Minería sangrienta

Hoy en el mundo se debate en distintos niveles y ámbitos sociales la inclusión de políticas públicas efectivas para reducir los efectos dañinos de la minería al medio ambiente. Sin embargo, en nuestro país a lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales y humanos asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad, pero también por las prácticas asociadas a la corrupción entre las empresas mineras y el propio gobierno.

Es una alarma mundial en medio de la crisis del cambio climático. Los grande proyectos mineros atentan de manera desastrosa contra el ambiente, además de promover prácticas, calificadas de legales, que incentivan la entrega de recursos públicos a las empresas mediante concesiones para la exploración y explotación de minerales o energéticos, aun cuando los resultados puedan ser con altos costos ambientales y sociales.

En un breve recuento, en México, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se modificó el artículo 27 constitucional, abriendo paso a la entrega de concesiones a las grandes compañías mineras, nacionales o extranjeras. A partir de entonces, bajo el discurso de más y mejores fuentes de empleo y riqueza económica, se han concesionado zonas del territorio mexicano a proyectos mineros a lo largo y ancho del país.

Resalta al tratar de analizar este fenómeno, el impulso decidido que le han otorgado las pasadas tres administraciones federales, hecho reflejado en el crecimiento exponencial de las concesiones para la explotación de recursos mineros. Sólo en el periodo que va de 2012 al primer semestre de 2017, la superficie destinada a esta actividad pasó de 32.6 a 52.8 millones de hectáreas, un crecimiento de 70 por ciento que supone la entrega de más de un cuarto del territorio nacional a empresas mayoritariamente extranjeras –se debe recordar que 65.3 por ciento de los 885 proyectos activos son operados por compañías canadienses.

Para ver más de cerca el impacto de la minería, traigamos a cuenta el publicitado embuste de que esta industria resulta fundamental para el desarrollo económico debido a los ingresos que genera y empleos creados, argumento que no resiste el mínimo análisis. A cambio de controlar 26.8 por ciento del territorio en concesiones a 50 años, prorrogables por otro medio siglo, la extracción minera supone únicamente 0.32 por ciento de los ingresos gubernamentales y contribuye con apenas 0.9 del producto interno bruto.

Más evidencias. Según datos recopilados por la investigadora del Instituto de Geografía, la Cámara Minera de México (Camimex) del total de proyectos de exploración, 30% es de empresas mexicanas y  el 70% está en manos de capitales extranjeros, mayoritariamente canadienses

En el pasado reciente, fue durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón donde se concesionaron las mayores superficies, 35.5 millones de hectáreas, seguido de Ernesto Zedillo que entregó 34.6 millones de hectáreas y Vicente Fox quien cedió 24.9 millones de hectáreas.

Ya vista la raquítica contribución a las finanzas públicas y al desarrollo económico, en contraste, la apropiación de territorios por la actividad minera es una generadora constante de conflictos sociales y violencia en contra de comunidades de todo el país. Mientras México es ubicado como la segunda nación con más conflictos entre mineras y sociedad, de acuerdo con un reporte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos

A todo lo dicho hay que sumar los daños a la salud provocados por la negligente explotación de los recursos naturales, que ya dejado una estela de desastres solapados por las autoridades. Por mencionar sólo dos ejemplos de esta forma de afectación, que alcanza a miles de ciudadanos, en Coahuila se detectó que entre los niños que habitan en las proximidades de la fundidora Peñoles, hasta 92 por ciento presentan niveles de plomo en sangre mayores a 15 microgramos por decilitro, el triple de lo que la Organización Mundial de la Salud ha señalado como riesgoso para el crecimiento, la inteligencia y el aprendizaje en menores. Una situación similar se presenta en la cabecera municipal de Vetagrande, Zacatecas, donde 63 por ciento de los menores de edad sufren contaminación por plomo y otros minerales pesados debido a la actividad minera que tiene lugar en los alrededores.

La escasez de los beneficios y la extensión de los daños causados por la minería imponen una urgente revisión de la manera en que se lleva a cabo esta actividad y de la irresponsable largueza con la que se le han entregado para su usufructo porciones tan vastas del territorio nacional.

La continuidad del modelo actual supone un lastre económico, una amenaza a la vida, una licencia para la devastación ambiental y una injustificable cesión de la soberanía.

¿Tendrán nuestras autoridad sanitarias datos certeros acerca de estas graves afectaciones a la salud de los habitantes de los municipios del norte de Aguascalientes?.

Publicado en “Hidrocálido”. 10.08.2022