La complejidad del columpio camionero. El ir y venir en el problema del transporte público.

[bctt tweet=»El transporte limita el desarrollo de Aguascalientes. Y la verdad sea dicha, ATUSA fue, es y será, el epicentro de todos los males en el asunto» username=»crisolhoy»]

Ya lo habíamos dicho mucho antes que hiciera crisis. El transporte limita el desarrollo de Aguascalientes. Y la verdad sea dicha, ATUSA fue, es y será, el epicentro de todos los males en el asunto, aunque el complaciente y corrupto papel del gobierno representa, sin dudarlo, el caldo de cultivo en el que prosperó irrefrenablemente el origen del mal. En suma, el mayor fraude contra los ciudadanos perpetrado desde el palacio mayor durante casi 30 años.

Tarifas ilegales aprobadas sin estudio que justificara su modificación y cobros alzados permitidos sin ley, exclusión de sectores vulnerables y jaloneo estudiantil por una credencial que cobran ilegalmente por todo, una revista sin ningún tipo de control o seguimiento, unidades fuera de toda referencia legal, 2 fideicomisos creados y desaparecidos en el limbo junto con los muchos millones que seguramente captaron sin resultado ninguno, un mamotreto de ley que les quita a unos para favorecer a otros y que termina por descomponerse bajo una impávida legislatura que ni entiende, ni ve, ni oye; sobre el tiempo límite para aprobar sus textos secundarios; un consejo consultivo que representa todo menos a los ciudadanos, una burocracia corrupta y chambera que no hace lo que le toca; y así, un sistema que en general, ni es sistema, ni sirve, ni funciona como tal. Al final de cuentas una parodia transversal de gobierno y concesionarios en todos sentidos y todas direcciones.

Hoy los ciudadanos vemos no sólo con incredulidad, sino con recelo y hasta revanchismo, la aparición de un minúsculo grupo de unidades permitidas temporalmente a partir de “otros concesionarios”, cuyas condiciones en la prestación del servicio todavía se desconocen, pues nadie sabe si entrarán en un esquema distinto de prestación de servicios o simplemente el gobierno estará pensando en sacar a los viejos para meter a los nuevos, es decir, más de lo mismo.

Y es que dicho con claridad, no vemos por ningún lado un esquema de toma de decisiones basados en elementos técnicos o metodologías, e información, como si no hubiera urbanistas serios en Aguascalientes. Explico:

A estas alturas, para evitar la crisis que hoy vivimos, el Estado debió de generar al menos desde el principio de la administración, un diagnóstico mínimo que, con base en una lista congruente de variables, ofreciera datos fiables respecto del flujo vial y de personas, densidad poblacional, trayectorias y desplazamientos, horarios de demanda, capacidad y número de unidades por modalidad, categoría de las zonas de captación de desplazamiento, tamaño de unidades económicas, etc. Sólo por mencionar algunas que le permitieran acceder a un bagaje de información sustantiva que posibilitaran un análisis congruente y la posterior decisión sobre los elementos prioritarios del sistema. Sin embargo, la autoridad estatal prefirió el camino fácil, el de no batallar; solicitando primero apoyo a los nuevos concesionarios para traer lo antes posible a circulación sólo 50 unidades, como forma de presionar creando opinión sobre los beneficios de éstas, así como, una confrontación directa con los concesionarios oriundos bajo el argumento de la sana competencia.

La realidad de lo que se mira es un teatro laboriosamente armado. Gobierno dio un plazo luego de una revisión “exhaustiva” (apenas), a los concesionarios fuera de la legalidad para ponerse al corriente, derivando con ello en el marco idóneo para justificar las acciones contra los que al final no cumplieron con la regla, y así argumentar, sin mucho problema, la inclusión “necesaria” de los nuevos concesionarios y unidades sin mayores explicaciones. Ello aunado a la prontitud que el mismo mandatario mostrara hace unos meses para resolver un supuesto esquema de créditos por 400 mil pesos por concesionario para adquirir unidades nuevas. Por si eso no fuera poco, emitió una solución temporal, mediante un permiso vigente a finales de 2019 de manera que nuevos y viejos convivieran simultáneamente, sin otra diferencia que las características de las propias unidades.

Finalmente quienes no recibieron la venia temporal, procedieron mediante lo más burdo que su entender acomodaticio de siempre les permitió. En vez de establecer conjuntamente con el gobierno una agenda mínima de compromisos, dejaron que se les venciera el plazo y el gobierno amagó con sacarlos de circulación, a lo que los inteligentes e irresponsables concesionarios reaccionaron con una manifestación de choferes. Sí, de choferes que finalmente perderán su empleo por la negligencia de sus patronzuelos, pero que les tocó dar la cara y enfrentarse a los policías mientras los dueños de las unidades, cómoda e interesadamente, seguían el desarrollo de las acciones desde su casa y algunos daban instrucciones por teléfono.

El comunicado donde ATUSA pidió el apoyo ciudadano resultó el colmo. Alguien tuvo la maravillosa idea de redactar esto en su casa mientras los choferes estaban en la calle y algunos fueron detenidos. Peor aún, olvidando los 30 años de darles la espalda a los ciudadanos, los ATUSEROS pretendieron victimizarse, resultándoles contraproducente aglutinando el repudio generalizado.

Más allá de si el actuar del gobierno fue el correcto (por primera vez en 30 años) frente al actuar de los culpables del pésimo transporte, el punto es que entre las lagunas legales, el actuar lento y pausado de la autoridad, el incumplimiento de los concesionarios y las ambiciones de otros, la desorganización sistémica del transporte público en Aguascalientes prevalece y aún no se ve para cuando.

Los ciudadanos debemos exigir resultados concretos y hoy ya no es suficiente incorporar un nuevo modelo de camión. Eso sólo es una pequeña parte. Hoy los ciudadanos tenemos claro que la respuesta a este problema debe ser integral, de diseño y planeación urbana, de una metodología lógica respecto a las características de la ciudad y sus habitantes, y no más una instrumentación de una obediencia sumisa ante los designios de gobernantes que piensan que pueden arrullar a los electores en el vaivén de sus más ramplones propósitos.

El transporte no puede ser más un columpio que lleva y trae los intereses de una elite detentora de concesiones ubicada sobre el interés generalizado de quienes utilizamos un servicio, que al final de cuentas, pretende garantizar nuestro derecho a la movilidad.