La militarización del país: ideología y política.
Este 2 de octubre, una vez más, México recordó aquel miércoles de hace 55 años. Lo hizo, lo hicimos, para honrar a las víctimas; para volver a preguntarnos quienes tomaron la decisión de cometer ese crimen masivo, cuándo y porqué lo hicieron y, de esta manera, tratar de evitar la impunidad; y para seguir levantando las banderas de aquel movimiento. En esa memoria, el ejército aparece constantemente. Estuvo desde el principio en el bazucazo contra la prepa de San Ildefonso, luego en las tomas de Ciudad Universitaria y el Politécnico y, finalmente, en la Plaza de las Tres Culturas.
La represión militar a los movimientos sociales no comenzó en 1968. Durante buena parte del siglo XX y sobre todo desde la presidencia de Alemán (1946-1952), el ejército fue utilizado por los gobiernos en turno para sofocar a los inconformes e incluso asesinar a sangre fría a los dirigentes sociales, como a Rubén Jaramillo. Recordemos que las fuerzas armadas y las policías asaltaron los locales sindicales en 1948 para deponer a los dirigentes electos por los trabajadores e imponer a aquellos que fueran dóciles a las autoridades, iniciando la etapa del charrismo sindical. También estuvieron en la represión a las huelgas ferrocarrileras y magisteriales de 1958-59, y en la represión que terminó con el movimiento electricista en 1976. El ejército fue utilizado, asimismo, para reprimir las tomas de tierras de los campesinos y para ahogar protestas por motivos electorales. Aparece, como actor principal, en los registros de la guerra sucia de los años setenta.
Fueron, de la misma manera, las fuerzas armadas las encargadas de combatir el levantamiento del EZLN en 1994 y de mantener un cerco permanente en torno a sus bases sociales.
Aunque es indudable que el ejército recibió, en estos casos, órdenes de civiles, los mandos militares no están exentos de responsabilidad. La “obediencia debida” tiene como límite el respeto a los derechos humanos los cuales, evidentemente, fueron objeto de graves y masivas violaciones.
Ya en el siglo XXI, el Ejército reforzó sus labores en otro ámbito: la seguridad pública. Y, aunque ese nuevo empuje comenzó con Zedillo y la creación del Sistema de Seguridad Pública en 1995, fue Calderón quien ordenó el viraje “catastrófico” que sacó a combatir al ejército a las calles, carreteras y plazas del país en su llamada “guerra” contra la delincuencia organizada. Los resultados, de esta política militarista, son evidentes: cientos de miles de víctimas mortales y personas desaparecidas en una escalada de pesadilla que parece no tener fin.
En ese proceso de militarización, definido como el “aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las fuerzas armadas en funciones propias de las autoridades civiles” (Cf. Sánchez, Lisa y Gerardo Álvarez, 2022: “Militarización y militarismo en México”), el ejército ha asumido, cada vez más, tareas policiacas, lo que le ha permitido adquirir mayor influencia política.
De esta manera, la participación de las fuerzas armadas se ha convertido en un factor “insustituible” para velar por la vida y el patrimonio de los mexicanos. Y así, los plazos para regresar a sus cuarteles y dejar que las policías se ocupen de esas tareas se van alargando y alargando al mismo tiempo que el número de efectivos militares y recursos públicos va creciendo (tomando en cuenta la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional).
Bajo la presidencia de López Obrador, el Ejército y la Marina han adquirido nuevas tareas, mismas que nunca habían tenido: la construcción y administración de obras y servicios públicos. Desde aduanas, puertos marítimos y aeropuertos hasta el Tren Maya. Desde empresas creadas para producir y distribuir medicinas hasta aerolíneas y la construcción de sucursales bancarias (del Bienestar).
De esta manera, el Presupuesto previsto por Hacienda para 2024 ( en miles de millones de pesos), destinado a las secretarías de la Defensa (264.4), Marina (71.9) y Protección Ciudadana (105.8 ), en su conjunto, tendrán un alza de 64% en términos reales al pasar de 266 a 442.1 miles de mdp. Si tomamos en cuenta 2019, el aumento representa 180% en términos reales. (El Economista, 11 de septiembre de 2023). Lo anterior incluye el anexo 16 destinado al cambio climático; en este rubro, la secretaria la Defensa absorberá más de la mitad de los recursos , 125 mil mdp, bajo dos programas: Servicio Público de Personas y Carga Tren Maya, y Proyectos de Transporte de Pasajeros.
La justificación de estos nuevos encargos reside, según el presidente, en la misma lógica que justifica su papel en tareas de seguridad: son menos corruptos, más eficientes, más dedicados y confiables que los civiles.
Esta imagen, creada desde el poder, no checa con la realidad. Ahí están las acusaciones de violación de los derechos humanos, de implicaciones de altos mandos en el tráfico de drogas con el crimen organizado, y el fracaso de la militarización de la seguridad pública. Los hechos de Ayotzinapa revelaron la cara del ejército que hoy se trata de cubrir con adjetivos benévolos.
Sin embargo, esa imagen ha servido para sostener, ideológicamente, el dramático vuelco político de este gobierno. El fondo parece residir en la intención presidencial de tratar de controlar a los altos mandos castrenses y asegurar su lealtad mediante su conversión en empresarios del sector público.
Ahora tenemos un ejército con mayor poder político y presencia en la sociedad y la economía del país. Lo hace cobijado por una nueva ideología, concebida desde el gobierno: su pretendida superioridad en comparación a los civiles. El extremo de esa ideología militarista, es decir, la exaltación de la intervención de militares en las tareas de gobierno ha llevado a MORENA proponer, aún como precandidato a la Jefatura de la Ciudad de México, a un personaje que hace tiempo decidió ser policía, desde que especializó sus estudios en Harvard, el FBI y la DEA, y que en su carrera profesional ha trabajado y se ha formado en esa área, desde 2008, cuando ingresó a la Policía Federal Preventiva.
Se argumentará que un policía no es lo mismo que un militar. Sin embargo, ambas corporaciones, especialmente en los mandos altos, responden a lógicas, valores y entrenamientos similares. Además, en este caso, García Harfuch, representa o pretende representar esa imagen de honestidad y eficiencia que se confiere a los militares, frente a Clara Brugada, formada en el activismo social, vinculada a las causas de los sectores populares más depauperados de la ciudad y sin duda una gobernante ejemplar que, se alega falsamente, ha administrado una demarcación en la que no predominan las “clases medias”.
Los proponentes de García Harfuch suponen, probablemente, que, gracias a esa formación y a su desempeño como secretario de Seguridad Pública, resultará más confiable y atractivo a los votantes. Queriendo o no, MORENA está haciendo competir dos imaginarios políticos distintos, casi opuestos; lamentablemente, el discurso dominante en el gobierno favorece al que supuestamente representa el imperio del orden y la protección de los ciudadanos.
Se trata de una forma de pensar y jugar a la política muy peligrosa: encargarle a García Harfuch la Ciudad, haciendo a un lado a un personaje tan meritorio como la Alcaldesa de Iztapalapa, significaría ceder más poder al Ejército, que lo ven como uno de los suyos, fortalecer la idea de que se requieren gobernantes que den resultados en materia de seguridad pública y, por desgracia, también abandonar una de las banderas de la lucha del 68, pues la democracia, aquella que imaginamos en las marchas que cimbraron al país entre julio y octubre de ese año, debería ser construida con los militares en los cuarteles y la policía en sus respectivas tareas, no al frente de los gobiernos y la administración pública. Una democracia progresista, como la ha llamado Cuauhtémoc Cárdenas, que promueva la justicia social por encima de todo lo demás.
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