El “Yo no fui” en una elección acelerada de Estado. Hipocresía y delito electoral.
Hace apenas un par de días, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, el maestro Ignacio Ruelas Olvera, afirmó sentirse agredido, por lo que él mismo calificó como “un acto de corrupción política”, al dar cuenta, irónicamente, frente a la primera plana de la autoridad electoral en la entidad, dentro de una videoconferencia académica, donde se presentó un cuadernillo sobre corrupción, de un hecho vergonzante, por decir lo menos, en la vida política de Aguascalientes; mismo que, en pocas horas, se convirtió en nota periodística nacional.
Y es que, aunque parezca chiste, resultó anecdótico el hecho de que hasta las puertas de su hogar, se entregó, al abrigo de la penumbra y “por debajo de la puerta”, como presumiblemente en varios miles de hogares, un periódico impreso, denominado “El Verdadero”, tipificado por el propio consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros, como apócrifo, cuyo contenido es una encuesta falsa, a favor del virtual candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez; realizada presuntamente por una empresa (hasta ahora inexistente) de nombre “Paradoxia”, según se dio a conocer en medios locales; en una clara pretensión de alterar la opinión pública, buscando ayudar propagandísticamente a Montañez, luego de su fallido posicionamiento como candidato de unidad y de que diversos ejercicios estadísticos realizados esta misma semana y registrados debidamente ante la autoridad electoral, señalaran como probable triunfador de la contienda electoral en la capital, dado su nivel de aceptación, a uno de los precandidatos de MORENA, Arturo Ávila Anaya.
Al referirse a ello, el propio Vocal del INE, aseguró con precisión que “el problema son los actores políticos, que han convertido la demoscopía, en un instrumento de propaganda y de publicidad política”.
El asunto cobra primerísima relevancia por lo que representa en el momento específico del proceso electoral, así como por a la situación que guarda la competencia de cada uno de los partidos políticos contendientes, en particular, los punteros, MORENA y Acción Nacional, pero, además, por la situación característica de los actores políticos involucrados.
Y es que es por demás sabido las maniobras y actos desmedidos que se han arreciado desde la cúpula panista que despacha desde palacio menor, para imponer a su candidato y hacerse valer dentro del PAN, en aras no de ésta, sino de la elección a celebrarse en 2022. Traspasos masivos de recursos públicos para comprar medios masivos y “apoyos” ciudadanos, maiceo a representantes populares para aplanar cualquier crítica a cuentas públicas o concesión de servicios públicos, despidos injustificados a personal de base y de confianza para abrirle espacios a los “chalanes” que sí se comprometieron a ayudar en la campaña, el incremento del diezmo como tasa permanente de la corrupción reinante, pero más recientemente, el desfachatado uso de recursos y personal municipal para entregar propaganda en favor del apagado Montañez, son el ineludible marco referencial para escenificar una elección de Estado.
Y es que la emergencia que significa para el Panismo gobernante un escenario perdedor, en uno de sus bastiones nacionales, no es para menos, ni podían esperar más tiempo, por varias razones.
Primero, el diagnóstico “in crescendo” de las preferencias en la capital en favor de MORENA y de la coalición #JuntosHaremosHistoria, que sobrepasaron las expectativas de avance de las fuerzas panistas, estancadas hace más de un mes sin rebasar el 30% de la intención de voto y que ya habían obligado a involucrar directamente a Teresa Jiménez en la campaña, de la cual se sabía su intención de delegar y que no inyectaría dinero directamente, dada su intención de “ahorrar” para 2022.
Segundo, el terriblemente ríspido acuerdo de unidad panista que se generó, nuevamente, a la mala; forzado y cediendo apenas lo indispensable, dicen, sin siquiera voltear a ver figuras que sí han trabajado con la militancia; desplazamiento que forjó una venganza anticipada y una caballada que no cumple ni de desecho en el rastro, ratificando a Montañez, sí, pero dejándolo prácticamente solo y sin mayores posibilidades de crecimiento electoral mucho antes de empezar campaña. Sólo hay que ver el retiro de Manuel Cortina o a las otras cabezas de grupo.
Tercero, el rumor no confirmado, pero que ya se ve en otros estados, de que MORENA preferirá candidatos competitivos de alto perfil, cómo es el caso de Arturo Ávila o la maestra Nora Ruvalcaba Gámez, ambos con números muy parecidos electoralmente, pero esta última, para ir en la fórmula de mayoría por el distrito 2 federal y fortalecer aún más, la preferencia en la capital, habría sido lo que terminó por obligar a que la propia Teresa solicitara la candidatura a diputada federal por el principio de representación proporcional en la posición 1 de la circunscripción, que originalmente no contemplaba, a fin de mantener encargo público y fuero hasta el año siguiente, dada la alta probabilidad de que Montañez Castro, pierda la elección.
Cuarto, a razón de “toda la carne al asador”, se da ahora también la salida del actual director de comunicación social, quién al parecer pretende continuar sus “buenos oficios” ayudando en la campaña del multicitado desangelado, al igual que se sabe, lo harán otros funcionarios de primer nivel “en la medida de lo posible”.
En esta circunstancia se generó la primera aberración electoral vinculante con el poder público en el proceso 2021 (al menos la más notoria), debido a que, por un lado, Montañez Castro es todavía, funcionario municipal, teniendo hasta el 8 de marzo para renunciar, sin embargo, recibida la denuncia por la publicación la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), en el expediente con folio 2100022185-FA22AO, y pudiendo significar prisión preventiva oficiosa para Montañez por difundir encuestas falsas, debió ser removido del cargo hasta en tanto se aclare, toda vez que estando en funciones, de ninguna manera se justifica que un funcionario municipal sea objeto de esta publicidad.
Por otro lado, si esta publicidad fue pagada de manera personal por él, no se justifica bajo ninguna de las funciones qué se encuentran en la ley y que amparan la actividad de Montañez cómo funcionario público, mucho menos sin estar, insisto, separado del cargo. Su permanencia en la administración, adolece de una maniobra política que le protege y evidencia que se cocina la elección de Estado. Además a todas luces el silencio de Teresa Jiménez y su licencia, pretende vendernos la hipócrita imagen de un funcionario que ya quedó inmiscuido en un delito electoral.
De cualquier manera, debe aclararse por la Fiscalía, con qué clase de recursos se pagó la publicación, ya que pudo ser incluso, con recursos públicos, y, en cualquier caso, el responsable de la erogación debería ir a la cárcel.
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