como “contraprestación” por un servicio que en calidad y cantidad, no recibimos. Peor aún. La nueva ley de movilidad estableció que el sistema tarifario que pagamos es un “mecanismo de financiamiento del servicio de transporte público en sus diferentes modalidades”. Esta aparente vaguedad, modifica en esencia la naturaleza jurídica del hecho, pasando de pagar por el servicio a financiar el servicio. Esta premisa presupone que el sujeto que otorga el financiamiento establece (debería) las condiciones para otorgarlo, lo que implicaría el vínculo legal mediante un débito. Es decir, ahora jurídicamente, los ciudadanos le prestamos nuestro dinero a los concesionarios para proporcionarnos un servicio, que al final de cuentas, no recibimos en las condiciones que deseamos. A su vez, en todo el cuerpo de la ley, la posibilidad de que los ciudadanos concretamente establezcan las características mínimas del servicio que están financiando resulta imposible, debido al diseño y alcance del llamado Observatorio Ciudadano, hoy inexistente.

Por otra parte, la falsedad argumentativa de los ATUSEROS, que en síntesis, pretende explicarnos que ponen de su dinero (no devengado) para subsidiar la tarifa Preferencial (con descuento), para que los ciudadanos puedan recibir un beneficio, es insisto, una falsedad que se ha repetido desde 2006 y que en términos materiales y legales ya no tiene cabida, debido a dos condiciones de la pripia Ley:

1. Se creó el Fondo Estatal para la Movilidad, que retiene una participación trimestral de los ingresos generados por los viajes de los llamados genéricamente UBER’s, concretamente, el 1.5% del total facturado, y cuyo segundo objetivo es financiar el fondo de apoyo a las tarifas preferenciales extraordinarias del transporte público.

2. Se crea el programa de apoyo para el transporte público financiado por el Fondo Estatal para la Movilidad, compuesto por los rubros señalados en las Fracciones I, II y VI del Artículo 48, es decir, dinero presupuestal de la Federación o el Estado, los productos de su operación e inversiones de sus fondos y el dinero de los UBER’s.

Resultado de estas disposiciones, los ATUSEROS ya deben de estar recibiendo dinero por de este fondo y en consecuencia no subsidian absolutamente NADA. Además, cuando el Estado fija una tarifa (especial, ordinaria o extraordinaria), independientemente del método y el monto, quien ostente una concesión deberá acatarla. Es cierto que aplicar un descuento implica variaciones en los costos de operación del prestador del servicio concesionado, pues reduce su ingreso directamente proporcional a la cantidad del mismo. Sin embargo, subsidiar contradice el espíritu de la propia concesión debido a que el Estado concesiona para evitar el uso de recursos públicos, y por otro lado, favorece mecanismos de corrupción e ineficiencia fiscal y administrativa. En síntesis, si al concesionario no le conviene tal medida, lo mejor resulta no aceptar la concesión o retirarse.

Ahora bien, la creación del fondo y del programa de apoyo, significa un mal peor, debido a que COBRARÁ UN IMPUESTO PARTICULAR A UN PRESTADOR DE SERVICIOS PARA BENEFICIAR A UN CONCESIONARIO. Esto también confirma los beneficios que reciben los ATUSEROS en virtud de que el apoyo no se entregará directamente a los ciudadanos, sino como este supuesto subsidio, entendemos indebido a los concesionarios por el servicio que prestan.

Paralelamente a esta situación, la autoridad estatal jamás ha procurado la supervisión de la entrada de los recursos públicos que significan pagar la tarifa. El Estado ha sido laxo dejando la administración plena de estos recursos a criterio absoluto de los concesionarios disminuyendo material e indebidamente su responsabilidad en la materia. Jurídicamente eso es imposible. El Estado no puede renunciar a las responsabilidades derivadas de los servicios que le competen. Sin embargo, nunca les pidió nada para las arcas públicas, ni tampoco supervisó el destino de ese dinero. Su única supervisión es una revista de la que no puede dar cuenta debidamente y que a la vista de cualquiera es un chiste. Eso tiene a más del 50% de la flota vehicular fuera de norma. Si acaso han llegado a pagar derechos correspondientes por el uso de la concesión. Ante ello, es obvio y evidente que el dinero se fue a cualquier cosa, menos a dar mantenimiento a unidades o atender alguna de las carencias hoy presentes. Peor aún. Con la nueva ley, el Estado procuró crear por aparte un fideicomiso para administrar y dispersar el dinero que recibirán los transportistas por concepto del pago del usuario, evadiendo así, una fiscalización profunda y la posibilidad real de control y supervisión del destino de los recursos. Además, ni en la ley o por algún otro lado aparece qué hicieron, hacen o harán, con el llamado “Fideicomiso para la Modernización”, supuestamente acreditado ante la autoridad estatal el 19 de febrero de 2010, cuando ATUSA celebró el fideicomiso con Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, en términos del Acuerdo administrativo, para aumentar en aquel entonces la tarifa 50 centavos, de los cuales, 25 centavos se destinarán al patrimonio del fideicomiso. Dinero que a la fecha tampoco nadie sabe cómo se invirtió.

En estas condiciones se explica hoy la situación material del servicio y de sus unidades, el desorden y demás desastrosas características presentes. Entonces, ¿Es o no un fraude que nos quieran cobrar cualquier cantidad presente por un servicio que no se recibe? ¿Es o no un fraude que independientemente de lo que se pague, pretextando cualquier cosa, quieran aumentar el cobro? ¿Es o no un fraude que nos quieran cobrar a nosotros un supuesto subsidio que el Estado ya paga a los concesionarios quitándoles dinero a los UBER’s? ¿Es o no un fraude que estemos financiando bajo condiciones adversas e indeterminadas un servicio cuyas características no corresponden con el dinero que reciben? ¿Acaso esto no corresponde a un enriquecimiento ilícito?

Menuda tarea tiene la legislatura recién instalada: No sólo detener este fraude a miles de ciudadanos, sino también, poner orden a una pléyade de rufianes que únicamente explican su actuar en la lógica pretensa de atesorar indebidamente. Habrá que ver cuánto se tarda el gobernador en retirar de circulación todas las concesiones fuera de norma por incumplir la ley de la que hoy sus concesionarios buscan amparo.